Orlando Rafael Velázquez Prado y Otros.

Expediente 287/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
287/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
23/12/2022

Partes del expediente

  • Orlando Rafael Velázquez Prado y Otros.
  • Orlando Rafael Velázquez Prado
  • Titular de la Dirección del Instituto de Salud del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de diecisiete de junio del año en curso, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18 de dicho Acuerdo, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Asimismo, que el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión provisional y definitiva. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el presente expediente, así como el original del incidente de suspensión permanecerán en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurarán los expedientes y terminado dicho proceso se solicitará u transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la indicación que, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses de haberse dictado el presente acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa lV. Toluca, Estado de México, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en determinación de diez de mayo de dos mil veintidós, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que el Secretario de Salud del Estado de México y el Instituto de Salud del Estado de México, llevaron a cabo para cumplir el fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: - La negativa de aplicar la vacuna a la menor de identidad reservada J.V.R., contra el virus SARSCoV-2 para la prevención de la COVID-19, así como todos sus efectos y consecuencias. Previa substanciación del juicio de amparo, el siete de abril de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la menor de identidad reservada de iniciales J.V.R., para los siguientes efectos: ". lo procedente es conceder a la menor aquí quejosa de identidad reservada de iniciales J.V.R., el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: 1. Dentro del plazo de tres días, computados legalmente, después de que cause ejecutoria la presente sentencia, el Secretario de Salud del Estado de México por sí o por conducto del Instituto de Salud del Estado de México; acredite que ya aplicó la segunda dosis de la referida vacuna, a la menor de edad quejosa de identidad reservada de iniciales J.V.R., -toda vez que resulta un hecho notorio que en el incidente de suspensión derivado del presente juicio, la parte quejosa manifestó que ya fue aplicada la primera dosis del biológico en mención a la citada menor de identidad reservada-, y en caso de no haberlo hecho lleve a cabo la aplicación correspondiente, y, una vez hecho lo anterior remita las constancias que acrediten dicha circunstancia. Quedando bajo su más estricta responsabilidad la salud y seguridad de la menor quejosa; máxime que es responsabilidad de las autoridades de salud respectivas seguir los protocolos médicos establecidos. Precisando que la presente sentencia quedará cumplida una vez que se acredite que se aplicó la primera y segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech, a la menor quejosa, o bien, de ser el caso, la responsable justifique las razones por las que no se le aplicará, ello, en atención a las restricciones médicas que en su caso la responsable o autoridad competente determine; y con las constancias que sustenten su dicho." El diez de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria el referido fallo protector y en esa misma data, dado que el quejoso Orlando Rafael Velázquez Prado, en representación de su menor hija de iniciales J.V.R, exhibió copia simple del comprobante del registro para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer BioNTech, contra el virus Sars-Cov2, que contenía los datos de identificación de la menor, e informó que la misma le fue aplicada a su menor hija, bajo su más estricta responsabilidad, se dio vista a la parte quejosa en relación con la forma en que las responsables dieron cumplimiento al fallo protector, sin que se realizará pronunciamiento alguno. De lo anterior se advierte que el Secretario de Salud del Estado de México y el Instituto de Salud del Estado de México, dieron cumplimiento con la directriz de la concesión de amparo. Ahora bien, las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por las responsables al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a los quejosos en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de siete de abril de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se estima innecesario requerir el cumplimiento a las autoridades responsables, de la sentencia en comentario, en atención a lo informado por la parte quejosa con el segundo escrito de cuenta, como se expondrá a continuación. Luego, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta (con anexos) mediante el cual Orlando Rafael Velázquez Prado, en representación de su menor hija de iniciales J.V.R, exhibe copia simple del comprobante del registro para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer BioNTech, contra el virus Sars-Cov2, que contienen los datos de identificación de la menor, e informa que la misma le fue aplicada a su menor hija, bajo su más estricta responsabilidad. En ese sentido, toda vez que el efecto de la sentencia dictada en el presente asunto, fue a fin de que se inoculara a la menor quejosa con la segunda dosis de la vacuna Pfizer-Biontech contra el virus SARS-CoV2, lo que en la especie ya aconteció, de acuerdo a la propia manifestación de la parte quejosa; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que las responsables dieron cumplimiento al fallo protector; apercibida que, en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el Apoderado Legal del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, rinde su informe justificado, señala domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones y designa delegados, asimismo, en cumplimiento a la suspensión decretada en el presente incidente de suspensión, solicita informar a la parte quejosa para que del veintiséis al veintinueve de abril de dos mil veintidós, se procederá a la aplicación de la segunda dosis, para el quejoso menor, para lo cual, deberán presentarse en la calle Igualdad No 101, Colonia Santiago Tlaxomulco, C. P. 50280, Toluca de Lerdo, Estado de México, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, con uno de sus progenitores y/o representante legal, acompañándose de los siguientes documentos en original y dos copias: A) Identificación oficial del acompañante (INE, CARTILLA MILITAR, PASAPORTE, CÉDULA PROFESIONAL); B) Comprobante de domicilio. C) Acta de nacimiento de los menores D) CURP de los menores. E) Carta de consentimiento de los progenitores (Responsiva) y (se elaborará en el momento de la vacuna). F) Identificación con fotografía de los niños, en caso de tenerla, o constancia de identidad. En esa tesitura, comisiónese al actuario para que a la brevedad notifique personalmente lo anterior a la parte quejosa, con la finalidad de que la autoridad responsable esté en aptitud de cumplir con la medida cautelar oficiosa concedida en su favor. Asimismo, se hace del conocimiento a los peticionarios de amparo que, deberán de presentarse en las instalaciones antes mencionadas, respetando todos las medidas de sanidad necesarias y las indicaciones dentro de las instalaciones, con la finalidad de evitar las conglomeraciones y agilizar el proceso de vacunación. De igual manera, se apercibe a la parte accionante de la instancia constitucional en el sentido que, para el caso de no comparecer en el horario y día establecido por la autoridad competente a efecto de que el menor de identidad reservada con iniciales V.E.D.R., sea inoculado por parte del personal de salud, se dejará sin efectos la providencia precautoria dictada en el presente sumario de amparo por falta de interés personal. Finalmente, se requiere a la autoridad responsable oficiante, para que en un término de veinticuatro horas legalmente computadas después de haber vacunado a los directos quejosos, remita a este órgano jurisdiccional constancia que acredite el cumplimiento a la suspensión decretada en el presente incidente de suspensión; en el entendido que, de no hacerlo o no informar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Ahora bien, en relación al informe justificado, no se emite mayor pronunciamiento en virtud de que el siete de abril actual, se dictó sentencia. Por otra parte, del domicilio y correo electrónico proporcionados, se comisiona a los actuarios adscritos para que tomen nota, asimismo, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene por delegados a los profesionistas que refiere.

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