Orlando Molina Belli
Expediente 1021/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1021/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Orlando Molina Belli
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la responsable Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito XIX con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda por el plazo de OCHO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexa la autoridad responsable a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con quince minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 1021/2023, promovido por Orlando Molina Belli, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. A continuación, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. Abierto el período de pruebas, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que exhibió junto con su escrito de demanda, y la secretaria hace constar que las demás partes no las ofrecieron. A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que ni las partes, ni el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, los formularon, por lo que se cierra este período, y el juez, procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 1021/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Orlando Molina Belli, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito XIX con residencia en San Andrés Tuxtla 27 a 28 Cierto San Andrés Tuxtla, Veracruz De la que reclama: "La negativa de registrar el contrato de donación que le otorga la C. Catalina Prieto Nieves, mediante instrumento público número 25,358 (por así precisarlo la autoridad responsable en su informe previo) volumen 155 de once de marzo de dos mil veinte." SEGUNDO. En auto de tres de octubre de dos mil veintitrés (foja veinte) este Juzgado negó la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a la autoridad responsable, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se otorga valor indiciario a las documentales exhibidas por la parte quejosa, al tratarse de copias fotostáticas simples que no fueron objetadas por las partes. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito XIX con residencia en San Andrés Tuxtla reconoció la existencia de los actos reclamados, como se advierte de su informe previo. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que lo solicite la parte quejosa; b) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En primer término conviene señalar que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado consistente en: "La negativa de registrar el contrato de donación que le otorga la C. Catalina Prieto Nieves, mediante instrumento público número 25,358 (por así precisarlo la autoridad responsable en su informe previo) volumen 155 de once de marzo de dos mil veinte." Ahora bien, cabe precisar que la suspensión de los actos reclamados es una medida o providencia cautelar, cuya finalidad es conservar la materia del juicio de amparo, la cual se tramita a petición de parte y excepcionalmente, por disposición legal expresa, de oficio. Asimismo, se destaca que para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, es imprescindible puntualizar la naturaleza de los actos que se reclaman. De este modo, para conceder la suspensión del aludido acto reclamado, en principio, debe analizarse su naturaleza y después determinar si se colman los requisitos de procedencia de la suspensión previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: 1) que la solicite el quejoso; y, 2) no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Bajo tal contexto, en el caso concreto los actos reclamados son de naturaleza negativa, al atribuirse a la autoridad responsable la negativa de registrar el contrato de donación, acto respecto del cual por regla general no es posible conceder la suspensión en tanto carece de ejecución, en la medida que deniega al recurrente su petición de inscripción o registro del instrumento notarial que contiene el contrato de donación; por lo que de otorgarse contra ese tipo de actos, no tendría el efecto de mantener o regresar las cosas al estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos constitutivos o restitutivos totales que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así porque los actos positivos se traducen siempre en una actuación, en una conducta activa, en un hacer o dar de la autoridad; en cambio, los actos son negativos cuando a través de ellos la autoridad se rehúsa expresamente a actuar a favor de la pretensión del gobernado, mientras el acto omisivo estriba en la abstención de contestar la petición que hace el particular afirmativa o negativamente; y, los actos prohibitivos, consisten en imponer determinadas obligaciones de no hacer o limitaciones a la actividad de los gobernados por parte de la autoridad. En el caso, como se dijo, el acto reclamado es de carácter negativo, en tanto se atribuye a la autoridad responsable la negativa a actuar en determinada manera (registrar un contrato). Además, la suspensión en el juicio de amparo es la paralización, la detención del acto reclamado, de manera que si éste no se ha producido, no nazca, y si ya se inició, no prosiga, no continúe, que se detenga temporalmente, que se analicen sus consecuencias o resultados, que se evite que éstos se realicen; empero dicha medida suspensional carece de efectos destructivos o constitutivos, pues se limita a conservar la situación existente al producirse el acto reclamado o a restituirla provisionalmente en ciertos casos, pero no es constitutiva de derechos. En esas condiciones, los actos con efectos positivos pueden ser suspendidos y los negativos u omisivos no, porque la medida precautoria no puede tener el efecto de forzar a la autoridad a que varíe una situación que no prevalecía antes de la emisión del acto reclamado, ya que ello sería contrario a la esencia de la suspensión y reconocerle ese alcance equivaldría a darle efectos constitutivos, de los que carece, por ser propios de la sentencia de fondo. También merecen ser citados los siguientes criterios del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. De lo expuesto, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a Orlando Molina Belli, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a la autoridad citada en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos expuestos en el diverso considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de octubre de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 738/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, la que desahogó la representante especial de la menor quejosa mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre del año en curso a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no lo está, si las responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no exista materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que mediante sentencia autorizada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a********************por propio derecho y en representación de su hija menor de edad de identidad reservada bajo las siglas ********************, en contra del acto reclamado, para los efectos de que el juez responsable: "[.] 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el ********************, de su índice. 