Orlando Torres Galicia

Expediente 498/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
498/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Orlando Torres Galicia

Actuaciones

  1. Principal

    ...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y A LA FISCAL ADSCRITA...

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, por este medio se notifica a la parte QUEJOSA ***, la SENTENCIA dictada el TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, que en síntesis dice: ...TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se atribuyen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, consistentes en la negativa de la responsable de recibir un escrito de solicitud de información y su falta de contestación. Se afirma tal aserto, debido a que la citada responsable, en su informe justificado, precisó que los actos impugnados no eran ciertos en los términos en que los narró el quejoso, por lo que tales manifestaciones evidencian su existencia; de ahí que, procede tener como ciertos tales actos. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo a realizar el estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden, este juzgado, de oficio, advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; De dicho precepto, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se afecta el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. Por interés jurídico debe entenderse la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se infringe por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional demandando el cese de esa violación siendo, por tanto, ese derecho protegido por el ordenamiento legal sustantivo, lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional5 . En consecuencia, para acreditar el interés jurídico es necesario que la parte quejosa demuestre que es titular de un derecho subjetivo legítimamente tutelado y que el acto de autoridad afecta ese derecho. Sobre esa base, en el caso, el quejoso fue omiso en exhibir el documento que adujo haber intentado presentar ante la responsable para demostrar su interés jurídico para que el juicio de amparo resultara procedente. En efecto, de la demanda se advierte que el quejoso adujo que el veintiocho de julio de dos mil veinte, acudió a las oficinas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad, con un escrito en el cual solicitaba diversa información acerca de su estatus crediticio en dicha institución; asimismo, que fue atendido por una persona, de la cual ignora su nombre, quien le dijo que no podía recibirle el referido libelo y que no podían darle información por escrito. Sin embargo, el promovente del amparo debió demostrar, cuando menos, el escrito que refirió haber pretendido presentar ante la responsable, a fin de acreditar su interés jurídico en el presente asunto, lo que en la especie no aconteció. Lo anterior, pues correspondía a la parte promovente acreditar la existencia de la solicitud que dice haber formulado para que este órgano jurisdiccional estuviera en condiciones de someter al control constitucional la negativa de la responsable de haberla recibido, que reclama a través de esta instancia. Ello, pues no obstante que el acto impugnado corresponde a un hecho negativo atribuible a la responsable; cierto es que dicha negativa envuelve una afirmación consistente en que el quejoso pretendió presentar ese escrito de petición a la respectiva autoridad. De ahí que, en términos del numeral 82, fracción I,6 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2º, al promovente le corresponde probar esa afirmación, al menos, con la exhibición del escrito de petición que adujo presentar Tanto más que el quejoso contaba con la disponibilidad de la prueba para evidenciar ese aspecto, al haber sido quien formuló tal petición para hacer el trámite que pretendía. Por tanto, al no existir un elemento de prueba que permita acreditar, al menos, la existencia de su petición, a fin de poder someter la negativa de la responsable al escrutinio constitucional, por ser un presupuesto básico para poder hacer exigible el derecho de dar respuesta, en la especie, este juzgado se encuentra imposibilitado para analizar los actos impugnados. Al respecto, es aplicable la tesis que establece: Época: Novena Época Registro: 197269 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Diciembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: 2a. CXLI/97 Página: 366 "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Amparo en revisión 2074/97. José Alcaraz García. 24 de octubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. En relatadas circunstancias, al quedar demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, del propio ordenamiento. En razón de lo expuesto, este juzgado queda relevado de analizar los conceptos de violación formulados por el quejoso, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, al así obligarlo la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 239006 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 24, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 49 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Sexta Epoca, Tercera Parte: Volumen LXI, página 119. Amparo en revisión 588/62. Gregorio Escobar y coagraviados. 2 de julio de 1962. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volumen 13, página 123. Amparo en revisión 1543/69. Angelina Meza Esquerra. 22 de enero de 1970. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen 14, página 63. Amparo en revisión 4444/69. Enrique Villegas Montes y coagraviados. 4 de febrero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen 21, página 49. Amparo en revisión 1391/70. Carmen Gibson de Corvera. 24 de septiembre de 1970. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volumen 21, página 49. Amparo en revisión 6171/69. Poblado Comunal de San Rafael Ixtapaluca, Municipio de Tlahuapan, Puebla. 30 de septiembre de 1970. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.". QUINTO. Precisión jurisprudencial. Debe destacarse que no es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SEXTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se; ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo...

  3. Principal

    ...Audiencia constitucional...

  4. Principal

    ...Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la apoderada legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en acuerdo de veintinueve de septiembre del año en curso. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo...

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