Orlando Uriel Villa Telles
Expediente 831/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 831/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 10/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Orlando Uriel Villa Telles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró ******************** la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho. Por tanto, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción IV, del citado acuerdo, como en el expediente principal se concedió el amparo, es susceptible de depuración, por lo que, se conservará la demanda y la sentencia respectiva. En términos de los puntos décimo primero, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio procedente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite la constancia correspondiente para acreditarlo. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.FCG
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 831/2018, promovido por Orlando Uriel Villa Téllez, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese mismo día en este juzgado, Orlando Uriel Villa Téllez, por propio derecho, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. (Foja 3) SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercera interesada. (fojas 4 a 7) Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, la parte quejosa señaló como acto reclamado: La omisión de desahogar la totalidad de los medios de convicción en el expediente 01/3087/12 del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos al rendir su informe justificado, quien exhibió como prueba diversas documentales relativas al juicio laboral 01/3087/12 (fojas 24 a 127 del presente expediente); constancias que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. La Junta responsable, arguyó que el acto reclamado no obedece a mala fe, sino a la excesiva carga de trabajo; además, que en virtud de que el estudio que se realiza en el juicio de amparo debe limitarse al acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en que se sitúe, no es factible considerar como acto de molestia una omisión o dilación en el trámite, como pretende la parte quejosa, ya que el juicio de amparo debe constreñirse al acto reclamado y de ninguna manera a actos subsecuentes, por lo que debe sobreseerse en términos del artículo 63 de la Ley de Amparo. El argumento relativo a que el acto reclamado está justificado y no afecta a la parte quejosa, debe desestimarse porque está estrechamente relacionado con el fondo del asunto. Además, el argumento de la autoridad responsable de que sea decretado el sobreseimiento en términos del artículo 63 de la Ley de Amparo, se desestima porque no constituye causa de sobreseimiento de obvia y objetiva constatación, en virtud de que no indicó, cuál causa de las que dicho numeral prevé en sus fracciones I a V, opera y actualiza el sobreseimiento del juicio de amparo. Lo sustentado en este considerando se apoya en la jurisprudencia: P./J. 135/2001 de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE". De igual forma, la tesis 2a./J. 137/2006, de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala del máximo Tribunal de Justicia en la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN". Con independencia de lo anterior, este juzgador no advierte que opere alguna causa de improcedencia. QUINTO. Estudio del concepto de violación. Con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, suplidos en su deficiencia los conceptos de violación que la parte quejosa formuló, son fundados y suficientes para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad encargada de su impartición debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Antes de continuar, se precisa que los artículos de la Ley Federal del Trabajo que en adelante se citen, corresponderán a la ley reformada el nueve de abril de dos mil doce, porque el conflicto de origen data del ocho de noviembre de dos mil doce, según lo manifestó el quejoso bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda, y la siguiente reforma es de fecha posterior, es decir, treinta de noviembre dos mil doce. Ahora bien, de los antecedentes narrados por el impetrante, señala que se encuentran pendientes de desahogar en el juicio de origen, la testimonial que ofreció y el informe de autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social. Efectivamente, de las constancias exhibidas por la responsable, se aprecia que el veintitrés de marzo de dos mil quince, la responsable dictó auto de admisión y desechamiento de pruebas en el expediente 01/3087/12; en el que entre otras, fueron admitidas las siguientes: Testimonial a cargo de Cindy Yanet Rodríguez Valadez, María de Lourdes Téllez Abarca y Hubert Villa Téllez. Informe de autoridad por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. El veintisiete de mayo de dos mil quince, difirió el desahogo de la