Orlando Tafolla Alvarado
Expediente 276/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 276/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Orlando Tafolla Alvarado
- Titular de la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público, Ciudad de México.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho con el oficio y anexos, registrado bajo el folio 11069. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. DEVUELVE OFICIO. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Amparos "B" de la Subprocuraduría Fiscal de Amparos de la Coordinación de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el oficio 14242/2023, dirigido al Director de Atención a Autoridades y Coordinación de Atención a Autoridades "D", de la Comisión Bancaria y de Valores; en virtud a que la Comisión Bancaria y de Valores no se encuentra ubicada en el domicilio de esa subprocuraduría. SE ORDENA REMISIÓN DE OFICIO. En mérito de lo anterior, y en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, remítase el referido oficio y anexos al Director Contencioso adscrito a la Coordinación Jurídica de Procedimientos "C" de la Comisión Bancaria y de Valores, en el domicilio ubicado en Insurgentes Sur, número 1971, Torre Sur, plaza Inn, colonia Guadalupe Inn, código Postal 01020, Álvaro Obregón, de la Ciudad de México. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo de la licencia personal concedida al titular de este órgano jurisdiccional del veintinueve de agosto al cuatro de septiembre del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1550/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que reglamenta la carrera judicial; quien actúa asistida de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
- Principal
En veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, la suscrita licenciada Rocío Guía Calderón Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo CERTIFICO: Que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, transcurrió del dos al quince de agosto de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada personalmente el treinta y uno de julio del presente año. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho con la certificación que antecede. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto lo de cuenta, toda vez que no fue impugnado por la parte quejosa, la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 88 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este asunto, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye a la secretaría encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VALORACIÓN. En términos del artículo 20 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Toda vez que el presente asunto se encuentra concluido y resulta innecesaria la retención de las constancias que remitieron los Directores Contenciosos adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos "C" en representación del Director General de Atención a Autoridades y Coordinador de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Bancaria y de Valores con residencia en la Ciudad de México, que fueron acompañadas al informe justificado; devuélvanse a la autoridad correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
- Principal
Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 276/2023, promovido por********************, contra los actos del Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante ocurso depositado el tres de noviembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el que fue turnado al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán,******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como tales en términos del artículo 5 fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo a: 1. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 2. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 3. El Director de Procesos Legales B de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 4. El Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 5. El Titular de la Dirección Adjunta de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 6. El representante legal de BANCO SANTANDER (MÉXICO), INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, con domicilio, el 60955, Canal de Riego 145, Lázaro Cárdenas, Michoacán. 7. Gerente de la sucursal bancaria BANCO SANTANDER (MÉXICO), INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, ubicada Avenida Lázaro Cárdenas 1681, colonia Centro, Código Postal 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán. 8. Gerente de la sucursal bancaria BANCO SANTANDER (MÉXICO), INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, ubicado, Centro, Lázaro Cárdenas, Michoacán. 9. Gerente de la sucursal bancaria BANCO SANTANDER (MÉXICO), INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, ubicado, Avenida Lázaro Cárdenas 516, colonia Centro, Código Postal 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán. 10. Gerente de la sucursal bancaria BANCO SANTANDER (MÉXICO), INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, ubicado en Autonomía Universitaria 559, Infonavit Solidaria, Código Postal 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán. 11. Gerente y/o Director de la sucursal bancaria Bancomer, BBVA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer, con domicilio ubicado en Avenida Melchor Ocampo 190, colonia Tercer Sector de Fideicomiso Lázaro Cárdenas, Código Postal 60950, de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 12. Gerente y/o Director, del banco HSBC México, Institución de Banca múltiple, Grupo Financiero HSBC, con domicilio ubicado en Avenida Tulipanes número 548 colonia Unidad 7.4., Código Postal 60950 de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 13. Gerente y/o Director de la sucursal bancaria BANCO SANTANDER (MÉXICO), INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, ubicado, en Avenida Palmas número 1559, 8° sector de Fidelac, Lázaro Cárdenas, Michoacán. 14. Gerente y/o Director de la sucursal bancaria denominada Banco Azteca, Institución de Banca Múltiple, con domicilio ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas, número 2100, Código Postal 60950, de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 15. Gerente y/o Director de la sucursal bancaria denominada Banco Azteca, con domicilio ubicado en Avenida Heroica Escuela Naval Militar, número 415, Código Postal 60950, de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. IV.