Orlando Valseca Resendiz
Expediente 915/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 915/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/12/2020
Partes del expediente
- Orlando Valseca Resendiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil veinte. ténganse por recibidos los oficio con anexos de cuenta signados por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos y del Titular de la Unidad de Análisis de Información ambos de la Fiscalía General del Estado, de los que se advierte lo siguiente El Coordinador General de Asuntos Jurídicos, informa que por oficio DPC/3237/2020 dirigido al Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado, solicito su apoyo a fin de que se realice la cuantificación y trámites correspondientes para el pago de la indemnización a que tiene derecho la quejosa Merari Jamlec Mandujano Holdzhimer; asimismo, realice las gestiones pertinentes para que se cubran las prestaciones relativas a los servicios de salud, las anotaciones en el expediente personal de la quejosa y en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en relación a que causo baja de manera injustificada. Por otra parte, remite copia de la cédula de notificación practicada a Merari Jamlec Mandujano Holdzhimer, por el cual se le notificó el auto de dos de diciembre de dos mil veinte. En cuanto al oficio del Titular de la Unidad de Análisis de Información, informa que del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, no se advierte anotación alguna en el expediente de la quejosa, referente a que ésta fue dada de baja de manera injustificada. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Oficial Mayor y al Coordinador General de Asuntos Jurídicos, ambos pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, realicen lo siguiente El Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla 1.- Realice la anotación en el expediente personal de la servidora pública, ahora quejosa; 2.- Así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que ésta fue dada de baja de manera injustificada. El Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla: 1.- Acredite que cubrió las prestaciones relativas a los servicios de salud, tanto para la hoy quejosa, como para sus coasegurados. 2.-Asimismo, que se siga proporcionando ese servicio médico hasta en tanto se pague la indemnización y las prestaciones a que ésta tenga derecho; además en cuanto a la conservación de dichos derechos, deberá observarse el precepto legal respectivo y el plazo a que se refiera la conservación transcurrirá a partir de que se haga la liquidación correspondiente, esto es, a lo que aduce el artículo 55 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. Debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Hágase del conocimiento a las autoridades mencionadas que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Por otra parte, y en atención a que el cumplimiento a la sentencia de amparo es una cuestión de orden público; por tanto, este órgano jurisdiccional, está facultado para realizar las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento al fallo protector, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se requiere como autoridad vinculada al cumplimiento al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para que en el término de tres días contados partir del notificación del presente proveído, remita las constancias que acrediten que sigue otorgando el derecho a la salud, la asistencia médica y el bienestar social y cultural a la quejosa Merari Jamlec Mandujano Holdzhimer hasta en tanto no se liquide definitivamente la indemnización pecuniaria que le corresponde. Atendiendo a que se prorrogará con posterioridad al pago total de la indemnización hasta un plazo de tres meses, conforme lo prevé el artículo 55 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá, una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, Constitucional. Lo anterior, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, la cual se concedió para el siguiente efecto: Pago de indemnización constitucional y demás prestaciones. I. Indemnice a la quejosa por haber dejado de ser Agente del Ministerio Público y le pague las prestaciones a que tienen derecho como tales, es decir, la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía la servidora pública por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su baja y hasta que se realicen los pagos correspondientes. Lo anterior, pues como se vio al inicio de este considerando, conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se resuelva que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales, fueron separados injustificadamente, la autoridad solo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el servidor público, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Ello significa que cuando la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificado el cese de los miembros de las instituciones antes mencionadas, sea por una decisión de fondo o por vicios de procedimiento, como pudiera ser por violación al derecho de audiencia, existe la imposibilidad de reincorporarlos en sus funciones, pero el Estado tiene la obligación de cubrir una indemnización. Anotaciones. II. Ordene que se realice la anotación en el expediente personal de la servidora pública, ahora quejosa, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que ésta fue dada de baja de manera injustificada. Derecho a la salud. III. Por otra parte, la autoridad responsable queda constreñida a cubrir entre otras prestaciones la relativa a los servicios de salud, tanto para la hoy quejosa, como para sus coasegurados, por lo que deberá tomar las medidas necesarias para que se proporcione ese servicio médico hasta en tanto se pague la indemnización y las prestaciones a que ésta tenga derecho. Además, toda vez que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, contempla la conservación de dichos derechos después de que el servidor público deje de prestar sus servicios, también deberá aplicarse dicha prerrogativa en su beneficio. En ese orden, toda vez que se determinó que el acuerdo impugnado violó el derecho de audiencia, entre las prestaciones que deben cubrirse a la ahora quejosa, se debe considerar la prestación relativa a los servicios de salud, la cual se proporcionará hasta en tanto se pague la indemnización y las demás prestaciones a que tengan derecho; además en cuanto a la conservación de dichos derechos, deberá observarse el precepto legal respectivo y el plazo a que se refiera la conservación transcurrirá a partir de que se haga la liquidación correspondiente. Por tanto, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, con motivo del acatamiento del fallo protector estará vinculado a seguir otorgando el derecho a la salud, la asistencia médica y el bienestar social y cultural de la quejosa hasta en tanto no se liquide definitivamente la indemnización pecuniaria que le corresponde. Aunado a lo anterior, tal derecho se prorrogará con posterioridad al pago total de la indemnización hasta un plazo de tres meses, conforme lo prevé el artículo 55 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. Por tal motivo, el área correspondiente de la Fiscalía General del Estado de Puebla, como autoridad vinculada, debe demostrar que ha pagado las cuotas y aportaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, que corresponda a la quejosa hasta el día de su liquidación total. Por ello, el Instituto deberá requerir a la autoridad responsable ordenadora o al ente gubernamental que corresponda del pago de las cuotas y aportaciones que debieron enterarse a favor de la quejosa como si hubiese estado laborando, con el objeto de que exista una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud, aunado a que dichas cuotas realicen las afectaciones que correspondan a las subcuentas respectivas. Concesión de amparo que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al Oficial Mayor y al Encargado de Centro de Información, ambos de la Fiscalía General del Estado de Puebla.". NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Presidenta de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en autos, remite copia certificada del acuerdo de tres de noviembre del año en curso, en el cual se celebró convenio entre las partes y se dio por terminado el juicio de origen. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con las referidas documentales, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguense a sus autos los oficios del Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del distrito judicial de Puebla y Registradora Pública de la Propiedad del a Circunscripción Territorial de Puebla, mediante los cuales exponen que han dado cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora bien, el Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del distrito judicial de Puebla, mediante el oficio recibido el cinco de noviembre de dos mil veinte, informó que dejó insubsistente el embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil 653/2018, sobre el inmueble marcado con el número 2810 (dos mil ochocientos diez), ubicado en la Calle 11 (once) Norte, perteneciente a la manzana 2 (dos), de las que forman la Colonia Santa María de la ciudad de Puebla, inscrito en el sistema de información registral del Estado de Puebla, bajo el folio real inmobiliario 0009340, así como todas y cada una de las consecuencias jurídicas derivadas de dicho embargo. De igual forma la Registradora Pública de la Propiedad del a Circunscripción Territorial de Puebla, a través del oficio recibido el diez de noviembre del presente año, informó que realizó la cancelación de la inscripción número 2460692 de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, correspondiente a la citada inscripción de embargo, por tanto se generó el asiento registral 2742379 de nueve de noviembre de dos mil veinte, en el folio real inmobiliario 93401. Al respecto, la autoridad responsable de mérito aduce que con el documento antes indicado, acredita fehacientemente que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con la citadas constancias, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no efectuar manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a William Jiménez Martínez perito oficial nombrado en autos para que emita el dictamen solicitado dentro del sumario en que se actúa; en tal virtud, difiérase la audiencia constitucional para las NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. NOTIFÍQUESE.
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