Orlando Javier Figueroa Díaz
Expediente 1030/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 17 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1030/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 12/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Orlando Javier Figueroa Díaz
- Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
pral 1030/2021 mesa 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintidós. 1° Ejecutoria de sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo promovido por****, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 1.1. Precisión. Resulta innecesario jurídicamente esperar a que transcurra el plazo al que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, para a) la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y autoridades responsables b) rector de la Universidad de Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y c) Secretaría General de dicha Universidad, dado que, como se precisó, en la sentencia se sobreseyó en este juicio de amparo, por lo que ningún agravio genera a esas partes procesales, pues carecen de legitimación para inconformarse con esa resolución; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 2° Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3° Instrucción Secretaría y Actuaria. Se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública de la sentencia sea consultable por internet. 4° Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5° Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6° Archivo reciente. Conforme al artículo 21 del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es destruible. 7° Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8° Documental. Sin que, en el caso, haya lugar a devolver la documental que exhibió la parte quejosa con la demanda de amparo, toda vez que lo hizo en copia simple, por lo que no se ubica dentro del supuesto a que se refiere el artículo 3°, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, que prevé la devolución de documentos originales que las partes exhiban en el expediente; salvo que comparezca a solicitar su devolución. 9° Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 1030/2021 MESA 2 Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número 1030/2021; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre dos mil veintiuno en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, remitido en el veintisiete de septiembre siguiente, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Orlando Javier Figueroa Díaz, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. 1.2. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 5 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y prevención. Por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, con la demanda de amparo se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró en el libro de gobierno con el número 1030/2022 y se previno al quejoso para que aclarara la promoción inicial constitucional. Tercero. Admisión de la demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado el trece de octubre último, el quejoso aclaró el escrito de demanda, por lo que, previa ratificación del contenido y firma de dicho ocurso, mediante acuerdo de veintiuno del mismo mes y año, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Audiencia constitucional. Previos los trámites relativos, se llevó a cabo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y el acto se reclama de autoridades residentes en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, es la falta de respuesta a las peticiones que, dice, realizó el nueve de junio de dos mil veintiuno, consistentes en: a) Que se le asigne fecha y hora para la tramitación de su título profesional; y, b) Se le expida ese documento, así como su cédula profesional. Lo que atribuye al a) rector de la Universidad de Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y b) secretaría General de dicha Universidad. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables a) rector de la Universidad de Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, por conducto de su abogado general y b) secretaría General de esa Universidad, por sí y a través de su delegado, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto que se les atribuye. Al respecto, la secretaria General de la Universidad de Autónoma Benito Juárez de Oaxaca precisó que el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno se expidió el título profesional del quejoso, el que fue entregado a este último el veinticuatro de enero del año en curso. Posteriormente, el delegado de la autoridad responsable citada en el párrafo anterior, señaló que no era posible responder las peticiones que el quejoso, dice, realizó el nueve de junio de dos mil veintiuno, pues, refiere, no encontró registro de haber recibido esas solicitudes. El artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, siempre y cuando este se haya formulado por escrito de manera pacífica y respetuosa, la cual tiene la obligación de darle una respuesta congruente en breve término, es decir, impone la obligación a las autoridades de acordar respecto de todos los escritos que les sean presentados, además de hacer del conocimiento al promovente el resultado de su petición. En ese sentido, cuando se reclama la vulneración al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la parte quejosa demostrar la existencia de la petición y a la autoridad responsable el acuerdo que al respecto emitió y, además, que lo notificó al peticionario. En otras palabras, para que se considere vulnerado el derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional, es necesario que el gobernado demuestre la existencia del libelo y que la autoridad responsable lo recibió, pues de otra manera no sería dable responsabilizarla de la falta de dictar el acuerdo relativo y de su oportuna notificación. Lo anterior encuentra sustento en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Junio de 1991, página 351, registro 222606, con el texto siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ". En efecto, tratándose de la vulneración al derecho de petición, la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar que realizó y presentó la solicitud, por escrito y de manera pacífica; de lo contrario, ante la inexistencia de dicha prueba, el juicio de amparo es ineficaz, puesto que no se podría obligar a través de la vía de amparo a una autoridad a contestar una petición que no se le planteó. Ello es sostenible, pues no es suficiente la confesión a cargo de la parte quejosa para tener por acreditada la existencia del acto omisivo reclamado, ya que en autos debe quedar demostrado que presentó la petición y que la autoridad a quien atribuye dicha actuación la recibió; carga de la prueba que se configura como requisito ineludible con el