Orlando García Macías

Expediente 143/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
143/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • Orlando García Macías

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  2. Principal

    Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.

  3. Principal

    1. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ...por medio del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de catorce de febrero de dos mil veintitrés. 2. Procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de las autoridades y actos siguientes: 2.1 Autoridades responsables. Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Actuario de su adscripción, ambos con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza. 2.2 Actos Reclamados. i) El auto de uno de agosto de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral 365/2016, en el que se ordenó la ejecución del laudo dictado en su contra y ii) la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintiséis de enero de dos mil veintitrés. En la inteligencia que el quejoso es parte demandada en el procedimiento de origen. 3. Causales de improcedencia. En mérito de lo expuesto, este órgano de justicia considera que se actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, esta última fracción en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. 4. Definitividad. Conforme a la fracción XVIII, del artículo 61, de la ley de la materia, se advierte que el juicio de amparo es improcedencia contra resoluciones de tribunales del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificas, revocadas o nulificadas. Esta improcedencia se conoce con el principio de definitiva, el cual no agotó el quejoso contra los actos reclamados, pues contra éstos procede el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, la parte quejosa previo promover el presente juicio de amparo, estaba obligada a combatir los actos reclamados a través del recurso de revisión, en virtud de que es parte demandada en el procedimiento de origen, tal como lo manifiesta en su demanda y escrito aclaratorio bajo protesta de decir verdad, además, de su propia narrativa y de las copias que exhibe con su demanda, se advierte que el juicio se encuentra en etapa de ejecución de laudo. Máxime que en el caso no se actualiza ninguno de los diversos supuestos de excepción que prevén los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal y el medio de defensa no amerita interpretación adicional. 4.1 Criterio legal. Sirve de apoyo a lo anterior, por lo que informa, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, con registro digital 2017028 5. No es la última resolución en la etapa de ejecución de laudo. De la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio procederá contra actos de tribunales judiciales, administrativos agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; y si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como: i) Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ii) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; iii) Las que ordenen el archivo definitivo del expediente. En la misma demanda se podrán reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. El espíritu de dicho ordenamiento es evitar el entorpecimiento continuo de la ejecución de las resoluciones dictadas por tribunales judiciales, administrativos y laborales, a efecto de que no se realicen abusos del juicio de amparo, puesto que el acatamiento de las sentencias es una cuestión de orden público ya que la sociedad se encuentra interesada en su ejecución; y porque la admisión del juicio de amparo permitirá que la ejecución de una sentencia, donde las partes fueron oídas y vencidas, que constituye la verdad legal y es cosa juzgada, se verá obstaculizada de manera indeterminable, lo cual necesariamente implica un fraude a la ley. En congruencia con lo anterior, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Bajo esa óptica jurídica, así como de los antecedentes descritos en la demanda de amparo, permiten establecer que el acto reclamado que ha quedado precisado, se emitió en etapa de ejecución de laudo y no constituye la última resolución en ejecución, sino que resulta ser con la que comienza. Por tanto, el auto de uno de agosto de dos mil veintidós y la diligencia de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitidos en los autos del expediente 365/2016, en el que se requirió el cumplimiento del laudo y su ejecución, no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, sino que, por el contrario, resulta ser aquella encaminada directamente a requerir su cumplimiento. En ese sentido, resulta manifiesto e indudable que en contra de tales determinaciones no procede el juicio de amparo indirecto. 5.1. Criterio aplicable. Sirven de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 32/2001. 6. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, al actualizarse dos causales de improcedencia de manera manifiesta e indudable, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL

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