Orlando Garcia Hernandez

Expediente 55/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
55/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
27/03/2019

Partes del expediente

  • Orlando Garcia Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, a través del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de veintiocho de febrero del año en curso, en el conflicto competencial 16/2019, de su índice, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la cual se aprecia que la Superioridad declaró a dicho homólogo federal legalmente competente para conocer de la demanda de amparo con que se formó el juicio de garantías 55/2019-III-B, del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Acúsese recibo de estilo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional queda debidamente impuesto de lo determinado por el referido Tribunal Colegiado en dicha ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar, y dado que en el presente juicio no existe trámite pendiente de realizar, archívese como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo; además, a consideración de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo dispone el Punto Vigésimo, fracción I, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, deberá procederse a su destrucción.

  2. Principal

    Visto; agréguese a estos autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, informa que por acuerdo dictado el veintiocho de enero del año en curso, el titular de ese órgano jurisdiccional insistió en declinar a este Juzgado de Distrito la competencia para conocer de la demanda de amparo con que se formó dicho expediente, en el juicio de amparo 55/2019-III-B, por lo que ordenó remitir las constancias necesarias al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para que resuelva lo conducente al conflicto competencial suscitado en el presente asunto. Por tanto, estese en espera de lo que determine la Superioridad, para acordar lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    Visto, agréguese a los autos el oficio de cuenta, recibido de manera electrónica, a través del cual, el actuario del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México, transcribe el acuerdo de siete de febrero del año en curso dictado por ese órgano jurisdiccional, del que se desprende que se admitió a trámite el conflicto competencial 16/2019, de su índice, suscitado entre este juzgado y el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo 55/2019-III-B, del que deriva el presente cuaderno de antecedentes. En consecuencia, estése en espera de lo que resuelva la Superioridad, para acordar lo que en derecho corresponda.