testimonial ofrecida por la parte actora y fijó nueva fecha (tres de septiembre de dos mil quince) para su verificativo. Asimismo, se advierten diversos diferimientos de fechas seis de abril, veinticuatro de mayo, diecisiete de agosto y trece de octubre de dos mil dieciséis, diecinueve de enero, quince de marzo, veinticinco de mayo y veintidós de agosto de dos mil diecisiete, uno de febrero y veinticinco de abril de dos mil dieciocho; sin que se tenga constancia en el presente juicio de su desahogo. De lo anterior, se advierte la fecha en que las pruebas que fueron admitidas (veintitrés de marzo de dos mil quince) en el juicio de origen 01/3087/12, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinticinco de mayo de dos mil dieciocho) no se encuentran desahogadas las testimoniales a cargo de Cindy Yanet Rodríguez Valadez, María de Lourdes Téllez Abarca y Hubert Villa Téllez, ni el informe de autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al respecto, la Ley Federal del Trabajo establece el término para desahogar las pruebas admitidas en los juicios laborales, en específico, el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo a la letra dice: "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días." El numeral 883 de la Ley Federal del Trabajo le impone a la Junta proveer lo necesario para que las pruebas se desahoguen en la fecha o fechas previstas, lo que incluye -de manera enunciativa más no limitativa-, girar los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio, así como efectuar las citaciones que correspondan; obligación que guarda armonía con el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo, que la sujeta a proveer para que los juicios en instrucción no queden inactivos. En el caso de que una prueba no esté preparada para desahogarse en la fecha prevista y esto amerite el señalamiento de nueva data para tal efecto, se procederá conforme a la fracción II del artículo 884 de la propia ley, que al respecto dice: "Artículo 884.- La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: . II. Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar debidamente preparada, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio a que se refiere esta Ley; ." En el entendido que llegada la fecha para desahogar la prueba de mérito y de no encontrarse debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio, conforme al artículo 884 del ordenamiento en cita. Ha de precisarse que cuando la Junta considere que no es posible desahogar alguna prueba en una sola audiencia debido a su naturaleza, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberá desahogarse; sin embargo, este periodo no deberá exceder de treinta días, como lo dispone el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. Como se anticipó, se corrobora a la luz de las documentales aportadas por la Junta responsable, que la totalidad de los medios de convicción que fueron admitidos en el juicio de origen no se advierten desahogados; incluso, la prueba testimonial fue diferida en diversas ocasiones, y en el último de estos, se señaló el cuatro de julio de dos mil dieciocho para su desahogo; sin que de autos se advierta que la dilación sea imputable a la parte quejosa. Así también, se aprecia que no se ha desahogado el informe de autoridad ofrecido por la parte actora ahora quejosa, a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues no se evidencia que la responsable haya girado oficio alguno por el que hubiese solicitado tal informe. Lo anterior, no obstante de que ha trascurrido en exceso el plazo máximo de treinta días hábiles que concede para tal efecto el artículo 883 de la Ley Federal aplicable y que establece no debe ser rebasado; ya que el veintitrés de marzo de dos mil quince en que se admitieron las probanzas descritas, a la fecha de presentación de la demanda de amparo veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, ha transcurrido en demasía el término concedido para ello, sin que dichos medios de prueba se encuentren desahogados a la data en que este asunto se resuelve, no habiendo demostración en contrario. En consecuencia, se advierte que la omisión combatida no se encuentra desvirtuada, pues a la fecha en que se resuelve no existe constancia alguna que lo acredite y sin que ello sea imputable a la parte quejosa. Por lo expuesto, ante la falta injustificada de desahogo de las pruebas descritas, debe considerarse que la autoridad responsable no ha proveído para el pronto desahogo de tales medios de convicción, por lo que ha infringido el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo y, con ello, el derecho de la impetrante a recibir justicia pronta, tutelado por el artículo 17 de la Carta Magna. Así, para resarcir la violación, la autoridad debe cumplir lo que la norma exige, esto es, dictar las medidas necesarias para lograr el desahogo de las probanzas