2. En su lugar, emita una nueva en la que, atendiendo al interés superior de la menor, declare fundado el recurso de reclamación hecho valer por la aquí quejosa y levante el depósito relativo, ordenando la reintegración inmediata de la menor involucrada con su progenitora, fijando desde luego la convivencia respectiva con su padre, de ser procedente. [.]" Inconformes con dicha resolución, la tercera interesada ******************** y el representante especial de la menor quejosa interpusieron recurso de revisión en contra de la misma, de los cuales por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien mediante ejecutoria de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés dictada en los amparos en revisión ********************y ********************de su estadística, CONFIRMÓ la sentencia pronunciada por este Juzgado. Es así que, mediante proveído de trece de septiembre del año cursante, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia, Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en autos de veinticinco de septiembre actual, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 7796 de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, Veracruz, mediante el cual remitió a este juzgado copia certificada de la resolución de misma data, dicta en el expediente ******************** de su estadística. De las constancias antes referidas, se advierte que el juez responsable dejó insubsistente la resolución de uno de agosto de dos mil veintidós, y ordenó turnar los autos para resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación instando por la aquí quejosa. Es así que tomando en consideración las constancias procesales que hasta ese momento obran, las pruebas y lo argumentado por la recurrente y la demandante, así como lo plasmado en la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida de cuatro de marzo de dos mil veintidós, el Juez familiar declaró fundado el recurso de reclamación interpuesto por********************por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de identidad reservada bajo las siglas ********************, contra la resolución de cuatro de marzo de dos mil veintidós, donde se decretó el depósito judicial de la menor quejosa, a favor de la aquí tercera interesada ********************. Asimismo, señaló que la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida de depósito judicial de personas combatida no cumple con lo previsto por el artículo 160 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, así como tampoco se acreditó que hubiese existido un peligro o daño inminente para la niña de iniciales ********************, o que la aquí quejosa la pudiese exponer a alguno; por tanto, consideró que lo procedente era dejar sin efecto el depósito decretado el cuatro de marzo de dos mil veintidós, promovido por ********************, referente a la menor quejosa. Asimismo, en atención a lo dispuesto por el artículo 345 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en relación a que en caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus deberes, que, con base en el interés superior de la menor, ésta quedará bajo el cuidado y atenciones de uno de ellos y el otro estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará los derechos de vigilancia y de convivencia, conforme a convenio o resolución judicial. Por lo anterior, el Juez familiar dejó sin efectos la medida provisional decretada de depósito de personas, decretada el cuatro de marzo de dos mil veintidós; y requirió a la promovente y depositaria judicial, la entrega inmediata de la menor de iniciales ********************, a su progenitora ********************, bajo el apercibimiento de multa para el caso de incumplimiento. Finalmente, dado que ambos padres hasta este momento conservan la patria potestad de la menor quejosa, por lo que la misma tiene el derecho de convivir con su progenitor ********************, el juez decretó convivencia de manera presencial los días sábados y domingos, en un horario de las diez a las once horas (dado la corta edad de la niña, la cual, requiere atenciones especiales), misma que, deberá desarrollarse en el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) con residencia en Veracruz, hasta en tanto no se decida el fondo del asunto, u otro régimen de convivencia. En tales condiciones, de lo anteriormente expuesto, se advierte que el Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Familiar en Veracruz, atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, esto es, dejó sin efectos la resolución de uno de agosto de dos mil veintidós, y en su lugar emitió una nueva por la cual declaró fundado el recurso hecho valer por la aquí quejosa, levantó el depósito judicial de la menor de iniciales ********************, decretado en el juicio ordinario civil ********************, ordenó la reintegración inmediata a lado de su madre, y fijó la convivencia respectiva con su progenitor. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafo de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la representante de la menor quejosa, toda vez que las mismas expresan su conformidad respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter CONSERVABLE, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que por una parte se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data uno de septiembre de dos mil veintidós (fojas 53 a 58 del original del incidente de suspensión relativa al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es CONSERVABLE en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General Ahora, de las constancias que obran en autos del incidente relativo al presente asunto, se advierte que por interlocutoria de uno de septiembre de dos mil veintidós se tuvo a la parte quejosa exhibiendo un legajo de copias certificadas deducidas del juicio ******************** del índice del juzgado responsable, como prueba de su parte, del que se formó un tomo; en esas condiciones, en términos del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, a efecto de que notifique personalmente a la parte quejosa que se dejan a su disposición dichas constancias, para lo cual deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días, a recoger los citados documentos. Apercibida que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, una vez concluido el mismo, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dichos documentos, junto con las actuaciones del presente expediente. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, tres de octubre de dos mil veintitrés. De autos se tiene que medicínate proveído de ocho de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo al 1. Auxiliar de Trámite de la Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz; remitiendo diversas constancias como justificación de sus actos, con las cuales se formó un tomo para el mejor manejo de las mismas y, en acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se causó ejecutoria a la resolución del incidente de repetición del acto reclamado, de veinticinco de agosto del año en curso, sin que se haya ordenado su devolución de dicho tomo de prueba. En ese contexto, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el Auxiliar de Trámite de la Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
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