fin de acreditar la existencia de la violación al derecho de petición. En el caso, la parte quejosa reclama la falta de respuesta a las peticiones que, dice, realizó el nueve de junio de dos mil veintiuno, consistentes en: a) Que se le asigne fecha y hora para la tramitación de su título profesional; y, b) Se le expida ese documento, así como su cédula profesional. Sin embargo, no acreditó que presentó esas solicitudes ante las autoridades responsables, pues del análisis de las constancias que integran este juicio de amparo no se advierte alguna documental que acredite se hayan formulado. Por ello, no le es exigible a las responsables la omisión o falta reclamada, pues el quejoso no demostró que ejerció el derecho de petición previsto en el artículo 8° constitucional. Por tanto, como en este juicio no quedó demostrado el primero de los requisitos con relación al derecho de petición, consistente en haber presentado por escrito, de forma pacífica y respetuosa, las solicitudes correspondientes, el acto omisivo reclamado resulta inexistente. Apoya a lo anterior, por identidad de razón, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se ve en la página 69, volumen 82, sexta parte, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, registro 254237, que señala: "PETICIÓN, DERECHO DE. PRUEBA DEL ACTO. Si la autoridad responsable negó el acto reclamado que se hace consistir en la falta de contestación a la petición que afirma el quejoso haber formulado, corresponde a éste probar la existencia del acto, para lo cual basta demostrar que formuló la petición respectiva, ya que no corresponde a la autoridad responsable justificar que entregó el permiso sobre el que versa la petición, porque si negó los actos, sin prueba en contrario, no estaba obligada a acreditar hecho alguno". Sin que obste a esta determinación, que la autoridad responsable secretaria General de la Universidad de Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, al rendir su informe justificado haya señalado que el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno se expidió el título profesional al aquí quejoso, el que fue entregado a este último el veinticuatro de enero del año en curso, dado que, con esa afirmación de forma alguna admite la veracidad del acto reclamado. Máxime, que la parte quejosa exhibió en este juicio de amparo, copia simple del: - Dictamen de expediente de examen profesional para médico cirujano, expedido a su favor por el director de la Facultad de Medicina y Cirugía. - Constancia de Término del Programa Operativo del Servicio Social. - Constancia de pasante de licenciatura como médico cirujano. - Constancia de terminación del internado médico. - Constancia de estudios del promovente. - Dos constancias relativas al diagnóstico de salud 2020, Santiago Xiacui. - Constancia de aprobación del examen profesional teórico práctico del agraviado. - Certificado de calificaciones del quejoso; y, - Cédula profesional expedida a favor de una persona diversa al aquí impetrante. Documentales que, además de carecer de valor probatorio suficiente y necesario, por haber sido exhibidas en copia simple, con las mismas no queda demostrado que el quejoso hubiere presentado las peticiones que refiere, a fin de que la responsable se pronunciara al respecto. En ese contexto, procede sobreseer en el juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta Época, consultable en la página 236, tomo VI, registro 917818, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tomo Tercera Parte CXXII, página 39, registro 265314, de rubro: "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD ". Cuarto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Orlando Javier Figueroa Díaz contra el acto reclamado, relativo a la falta de respuesta a las peticiones que, dice, realizó el nueve de junio de dos mil veintiuno, consistentes en: a) Que se le asigne fecha y hora para la tramitación de su título profesional; y, b) Se le expida ese documento, así como su cédula profesional. Lo que atribuye al a) rector de la Universidad de Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y b) secretaría General de dicha Universidad; en términos del considerando tercero de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe
- Principal
PRAL 1030/2021 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintidós. 1° Estado de autos. Visto el estado de autos, de los que se advierte que en proveído de veintiocho de febrero del año en curso se ordenó dar vista a la parte quejosa con el contenido de un oficio firmado por el delegado de la autoridad responsable Secretaría General de la Universidad Autónoma "Benito Juárez de Oaxaca", en el que comunicó que: a) La expedición de la cédula profesional del aquí quejoso corresponde a la Dirección General de Secretaría de Educación Pública; además, refiere, este último ya contaba con esa constancia al momento de recibir su título profesional. b) En la Secretaría General de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca no existe el escrito de nueve de junio de dos mil veintiuno, cuya falta de respuesta reclama el promovente, por lo que no le es posible responder las peticiones que realiza en dicho ocurso. Sin que obre la constancia que acredite que el agraviado quedó notificado de esa resolución. 2° Diferimiento de la audiencia constitucional. En esas condiciones, con fundamento el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de que el quejoso tenga conocimiento de ese acuerdo y quede notificado con la anticipación debida de su contenido, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las nueve horas con treinta y dos minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, para su celebración. 3° Notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen los oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral 1030/2021 mesa 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese el oficio del delegado de la autoridad responsable Secretaría General de la Universidad Autónoma "Benito Juárez de Oaxaca", mediante el que, en atención al requerimiento que se le hizo en proveído de quince de febrero del año en curso, comunica que: a) La expedición de la cédula profesional del aquí quejoso corresponde a la Dirección General de Secretaría de Educación Pública; además, refiere, este último ya contaba con esa constancia al momento de recibir su título profesional. b) En la Secretaría General de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, no existe el escrito de nueve de junio de dos mil veintiuno, cuya falta de respuesta reclama el promovente, por lo que no le es posible responder las peticiones que realiza en dicho ocurso. Vista a la parte quejosa. Con el oficio de cuenta y anexo, dése vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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