Orlando Suacedo Hernández

Expediente 265/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
265/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
26/05/2023

Partes del expediente

  • Orlando Suacedo Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    "...se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído doce de mayo de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo, por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido... este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el acuerdo donde se desechó la demanda de amparo... una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción. Por otro lado, se ordena devolver a la parte quejosa los documentos que acompañó a su escrito inicial de demanda, por tanto, requiérasele para que dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo señalado, dicho documento correrá la suerte de del presente sumario cuando se efectué la depuración del mismo."

  2. Principal

    ".... Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Orlando Saucedo Hernández, en representación de la empresa Constructora y Perforadora Latina Sociedad Anónima de Capital Variable personalidad que acredita con el instrumento notarial número siete mil setecientos treinta y dos de catorce de febrero de dos mil veintitrés, pasada ante la fe del Notario número Trece de esta ciudad, contra actos de la Junta Especial número Cuarenta y Cuatro de la Federal de conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 265/2023-V-A. DESECHAMIENTO Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese sentido, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes, en tal virtud, este órgano de control constitucional realizará el estudio correspondiente. En el caso concreto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que en esencia la parte quejosa se duele de lo siguiente: "La cédula de notificación de fecha 18 de octubre de 2021, misma que contiene laudo condenatorio de fecha 14 de enero del año 2021, y las subsecuentes actuaciones del juicio laboral 685/2013 dictadas por el presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad..." Por lo anterior, una vez transcrito el acto reclamado se advierte que el promovente no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de derechos fundamentales, ya que antes de promoverlo debió combatir el acto reclamado mediante el incidente de nulidad de notificaciones. Se afirma lo anterior porque en dicho precepto legal se establece la improcedencia del juicio cuando las leyes que sirvieron de fundamento para emitir el acto reclamado, contemplan algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, como en el caso acontece. En tal virtud, la parte quejosa al no agotar los recursos ordinarios que contempla la ley de donde emanan los actos reclamados, no obedeció al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, como enseguida se explica. En ese orden de ideas, es dable precisar que el acto reclamado puede ser impugnado a través del incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 762 y 763 Bis de ley Federal del Trabajo, el cual literalmente establece: ".Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; (.) Artículo 763 Bis.- En lo que se refiere a los incidentes que se promuevan en el Juicio Individual Ordinario, los incidentes se sustanciarán y resolverán en la audiencia preliminar oyendo a las partes, sin suspensión del procedimiento, a excepción del incidente de nulidad, el que deberá promoverse dentro de los tres días siguientes en que se tenga conocimiento del acto irregular, hasta antes que se dicte sentencia. En este caso, el juez señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la cual se podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales, instrumentales y presuncionales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento." Así, se tiene que el primordial acto que en esta vía pretende combatir la parte promovente es recurrible en la vía ordinaria, pues de los numerales antes transcritos se desprende es procedente el incidente de nulidad de notificaciones; en tanto que el referido artículo 763 Bis, dispone que la nulidad de actuaciones deberá reclamarse en la actuación dentro de los tres días siguientes en que se tenga conocimiento del acto irregular. La finalidad del incidente de nulidad, es constituir el medio ordinario de defensa idóneo para impugnar las actuaciones relativas a las notificaciones, pues con ese medio de impugnación se da a los interesados la oportunidad de aportar las pruebas que estimen pertinentes a fin de justificar la ilegalidad o falta de cualquier notificación. Por lo que, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir el acto reclamado, la accionante debió agotar el aludido medio de impugnación en el que pudo inconformarse y aducir todo aquello que considere ilegal en lo determinado por el juez responsable, previo a instar la acción constitucional, debido a que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa. En esas condiciones, la parte quejosa reclama: "La cédula de notificación de fecha 18 de octubre de 2021, misma que contiene laudo condenatorio de fecha 14 de enero del año 2021, y las subsecuentes actuaciones del juicio laboral 685/2013 dictadas por el presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad..." Al o que agrega, bajo protesta de decir verdad, que la notificación de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintiuno jamás llegó a conocimiento de su representada, enterándose de dicha notificación el dieciocho de abril de dos mil veintitrés por haber consultado los juicios activos de su representada en vía electrónica, descubriendo movimiento en el juicio 685/2013 encontrándose en sección de ejecución, etapa de trámite de ejecución, ello, porque quiénes representaron en el juicio natural a la moral ahora quejosa interviniendo en el trámite del juicio no fueron notificados. De ahí, resulta evidente que, previo a la instauración del juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones que se refiere el artículo 763 Bis de la Ley Federal del Trabajo; de tal suerte que al no haberlo