Orlando Ortiz Gutiérrez

Expediente 344/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
344/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
09/09/2015

Partes del expediente

  • Orlando Ortiz Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la resolución de diecisiete de agosto de dos mil quince, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra de dicha resolución que sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia constitucional en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Por otra parte, en términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver al: a) 1. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, la copia certificada de las constancias que integran el juicio laboral burocrático 494/2010, de su índice.

  2. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por la Representante de Gobierno de la 1. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que se relacionan por la autoridad responsable en comento, consistentes en: a) Copias certificadas de constancias que integran el juicio laboral burocrático 494/2010 de su índice. Por lo que, atendiendo al grosor del anexo en mención, para un mejor manejo del expediente, se ordena glosar las referidas constancias en un tomo de pruebas. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Visto el estado de autos y las constancias que remitió la Representante de Gobierno de la 1. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, adjuntas al oficio de cuenta, se advierte que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías sin necesidad de celebrar la audiencia constitucional que se encuentra señalada en autos, ya que ningún elemento de prueba que se llegase a exhibir puede desvirtuar la causal anunciada. De la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional", que por supuesto, no son las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. A fin de evidenciar que se actualiza el motivo de improcedencia invocado, es oportuno destacar que el análisis íntegro de la demanda revela que el quejoso acudió a este juicio de garantías señalando como acto reclamado: . la indebida impartición de justicia pronta y expedita como lo contempla el artículo 17 constitucional como principio de celeridad procesal. en el juicio laboral burocrático 494/2010 toda vez que la responsable ha omitido hacer valer los medios necesarios para llevar a cabo el cumplimiento del laudo. Ahora bien, para que se actualice la improcedencia citada es necesario que se acrediten los siguientes requisitos: a) Que la propia autoridad responsable dicte un acto con posterioridad al acto reclamado. b) Que dicho acto se haya emitido durante la tramitación del juicio de amparo. c) Que con motivo del nuevo acto el acto reclamado haya quedado destruido, absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esas condiciones, es evidente que en este juicio se acreditan los tres requisitos para que se actualice una cesación de efectos, por lo siguiente. a) La propia autoridad responsable, es decir, la 1. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, emitió el proveído de primero de julio de dos mil quince, en los autos del juicio laboral burocrático 494/2010, en el que multó a la parte demandada es decir, hizo valer los medios de apremio previstos por la Ley Federal de Trabajo, igualmente turno los autos al actuario a fin de que se constituyera en el domicilio de la demandada y le requiriera el cumplimiento del laudo en los términos descritos en el citado acuerdo. b) El acto se emitió durante la tramitación del juicio de amparo, pues la demanda se presentó el veintiséis de junio de dos mil quince y el proveído que deja sin efectos el acto reclamado se emitió el primero de julio de dos mil quince y, c) El acto reclamado quedó destruido absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de su emisión, por tanto, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para estudiar el oficio reclamado al haber quedado sin efectos. En esa tesitura, resulta improcedente el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee fuera de audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la mencionada legislación. En esas condiciones, es evidente que han cesado los efectos del acto materia de la litis constitucional, pues según se advierte de las constancias remitidas, la parte quejosa solicitó el veintitrés de junio de la presente anualidad, a la responsable aplicar las medidas de apremio que refiere el numeral 731 de la Ley Federal de Trabajo. A la solicitud descrita, recayó el acuerdo de primero de julio de dos mil quince, que impuso a la demandada Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, multa de siete veces al salario mínimo vigente en la zona y ordenó de nueva cuenta requerir el cumplimiento del laudo. Aunado a lo anterior, derivado del citado acuerdo, la parte demandada en el juicio de origen, informó a la responsable del cumplimiento parcial dado al laudo, continuando la secuela de cumplimiento de laudo, mediante auto de quince de julio de la presente anualidad, dictado por la responsable, en el que nuevamente requiere a la parte demandada y da vista al aquí quejoso. Ahora bien, no pasa desapercibido para quien esto resuelve, que el acto señalado como reclamado en el presente asunto, lo fue la dilación en la etapa de cumplimiento de laudo, al no ordenar la medidas de apremio correspondiente; sin embargo tal dilación no puede tenerse por generalizada, ya que es un acto futuro que puede o no configurarse, pues la fase en cuestión requiere de la petición previa efectuada por el aquí quejoso, las cuales pudieran o no presentarse. Al respecto, de acuerdo al numeral sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Página: 2772, que señala: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. Por tanto, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con dos minutos del veintiséis de agosto de dos mil quince.

