Orlando Neri Posas
Expediente 650/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 01/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Humberto Maldonado Gallardo
- Orlando Neri Posas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable las documentales que allegó al presente asunto, mismas que obran en dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del once de noviembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 650/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al Juez con la documental exhibida por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Michoacán de Ocampo. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por admitida y desahogada por razón de su propia y especial naturaleza la documental referida. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes presentó alegatos. En relación con lo anterior el Juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dos de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Humberto Malgonado Gallardo, Orlando Neri Posas y José Guadalupe Hernández Vargas, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia y separación de autos. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 224/2020; en auto de tres de marzo de dos mil veinte, de oficio decretó la separación de autos respecto de los actos reclamados por los promoventes. También determinó que el mencionado expediente únicamente se resolvería respecto de los actos reclamados por Humberto Maldonado Gallardo al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, emitidos dentro del juicio administrativo 884/2014-II; y debería formarse una demanda nueva por lo que hacía a cada uno de los juicios administrativos 617/2014-II y 400/2014-II, de donde emanaban los actos que reclaman los diversos quejoso; esto es, una demanda por lo que ve al quejoso Orlando Neri Posas y otra respecto de José Guadalupe Hernández Vargas. Asimismo, admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; reconoció el carácter de terceras interesadas a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán y a la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, el procedimiento se suspendió del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, por diversos acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, derivado de la contingencia generada por el virus COVID-19. Tercero. Reanudación de términos y plazos, celebración de audiencia constitucional y remisión a este juzgado por conocimiento previo. En proveído de trece de agosto de dos mil veinte, con base en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, levantó la suspensión del procedimiento y se fijó hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo el catorce de octubre de dos mil veinte. En la referida audiencia constitucional, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, se declaró legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo 224/2020 y ordenó remitirlo junto con sus anexos a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, por haber conocido previamente del juicio de amparo 286/2019 el cual derivó del juicio administrativo JA-0884/2014-II. Por oficio 6867 de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, remitió copia autorizada de la resolución pronunciada el catorce de octubre de dos mil veinte, dentro del juicio de amparo 224/2020. Cuarto. Acepta returno y admite demanda de amparo. En proveído de treinta de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, aceptó el returno planteado por su homólogo segundo; registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número de expediente 650/2021; la admitió a trámite; determinó que era innecesario requerir a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; convalidó los emplazamientos realizados a las terceras interesadas a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán y a la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Quinto. Requerimiento de constancias a la responsable. En auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, y tomando en consideración que la última actuación del tomo de pruebas enviado por el juzgado segundo databa del veinte de enero de dos mil veinte, este juzgador requirió a la responsable para que remitiera copias certificadas de las actuaciones realizadas en el juicio de origen posteriores a dicha data; lo que efectuó mediante promoción presentada en este juzgado el veintiocho siguiente. Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que la omisión reclamada se atribuyó a una autoridad con sede en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios señalados, el acto reclamado por el quejoso al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, consiste en: Omisión y/o dilación en ejecutar la sentencia emitida el veinticinco de febrero del dos mil quince, en el juicio administrativo JA-884/2014-II. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. Lo anterior es así, porque si bien la referida autoridad al rendir su informe justificado adujo que no era cierto el acto reclamado, posterior a ello hizo manifestaciones de las que se advertía que a la fecha de presentación de la demanda [dos de marzo de dos mil veinte] la sentencia emitida el veinticinco de febrero del dos mil quince, en el juicio administrativo JA-884/2014-II aun no se encontraba cumplida. Es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Certeza que se corrobora con las documentales que exhibió la autoridad responsable, consistente en copias certificadas del expediente JA-884/2014-II [dos tomos] Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Cuarto. Análisis de las causas de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados que se atribuyen a la autoridad responsable, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese contexto, la autoridad responsable en el oficio TJA/SGA/DG/1593/2021 presentado en este juzgado el veintiocho de septiembre del año en curso, hizo valer la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual es fundada. A efecto de explicar la razón de dicha actualización, se estima necesario traerla a glosa la referida