Orlando Lopes Hernandez y Otros.
Expediente 110/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 110/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/05/2019
Partes del expediente
- Orlando Lopes Hernandez y Otros.
- Orlando Lopes Hernandez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a tres de mayo de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del disco compacto enviado por las autoridades responsables al rendir su informe de ley, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dichas autoridades que se estampe en la constancia respectiva.
- Principal
Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 63, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en el considerando tercero, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Orlando Lopes Hernandez, Consuelo Pivaral Ortiz y Elías Gabriel Lopez Pivaral, contra los actos siguientes: 1. Del comisionado Ejecutivo; y 2. De la comisión Ejecutiva. a) La demora en el dictado de la resolución, en que se determine si los quejosos tienen acceso a lo establecido en la Ley General de Víctimas, así como al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 3. Del director General del Comité Interdisciplinario Evaluador. Todos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. b) La demora en la integración del expediente; y c) La omisión de emitir la propuesta para determinar si los quejosos tienen acceso a los establecido en la Ley General de Víctimas, así como al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
- Principal
Ciudad de México, a trece de marzo de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable el anexo y disco compacto que acompaña a su informe de ley, que se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Luego, a fin de preservar la confidencialidad del disco compacto, no se deja a la vista de las partes; asimismo, resguárdese en la secretaría de este juzgado.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Orlando Lopes Hernandez, Consuelo Pivaral Ortiz y Elías Gabriel Lopez Pivaral, contra actos del Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 110/2019. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo. I. Se admite la demanda. II. Se señala el tres de abril de dos mil diecinueve, a las diez horas, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. III. Pídase a las autoridades responsables rindan informe justificado en el plazo de quince días, contado a partir de que queden notificadas de este proveído, al que deberán acompañar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que apoyen dicho informe; apercibidas que de no hacerlo, de conformidad con el diverso 117 de dicha legislación, se presumirán ciertos los actos reclamados, asimismo, se les sancionará con multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos de la fracción II del numeral 260 del ordenamiento invocado. En el entendido de que este órgano de control constitucional, a fin de fijar la litis en el presente juicio y en su caso dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la ley de la materia, estima que de la lectura integral de la demanda los actos reclamados son los siguientes: 1. Del Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: a) La demora en el dictado de la resolución, en que se determine si los quejosos tienen acceso a lo establecido en la Ley General de Víctimas, así como al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 2. Del Comité Interdisciplinario Evaluador de la comisión en cita: b) La demora en la integración del expediente; y c) La omisión de emitir la propuesta para determinar si los quejosos tienen acceso a lo establecido en la Ley General de Víctimas, así como al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Asentado lo anterior, hágase del conocimiento de los promoventes de amparo que de no hacer alguna manifestación al respecto en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, se sustanciará el juicio acorde con la interpretación realizada por este juzgado. IV. No se tramita incidente de suspensión, pues no se solicitó. Dese la intervención que corresponde a la representación social de la adscripción, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64, párrafo primero, de la ley reglamentaria, requiérase a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano de control constitucional, bajo apercibimiento que de no cumplir con esa obligación se les impondrá multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, acorde con el dispositivo 251 de la ley de la materia. Por otra parte, téngase como representante común de la parte quejosa al nombrado en primer término, sin perjuicio de que posteriormente hagan uso del derecho previsto en el artículo 13 de la citada ley. Con sustento en el numeral 119 de la ley reglamentaria, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental que adjuntó al escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarla el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el indicado, así como autorizadas únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que se mencionan. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada, sin necesidad de posterior acuerdo. Por otro lado, en cuanto a su solicitud de tomar ".fotografías, audios, videos.", dígase que en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dispuso: "no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos", de lo que se advierte que el uso de los citados aparatos, se permitirá exclusivamente para imponerse de acuerdos dictados en el expediente, y no de notificaciones, resoluciones, informes de ley o cualquier otro tipo de constancia que se encuentre integrada en autos, lo anterior a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Por tal motivo, se autoriza hacer uso de los dispositivos que se mencionan única y exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en este controvertido. En el entendido que los servidores públicos adscritos al área de actuaría, deberán vigilar el estricto cumplimiento a lo acordado en el párrafo que antecede. En términos de los artículos 113, fracción I, y 117, ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación de nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente a dicha publicación, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales -información confidencial-; en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva a que en las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como en las constancias del expediente, se supriman los datos sensibles que pudieran contener, como lo dispone el diverso numeral 118 de la legislación que se invoca -versión pública-, a no ser que se actualice alguno de los supuestos de excepción a que se refiere aquel precepto citado en segundo término. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios de este juicio.
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