- LEY O ACTO QUE SE RECLAMA: 1. Del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, se reclama: La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias aperturadas a nombre del suscrito C.********************, así como el impedimento de apertura cuenta bancaria alguna a mi nombre, provocando que el de la voz se encuentre impedido a acceder a una cuenta bancaria, misma que me es indispensable hoy en día, en la medida de que al ser empleado (chofer), requiero de una cuenta bancaria para recibir el salario por el trabajo que desempeño, de ahí que las acciones de la autoridad paralizan por completo mis compromisos económicos, incluso las de alimento al ser padre de familia, sin motivo o razonamiento alguno, sin instaurar el procedimiento que conforme a la Ley de Instituciones de Crédito. 2. Del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Director de Procesos Legales B de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: se reclama: a. La orden verbal o escrita dirigida para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de la cuenta bancaria propiedad del suscrito C.********************, en especial la cuenta de nómina número 56-73821252-9, aperturada en la Institución Bancaria Santander, S.A., Institución de Banca Múltiple, propiedad del suscrito. Además de la orden verbal o escrita para impedirme la apertura de una nueva cuenta de nómina. b. La falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo en contra del suscrito, del cual derivó la orden de bloquear, cancelar, suspender y/o revocar la cuenta bancaria, así como para poder aperturar o realizar cualquier movimiento dentro de la misma. 3. Del C. Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se reclama: a. La orden verbal o escrita dirigida para bloquear, cancelar, suspender y/o revocar la totalidad de la cuenta bancaria propiedad del suscrito, en especial la cuenta de nómina número 56-73821252-9, aperturada por la institución bancaria Santander. b. Así como la orden verbal o escrita para impedir que el de la voz apertura, o realice cualquier gestión de su cuenta bancaria. c. La falta de notificación del inicio y trámite del procedimiento administrativo en contra de mi representada, del cual derivó la orden de bloquear, cancelar, suspender y/o revocar su cuenta bancaria, así como para poder aperturar otra cuenta bancaria en cualquier institución bancaria. d. Toda orden verbal o escrita dirigida a las instituciones bancarias, para que bloqueen, cancelen, suspenda y/o revoque la totalidad de la cuenta bancaria de mi propiedad, que dicho sea de paso es de nómina, con número 56-73821252-9, aperturada en la institución bancaria Santander, S.A., Institución de Banca Múltiple. e. Toda orden verbal o escrita dirigida a las instituciones bancarias, para que se me impida aperturar una nueva cuenta bancaria de nómina a fin de estar en aptitud de recibir mis ingresos, por ser empleado de la transportista denominada TRANSPORTES CUAUHTÉMOC, S.A. DE C.V., en el puerto de Lázaro Cárdenas. 4. Al representante legal de la institución bancaria BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO y Gerentes de las sucursales bancarias ubicadas en el 60955, Canal de Riego 145, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Avenida Lázaro Cárdenas 1681, colonia Centro, Código Postal 60950 Lázaro Cárdenas, Michoacán, Centro Lázaro Cárdenas, Michoacán. Avenida Lázaro Cárdenas 516, colonia Centro, Código Postal 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Autonomía Universitaria 559, Infonavit Solidaria, Código Postal 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán. El bloqueo, cancelación, suspensión y/o revocación de las cuentas bancarias de mi propiedad, así como el impedimento de aperturar una nueva cuenta bancaria, lo que provoca que el suscrito quejoso se encuentre impedido a recibir numerario alguno producto del desempeño de mi trabajo como chofer, en la transportista TRANSPORTES CUAUHTÉMOC, S.A. DE C.V., en el puerto de Lázaro Cárdenas, en la medida de que la cuenta bancaria me es indispensable para estar en aptitud de recibir un salario, y por ende sufragar los gastos de supervivencia de mi familia. En el caso en concreto no se actualiza el supuesto contemplado por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues manifiesto bajo protesta de decir verdad que no he recibido depósito alguno del extranjero, ni he realizado un acto ilícito, por lo que la responsable en franca violación a la garantía de legalidad y debido proceso, ordenó el total desvío de poder incluirme en el listado de personas bloqueadas, lo que me ocasiona un daño irreparable y de imposible reparación, pues a la fecha no puedo realizar ninguna operación bancaria, al estar bloqueado en las instituciones bancarias de forma ilegal. Aunado a lo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad a su Señoría, que a la fecha me encuentro impedido a acceder a mi salario, que obtengo como empleado de Transportes Cuauhtémoc, S.A. de C.V., fuente de empleo del suscrito ubicada en Libramiento La Orilla Sicartsa, S/N, colonia Los Llanitos, ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, Código Postal 60950, interior de pensión 2 "La Esmerañda" (por la entrada de la playa), empleo que tengo aproximadamente desde hace 6 años, causándome un grave perjuicio la autoridad, puesto que a la fecha el de la voz, me encuentro impedido a tener acceso a mi salario que dicho sea de paso es inconstitucional su bloqueo, porque supuestamente se sospecha obtuve recursos de procedencia ilícita, relacionadas con el lavado de dinero, cuando de hecho en el caso en concreto no se actualizan los supuestos de hecho que marca la ley para incluirme en el referido listado. En esta línea de entendimiento, no debe de perder de vista, que en la institución financiera Santander, S. A. de C.V., Institución Financiera de Banca Múltiple, sucursal 2204, sucursal Américas, de la ciudad de Lázaro Cárdenas, con fecha 28 de octubre de 2022, se limitó a cancelar mi cuenta, entregarme mi dinero, sin proporcionar información alguna, sin proporcionarme documento alguno que ampare su proceder". El promovente del amparo expuso que se violan sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 31, frascción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO EN EL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. Por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós ?fojas 73 a 80 del tomo I?, se radicó la demanda de amparo con el número de expediente 666/2022 y se previno al quejoso para que manifestara de manera clara y precisa el acto que reclamaba de las autoridades señaladas como responsables en los apartados once, doce, catorce y quince, que denominó como Gerentes y/o Directores de las sucursales bancarias Bancomer, BBVA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer; HSBC México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y Banco Azteca, Institución de Banca Múltiple, ya que del análisis de la demanda de amparo, en el capítulo relativo a los actos reclamados, no se advertía el acto que a cada autoridad se atribuía. Lo anterior, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendría por no presentada la demanda de amparo. A través del escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintidós ?fojas 82 y 83 del tomo I?, el quejoso, a efecto de dar cumplimiento a la prevención formulada señaló lo siguiente: ". A efecto de dar cumplimiento al requerimiento de mérito contenido en el inciso a), el suscrito bajo protesta de decir verdad manifestó (sic) que el acto que se reclama a las autoridades que señalo como responsables en los apartados once, doce, catorce y quince, denominados como Gerentes y/o Directores de las sucursales bancarias Bancomer, BBVA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer; HSBC México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y Banco Azteca, Institución de Banca Múltiple, a saber: El bloqueo, cancelación y/o suspensión del acceso al Sistema Financiero, así como el impedimento de aperturar una nueva cuenta bancaria y negarme cualquier tipo de servicio, lo que provoca que el suscrito quejoso se encuentre impedido a recibir numerario alguno producto del desempeño de mi trabajo como chofer, en la transportista TRANSPORTES CUAUHTÉMOC, S.A. DE. C.V., en el puerto de Lázaro Cárdenas, en la medida de que la cuenta bancaria me es indispensable para estar en aptitud de recibir un salario, y por ende sufraga los gastos de supervivencia de mi familia. En la medida de que tal y como lo manifesté en mi escrito inicial de demanda, en el caso en concreto no se actualiza el supuesto contemplado por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues manifiesto bajo protesta de decir verdad que no he recibido depósito alguno del extranjero, ni he realizado un acto ilícito, por lo que la responsable en franca violación a la garantía de legalidad y debido proceso, ordenó en total desvío de poder incluirme en el listado de personas bloqueadas, lo que me ocasiona un daño irreparable y de imposible reparación, pues a la fecha no puedo realizar ninguna operación bancaria, al estar bloqueado en las instituciones bancarias de forma ilegal. Aunado a lo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad a su Señoría, que a la fecha me encuentro impedido a acceder a mi salario, que obtengo como empleado de Transportes Cuauhtémoc, S.A. de C.V., fuente de empleo del suscrito ubicada en Libramiento La Orilla-Sicartsa, S/N, colonia Los LLanitos, ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, Código Postal 60950, interior de Pensión 2 "La Esmeralda" (por la entrada de la playa), empleo que tengo aproximadamente desde hace 6 años, causándome un grave perjuicio la autoridad, puesto que a la fecha el de la voz, me encuentro impedido a tener acceso a mi salario que dicho sea de paso es inconstitucional su bloqueo, porque supuestamente se sospecha obtuve recursos de procedencia ilícita, relacionadas con el lavado de dinero, cuando de hecho en el caso en concreto no se actualizan los supuestos de hecho que marca la ley para incluirme en el referido listado. En esta línea de entendimiento, no debe de perder de vista, que en la institución financiera Santander, S.A. de C.V., Institución Financiera de Banca Múltiple, sucursal 2204, sucursal Américas, de la ciudad de Lázaro Cárdenas, con fecha 28 de octubre de 2022, se limitó a cancelar mi cuenta, entregarme mi dinero, sin proporcionar información alguna, sin proporcionarme documento alguno que ampare su proceder.". En acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, una vez que el quejoso ratificó su escrito aclaratorio, la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, admitió la demanda a trámite; pidió el informe justificado de las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional ?fojas 90 a 95 del tomo I?. Por proveído de siete de febrero de dos mil veintitrés ?fojas 234 a 236 del tomo I?, la referida juzgadora federal, de las razones actuariales levantadas por la Actuaria adscrita a su Juzgado, advirtió que no le fue posible hacer entrega de los oficios 22944/2022, 22947/2022, 22948/2022 y 22950/2022, dirigidos respectivamente a las autoridades responsables señaladas por el quejoso como: "Representante legal de Banco Santander (México), Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México"; "Gerente de la sucursal bancaria Banco Santander (Méxic), Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México"; "Gerente de la sucursal bancaria Banco Santander (México), Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México" y "Gerente y/o Director del banco HSBC México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC", dio vista a la quejosa para que, dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal correspondiera en relación con la inexistencia de dichas autoridades, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrían como inexistentes y se suspendería con ellas toda comunicación ?fojas 234 a 236 del tomo I?. En auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés ?fojas 256 y 257 del tomo I?, la Jueza Federal, entre otras cosas, tuvo como inexistentes a los Gerentes de las Sucursales Bancarias Banco Santander (México), Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, Santander México que el quejoso señaló en su demanda con los números ocho, nueve y diez, por tanto, ordenó suspender toda comunicación con las mismas. En esas condiciones, se hace innecesario realizar pronunciamiento en el presente fallo en relación con dichas autoridades. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 111/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 52, del tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 167784, que establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". El veintiuno de abril de dos mil veintitrés, la Jueza Quinto de Distrito, emitió auto ?fojas 581a 585 del tomo I?, en el que determinó que en el caso se actualizaba el supuesto previsto en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en virtud de que el quejoso********************, reclamaba en esencia la orden verbal o escrita dirigida para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de la cuenta bancaria de nómina número 56-73821252-9, de la institución bancaria Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, así como el impedimento de apertura de otra cuenta bancaria y la falta de notificación al procedimiento administrativo, acto reclamado que era materia del diverso juicio de amparo 101/2021, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que ambos juicios tenían íntima vinculación. Por tanto, dijo que resultaba inconcuso que dicho órgano jurisdiccional tenía el último antecedente del asunto, por lo que le correspondía conocer de la demanda de amparo, por razón de conocimiento previo, motivo por el cual declinó el juicio en su favor. TERCERO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ANTE ESTE JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. Por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés ?fojas 589 a 591 del tomo I?, el suscrito Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, se avocó al conocimiento del asunto, por compartir las consideraciones expuestas por la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, el cual ordenó registrar con el número de expediente 276/2023; ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público; y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, En proveído de once de mayo de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admitió la prueba de inspección judicial ofrecida por el quejoso, por lo que se ordenó correr traslado a las partes con el escrito de ofrecimiento de la misma, para que, si a su interés conviniera, dentro del plazo de tres días ampliara los puntos sobre los que debía verificarse la inspección. Por tanto, se ordenó girar despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil en turno del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para que por su conducto ordenara a quien correspondiera se constituyera en el domicilio de la institución bancaria Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, ubicada en Avenida Las Palmas número 1559, dentro del Centro Comercial Plaza Las Américas, entre Office Depot y Cinépolis, entrando por la calle Belisario Domínguez, entre Canal de Riego y Avenida Las Palmas, fraccionamiento Palmar 77, Código Postal 60955, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y desahogara la prueba de inspección judicial, conforme a los puntos que se contenían en el escrito de su ofrecimiento, levantándose el acta respectiva de manera detallada. En la inteligencia de que, debía señalar fecha y hora para que las partes que debían asistir a la misma comparecieran ante sus instalaciones, para lo cual debía informar tal determinación, para estar en condiciones de realizar la notificación de manera anticipada. Por auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo a la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, informando el día y hora en que se desahogaría la prueba de inspección judicial encomendada, por lo que se ordenó requerir al quejoso para que en la hora y fecha señalada compareciera a las instalaciones del referido órgano jurisdiccional para el desahogo de la mencionada probanza, la cual llevaría a cabo el personal de dicho Juzgado, con el apercibimiento que, de no hacerlo sin causa justificada, al tratarse de una prueba ofrecida por él, implicaría tenerle por perdido el derecho a su desahogo debido a su falta de interés. Finalmente, a las diez horas con quince minutos del once de julio de dos mil veintitrés, inició la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes ni de su representante legítimo; se abrió la etapa probatoria, en la que se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales aportadas y, además, respecto de la inspección judicial ofrecida por el actor, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta de mayo del presente año y, en consecuencia, se tuvo por perdido el derecho del impetrante a su desahogo, debido a su falta de interés y, con ello, se cerró dicha etapa; una vez concluida el periodo probatorio, se abrió el de alegatos, en el que se hizo constar que ninguna de las partes los formuló, con lo que se cerró dicho periodo; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que tienen su residencia dentro de la circunscripción territorial en la que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, así como de su escrito aclaratorio, y las demás constancias que integran este asunto se advierte que el quejoso reclama: Del Secretario de Hacienda y Crédito Público: - La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias aperturadas a nombre del quejoso********************. - La orden para impedirle la apertura de cuentas bancarias a su nombre. Del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Director de Procesos Legales B de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: - La orden verbal o escrita dirigida para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias del quejoso, en especial la cuenta de nómina número 56-73821252-9, de la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, de su propiedad. - La orden verbal o escrita para impedirle la apertura de una nueva cuenta de nómina. - La falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo seguido en su contra, del cual derivó la orden de bloquear, cancelar, suspender o revocar la cuenta bancaria, así como para poder abrir o realizar cualquier movimiento dentro de las mismas. Del Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: - La orden verbal o escrita dirigida para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de la cuenta bancaria propiedad del impetrante, en especial