porción normativa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional; de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y en consecuencia no le agravie a la parte quejosa; se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo; caso en el que el juicio constitucional carece de litis sobre la que deba hacerse pronunciamiento de fondo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, registro 193758, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, registro 196820, la cual es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Y, la tesis aislada P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, Novena Época, registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo así como del análisis de sus anexos, se advierte que el quejoso reclama la dilación y/omisión en ejecutar la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil quince dictada en el expediente JA-884/2014-II, en la que se declaró procedente la acción de nulidad ejercitada por Humberto Maldonado Gallardo en contra del acto impugnado y se condenó a la autoridad demandada a cubrir a su favor, las prestaciones reclamadas, consistentes en el pago de la indemnización, haberes dejados de percibir y parte proporcional del aguinaldo, vacaciones y priva vacacional correspondientes al año dos mil catorce, en términos del último considerando de dicho fallo. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable por requerimiento de este juzgado de distrito de veintiuno de septiembre del año en curso, se advierte lo siguiente: El seis de julio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo una audiencia conciliatoria ante la responsable, entre Humberto Maldonado Gallardo y la autoridad demandada, de cuya lectura se advierte que el primero de los nombrados, aceptó la propuesta planteada por la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, consistente en la entrega de las cantidades de $241,654.48 (doscientos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 48/100 moneda nacional), $308,345.52 (trescientos ocho mil trescientos cuarenta y cinco pesos 52/100 moneda nacional); $123,335.58 (ciento veintitrés mil trescientos treinta y cinco pesos 58/100 moneda nacional); y, $14,598.29 (catorce mil quinientos noventa y ocho pesos 29/1000 moneda nacional). Cantidades que fueron pagadas al actor -aquí quejoso- en esa misma audiencia mediante tres cheques que ampararon los montos mencionados en el párrafo anterior. En esa misma audiencia, el Magistrado Presidente titular de la Primera Sala Administrativa Ordinaria, elevó a cosa juzgada el convenio realizado por las partes. En proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del expediente JA-0884/2014-II como asunto concluido. De modo que, al haberse dado cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, ya que es inconcuso que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica de las inconformes, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó huella de dicha afectación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXI de la citada ley, procede sobreseer en el juicio constitucional, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, y materia de este considerando. Finalmente, no se analizará la diversa causa de improcedencia hecha valer por la responsable al rendir su informe justificado, ya que al quedar demostrada la causal de improcedencia en estudio, sería ocioso analizarla, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia Común, Novena Época, registro 195744, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Humberto Maldonado Gallardo, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el diverso cuarto. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista, por oficio a la autoridad responsable y terceras interesadas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite el Delegado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos remite diversas constancias en copia certificadas. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas las documentales que anexa la autoridad responsable en cita en apoyo a su informe justificado. Fórmese un tomo de pruebas por separado. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, del estado procesal que guardan los autos se advierte que en proveído de treinta de julio del presente año, este juzgado este juzgado aceptó el returno planteado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió el amparo IV-224/2020-2 de su índice y anexo, ya que mediante sentencia que dictó el once de diciembre de dos mil veinte, dicho juzgado determinó remitir los autos referidos a este juzgado. Ahora, del anexo remitido por el similar en cita del cual se formó un tomo de pruebas con las constancias que le remitió la autoridad responsable Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, adjuntadas al informe justificado rendido el cinco de agosto de dos mil veinte, de las que se advierte que la última actuación dentro de dichas constancias lo fue el veinte de enero de dos mil veinte. Por lo anterior, se advierte que no se tienen constancias posteriores al último acuerdo dictado por la autoridad responsable que lo fue el veinte de enero de dos mil veinte, transcurriendo a la fecha más de un año y ocho meses, por lo que resulta necesario requerir a la autoridad responsable en cita, para que remita copias certificadas de las constancias posteriores a dicho auto, esto para estar en condiciones de resolver el asunto en que se actúa. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable en cita, para que dentro del término de tres días, computado legalmente, remita copia certificada íntegra y perfectamente legible de las constancias que integran de origen, posteriores al auto que dicto el veinte de enero de dos mil veinte. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo que se le concede para tal efecto, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las once horas con cuarenta minutos del once de noviembre de dos mil veintiuno, para su verificativo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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