  3. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del AVISO de dieciocho de agosto de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal de LA PARTE QUEJOSA, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de diecisiete de agosto de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica, que dice: Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por la Representante de Gobierno de la 1. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que se relacionan por la autoridad responsable en comento, consistentes en: a) Copias certificadas de constancias que integran el juicio laboral burocrático 494/2010 de su índice. Por lo que, atendiendo al grosor del anexo en mención, para un mejor manejo del expediente, se ordena glosar las referidas constancias en un tomo de pruebas. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Visto el estado de autos y las constancias que remitió la Representante de Gobierno de la 1. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, adjuntas al oficio de cuenta, se advierte que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías sin necesidad de celebrar la audiencia constitucional que se encuentra señalada en autos, ya que ningún elemento de prueba que se llegase a exhibir puede desvirtuar la causal anunciada. De la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional", que por supuesto, no son las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. A fin de evidenciar que se actualiza el motivo de improcedencia invocado, es oportuno destacar que el análisis íntegro de la demanda revela que el quejoso acudió a este juicio de garantías señalando como acto reclamado: . la indebida impartición de justicia pronta y expedita como lo contempla el artículo 17 constitucional como principio de celeridad procesal. en el juicio laboral burocrático 494/2010 toda vez que la responsable ha omitido hacer valer los medios necesarios para llevar a cabo el cumplimiento del laudo. Ahora bien, para que se actualice la improcedencia citada es necesario que se acrediten los siguientes requisitos: a) Que la propia autoridad responsable dicte un acto con posterioridad al acto reclamado. b) Que dicho acto se haya emitido durante la tramitación del juicio de amparo. c) Que con motivo del nuevo acto el acto reclamado haya quedado destruido, absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esas condiciones, es evidente que en este juicio se acreditan los tres requisitos para que se actualice una cesación de efectos, por lo siguiente. a) La propia autoridad responsable, es decir, la 1. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, emitió el proveído de primero de julio de dos mil quince, en los autos del juicio laboral burocrático 494/2010, en el que multó a la parte demandada es decir, hizo valer los medios de apremio previstos por la Ley Federal de Trabajo, igualmente turno los autos al actuario a fin de que se constituyera en el domicilio de la demandada y le requiriera el cumplimiento del laudo en los términos descritos en el citado acuerdo. b) El acto se emitió durante la tramitación del juicio de amparo, pues la demanda se presentó el veintiséis de junio de dos mil quince y el proveído que deja sin efectos el acto reclamado se emitió el primero de julio de dos mil quince y, c) El acto reclamado quedó destruido absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de su emisión, por tanto, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para estudiar el oficio reclamado al haber quedado sin efectos. En esa tesitura, resulta improcedente el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee fuera de audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la mencionada legislación. En esas condiciones, es evidente que han cesado los efectos del acto materia de la litis constitucional, pues según se advierte de las constancias remitidas, la parte quejosa solicitó el veintitrés de junio de la presente anualidad, a la responsable aplicar las medidas de apremio que refiere el numeral 731 de la Ley Federal de Trabajo. A la solicitud descrita, recayó el acuerdo de primero de julio de dos mil quince, que impuso a la demandada Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, multa de siete veces al salario mínimo vigente en la zona y ordenó de nueva cuenta requerir el cumplimiento del laudo. Aunado a lo anterior, derivado del citado acuerdo, la parte demandada en el juicio de origen, informó a la responsable del cumplimiento parcial dado al laudo, continuando la secuela de cumplimiento de laudo, mediante auto de quince de julio de la presente anualidad, dictado por la responsable, en el que nuevamente requiere a la parte demandada y da vista al aquí quejoso. Ahora bien, no pasa desapercibido para quien esto resuelve, que el acto señalado como reclamado en el presente asunto, lo fue la dilación en la etapa de cumplimiento de laudo, al no ordenar la medidas de apremio correspondiente; sin embargo tal dilación no puede tenerse por generalizada, ya que es un acto futuro que puede o no configurarse, pues la fase en cuestión requiere de la petición previa efectuada por el aquí quejoso, las cuales pudieran o no presentarse. Al respecto, de acuerdo al numeral sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Página: 2772, que señala: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. Por tanto, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con dos minutos del veintiséis de agosto de dos mil quince.

  4. Principal

    Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promueve Orlando Ortiz Gutiérrez, por derecho propio, contra actos de: 1. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 344/2015-II-B. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se forma y tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado el quejoso. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con seis minutos del veintinueve de julio de dos mil quince. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Se solicita a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, apercibida que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en avenida La Joya, número 218 del fraccionamiento Playa Ensenada en esta ciudad; y, autorizando para tales efectos, en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a José Alonso Ramírez Lemus y Héctor Horacio Meillon Huelga, por así solicitarlo expresamente el quejoso. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. APERCIBIMIENTO Con fundamento en el artículo 108 fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que de señalar incorrectamente la denominación de la autoridad responsable; tendrá como efecto declarar su inexistencia, y previa vista que se otorgue, se continuará con el trámite del juicio o, se sobreseerá respecto a la declarada inexistente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: 1. La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. 2. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. 3. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

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