la cuenta de nómina número 56-73821252-9, de la institución de crédito Santander. - La orden verbal para que apertura o realice cualquier gestión en su cuenta bancaria. - La falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo en su contra, del cual derivó la orden de bloquear, cancelar, suspender o revocar su cuenta bancaria, así como para poder aperturar otra cuenta bancaria en cualquier institución bancaria. - Toda orden verbal o escrita dirigida a las instituciones bancarias, para que bloqueen, cancelen. Suspendan o revoquen la totalidad de las cuentas bancarias de su propiedad, en específico la de nómina número 56-73821252-9, de la institución de crédito Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. - Toda orden verbal o escrita dirigida a las instituciones bancarias, para que se le impida aperturar una nueva cuenta bancaria de nómina a fin de estar en aptitud de recibir sus ingresos por ser empleado de la transportista denominada Transportes Cuauhtémoc, Sociedad Anónima de Capital Variable, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. De las instituciones bancarias Banco Santander (México), sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en sus distintas sucursales ubicadas en el 60955, Canal de Riego 145, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Avenida Lázaro Cárdenas 1681, colonia Centro, Código Postal 60950 Lázaro Cárdenas, Michoacán, Centro Lázaro Cárdenas, Michoacán. Avenida Lázaro Cárdenas 516, colonia Centro, Código Postal 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Autonomía Universitaria 559, Infonavit Solidaria, Código Postal 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán: - El bloqueo, cancelación, suspensión o revocación de las cuentas bancarias de su propiedad, así como el impedimento de abrir nuevas cuentas bancarias. De las instituciones de crédito Bancomer, BBVA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer, HSBC México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y Banco Azteca, Institución de Banca Múltiple: - El bloqueo, cancelación o suspensión del acceso al Sistema Financiero, así como el impedimento de aperturar una nueva cuenta bancaria y negarle cualquier tipo de servicio, con lo que se encuentra impedido de recibir numerario alguno producto del desempeño de su trabajo como chofer en la transportista Transportes Cuauhtémoc, Sociedad Anónima de Capital Variable, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS. En principio es necesario pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ello atendiendo a una cuestión de lógica fundamental, ya que la existencia del acto autoritario es un requisito esencial para efectuar primeramente el análisis de las subsecuentes causales de improcedencia que se actualicen o, en su caso, el estudio relativo a la constitucional de los mismos. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, dado que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. Ahora, cabe señalar que la ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última es el reconocimiento que a modo de confesión hacen dichas autoridades al justificar su conducta. En todo caso, para determinar a quién le corresponde la carga de la prueba de la existencia de un acto, es necesario atender a su naturaleza. En efecto, dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas en relación con la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto: 1. Tratándose de actos positivos; esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado; 2. Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2; y, 3. Finalmente, tratándose de actos negativos y aquélla a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que no se encuentra en posibilidad de probar una omisión. En ese contexto, cuando se reclame un acto o una omisión, su existencia debe analizarse de acuerdo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que el juicio constitucional sólo procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales. Ilustra, la tesis sin número, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 273, del tomo I, primera parte-1, enero-junio de 1988, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 207528, que señala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda". En el caso, respecto de los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en virtud de que no se encuentra acreditada su existencia. En efecto, el Director General de Amparos contra Actos Administrativos, de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, al rendir el informe de ley en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, negó la existencia de los actos reclamados, consistentes en la orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias aperturadas a nombre del quejoso********************, así como la orden para impedirle la apertura de cuentas bancarias a su nombre, con el argumento de que los actos que se le atribuyen no le corresponden ?fojas 104 a a 107 del tomo I?. Por su parte, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rendir el informe justificado en representación del Director de Procesos Legales "B" de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ?fojas 153 a 155 del tomo I?, negó la existencia de los actos que se le atribuyen, consistente en la orden verbal o escrita dirigida para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias del quejoso, en especial la cuenta de nómina número 56-73821252-9, de la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, de su propiedad; la orden verbal o escrita para impedirle la apertura de una nueva cuenta de nómina; y, la falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo seguido en su contra, del cual derivó la orden de bloquear, cancelar, suspender o revocar la cuenta bancaria, así como para poder abrir o realizar cualquier movimiento dentro de las mismas, refiriendo que dicha autoridad no ha participado en los actos reclamados. Mientras que, el apoderado general para pleitos y cobranzas de la institución de crédito HSBC México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, al rendir su informe justificado ?fojas 534 a 540 del tomo I?, negó la existencia de los actos reclamados consistentes en el bloqueo, cancelación o suspensión del acceso al Sistema Financiero, así como el impedimento de aperturar una nueva