  4. Principal

    RECEPCIÓN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE Visto el oficio 3995/2019 de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual, remite los autos originales del juicio de amparo 1502/2018-VI formado con motivo de la demanda de amparo formulada por Orlando García Hernández, contra actos del General Secretario de la Defensa Nacional y otras autoridades; asimismo hace del conocimiento que por auto de catorce de enero de dos mil diecinueve ese órgano jurisdiccional se declaró incompetente por razón de territorio para conocer de la citada demanda de amparo por las razones que expone. En consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 55/2019-III-B. Acúsese recibo de estilo a la autoridad oficiante. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el quejoso señala como acto reclamado destacado la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el General Secretario de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México, al resolver el procedimiento iniciado al aquí impetrante del amparo, relativo a la procedencia de la causa de baja del servicio activo del Instituto Armado y alta en la reserva correspondiente. Por otra parte, de la resolución dictada por el juzgado declinante, se advierte que sus razonamientos torales para declararse incompetente, consisten en que el acto reclamado conlleva una ejecución material, concretamente, la baja del quejoso como soldado de infantería del grupo de procesados y sentenciados de la IV (Cuarta) Región Militar, con sede en Tancol, Estado de Tamaulipas y del servicio activo de las Fuerzas Armadas Mexicanas y alta en la reserva correspondiente; razón por la cual aduce que este juzgado es el competente para conocer de la demanda correspondiente, dado que el acto reclamado tuvo verificativo en Tampico, Tamaulipas. En ese orden, si bien esta juzgadora coincide en que el acto reclamado conlleva una ejecución material en el distrito judicial en el cual ejerce su jurisdicción este órgano de control constitucional. Lo cierto es, que el acto tildado de inconstitucional, la ejecución material ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (lugar donde se instruye el procedimiento administrativo de baja del quejoso y donde el solicitante del amparo estaba adscrito); por tal motivo, habrá de atenderse a la segunda regla contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo que dispone que, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, circunstancia que acontece en el caso a estudio, y por tanto de conformidad con el precepto legal pre invocado quien debe conocer del asunto en cuestión es el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Ello es así, ya que el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado numeral debe aplicarse conforme a su letra, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro para desentrañar su sentido y alcance, tal como sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Artículo del cual se advierte que será juez competente: - El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. - Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. - Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En otras palabras, el precepto legal en cita, prevé tres supuestos conforme a los cuales debe fijarse la competencia de los Jueces de Distrito, a saber, el primero, consistente en que la competencia para conocer del juicio de amparo se surtirá a favor del que resida en el lugar donde el acto reclamado va a tener ejecución, en donde trate de ejecutarse, en el que se ejecute o ya se haya ejecutado; el segundo, se refiere a los casos en que el acto ha empezado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, hipótesis en la que el Juez competente será aquel que hubiera prevenido, es decir, el que haya conocido primero del libelo constitucional; y, el tercero, se actualiza ante la ausencia de ejecución material de la resolución reclamada, en cuyo caso será competente el Juez Federal que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad emisora de tal resolución. De lo anterior se desprende que el lugar de ejecución del acto impugnado juega un papel preponderante para determinar la competencia por territorio de los Jueces. No obstante esa singular relevancia, también debe atenderse a la naturaleza jurídica del referido acto, pues casos existen, como ocurre en la especie, en los que se impugnan actos dictados en un procedimiento que se tramita en el ámbito de competencia de determinado Juez de Distrito, pero que puede tener diversas consecuencias en otras circunscripciones territoriales, supuesto en el que debe analizarse cuál es la materia sobre la que versará el juicio de amparo. Es decir, debe verificarse cuál es el acto principal atrayente y, fundamentalmente, quién es la parte que ejerce la acción de garantías. Lo anterior, en virtud de que las partes se encuentran vinculadas a seguir en todas sus etapas dicho procedimiento, conforme a las normas aplicables en el lugar en que se tramita dicho proceso. Por tal motivo, si la parte a la que se le instruyó el procedimiento relativo promueve juicio de amparo indirecto contra la resolución que resuelve el procedimiento respectivo, difícilmente lo harán ante un Juez de Distrito de diversa circunscripción territorial al del lugar en el que se tramitó el procedimiento natural, pues este último es el competente para conocer de ese juicio de amparo, habida cuenta que la circunstancia de que la referida sentencia pueda generar diversas consecuencias en otras circunscripciones territoriales, como en la especie podría ser la baja en el servicio que prestaba, ello no es suficiente para considerar competente a cualquiera de los Jueces de Distrito que residan en aquel lugar. Máxime que el quejoso no impugnó por vicios propios el referido acto de ejecución, sino que su pretensión fundamental consiste en impugnar el procedimiento en sí mismo, por lo que es indudable que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto recae en el Juez Federal que tiene residencia en el mismo lugar que la autoridad responsable, es decir, en donde se ventiló el procedimiento de origen, sin que pueda aducirse que no existió algún acto de ejecución en el lugar donde se instruyó el procedimiento. Menos aun cuando, como en la especie, de los conceptos de violación enderezados por la parte quejosa, entre otros, se observa que combate el procedimiento de baja que se le instruyó, por vicios atribuidos a la instrucción del propio procedimiento, como lo es el hecho de que no se le dio a conocer el acuerdo de inicio de trámite de baja en el procedimiento cuya sentencia reclama en esta instancia constitucional. En tal virtud, al tener ejecución el acto reclamado materia del juicio de amparo del que deriva este asunto, teniendo como peculiaridad que el quejoso aduce la deficiente instrumentación del procedimiento cuya sentencia reclama y que tuvo verificativo en la Ciudad de México. Es de concluirse que por sus particulares características el acto reclamado tiene ejecución material en dos lugares diversos, esto es, ante el juez del lugar donde se instrumentó el procedimiento administrativo de baja y culminó con el dictado de la resolución reclamada, y ante el juez que reside en el lugar donde se consumó su baja. De ahí que, la ejecución material del acto reclamado ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes, por lo que, como se dijo, apegándose a la segunda regla contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, al tener ejecución en más de un distrito, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, que en el caso concreto, es el juez declinante. En las relatadas condiciones, este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, no acepta la competencia declinada por el Juzgado oficiante; por ende, en términos del párrafo cuarto, del artículo 48 de la Ley de Amparo, fórmese cuaderno de antecedentes, devuélvanse los autos del citado expediente al Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y solicítese el acuse de recibo de estilo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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