Orlando Torres Fernández y Otros.
Expediente 824/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 824/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Orlando Torres Fernández y Otros.
- Salvador Espinoza Reyes y Otros.
- Carlos Arturo Pitalua Carrillo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Del estado procesal que guardan estos autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto. Por lo que, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la sentencia con la cual se sobreseyó en el juicio para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Ello es así, pues si bien encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano, por lo cual debe conservarse, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de 2012; además, no existen documentos originales exhibidos por las partes y el expediente carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto vigésimo primero referido. Por lo tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 76, y demás relativos a la Ley de Amparo, se resuelve lo siguiente: R E S O L U T I V O S: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Salvador Espinoza Reyes, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando cuarto, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello. TERCERO. Cúmplase lo establecido en el considerando último de esta resolución.
- Principal
Del estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, así como del informe justificado rendido por las autoridades responsables, se advierte que las mismas manifestaron que no encontraron registro de ingreso o egreso del quejoso Salvador Espinoza Reyes. En consecuencia, con apoyo en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el derecho humano a la justicia pronta, completa e imparcial, requiérase al representante común de la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto de que no existe ingreso o egreso del quejoso Salvador Espinoza Reyes; apercibido que de no manifestar algo al respecto este órgano jurisdiccional emitirá el pronunciamiento que en derecho corresponda. Para dar margen a lo anterior; no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy y se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo, la cual se fija objetivamente, atendiendo a la disponibilidad de fechas que presenta la agenda.
- Principal
De la diligencia de notificación personal efectuada por la fedataria de la adscripción el diez de junio del año en curso, se advierte que los quejosos Evans Jonathan Morales Valdeolivar, Orlando Torres Fernández, Carlos Arturo Pitalua Carrillo y Wilfredo Resino Flores, manifestaron que no fueron ellos quienes promovieron este juicio de amparo e ignoran quien lo promovió a su nombre. En relación con lo anterior, por cuanto a los quejosos citados se considera que opera la causa de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, 6° y 15 de la Ley de Amparo, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de dicha Ley. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos dispone que las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, por lo que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en dicha Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo establece que son partes en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley mencionada y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, de acuerdo con el artículo 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo solamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. comentado en el párrafo anterior, pudiendo hacerlo el quejoso por sí, por conducto de su representante legal o apoderado, o por cualquier otra persona, en los casos y procedimientos específicos, previstos en la mencionada Ley. En relación con este último, el artículo 15 de la Ley de Amparo regula que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado esté imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad; en cuyo caso el directo quejoso, habido que sea, deberá ratificar la demanda de amparo, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada, en caso de que no lo haga. De la interpretación sistemática de los artículos mencionados, se deduce que es requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo el cumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, lo cual implica que en el escrito de demanda correspondiente, mediante el cual se promueva la instancia de amparo, deberá estar plasmada la voluntad del directo quejoso o de su representante, por lo regular, mediante el asentamiento de su firma, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, relacionados con los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que puede ser promovido el juicio de amparo por otra persona. HECHOS En el caso, se advierte que el escrito de demanda de amparo que originó este asunto aparece aparentemente firmado por los quejosos Evans Jonathan Morales Valdeolivar, Orlando Torres Fernández, Carlos Arturo Pitalua Carrillo y Wilfredo Resino Flores, en el proemio del referido escrito y en la parte relativa donde se asentaron las firmas atribuibles a dichos promoventes; asimismo, mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado de Distrito el ocho de junio de dos mil quince, las autoridades responsables pertenecientes al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente"; con sede en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, realizaron manifestaciones en el sentido de que las firmas atribuidas a los quejosos referidos diferían totalmente de las asentadas en diversas actuaciones realizadas por la autoridad responsable; por lo que, este juzgado de Distrito ordenó a la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional poner a la vista de los quejosos las documentales en las que se observan las notorias discrepancias de sus firmas y requerirles para que en el momento del desahogo de la diligencia encomendada: 1) Manifestaran por qué las firmas estampadas en la demanda de amparo difieren de las que realizaron al firmar en diversos documentos, como se advierte en las documentales remitidas por la autoridad responsable; y, 2) Expresaran quién realmente promovió a su favor esta demanda de amparo; por lo que en la razón actuarial que se provee, los directos quejosos 1. Evans Jonathan Morales Valdeolivar, 2. Orlando Torres Fernández, 3. Carlos Arturo Pitalua Carrillo y 4. Wilfredo Resino Flores, ante la Actuaria Judicial de la adscripción, manifestaron que no eran suyas las firmas que calzan en el escrito de demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, asimismo, que por desconocían quien promovió la misma. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo no fue firmada por los directos quejosos 1. Evans Jonathan Morales Valdeolivar, 2. Orlando Torres Fernández, 3. Carlos Arturo Pitalua Carrillo y 4. Wilfredo Resino Flores y no está cumplido el requisito de instancia de parte agraviada, pues en la demanda de amparo no se incorporó la voluntad de los directos quejosos, al no producir efecto alguno una firma que no es auténtica y no poderse otorgar eficacia, por el riesgo que implicaría avalar un acto ilegal, consistente en la falsificación de una firma. No es óbice a lo anterior que los actos que se pretenden impugnar por esta vía son de aquellos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto se afirmó que se reclama la reubicación a diverso módulo, castigo y suspensión de estímulos, pues como se dijo, una firma que carece de autenticidad no produce efecto alguno; aunado a que en el escrito de demanda se estableció que la instancia de amparo era promovida por los directos quejosos 1. Evans Jonathan Morales Valdeolivar, 2. Orlando Torres Fernández, 3. Carlos Arturo Pitalua Carrillo y 4. Wilfredo Resino Flores y no se manifestó por qué los agraviados estaban imposibilitados para promover el amparo, para que otra persona lo hiciera en su nombre; por lo que, además de que el juez de amparo no puede variar los hechos asentados por los promoventes, en acatamiento al derecho humano de debido proceso y seguridad jurídica de las partes, tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se reúnen los requisitos previstos en los artículos 6° y 15 de la Ley de Amparo, consistentes en que cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre al tratarse de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, pues en el escrito respectivo, se dijo que promovían los directos quejosos y no se estableció la imposibilidad correspondiente. En tales condiciones, procede declarar actualizada la causa de improcedencia en estudio y sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional, únicamente respecto de los quejosos 1. Evans Jonathan Morales Valdeolivar, 2. Orlando Torres Fernández, 3. Carlos Arturo Pitalua Carrillo y 4. Wilfredo Resino Flores, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis siguientes: "Registro No. 223817 Localización: Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Enero de 1991 Página: 213 Tesis Aislada Materia(s): Común DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN, NO CONTRAVIENE DISPOSICIÓN LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión." "Registro No. 208351 Localización: Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación XV-II, Febrero de 1995 Página: 303 Tesis: VI.1o.151 K Tesis Aislada Materia(s): Común DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Por tanto, hágase las anotaciones correspondientes e infórmese a las autoridades responsables y continúese el presente juicio únicamente por el quejoso Salvador Espinoza Reyes.
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