cuenta bancaria y negarle cualquier tipo de servicio, con lo que se encuentra impedido de recibir numerario alguno producto del desempeño de su trabajo como chofer en la transportista Transportes Cuauhtémoc, Sociedad Anónima de Capital Variable, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, pues al respecto señaló que no existía registro de alguna solicitud del quejoso, además de que, con independencia de que actualmente la quejosa apareciera o no en listado de personas bloqueadas que, bajo la perspectiva de la Unidad de Inteligencia Financiera, así considere, el quejoso no acreditó su dicho con ningún medio de prueba, pues dicha institución crediticia tiene requisitos que deben cumplir las personas para abrir determinadas cuentas, los cuales, si no se cumplen no es posible abrir una cuenta de cheques, nómina, inversión, crédito, etcétera, insistiendo que, en el caso, el quejoso no acreditó que hubiese asistido a abrir una cuenta. Finalmente, la apoderada de la institución bancaria Bancomer, BBVA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer, al rendir su informe de ley, negó la existencia de los actos que se le atribuyen, consistentes en el bloqueo, cancelación o suspensión del acceso al Sistema Financiero, así como el impedimento de aperturar una nueva cuenta bancaria y negarle cualquier tipo de servicio ?fojas 170 y 171 del tomo I?. Sin que pase inadvertido, que agregó que no se localizó bloqueo o embargo judicial sobre las cuentas 0111169009 y 0110699551, registradas a nombre de la moral Transportes Cuauhtémoc, Sociedad Anónima de Capital Variable. Y, que la cuenta a nombre del quejoso con número de cuenta 1536119700, se localiza un bloqueo parcial en apego al artículo 61 de LIC, que para realizar el desbloqueo de la misma es necesario que el cliente se encuentre en sucursal, se auntetique y realizar el desbloqueo de la cuenta y recabar la información o formato que le indicaran en sucursal. Sin embargo, tales manifestaciones resultan irrelevantes, pues como se señaló, el acto que se le atribuye a dicha autoridad consiste en el bloqueo, cancelación o suspensión del acceso al Sistema Financiero, así como el impedimento de aperturar una nueva cuenta bancaria y negarle cualquier tipo de servicio, cuya existencia, como se dijo, negó. Ahora, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se pruebe su existencia. Así pues, la prueba de la inexistencia de los actos reclamados, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable la foja 627, del tomo IV, segunda parte, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 227634, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 755, tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 395045, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". Y, la tesis de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 748, tomo XC, de la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321449, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado". Sin que el quejoso hubiera desvirtuado la negativa informadas por las referidas autoridades responsables, ya que no ofreció ni desahogó medio de prueba alguno tendente a ello, pues sólo adjuntó a su demanda los siguientes documentos: a) Un estado de cuenta expedido por la responsable Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, del que se desprende que corresponde al periodo comprendido del dieciséis de diciembre de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno, respecto de la cuenta número 56-73672832-9, a nombre del quejoso********************, en la que aparece un saldo de cero pesos ?foja 70 del tomo I?. b) Una constancia de situación fiscal, expedida el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, por el Servicio de Administración Tributaria, a nombre del impetrante, quien se encuentra registrado como activo ?foja 71 del tomo I?. La segunda de dichas documentales con valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, por tratarse de un documento público. Mientras que el primer medio de convicción tiene valor de documental privada, en términos de los numerales 129, 197 y 203 del ordenamiento citado. No obstante lo anterior, las mismas no son aptas ni suficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados, pues por lo que se refiere al estado de cuenta, con el mismo solo se demuestra que en la fecha de su expedición tenía una cuenta a su nombre en la institución de crédito referida, y el saldo que la misma tenía, pero con ella no se pone en evidencia que la existencia de alguna orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar sus cuentas bancarias o, en específico, la cuenta a que se refiere el estado de cuenta, además de que tampoco es apta para demostrar la existencia de una orden verbal o escrita para impedirle la apertura de una nueva cuenta. Y, con la segunda de las documentales referidas, sólo se acredita que en la fecha de su expedición el quejoso se encontraba inscrito como contribuyente ante el Servicio de Administración Tributaria. No se soslaya, que el peticionario de amparo a efecto de demostrar la existencia de una orden verbal o escrita para impedirle la apertura de una nueva cuenta bancaria ofreció como prueba de su parte una inspección judicial, que se llevaría a cabo en el domicilio de la institución bancaria Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, ubicada en Avenida Las Palmas número 1559, dentro del Centro Comercial Plaza Las Américas, entre Office Depot y Cinépolis, entrando por la calle Belisario Domínguez, entre Canal de Riego y Avenida Las Palmas, fraccionamiento Palmar 77, Código Postal 60955, de Lázaro Cárdenas, Michoacán; sin embargo, en la fecha que tendría lugar la misma no se presentó a su desahogo, por lo que se le tuvo por desinteresado de la misma. De ahí que, como se dijo, el quejoso no rindió prueba que desvirtuara la negativa de las responsables. Por otra parte, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rendir su informe justificado ?fojas 153 a 155 del tomo I?, únicamente aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la orden verbal o escrita dirigida para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias del quejoso, en especial la cuenta de nómina número 56-73821252-9, de la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, de su propiedad, respecto de lo