Orlando Ramírez Hernández

Expediente 277/2020 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
277/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • Orlando Ramírez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercero interesado se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado. Con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias y conservarse sólo la demanda de amparo, la sentencia y el presente proveído. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación y las subsecuentes al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable, mediante los oficios MA. 439/20212, MA. 580/20213, MA. 631/20214, MA. 761/20215 y MA. 843/20216 informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con los mismos y sus anexos, por auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno7, se ordenó dar vista a la parte quejosa y al tercero interesado8, sin que hubiesen hecho manifestación alguna; en esas circunstancias, este tribunal hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de once de marzo de dos mil veintiuno9, este órgano jurisdiccional dictó ejecutoria en el presente asunto, en la que concedió la protección constitucional solicitada por el impetrante, para los siguientes efectos: "(.) que la Junta responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el laudo reclamado; 2. Reponga el procedimiento a efecto de que: 2.1. Se pronuncie respecto de la prueba de inspección ofrecida por el actor en su demanda inicial 2.2. Previo acuerdo que al efecto emita, debidamente notificado, conceda a la partes el término de dos días para formular alegatos por escrito, conforme a lo dispuesto por el artículo 884, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo. 2.3 Finalmente, seguido el procedimiento correspondiente, la Junta dicte el laudo respectivo, en el cual deberá valorar en su integridad la prueba confesional a cargo de la demandada, y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derecho proceda respecto a las prestaciones demandadas por el actor. (.)". Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: > Mediante acuerdo de ocho de abril de dos mil veintiuno10, dejó insubsistente el laudo reclamado; asimismo, admitió la prueba de inspección ofrecida por la parte actora y formuló los apercibimientos legales correspondientes a las partes. > En atención a lo anterior, el veintisiete de abril de dos mil veintiuno11, tuvo verificativo el desahogo de la inspección ofrecida por la parte actora, en los términos del acta respectiva. > Luego, por auto de treinta de abril de dos mil veintiuno12, regularizó el procedimiento con relación a los efectos de la ejecutoria de amparo, e hizo efectivo el apercibimiento decretado a la parte demandada teniendo por presuntivamente ciertos los hechos y cuestiones que pretendió acreditar la parte actora. En ese acto, concedió a las partes el término de dos días a efecto de que formularan sus alegatos, en la inteligencia que de no hacerlo, se les tendría por perdido su derecho para ello. > El veinticinco de mayo siguiente13, tuvo por perdido el derecho de las partes a formular alegatos y se ordenó al secretario de acuerdos certificar la existencia de pruebas pendiente por desahogar. El funcionario referido, hizo contar su inexistencia y con esa actuación se dio vista a las partes para que manifestaran su conformidad o desacuerdo con aquella. > Ante la omisión de desahogar el requerimiento señalado, mediante proveído de veintiocho de junio del año en curso14, hizo efectivo el apercibimiento, se tuvo a las partes por desistidas de las pruebas pendientes de desahogo, con orden de turnar los autos para la formulación del proyecto de laudo correspondiente. > Seguida la secuela procesal, el trece de julio de dos mil veintiuno15, se dictó un nuevo laudo, en el cual, la responsable: - Le concedió valor probatorio a la prueba confesional a cargo de la parte demandada y, aun cuando declaró confeso ficto al demandado Servicio Postal Mexicano, en ejercicio de la libertad jurisdiccional otorgada, de conformidad con el ejercicio de valoración practicado sobre los demás medios probatorios, absolvió al demandado del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. De lo anterior se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, como se hace patente de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y las actuaciones practicadas por aquélla en los términos reseñados en párrafos anteriores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. No se oponen a esta consideración los argumentos vertidos por el apoderado del quejoso al desahogar la vista que se le dio con el laudo dictado por la responsable en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se sostiene lo anterior, en virtud de que la lectura de sus manifestaciones, permiten constatar que éstas giran en torno al ejercicio de valoración probatoria realizado por la responsable, actuación en la que está inmersa la decisión relativa al alcance demostrativo del resultado de la prueba de inspección, respecto de la cual se hizo efectivo el apercibimiento formulado al demandado de tener por presuntivamente cierto