descritas. En ese sentido, no puede soslayarse lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Con base en la cual se estimó que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total, lo que acontece en el caso, pues se actualiza una abierta dilación en el juicio laboral de origen, sin que se hayan desahogado las pruebas ofrecidas por la parte quejosa. Por lo expuesto, se concluye que la falta de desarrollo de la actividad necesaria para lograr el desahogo de las pruebas descritas y ofrecidas por la parte trabajadora ahora quejosa en el juicio laboral 01/3087/12, resulta violatoria del derecho del quejoso a recibir justicia pronta, tutelado en su favor por el artículo 17 de la Carta Magna, porque lo afecta materialmente, en virtud de que le impide su goce. EFECTOS DEL AMPARO. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal a Orlando Uriel Villa Téllez, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, de inmediato dicte el acuerdo que conforme a derecho corresponda, en el que se pronuncie en torno al desahogo de las probanzas descritas, en los términos siguientes: Para el caso de que el cuatro de julio de dos mil dieciocho se hubieran desahogado las testimoniales a cargo de Cindy Yanet Rodríguez Valadez, María de Lourdes Téllez Abarca y Hubert Villa Téllez, remita copia certificada del acuerdo en el que se haya señalado nueva fecha para la diligencia dentro del plazo señalado en el artículo 884 de la Ley Federal del Trabajo, en el entendido de que si la prueba se desahoga, tendrá que enviar la constancia que lo acredite. Cabe precisar, que deberá efectuar las gestiones conducentes para lograr el desahogo de la testimonial referida; asimismo, tome en consideración las manifestaciones del policía que compareció el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, respecto a la búsqueda de los mencionados testigos, pues se advierte que le fue informado que la testigo María de Lourdes Téllez Abarca, había fallecido. Gire oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que solicite el informe de autoridad que ofreció la parte actora, en los términos establecidos por auto de veintitrés de marzo de dos mil quince. En el entendido que, atento a la naturaleza del juicio de amparo, los efectos de esta sentencia, no pueden alcanzar actos omisivos que en el futuro se puedan reprochar a la responsable; de ahí que atendiendo a la garantía violada, la ejecutoria protectora se tendrá por cumplida, en caso de que no se hubieran desahogado las testimoniales, al señalar fecha para el desahogo de las mismas y efectuar las gestiones conducentes para lograr su desahogo, y respecto del informe de autoridad, al girar el oficio ordenado, atento a que los efectos del amparo se deben limitar al acto de omisión concreto existente en la etapa correspondiente; sin que esto signifique que los efectos se deban extender a grado tal de ordenar el desahogo de toda la etapa de pruebas, pues esto implicaría ocuparse precisamente, de omisiones inexistentes aún. Se precisa que esta sentencia: No veda las facultades que la ley confiere a la Junta en materia de pruebas ni en ningún otro rubro, verbigracia, su facultad para declarar su deserción. No prejuzga sobre la legalidad o ilegalidad del desahogo de las mismas. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Lo anterior sin soslayar que como se aprecia de las constancias remitidas por la responsable, existen otras pruebas pendientes por desahogar, habida cuenta que el acto que reclamó la parte quejosa se constriñe a la omisión de desahogar cuatro medios de convicción, consistentes en tres testimoniales y un informe de autoridad; no existiendo precepto alguno en la ley de la materia que permita variar la litis en el señalamiento o designación del acto combatido, aún al existir suplencia de la queja, por lo que al no haberse impugnado diversa omisión reprochable a la autoridad, este juzgador únicamente se limita al acto precisado por la impetrante. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de la Octava Época, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. EL JUEZ DE DISTRITO NO PUEDE MODIFICAR LA LITIS NI RESOLVER RESPECTO DE ACTOS NO SEÑALADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a Orlando Uriel Villa Téllez, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos indicados en el considerando quinto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Adolfo Jiménez Gómez, que autoriza y da fe hasta hoy dos de agosto de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el escrito de alegatos que formula la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al juzgado, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora bien, como lo solicita la parte promovente, una vez que sea emitida sentencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.Castillo
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