cual señaló que se instruyó poner a disposición de las entidades financieras, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el nombre de las personas introducidas en la lista de personas bloqueadas, a efecto de que procedieran a suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones y servicios con los clientes o usuarios incorporados a la lista, imposibilitando tanto de abrir nuevas cuentas como la cancelación de las vigentes, así como impedir la disposición de los recursos que estas últimas contuvieran, incluyendo los casos en que las personas designadas aparecieran como titulares, cotitulares, firmantes y/o autorizados, fideicomitentes, representantes legales y/o apoderados, instrucción que se materializó mediante el oficio 110/F/B/7819/2020, con folio SIARA/UIF/2020/000782, signado por la diversa Directora General adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera. Adujo, que era importante señalar que el quejoso promovió diverso juicio de amparo con número de expediente 101/2021 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, en el cual, el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo. Por lo que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se emitió el Acuerdo 163/2022 por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en el que se elimina al quejoso de la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acuerdo que se comunicó a las entidades financieras a través del sistema de atención de requerimientos de autoridad (SIARA) con el que cuenta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el oficio 110/F/B/5806/2022, folio SIARA UIFA/2022/000503. Por tanto, los efectos del Acuerdo 145/2020, mediante el que se incluyó al quejoso han cesado. Por otra parte, la Directora Contenciosa y el Director Contencioso, ambos adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos "C", al rendir el informe justificado en representación del Director General de Atención a Autoridades y del Coordinador de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Bancaria y de Valores ?fojas 382 a 392 del tomo I?, expusieron que únicamente era cierto que en la entonces Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D", ahora Coordinación de Atención a Autoridades "D", se recibieron los oficios: 110/F/B/7819/2020, con número de folio SIARA UIF/2020/000782, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera, a través del cual informó la inclusión del quejoso en la lista de personas bloqueadas. Precisaron, que dicho oficio fue retransmitido a las instituciones financieras a través de los oficios 214-4/9745218/2020 al 214-4/9745679/2020, a fin de que estas procedieran a cumplimentarlo. Siguieron diciendo, que existía el oficio 110/F/B/5806/2022, con número de folio SIARA UIF/2022/000503 emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera, a través del cual se elimina al quejoso de la lista de personas bloqueadas en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 101/2021, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, el cual fue retransmitido a las instituciones financieras a través de los oficios 214-4/15184753/2022 al 214-4/15185211/2022, a fin de que estas procedieran a cumplimentarlo. Por su parte, el apoderado legal de Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, al rendir su informe de ley ?foja 261 del tomo I?, señaló que eran ciertos los actos reclamados, consistente en el bloqueo, cancelación, suspensión o revocación de las cuentas bancarias propiedad del quejoso, así como el impedimento de abrir nuevas cuentas bancarias; sin embargo, que por oficio 214-4/15184758/2022, con número de expediente E/DE3-2207-008355-MAP, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante requerimiento 110/F/B/5806/2022, ordenó eliminar de la lista de personas bloqueadas al quejoso, y reanudar los actos, operaciones y servicios financieros que le fueron suspendidos, por lo que el quejoso puede aperturar cuentas bancarias y realizar cualquier operación. Y, agregó que la cuenta 56738212529 súper nómina presenta fecha de cancelación el quince de septiembre de dos mil veintidós. Por otro lado, el apoderado legal del Banco Azteca, Institución de Banca Múltiple, al rendir el informe justificado ?fojas 111 y 112 del tomo I?, señaló que era cierto que recibió la instrucción por parte del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para suspender cualquier relación comercial con el quejoso, contenida en el oficio 110/F/B/7819/2020, de siete de octubre de dos mil veinte, que le fue notificada a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información, Atención a Autoridades (SITI-AA) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por oficio 214-4/9745241/2020 y número de expediente E/AS3-2010-005912-ECM. Sin embargo, refirió que dicha autoridad, mediante oficio 110/F/B/5806/2022 de siete de julio de dos mil veintidós, notificado a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información, Atención a Autoridades (SITI_AA) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por oficio 214-4/15184778/2022, número de expediente A/DE3-2207-008355-MAP, la instruyó para dejar sin efectos el oficio 110/F/B/7819/2020. De lo expuesto, se desprende que las autoridades responsables Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Director de Procesos Legales "B" de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, ambos dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el Director General de Atención a Autoridades y el Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D", ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; la institución de crédito Banco Santander (México), Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México; y, la institución bancaria Banco Azteca, Institución de Banca Múltiple, al rendir sus respectivos informes de ley aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen. No obstante lo anterior, del análisis de las constancias que adjuntaron a sus respectivos informes justificados, se puede concluir que no existen los actos reclamados de dichas autoridades, pues de las mismas se desprenden los siguientes antecedentes: a) Mediante oficio número 110/F/B/7819/2020, de siete de octubre de dos mil veinte, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de conformidad con lo previsto en