los hechos o cuestiones a probar por parte de la oferente de la prueba, así como respecto de la cita de criterios en que la responsable apoyó su determinación de absolver al demandado de las prestaciones reclamadas, siendo que en ese sentido, el autorizado de la parte quejosa asevera la existencia de tesis "actualizadas" que le beneficia a su representado. Con base en lo anterior, aduce una parcialidad en favor de la demandada, una indebida valoración de la confesional ofrecida por la parte actora en la que se declaró confeso ficto al enjuiciado, sin tomar en consideración que no existe prueba en contrario, amén de desestimar de forma dogmática las documentales exhibidas consistentes en un nombramiento, un oficio y una credencial, por consiguiente, afirma el incumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así las cosas, a efecto de demostrar que las manifestaciones producidas por el autorizado del quejoso no tienen el alcance de modificar la consideración de que la ejecutoria de amparo está cumplida de manera total, sin excesos ni defectos, es menester precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. LXII/2018 (10a.), dejó establecido que la libertad de jurisdicción otorgada a la autoridad responsable, para que dé el cumplimiento correspondiente a una sentencia de amparo, encuentra su límite en la materia de lo que fue analizado, por ende, no está desvinculada de la obligación de atender las consideraciones y razonamientos contenidos en la sentencia de amparo. Empero, debe dejarse claro que se trata de lineamientos legales que, ciertamente, deben observarse al dictar una nueva resolución, la cual, en ejercicio de la mencionada plenitud jurisdiccional puede ser en el sentido jurídico que la responsable estime procedente, es decir, no se le define éste. En eso consiste la libertad conferida, es decir, en que de nueva cuenta realice un ejercicio de ponderación, solventando las irregularidades detectadas por el órgano constitucional. El criterio en cuestión fue publicado con el número 1a. LXII/2018 (10a.)16, y es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Para evaluar el debido y total cumplimiento de una sentencia de amparo, tratándose de autoridades jurisdiccionales, si bien deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos precisados en aquélla, lo cierto es que éstos no están desvinculados de las consideraciones y de los razonamientos plasmados en la sentencia aludida; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán atender a dichos efectos, en el entendido de que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo". Con ese orden de ideas, puede sostenerse que lo resuelto por la responsable a la que se otorgó la libertad de hacerlo de conformidad con su interpretación jurídica, en el particular, respecto de la procedencia de la acción emprendida por la parte actora, con sustento en la justipreciación del caudal probatorio, en todo caso, puede ser objeto de una nueva controversia a través de diverso juicio de amparo, más no análisis del cumplimiento de esta ejecutoria. Se sostiene lo anterior, pues, como se desprende de las consideraciones que rigen a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, no se vinculó a la autoridad responsable a resolver en un determinado sentido en torno a la acción emprendida por el actor, razón por la cual esa actuación puede ser sometida nuevamente al control de legalidad que se ejerce en el juicio constitucional. En ese contexto, si al emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, no se aprecia que actuó de una forma distinta a lo indicado, el sentido en que lo hizo no puede ser suficiente para declararla no cumplida, como en concreto lo pretende el autorizado del quejoso, basado en su inconformidad con la forma en que declaró la absolución de las prestaciones reclamadas, respecto de lo cual, se reitera, no se sentaron lineamientos que debieran ser atendidos en una forma determinada que implicara su vinculación a resolver en cierto sentido. Al respecto, por su sentido y alcance jurídico, resulta aplicable la tesis 2a. CVI/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación17, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL JUZGADOR DE AMPARO DEJA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN APTITUD DE EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. El precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución; no obstante, cuando el juzgador de amparo deja a la autoridad responsable con libertad de jurisdicción para emitir la nueva resolución con la cual dará cumplimiento al fallo protector, ésta puede combatirse a través de un nuevo juicio de amparo, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, toda vez que dicha determinación no podría considerarse cosa juzgada, considerando que esas decisiones no atienden a los lineamientos fijados por el órgano federal de amparo, por lo que es procedente el juicio constitucional contra los nuevos actos emitidos con libertad de jurisdicción por la autoridad responsable". Hágase del conocimiento a las partes el presente