Orlando Paredes Zavala

Expediente 1049/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1049/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
03/03/2021

Partes del expediente

  • Orlando Paredes Zavala

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, tres de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del referido Acuerdo General 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que la reanudación de labores de este órgano judicial atenderá a preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará´ de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Por otra parte, del estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, para que la parte quejosa se inconformara en contra del proveído de once de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, sin que hiciera manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 97 inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y toda vez que ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: 1. De conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años, y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.

  2. Principal

    al ser manifiesta la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y con apoyo en el diverso numeral 113 de la misma Ley, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por *********, contra los actos reclamados al Juez Primero en Materia Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Se tiene como domicilio del peticionario de amparo para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública1, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. Notifíquese y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la parte quejosa con los informes rendidos por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, corriéndole traslado con dichos informes. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y este juzgado procede a resolver si la sentencia protectora ejecutoriada ha sido cumplida o no, con base a las constancias que obran en este expediente. Para lograr ese objetivo, se realizará un análisis comparativo entre: 1) Los términos de la concesión del amparo, que incluirá, en su caso, los efectos establecidos en la ejecutoria relativa y 2) Lo realizado en ese sentido por las responsables, así como las pruebas que en su caso justifiquen el cumplimiento. En ese sentido, se aprecia que por sentencia definitiva dictada en el presente juicio, por una parte se SOBRESEYÓ y por otra se CONCEDIÓ el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia en vigor, considerando que el acto reclamado es de carácter omisivo, el amparo y protección de la Justicia Federal, se concede para los siguientes efectos:  La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, de inmediato a que cause ejecutoria la presente sentencia, dicte el laudo correspondiente en el expediente laboral ******, y de esa misma forma ordene al fedatario de su adscripción lo haga saber a las partes contendientes en esa controversia, debiendo vigilar que se cumpla tal extremo.  Por su parte, el Actuario adscrito a dicho órgano colegiado, deberá acatar de inmediato lo ordenado por su superior y notificar a las partes en dicho expediente laboral el laudo que para tal efecto se dicte, lo que deberá acreditar mediante el envío de las constancias respectivas." En tal virtud, por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dicha resolución causó ejecutoria y en esa misma fecha se requirió a las responsables el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, de las constancias que obran en este sumario y de los elementos aportados por las responsables, que interesan para la calificación del cumplimiento de la sentencia protectora, se dvierte lo siguiente: Por oficio ****, de siete de septiembre de dos mil veinte, la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del laudo de ocho de noviembre del año pasado, emitido dentro del expediente laboral *****; y del mismo se advierte que ordenó al fedatario judicial de su adscripción, la notificación del citado laudo, a las partes contendientes en esa controversia. Asimismo, se advierte de las constancias que en copia certificada adjuntó la presidente de la junta responsable al oficio en comento, que el actuario judicial de su adscripción realizó las respectivas notificaciones a la parte actora y demandada, mediante diligencias de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, y dieciséis de enero de dos mil veinte, respectivamente, derivadas del laudo ocho de noviembre de dos mil diecinueve, emitido dentro del expediente laboral ****. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones De lo expuesto, se colige que efectivamente las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche y Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, acataron la ejecutoria de amparo emitida en este expediente, pues para acreditar el cumplimiento del fallo protector que se concedió a la parte quejosa, las autoridades demostraron haber dictado el laudo correspondiente en el expediente laboral ****, y evidenciaron haber notificado a la parte actora y demandada, el laudo emitido el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en el citado expediente laboral de origen. Así las cosas, las anteriores precisiones son aptas para concluir que las autoridades responsables, cumplieron con los lineamientos establecidos en la resolución dictada por este Juzgado, en el presente juicio de amparo, por lo que en la sustanciación del cumplimiento se observa que las responsables no han incurrido en exceso o defecto, así como que no existió imposibilidad por parte de éstas para su debido cumplimiento. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que deberá archivarse el asunto acorde al párrafo cuarto del mencionado artículo, hasta que transcurra el plazo a que se refiere el diverso dispositivo 202 de la citada legislación. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las responsables, háganse las anotaciones en el libro respectivo y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.1.1., apartado 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, ya que se trata de un juicio de amparo en el que por una parte se SOBRESEYÓ, y por otra se CONCEDIÓ la protección constitucional; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Este expediente, al ser depurable, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.6, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas (en su caso) y la sentencia que puso fin al asunto, así como la resolución que le otorgó autoridad de cosa juzgada y el proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del referido Acuerdo General. Hágase constar en la carátula del expediente principal, la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. Notifíquese personalmente.

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