Orlando Martin Pasaret Rodriguez
Expediente 329/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua. 36 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 329/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Orlando Martin Pasaret Rodriguez
- Congreso del Estado Libre Y Soberano de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para efectos de control, el oficio remitido por la autoridad vinculada al cumplimiento Recaudación de Rentas en el Municipio de Juárez, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido y archivado. Multa. En atención a la solicitud de cancelación multa, dígasele a la autoridad de que se trata, que no le ha sido impuesta multa alguna.
- Principal
Se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
se tiene por recibido el oficio y anexo que remite del Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal, de la Dirección Jurídica, de la Secretaría de Hacienda, y agréguense a los autos, para que obren como legalmente corresponde, a través de los cuales exhibe el comprobante de entrega del cheque 1149231, el cual fue entregado a la parte quejosa, así mismo, informa que el cheque 0004203, no ha sido recogido por la parte quejosa, lo anterior a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este amparo. Estado de autos. Visto el estado de los autos, se observa que por oficio SH-DJR-245/2022, la Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal, de la Dirección Jurídica, de la Secretaría de Hacienda aseveró haber cumplido con la ejecutoria de amparo y, para ello, exhibió copias certificadas de los cheques expedidos a favor de la parte quejosa por la cantidad que ampara el pago efectuado por concepto de la inscripción registral por traslación de dominio de un inmueble. Mediante auto de once de marzo del presente año, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días acudiera a las oficinas de dicha institución, recogiera el cheque y lo hiciera efectivo, sin que a la fecha lo haya hecho del conocimiento a este juzgado. Por consiguiente, el suscrito procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: En ejecutoria recaída en el juicio que nos ocupa, se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional respecto de las normas jurídicas que establecen y regulan la inscripción registral por traslación de dominio de un inmueble. En particular, el amparo se dio en los términos siguientes: ".En congruencia con lo anterior lo procedente en la especie es, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, otorgar a la parte quejosa la protección constitucional demandada en este juicio, a efecto de que se desincorporen de su esfera jurídica, en lo presente y futuro, las normas legales que nos ocupan -ejercicio fiscal dos mil veintiuno-, al menos en la porción declarada inconstitucional, lo que de ninguna forma implica que se deje de cubrir el predial, sino que debe hacerlo aplicándose el monto de menor cuantía de cada rango de la tabla de valores unitarios, conforme al destino del inmueble previamente definido como habitacional, comercial o industrial, según le concierna; es decir, atendiendo al uso, tipología, sector y calidad, aplicando el monto de menor cuantía, aun cuando no corresponda a la colonia o fraccionamiento en que se encuentra e l inmueble mencionado, pues sólo así se puede lograr la restitución en el goce de la garantía constitucional quebrantada.". En este tenor, para cumplir con el fallo protector de que se trata, la responsable está constreñida a realizar el acto que sigue: Devolver a la parte quejosa los pagos realizados en cumplimiento de la norma declarada inconstitucional con la actualización respectiva. Esto sucedió en el caso que nos ocupa. En efecto, de las constancias remitidas por la responsable en este caso concreto, se advierte que se cumplió con el fallo protector en el juicio, porque se expidió el cheque a favor de la parte impetrante por la cantidad de que se trata, esto es, dieciséis mil doscientos ochenta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos. Así pues, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que por tener la calidad de documento público, se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que se cumplieron con los lineamientos establecidos en el fallo protector, a final de cuentas porque se expidieron los cheques por la cantidad de que se trata, sin que el quejoso hubiera informado que la autoridad se negó a entregarle el cheque, ni tampoco la imposibilidad para hacerlo efectivo, pese a que se le previno y apercibió para que lo informara a este juzgado. Inconformidad frente al acato del fallo. No hay. No es obstáculo a tal conclusión, la circunstancia de que la protección constitucional se concedió respecto de los actos legislativos de que se trata, pues no debe perderse de vista que no pueden quedar insubsistentes, precisamente, porque involucran disposiciones de orden público de carácter general e impersonal, de ahí que, es la autoridad aplicadora de la ley quien debe asumir el núcleo de la obligación exigida por virtud del fallo protector, tal como sucedió en el caso. Al efecto, cabe citar las tesis de jurisprudencia sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los que siguen: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Sexta Sección. Tesis: 347. Página: 4032.) "LEYES, AMPARO CONTRA LA EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS. La expedición, promulgación y publicación de una ley no puede quedar insubsistente como consecuencia de una ejecutoria de amparo, que debe limitarse a amparar y proteger a los particulares en el caso especial sobre el que verse la queja; pero como dichos actos se traducen en la vigencia de la ley, y ésta a su vez, en su aplicación a casos concretos, tales efectos son imputables no sólo a las autoridades que intervienen en la aplicación misma, sino también a aquéllas de quienes emana la ley o que han participado en los actos necesarios para su vigencia; y son susceptibles de reparación, en cada caso concreto. Por tanto, los vicios de inconstitucionalidad de la ley son reclamables no sólo contra el Poder Legislativo que la expidió, sino también contra el Ejecutivo que la promulgó y mandó publicar y contra la Secretaría de Estado que refrendó el acuerdo promulgatorio y realizó la publicación. En estos casos no tiene aplicación la causa de improcedencia establecida por el artículo 73, fracción IX, de la Ley de Amparo." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección. Tesis: 129. Página: 3729.) En tal virtud, los efectos del fallo constitucional se concretaron jurídica y materialmente, porque se acataron los lineamientos ahí fijados, colmándose así el derecho por cuya vulneración se concedió el amparo, sin excesos ni defectos sobre el particular, precisamente, porque se realizó la actuación que constituye el deber de hacer exigido por el fallo protector. Por lo anterior, se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho violado con los actos en el juicio, en los términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con el diverso 214 de la ley de la materia.
- Principal
se advierte que la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado, informó que los cheques relativos expedidos a nombre de la parte quejosa -cheques 1149231 y 0004203-, estaban a su disposición en las oficinas del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, ubicado en Avenida Venustiano Carranza 601, colonia Obrera en Chihuahua capital. requiérase a la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado y al Recaudador de Rentas en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de su notificación, acrediten ante este órgano jurisdiccional con constancia fehaciente, que los documentos mercantiles antes mencionados, fueron puestos a disposición de la parte quejosa, en las oficinas de la últimas de las citadas autoridades, con sede en esta ciudad, tal como le fue indicado en el proveído de tres de enero de dos mil veintidós, o en su caso, que tales documentos fueron entregados a la parte quejosa.
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