acuerdo, para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. En Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable, mediante los oficios MA. 439/2021, MA. 580/2021, MA. 631/2021, MA. 761/2021 y MA. 843/2021 informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con los mismos y sus anexos, por auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y al tercero interesado, sin que hubiesen hecho manifestación alguna; en esas circunstancias, este tribunal hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de once de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional dictó ejecutoria en el presente asunto, en la que concedió la protección constitucional solicitada por el impetrante, para los siguientes efectos: "(.) que la Junta responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el laudo reclamado; 2. Reponga el procedimiento a efecto de que: 2.1. Se pronuncie respecto de la prueba de inspección ofrecida por el actor en su demanda inicial 2.2. Previo acuerdo que al efecto emita, debidamente notificado, conceda a la partes el término de dos días para formular alegatos por escrito, conforme a lo dispuesto por el artículo 884, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo. 2.3 Finalmente, seguido el procedimiento correspondiente, la Junta dicte el laudo respectivo, en el cual deberá valorar en su integridad la prueba confesional a cargo de la demandada, y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derecho proceda respecto a las prestaciones demandadas por el actor. (.)". Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: Mediante acuerdo de ocho de abril de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el laudo reclamado; asimismo, admitió la prueba de inspección ofrecida por la parte actora y formuló los apercibimientos legales correspondientes a las partes. En atención a lo anterior, el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, tuvo verificativo el desahogo de la inspección ofrecida por la parte actora, en los términos del acta respectiva. Luego, por auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, regularizó el procedimiento con relación a los efectos de la ejecutoria de amparo, e hizo efectivo el apercibimiento decretado a la parte demandada teniendo por presuntivamente ciertos los hechos y cuestiones que pretendió acreditar la parte actora. En ese acto, concedió a las partes el término de dos días a efecto de que formularan sus alegatos, en la inteligencia que de no hacerlo, se les tendría por perdido su derecho para ello. El veinticinco de mayo siguiente, tuvo por perdido el derecho de las partes a formular alegatos y se ordenó al secretario de acuerdos certificar la existencia de pruebas pendiente por desahogar. El funcionario referido, hizo contar su inexistencia y con esa actuación se dio vista a las partes para que manifestaran su conformidad o desacuerdo con aquella. Ante la omisión de desahogar el requerimiento señalado, mediante proveído de veintiocho de junio del año en curso, hizo efectivo el apercibimiento, se tuvo a las partes por desistidas de las pruebas pendientes de desahogo, con orden de turnar los autos para la formulación del proyecto de laudo correspondiente. Seguida la secuela procesal, el trece de julio de dos mil veintiuno, se dictó un nuevo laudo, en el cual, la responsable: Le concedió valor probatorio a la prueba confesional a cargo de la parte demandada y, aun cuando declaró confeso ficto al demandado Servicio Postal Mexicano, en ejercicio de la libertad jurisdiccional otorgada, de conformidad con el ejercicio de valoración practicado sobre los demás medios probatorios, absolvió al demandado del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. De lo anterior se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, como se hace patente de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y las actuaciones practicadas por aquélla en los términos reseñados en párrafos anteriores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. No se oponen a esta consideración los argumentos vertidos por el apoderado del quejoso al desahogar la vista que se le dio con el laudo dictado por la responsable en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se sostiene lo anterior, en virtud de que la lectura de sus manifestaciones, permiten constatar que éstas giran en torno al ejercicio de valoración probatoria realizado por la responsable, actuación en la que está inmersa la decisión relativa al alcance demostrativo del resultado de la prueba de inspección, respecto de la cual se hizo efectivo el apercibimiento formulado al demandado de tener por presuntivamente cierto los hechos o cuestiones a probar por parte de la oferente de la prueba, así como respecto de la cita de criterios en que la responsable apoyó su determinación de absolver al demandado de las prestaciones reclamadas, siendo que en ese sentido, el autorizado de la parte quejosa asevera la existencia de tesis "actualizadas" que le beneficia a su representado. Con base en lo anterior, aduce una parcialidad en favor de la demandada, una indebida valoración de la confesional ofrecida por la parte actora en la que se declaró confeso ficto al enjuiciado, sin