Orlando Isaac Reyes Pinzón
Expediente 1620/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1620/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Orlando Isaac Reyes Pinzón
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el alegato ministerial número 478/2023 signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, sin que sea el caso hacer pronunciamiento alguno en cuanto a su contenido, toda vez que por acuerdo de trece de noviembre pasado, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio constitucional. Por otra parte, en relación a su solicitud de copias certificadas, estese a lo acordado en el auto de radicación dictado en este juicio de amparo, el once de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, sin que sea el caso ponerlo a la vista de las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. En dicho informe justificado, la autoridad responsable comunica que con fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, el actor, aquí quejoso Orlando Isaac Reyes Pinzón, celebró con la parte demandada un convenio de cumplimiento de laudo; por lo que se dio por concluido el procedimiento laboral 1039/2018, y se ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Lo que se patentiza con copia certificada de las constancias correspondientes que remitió con su informe justificado, documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables lo siguiente: Del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: El acuerdo de tres de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 1039/2018. Del actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: La omisión de requerir a la parte demandada en el juicio 1039/2018 el pago de la cantidad de $143,820.00 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos veinte pesos, sin centavos, moneda nacional). Sin embargo, del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que con fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, el actor, aquí quejoso Orlando Isaac Reyes Pinzón, celebró con la parte demandada un convenio de cumplimiento de laudo; por lo que se dio por concluido el procedimiento laboral 1039/2018, y se ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Circunstancia que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos que estimaron violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DEL ESCRITO ACLARATORIO DE DEMANDA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el escrito de ********************, quien se ostenta apoderado legal de ********************, que exhibe con relación al requerimiento que se le efectuó por acuerdo de once de octubre del presente año, manifestando bajo protesta de decir verdad, que el número del juicio laboral de origen es el ********************; por lo que el documento idóneo con el que acredita su personalidad, fue adjuntado a su escrito de demanda. Por tanto, téngase por cumplido el requerimiento efectuado a la parte quejosa, por acuerdo de once de octubre del año en curso. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AMPARO Y ESCRITO ACLARATORIO. Ahora bien, vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio, promovida por ********************, quien se ostenta apoderado legal de ********************, en contra de los actos que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad. Que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del juzgador federal, es el siguiente: Del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: El acuerdo de tres de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************. Del actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: La omisión de requerir a la parte demandada en el juicio ******************** el pago de la cantidad de $********************(********************, sin centavos, moneda nacional). RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce a ********************, el carácter de apoderado legal de ********************, en términos de la actuación de tres de agosto de dos mil veintitrés, llevada a cabo en autos del juicio laboral de origen ********************, la cual contiene firmas autógrafas, misma que fue adjuntada al escrito de demanda ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de referencia como en derecho procede. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS; en la cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sólo podrá alegar verbalmente la parte quejosa cuando se trate de actos de los previstos en el citado numeral de la referida legislación. Sin menoscabo, que de considerarlo necesario, las partes podrán hacer valer sus alegatos por escrito o de manera electrónica. Y de ser necesario el desahogo de pruebas que requieran la presencia de las partes en el órgano jurisdiccional, atendiendo al esquema de trabajo señalado en la sección tercera, artículos 251, fracciones c), f) y g), 254 y 257, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se procurará hacerlo mediante el uso de herramientas tecnológicas como la videoconferencia, sin perjuicio, que de ser estrictamente necesario se podrán llevar a cabo en el recinto judicial siguiendo los lineamientos que al efecto prevé el citado Acuerdo General. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia; equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, sin centavos, moneda nacional). Mandamiento que deberán cumplir las autoridades responsables: a) De ser CIERTO el acto.- A través de la vía ordinaria, entregando su informe ante la oficina de correspondencia respectiva, adjuntando, en su caso, las constancias con las que apoyen el sentido de su informe. b) Únicamente de ser NEGATIVO el acto.- Podrá enviarse vía electrónica a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (con su firma electrónica FIREL); y, c) En caso de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitirlo vía interconexión. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de copia autorizada de la demanda, auto de prevención, escrito aclaratorio y del presente acuerdo. PARTE TERCERA INTERESADA Toda vez que de la demanda de amparo, se desprende que le resulta el carácter de tercero interesado al ********************(********************), gíresele oficio con transcripción de este acuerdo, a efecto de hacerle del conocimiento de la promoción de la demanda, con entrega de una copia autorizada de la misma, auto de prevención, escrito aclaratorio y del presente proveído, haciéndole saber que puede comparecer a este juicio si así le conviniere, en términos del artículo 26 fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo. Exhortando a la parte tercero interesada a continuar el presente juicio, a través del esquema de "juicio en línea", en la forma y condiciones que en el presente acuerdo se señalan en la parte final del mismo, a fin de poder continuar en todo momento con la tramitación del presente juicio. CONOCIMIENTO DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos, con veinte centavos, moneda nacional). ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte interesada, se otorga autorización al usuario "********************", para que tenga acceso al expediente electrónico de este juicio. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar las autorizaciones correspondientes al citado usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la prueba documental, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto que relacionó la parte quejosa en su escrito de demanda, mismas que se tomarán en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. JUSTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTOS SIN NECESIDAD DE GIRAR OFICIO Sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficios a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/ serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm. Lo anterior, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se acuerda: agréguese el oficio número SAF/DGJ/1165/2023, signado por la Directora General de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña; que remite en relación al requerimiento efectuado el tres de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual informa que por diversa misiva de nueve de octubre de la presente anualidad, citó a los integrantes del Cabildo del Municipio de Seyé, Yucatán, para que asistan a las instalaciones de la citada dependencia el veintiséis de los corrientes a las doce horas, con el fin de asesorarlos respecto del mecanismo que se empleará para cubrir el pago de lo adeudado a la parte impetrante del amparo. En principio, es necesario señalar que el pasado veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se requirió al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, para que proveyera e informara las determinaciones que hubiese tomado en relación con el oficio sin número, que la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, presentó en las oficinas a su cargo el veintiuno de abril en curso, en el que le solicitó realizara el pago adeudado a la parte quejosa con cargo a las participaciones que en ingresos federales le correspondieran al Municipio de Seyé, Yucatán. Requerimiento al que mediante oficio SAF/DGJ/0612/2023, recibido en proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, signado por la Directora General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, informó que solicitó a la Presidenta Municipal de Seyé, Yucatán, remitiera el acta del Cabildo en donde se trataron, acordaron y aprobaron las cuestiones necesarias para dar cumplimiento al laudo de origen. Luego, en acuerdo de cuatro de julio del año en curso, se tuvo a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, comunicando estar imposibilitada jurídicamente para cumplir con los requerimientos que se le formularon en autos de dieciocho, veintinueve de mayo y veintisiete de junio, del año en curso, para que realizara la afectación a las participaciones que en ingresos federales correspondieran al Municipio de Seyé, Yucatán; debido a que dicho Ayuntamiento, Yucatán, no le había remitido la citada acta de Cabildo. Ahora bien, tomando en consideración que tal aspecto ya fue superado, en la medida que ya se envió a la Secretaría de Administración y Finanzas copia del acta aludida, atendiendo al contenido del oficio de cuenta, se advierte que la mencionada autoridad no está dando cumplimiento a lo anteriormente señalado, debido a lo que ordenó realizar en la misiva de nueve de octubre actual (cita al Municipio), no es acorde a lo requerido en los mismos, pues la oficiante ya tiene el acta de Cabildo en la que se aprobó la solicitud para que a cuenta del Municipio, con cargo a las participaciones que en ingresos federales le correspondan, se realice el pago del laudo dictado en el expediente laboral correspondiente al presente juicio de amparo. Por tanto, el hecho de citarlos a una reunión para asesorarlos, no es una vía adecuada para lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo, ni fue lo que con anterioridad, mediante auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se le ordenó, ya que de las constancias de autos, se evidencia que tanto la Presidenta Municipal, como los integrantes del Cabildo, han sido en extremo renuentes en acudir a citas que se les han concertado tanto por este Juzgado Federal como por el Tribunal Laboral responsable, haciéndose acreedores a diversas multas por su inasistencia y falta de interés. De ahí que la medida adoptada por la oficiante es ineficaz para los fines pretendidos, en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo. Ante ello, resulta necesario precisarle al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas, que el requerimiento efectuado fue para que de acuerdo a la solicitud contenida en la referida acta de Cabildo de diecisiete de marzo del año en curso, realice las gestiones necesarias a fin de que afecte las participaciones que en ingresos federales correspondan al citado Ayuntamiento, para que con éstas se lleve a cabo el pago del laudo emitido en el juicio laboral de origen. Esto es, se hace notar a dicha Secretaría de Administración y Finanzas, que el sentido del acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés a que hace alusión en el oficio de cuenta, íntimamente relacionado con el de veinticuatro de abril último, no va encaminado a que una vez retenidas las participaciones federales se pongan a disposición del Municipio, sino que en virtud de la solicitud contenida en el acta de Cabildo, éste autorizó se afectaran dichas participaciones. Por ello, una vez que se obtengan esos recursos, servirán para el pago del laudo relativo en lo que corresponde a la parte aquí quejosa, precisándole a la oficiante que una vez afectados, deberá comunicar dicha circunstancia a este Juzgado Federal, y posterior a ello, se le indicará ante quién deberán ponerse a disposición para el pago del laudo, a fin de dar total y adecuado cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tal motivo, requiérase al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas, para que en el plazo de TRES DÍAS, retenga las participaciones que en ingresos federales correspondan al citado Ayuntamiento y, una vez hecho ello, lo informe a este Juzgado para estar en aptitud de determinar lo procedente en relación con el pago del laudo; debiendo remitir copia certificada de las constancias conducentes que acrediten su dicho. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
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