hecho, ello hace que se esté en presencia de la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y con ello, de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Asimismo, no se advierte que se esté en presencia de alguno de los casos de excepción de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que rige el acto reclamado, al tomar en cuenta que la naturaleza del acto que se combate no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como a un acto que afecte su libertad personal. Incluso, la parte quejosa no se ostenta como tercera extraña al procedimiento puesto que del escrito inicial de demanda reconoce que la ahora quejosa fue representada e intervino en el juicio, además de que, no se advierte que reclame la falta de emplazamiento al juicio de origen, aunado a que, como ya se indicó, ella es parte demanda dentro del juicio natural; manifestó que el siete de enero de dos mil catorce, se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas compareciendo su representada Constructora y Perforadora Latina S.A. de C.V., circunstancia que evidencia que no tiene el carácter de tercero extraño al procedimiento; además, en el escrito de cuenta, precisa que se enteró del acto reclamado cuando realizó las revisiones vía electrónica del expediente de donde deriva la omisión reclamada, esto es, el dieciocho de abril de dos mil veintitrés. De igual manera, debe indicarse que la procedencia del recurso tampoco está sujeta a una interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia III.1o.C.J/34, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, página 1041, con número de registro digital: 185542, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO" Aunado a lo anterior, se advierte que el juicio natural se encuentra en sección de ejecución, por lo que el suscrito estima que también se actualiza de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia, según los numerales siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Ahora, atendiendo a los actos dictados dentro de juicio, después de concluido y en ejecución de sentencia se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, las cuales son: En ese tenor, es importante ahora destacar que conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedibilidad en el juicio de amparo indirecto, a saber:  La primera regla genérica radica en que el juicio constitucional procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados constitucionalmente y tratados internacionales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con la obtención de sentencia favorable a sus pretensiones.  La segunda regla genérica estriba en que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, ejemplo de ellos son el arresto como medida de apremio para vencer la resistencia de alguna de las partes o la interlocutoria que fija cantidad líquida de la condena que impugna el vencido.  La regla específica corresponde a la prevista en la Ley de Amparo, misma que tiende a impedir que el juicio constitucional sea usado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, disponiendo que el juicio de amparo indirecto se podrá promover contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, dando la oportunidad al quejoso de que en ella reclame las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que lo hubieren dejado sin defensa, y en el caso de remates, contra la resolución definitiva en la que se ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados; entendiendo por "última resolución" aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Atendiendo a las citadas reglas de procedibilidad del amparo indirecto, contra actos emitidos en diversas etapas del juicio natural, se debe partir de la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, porque cada una tiene su hipótesis específica, sin que se pueda relacionar una con otra, ya que ello traería como consecuencia la desnaturalización del juicio constitucional. De tal suerte que, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no le son aplicables las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, puesto que de hacerlo, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución irreparable para la procedencia del juicio de amparo, dejando de lado que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio constitucional. S.... En ese contexto, si el juicio natural se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia contra la que se duele la parte quejosa, sin que alegue que se le haya afectado un derecho sustantivo, es claro que no se está en presencia de la última resolución dictada en el procedimiento de origen; por tanto, el juicio de amparo es improcedente en contra del acto reclamado. Lo anterior es comprensible, porque la razón de limitar la procedencia del juicio de amparo a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, tiene como propósito evitar que, en un abuso del ejercicio del juicio de amparo, se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que ello se considera de orden público, de ahí que dicha ejecución no debe ser entorpecida ni siquiera por la parte que haya resultado vencedora en la contienda del juicio natural que dio origen a la sentencia que se pretende ejecutar. Esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad tiene interés en que se ejecute y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Incluso, de existir alguna violación al procedimiento dentro de la fase de la ejecución de sentencia, los actos que en ésta se dicten, podrán ser reclamados conjuntamente con la última resolución que se dicte en el procedimiento de mérito, que será el acuerdo que decrete el cumplimiento total de la sentencia dictada en el juicio de natural, donde se destaquen entonces las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a ...... En las relatadas consideraciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle constitución seiscientos uno, colonia Tajín en esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a -*-*-*-*-*-*-*, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. ...

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