tomar en consideración que no existe prueba en contrario, amén de desestimar de forma dogmática las documentales exhibidas consistentes en un nombramiento, un oficio y una credencial, por consiguiente, afirma el incumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así las cosas, a efecto de demostrar que las manifestaciones producidas por el autorizado del quejoso no tienen el alcance de modificar la consideración de que la ejecutoria de amparo está cumplida de manera total, sin excesos ni defectos, es menester precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. LXII/2018 (10a.), dejó establecido que la libertad de jurisdicción otorgada a la autoridad responsable, para que dé el cumplimiento correspondiente a una sentencia de amparo, encuentra su límite en la materia de lo que fue analizado, por ende, no está desvinculada de la obligación de atender las consideraciones y razonamientos contenidos en la sentencia de amparo. Empero, debe dejarse claro que se trata de lineamientos legales que, ciertamente, deben observarse al dictar una nueva resolución, la cual, en ejercicio de la mencionada plenitud jurisdiccional puede ser en el sentido jurídico que la responsable estime procedente, es decir, no se le define éste. En eso consiste la libertad conferida, es decir, en que de nueva cuenta realice un ejercicio de ponderación, solventando las irregularidades detectadas por el órgano constitucional. El criterio en cuestión fue publicado con el número 1a. LXII/2018 (10a.), y es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Para evaluar el debido y total cumplimiento de una sentencia de amparo, tratándose de autoridades jurisdiccionales, si bien deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos precisados en aquélla, lo cierto es que éstos no están desvinculados de las consideraciones y de los razonamientos plasmados en la sentencia aludida; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán atender a dichos efectos, en el entendido de que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo". Con ese orden de ideas, puede sostenerse que lo resuelto por la responsable a la que se otorgó la libertad de hacerlo de conformidad con su interpretación jurídica, en el particular, respecto de la procedencia de la acción emprendida por la parte actora, con sustento en la justipreciación del caudal probatorio, en todo caso, puede ser objeto de una nueva controversia a través de diverso juicio de amparo, más no análisis del cumplimiento de esta ejecutoria. Se sostiene lo anterior, pues, como se desprende de las consideraciones que rigen a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, no se vinculó a la autoridad responsable a resolver en un determinado sentido en torno a la acción emprendida por el actor, razón por la cual esa actuación puede ser sometida nuevamente al control de legalidad que se ejerce en el juicio constitucional. En ese contexto, si al emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, no se aprecia que actuó de una forma distinta a lo indicado, el sentido en que lo hizo no puede ser suficiente para declararla no cumplida, como en concreto lo pretende el autorizado del quejoso, basado en su inconformidad con la forma en que declaró la absolución de las prestaciones reclamadas, respecto de lo cual, se reitera, no se sentaron lineamientos que debieran ser atendidos en una forma determinada que implicara su vinculación a resolver en cierto sentido. Al respecto, por su sentido y alcance jurídico, resulta aplicable la tesis 2a. CVI/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL JUZGADOR DE AMPARO DEJA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN APTITUD DE EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. El precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución; no obstante, cuando el juzgador de amparo deja a la autoridad responsable con libertad de jurisdicción para emitir la nueva resolución con la cual dará cumplimiento al fallo protector, ésta puede combatirse a través de un nuevo juicio de amparo, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, toda vez que dicha determinación no podría considerarse cosa juzgada, considerando que esas decisiones no atienden a los lineamientos fijados por el órgano federal de amparo, por lo que es procedente el juicio constitucional contra los nuevos actos emitidos con libertad de jurisdicción por la autoridad responsable". Hágase del conocimiento a las partes el presente acuerdo, para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, remite copia certificada del laudo de trece de julio del año en curso, dictado por la citada junta; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con copia autorizada de éste a las partes quejosa y tercero interesado, así como con los diversos MA.439/2021, MA.580/2021, MA.631/2021 y MA.761/2021, y sus respectivos anexos, para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. Notificación que habrá de realizarse a las partes en términos del artículo 26, fracción III (lista), con excepción de aquellas que tengan que efectuarse por oficio.

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