el artículo 15, fracción XXXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comunica al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la lista de personas bloqueadas contenida en el acuerdo 145/2020, emitido en uso de las facultades legales y reglamentarias, entre las que se encontraba el quejoso********************, por lo que le solicitó suspender de forma inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con él, imposibilitándolo tanto de abrir nuevas cuentas, como la cancelación de las vigentes, e impedirle la disposición de los recursos que éstas contuvieran ?fojas 113 vuelta a 117 del tomo I?. b) En cumplimiento al referido oficio, el Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, giró el oficio número 214-4/9745241/2020, de nueve de octubre de dos mil veinte, a la institución de crédito Banzo Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, a efecto de que atendiera la solicitud contenida en el referido oficio 110/F/B/7819/2020 ?foja 113 del tomo I?. c) Por oficio número 110/F/B/5806/2022, de siete de julio de dos mil veintidós, el Director General adscrito a la Unidad de Inteligencia Financiera, hizo del conocimiento del Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en cumplimiento al Acuerdo 163/2022, del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por el que se elimina al impetrante********************, de la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 101/2021, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán ?fojas 118 vuelta a 120 del tomo I?. d) A través del oficio número 214-4/15184778/2022, de ocho de julio de dos mil veintidós, la Coordinadora de Atención a Autoridades "D", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitó a Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, el cumplimiento del oficio número 110/F/B/5806/2022, de esa misma fecha, suscrito por la Unidad de Inteligencia Financiera ?foja 118 del tomo I?. e) En oficio número 214-4/15184803/2022, de ocho de julio de dos mil veintidós, la Coordinadora de Atención a Autoridades "D", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitó a Casa de Bolsa Santander, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Santander México, el cumplimiento del oficio número 110/F/B/5806/2022, de esa misma fecha, suscrito por la Unidad de Inteligencia Financiera ?foja 263 del tomo I?. De lo expuesto se advierte, que si bien es cierto, por oficio número 110/F/B/7819/2020, de siete de octubre de dos mil veinte, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en cumplimiento al acuerdo 145/2020, informó al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que el quejoso se encontraba en la lista de personas bloqueadas, por lo que le solicitó suspender de forma inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con él, imposibilitándolo tanto de abrir nuevas cuentas, como la cancelación de las vigentes, e impedirle la disposición de los recursos que éstas contuvieran. También lo es, que por oficio número 110/F/B/5806/2022, de siete de julio de dos mil veintidós, el Director General adscrito a la Unidad de Inteligencia Financiera, hizo del conocimiento del Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en cumplimiento al Acuerdo 163/2022, del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se eliminó al impetrante********************, de la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 101/2021, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. En ese orden de ideas, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (tres de noviembre de dos mil veintidós), no existían los actos reclamados de las autoridades precisadas; es decir, no existía una orden vigente para que al impetrante se le bloquearan cancelaran, suspendieran o revocaran sus cuentas bancarias, en específico la cuenta de nómina número 56-73821252-9, de la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, pues al contrario, existía una orden para quitar el nombre del quejoso de la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual, como lo refirieron las responsables, habían ejecutado. Máxime, que como lo refirió la institución crediticia citada en último término, la cuenta de nómina de referencia no se encontraba bloqueada, sino que la misma fue cancelada desde el quince de septiembre de dos mil veintidós; esto es, previamente a la presentación de la demanda de amparo. En ese sentido, si no existe una orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias del quejoso, en especial la cuenta de nómina número 56-73821252-9, de la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, de su propiedad, ni tampoco una orden verbal o escrita para impedirle la apertura de una nueva cuenta de nómina, tampoco existe un procedimiento seguido en su contra, del que derivaran dichas órdenes. Entonces, si no existe dicho procedimiento, en consecuencia tampoco existe la omisión de notificarle el mismo. En tal virtud, ante la inexistencia de los actos reclamados, procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la ley de la materia, lo cual impide el estudio de fondo del asunto, en términos de la jurisprudencia sin número, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, del volumen 24, tercera parte, de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 239006, que indica: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por********************, contra los actos reclamados de las autoridades que quedaron precisadas en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos señalados en el considerando tercero, de esta resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma [en forma electrónica] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta el día de hoy en que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante Rocío Guía Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En seis de julio de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexos registrado bajo el folio 8652. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio y anexos signado por la Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 185/2023 número de orden 341/2023, del índice de este juzgado, por las razones que indica. Dese de baja la comunicación oficial que se recibe y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
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