Orlando González Ramirez

Expediente 725/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
725/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
13/08/2018

Partes del expediente

  • Orlando González Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 en relación con el diverso numeral 97, fracción I inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, haya recurrido el auto de veinticinco de julio de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento al segundo párrafo del punto décimo del Acuerdo General Conjunto 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se dictó un acuerdo que sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el que no existen documentos originales exhibidos por la partes y carece de relevancia documental en términos de los dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Odilia Méndez Reyes, Defensor Particular del quejoso Orlando González, contra el acto de la Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento de la Quinta Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; regístrese en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 725/2018-I, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora, visto de nueva cuenta el escrito de demanda, es importante precisar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo; El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente; mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En interpretación de un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la vigente Ley de Amparo, existe la tesis de jurisprudencia 749, que puede ser consultable en la página 505, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años de 1917 a 1995, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y. .". Tal causa de procedencia está contenida en el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al siguiente tenor: "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". En interpretación de un numeral y fracción de similar redacción correspondiente a la vigente Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 24/92, visible en la página 11, de la Gaceta 56, Agosto de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Pues bien, el quejoso Orlando González Ramírez reclama de la Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento de la Quinta Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (ordenadora) y del Agente del Ministerio Publico de Procedimientos Penales Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación número 1 Especializado en Combate al Secuestro (ejecutora), lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: DE LA ORDENADORA: LA DECISIÓN VERTIDA DENTRO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO CELEBRADA DENTRO DE LA CARTPETA PROCESAL NÚMERO 0071/2017, CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2018. DE LA EJECUTORA: La continuación del proceso con base en esa resolución de la Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento, que de seguir, se violarían en forma irreparable los derecho a que harán alusión." De la anterior reseña, así como de los antecedentes de la demanda de amparo se puede advertir que la Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento de la Quinta Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, celebró audiencia el diez de julio de dos mil dieciocho en la que la parte quejosa hizo ver diversas omisiones en las que incurrió la autoridad señalada como responsable ejecutora, sin que la autoridad señalada como ordenadora se pronunciara al respecto, toda vez que no era el momento procesal oportuno, en virtud de que no se había aperturado la audiencia de juicio. Sin embargo, esa resolución jurisdiccional no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. De ahí que la demanda que se prové resulte notoriamente improcedente conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que lo debido es desecharla de plano en términos del ordinal 113 de la propia codificación. Sirve de apoyo la tesis XI.P.12 P (10ª), consultable en la página 2632, del Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano". Por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve Orlando González Ramírez, contra el acto que reclama de la Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento de la Quinta Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (ordenadora) y del Agente del Ministerio Publico de Procedimientos Penales Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación número 1 Especializado en Combate al Secuestro (ejecutora). Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. Asimismo, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado, lleve a cabo las notificaciones necesarias dentro del presente asunto.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 13,278 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano