Orlando Flores Rodriguez

Expediente 673/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
673/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Orlando Flores Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 673/2020 Puebla, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO AUTO QUE DECLARÓ CUMPLIDA LA SENTENCIA. De conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar, pues ninguna de las partes lo impugnó a pesar de estar notificados para ello. ARCHIVO. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 - publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente al constituir un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acaecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se concedió la protección constitucional. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS AUXILIARES. En virtud de que no existen constancias pendientes que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, resulta innecesario emitir algún pronunciamiento al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello una vez realizada la depuración del expediente. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO. Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. Se descarta emitir oficio para notificar este acuerdo, pues ningún derecho procesal está involucrado en la declaración de causar estado este proveído. Aunado a que si las partes desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 673/2020 Puebla, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. CUMPLIMIENTO. De la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, para manifestarse respecto de las constancias remitidas por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita adscrita a la Fiscalía General del Estado, relativas al cumplimiento dado al fallo protector de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictado por este órgano de control constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a verificar de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable, si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado. Pues sería infructuoso para el quejoso obtener el amparo y la protección de la Justicia Federal, cuando la ejecución no cumple con todos y cada uno de los fines precisados en la sentencia -a través de sus efectos-2. Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que en realidad solo se materializa hasta su fiel ejecución3. Bajo esa premisa, se advierte materializado el derecho de legalidad de Orlando Flores Rodríguez, pues de acuerdo con las constancias de autos, se advierte que la autoridad actuó conforme a los efectos esgrimidos en la ejecutoria de amparo. Se afirma lo anterior, por las razones que en seguida se exponen: En el dictado de los actos reclamados, fue transgredido el derecho de legalidad del quejoso Orlando Flores Rodríguez por carecer de fundamentación y adolecer de una debida motivación. Esto es, Marco Antonio Sánchez Cid, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita dentro de la carpeta de investigación *, emitió la determinación de diecinueve de agosto de dos mil veinte, en donde solo se limitó a dar contestación al quejoso respecto de cinco peticiones sin justificar en qué dispositivo legal basaba sus argumentos, lo cual evidenció la realización de afirmaciones dogmáticas en cuanto a las solicitudes del quejoso; ello, cuando en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales el legislador estableció diversas reglas con las cuáles se rige el aseguramiento de bienes, notificación, abandono, registro, devolución, entrega. Además la forma en la cual dio contestación resultó incongruente y deficientemente motivada ya que el fiscal responsable al emitir la determinación reclamada no señaló con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión de dicho acto. Lo anterior porque en el acuerdo reclamado declaró improcedentes las solicitudes del quejoso; sin embargo, dejó de analizar el escrito presentado por Orlado Flores Rodríguez en el cual se adviertió el domicilio del bien inmueble cuyo aseguramiento fue decretado el once de mayo de dos mil veinte donde además fueron asegurados diversos bienes muebles, contrario a lo indicado por el fiscal responsable. Lo anterior, en violación al derecho de legalidad al carecer de fundamentación y adolecer de una debida motivación, con lo cual no se ajustó a los requisitos de todo acto de autoridad, establecidos en el artículo 16, de la constitución. Pues para que estuviera debidamente fundada y motivada la determinación reclamada, era menester que la autoridad responsable indicara con toda claridad las disposiciones legales y las razones para justificar su determinación, y al no haberlo hecho así, no se justificó la improcedencia de las solicitudes del quejoso en su escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil veinte, a fin de satisfacer los requisitos formales de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la constitución, porque para cumplir con dicha exigencia constitucional, era necesario que el fiscal responsable indicara los conceptos en los cuales a su juicio se sustentaba la concordancia entre la situación jurídica individualizada y la abstracción normativa que le sirvió de fundamento. Al no haberlo considerado así la autoridad responsable, transgredió el derecho de legalidad del quejoso en el dictado del acto reclamado. Por lo anterior, se concedió el amparo al quejoso para los siguientes efectos: "A fin de reparar la violación cometida en perjuicio del quejoso, se precisan los efectos de la concesión de amparo en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo: Marco Antonio Sánchez Cid, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o bien el Agente del Ministerio Público adscrito a dicha unidad a cargo de la carpeta de investigación *, dentro del plazo de tres días posteriores a la notificación de haber causado ejecutoria la presente sentencia deberá efectuar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la determinación de diecinueve de agosto de dos mil veinte emitida en la carpeta de investigación *, por el cual acordó como no procedentes las solicitudes realizadas por Orlando Flores Rodríguez en su escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil veinte y ratificado el veintinueve de julio siguiente; y 2. Tomando en consideración los lineamientos precisados en la presente resolución, con plenitud de decisión dicte uno nuevo, en el que subsane los vicios formales destacados; esto es, emita una nueva determinación conforme a derecho corresponda de manera fundada y motivada. Cabe precisar que la determinación adoptada de ninguna manera vincula a la autoridad a resolver en determinado sentido las peticiones del promovente del amparo, sino únicamente a purgar los vicios formales de que adolece el acto reclamado." Inconformes con esa determinación, tanto el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General del Estado como el quejoso, interpusieron recurso de revisión, el cual quedó radicado en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito bajo el expediente *Mediante ejecutoria de doce de febrero de dos mil veintiuno el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito desechó por improcedente el recurso de revisión propuesto por la autoridad responsable, en la materia de la revisión interpuesta por la parte quejosa confirmó la sentencia sujeta a revisión y para los efectos precisados en la sentencia revisada, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a *. Recibida dicha ejecutoria, el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno se inició el procedimiento de ejecución y se requirió el cumplimiento de la sentencia a la autoridad responsable. Ahora, de autos se advierte que la autoridad responsable en acatamiento a la sentencia de protección de derechos, y para resarcir las violaciones perpetradas contra el quejoso, dentro de la carpeta de investigación *, remitió copia cotejada de la resolución de tres de marzo de dos mil veintiuno. De dicha determinación se desprende que la responsable dejó insubsistente el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veinte, y en su lugar acordó las diversas solicitudes del quejoso en relación al escrito de veinticuatro de julio de dos mil veinte. Además, mediante oficio recibido en este juzgado el diez de marzo de dos mil veinte, la responsable remitió las constancias de notificación practicadas por correo electrónico a la parte quejosa, del acuerdo de tres de marzo del año en curso, de donde se advierte las direcciones de correo electrónico, la fecha en que fueron enviados, así como el acuse de recibido por parte del quejoso y de su autorizado. Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte: 1) Dejó insubsistente el auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte. 2) Luego, de manera fundada y motivada contestó cada una de las cinco peticiones del quejoso, plasmadas en el escrito de veinticuatro de julio de dos mil veinte, de la forma siguiente: a) Tuvo por presentado el escrito del quejoso, así como las catorce copias que acompañó al mismo. b) Luego, en relación a que se le otorgara fecha y hora para ratificar el escrito de referencia, así como exhibir documentos para su cotejo, la responsable acordó que tal solicitud ya había sido atendida, toda vez que el quejoso compareció el trece de agosto de dos mil veinte ante esa representación social a ratificar su escrito de veinticuatro de julio de dos mil veinte. c) Respecto de la solicitud del quejoso, en el sentido de que se le otorgara acceso a los bienes para revisar e inspeccionar las condiciones en que se encontraban y verificar el inventario, en términos del artículo 247 último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, la responsable, atendiendo a la literalidad de dicho numeral citado por el quejoso, adujo que tal artículo hacía referencia a un acto procesal especifico que era la devolución de bienes que la autoridad hubiera asegurado con motivo de una investigación, pero que en el caso en concreto dentro de la carpeta de investigación , el aseguramiento de diversos objetos había sido decretado como consecuencia de una técnica de investigación denominada cateo en un inmueble y autorizado por el juez de control dentro de la , y que dicho aseguramiento estabafundado en el artículo 229 de la ley adjetiva aplicable, y la responsable transcribió textualmente dicho precepto legal. Luego, la autoridad responsable explicó que dicho aseguramiento de bienes se realizó en virtud de que la carpeta de investigación que se encontraba en integración, sin que implicara privar a los propietarios de manera definitiva de dichos objetos, hasta en tanto se determinara la indagatoria, además de que la misma, aún no se encontraba en el supuesto procesal por el cual el solicitante fundó su pretensión, en específico el último párrafo del artículo 247 del Código Nacional de Procedimientos Penales; de ahí que resultaba evidente que al no existir aun determinación dentro de la carpeta de investigación que ubicara el supuesto procesal de devolución de diversos bienes asegurados, no era dable acordar favorable su solicitud. d) En cuanto a la petición del quejoso de que se ordenara la cancelación de la inscripción del aseguramiento en el registro público del inmueble objeto del aseguramiento, y se decretara la devolución y entrega de los bienes asegurados porque a pesar de las diligencias conducentes, no se había comprobado que los bienes tenían relación alguna con los hechos que se investigaban, por lo que no tenían la calidad de indicio; respecto de tal solicitud, la responsable adujo haber ordenado el aseguramiento e inscripción de inmueble como consecuencia de una técnica de investigación denominada cateo y que con fundamento en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al considerar que el inmueble, bienes y diversos objetos podían ser instrumento y guardar relación con los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación, se determinó dicha medida, a fin de evitar su alteración o destrucción durante el desarrollo de la investigación, en tanto se determinara la carpeta de investigación respecto de las personas investigadas; y con fundamento en el artículo 233 del Código Nacional de Procedimientos Penales se procedió a la solicitud de inscripción en el Registro Público de la Propiedad; y dado que la carpeta de investigación en que se actuaba se encontraba en integración, y que los bienes eran parte del aseguramiento al ser considerados instrumentos, objetos y productos del delito, de ahí que no le asistía razón al solicitante (quejoso) al decir que no se había comprobado que los bienes asegurados no tenían relación alguna con los hechos que se investigaban, y al no haberse determinado de forma definitiva la investigación, resultaba improcedente acordar favorable su solicitud. e) Respecto de la solicitud del quejoso de que se le otorgara fecha y hora para que presentar a los testigos que acreditaran la preexistencia de diversos bienes, de los cuales contaba con documentos, diversas facturas y fotografías de una de las cámaras que no fue intervenida por el personal que ingresó al inmueble, a fin de acreditar que eran de su propiedad y que reiteraba se encontraba dentro del inmueble al momento del cateo y que fueron omitidos dentro del registro de aseguramiento, por lo que solicitó se recabara la entrevista correspondiente, y se deslindaran las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que correspondieran; la autoridad responsable, acordó procedente dicha petición, y señaló fecha y hora, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 4) Luego la autoridad responsable, ordenó notificar al quejoso la determinación recaída a cada una de sus peticiones. Como se ve, el cumplimiento de la autoridad responsable se traduce en una restitución del derecho de legalidad del quejoso, en los términos indicados en la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veinte, pues con plenitud de decisión, contestó las solicitudes del quejoso, citando los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicables y mencionando las razones por las cuales se sustentaba su decisión. ESCRITO DE LA PARTE QUEJOSA. Ahora, se agrega al expediente el ocurso signado vía electrónica por Antonio autorizado en términos amplios del quejoso , por medio del cual desahoga la vista que le fue concedida en auto de once de marzo de dos mil veintiuno, en donde realiza manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia que se revisa, en el que esencialmente afirma: 1) La responsable no cumple con los lineamientos que se desprenden de la ejecutoria de amparo, ya que por una parte deja insubsistente la determinación de diecinueve de agosto de dos mil veinte emitida en la carpeta de investigación , pero por otra dicta una nueva determinación, sin subsanar los vicios formales destacados; por lo que no fue dictada conforme a derecho, ni se funda de manera correcta y mucho menos se motiva la referida resolución, por lo que en ese sentido el cumplimiento realizado por la responsable es incorrecto y reiterativo del acto reclamado. 2) La responsable no expresó los motivos, fundamentos de hecho y legales en los cuales se basó para acordar como no procedentes sus peticiones en los puntos cuarto y quinto. 3) Se ocupó meramente de citar artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, subsiste la ausencia de tales requisitos, ya que la debida fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales fundamentación y motivación, prevaleciendo en dicho cumplimiento la falta de los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto, es decir solo se expresan los numerales legales aplicables sin expresar los razones, motivos y circunstancias por los cuales en el caso resultan aplicables al caso concreto y que por consiguiente hacen aplicables las hipótesis normativas citadas; ello es así, dado que la responsable si bien cita el artículo 229 de la codificación mencionada también lo es que no menciona las razones, motivos y circunstancias en los cuales motiva el sentido de su resolución. 4) De manera mínima y precaria menciona únicamente que el aseguramiento de dichos bienes se ha realizado en virtud de la carpeta de investigación que se encuentra en integración, sin que esto sea privar a sus propietarios de manera definitiva de dichos objetos, si no en tanto se determina la presente indagatoria, esto es no justifica el extremo contenido en el artículo citado, que claramente requiere que solo los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, es decir no expresa los motivos por los cuales los bienes que han sido asegurados, se subsuman a alguno de los siguientes supuestos: 1. Instrumento de delito, 2. Objeto de delito, 3. Producto del delito, 4. Que en los bienes existen huellas o tienen relación con delito, además de que para ello deba explicar que guardan relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, dado que nunca estableció cual es el hecho, ni donde ni cuando tuvo lugar, requisitos mínimos para dar certeza jurídica del acto de molestia. 5) Que el argumento por el que motiva su resolución simplemente es que el aseguramiento de dichos bienes se ha realizado en virtud de la carpeta de investigación, y que la misma se encuentra en integración. 6) La resolución en vía de cumplimiento carece de fundamentación y motivación y solo está reiterando el acto originalmente reclamado, y se menciona lo anterior porque la citada resolución es imprecisa al carecer de las circunstancias especiales, razones particulares o causas que tuvo en consideración para acordar no procedente lo acordado. 7) Sin siquiera señalar si los bienes asegurados son instrumentos, o producto del delito, o que en los bienes existen huellas o tienen relación con el delito investigado, y que estos guardan relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, o en su defecto porque no es factible ni siquiera la devolución en depósito provisional, en resumen la negativa no es motivada en argumentos razonados, sino constituyen simples manifestaciones unilaterales derivadas de una mala disposición hacia el correcto actuar en el servicio público, de ahí que deba obligarse a dicha autoridad responsable a efectuar esos pronunciamientos. 8) No señala si el bien asegurado es instrumento, o producto del delito, o que en el bien existen huellas o tienen relación con el delito investigado, y que este guarda relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, pues solo atina a manifestar que determinó dicha medida a fin de evitar su alteración o destrucción durante el desarrollo de la investigación, soslayando el hecho de que al ser un bien inmueble, este por sus propias características no es susceptible de manera extrema a la alteración o destrucción y al efecto debió precisar en todo caso los actos de investigación que están pendientes de realizar sobre el inmueble y el tiempo que requiere para dichos actos, ya que el aseguramiento de dicho inmueble debe ser de carácter provisional con la finalidad efectivamente de esclarecer los hechos materia de la investigación, y es claro que el simple transcurso del tiempo no propicia el esclarecimiento de los hechos, por el contrario, los dificulta. En consecuencia, si se decreta dicha medida cautelar por tiempo indefinido o su temporalidad se prolonga excesivamente como en el caso que nos ocupa, ello es contrario a su naturaleza provisional o transitoria, lo que provoca efectos contrarios a los pretendidos, es decir, no garantiza la seguridad en el patrimonio y los derechos del quejoso, sino que los afecta sobremanera, lo que, a su vez, viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. Al respecto debe indicarse que en la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se indicó a la autoridad responsable, dejara insubsistente la determinación reclamada de diecinueve de agosto de dos mil veinte emitida en la carpeta de investigación , y con plenitud de jurisdicción dictara un nuevo acuerdo de manera fundada y motivada en donde subsanara los vicios formales de que adolece el acto reclamado. Entonces, como se observa de la nueva determinación emitida por la autoridad responsable, esta se apegó a los lineamientos que se determinaron en la sentencia dictada, pues dio contestación a cada una de las peticiones del quejoso plasmadas en el escrito de veinticuatro de julio de dos mil veinte; y al otorgarle a la autoridad responsable plenitud de jurisdicción para acordar, deviene en un amplio margen de apreciación otorgado a aquélla, a efecto de que contestara cada una de las solicitudes del quejoso, pues no se le ordenó que debía declarar procedentes las peticiones del quejoso, ni indicar la duración del aseguramiento, sino que debía dar contestación conforme a derecho, pero purgando los vicios formales destacados en el fallo protector. Por tanto, es infundado lo expresado por el quejoso respecto a que la responsable dejó de dar cumplimiento a lo ordenado por esta juzgadora, pues de la nueva determinación de tres de marzo del año en curso, se aprecia el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, De ahí que, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina tener por cumplida la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. En consecuencia, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que esté en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. Pero, si el quejoso insistiera en estar inconforme con la presente determinación de tener por cumplida la ejecutoria de amparo, se le hace de su conocimiento que tiene derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuenta con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Por último, para efectos de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), puntualizo: a) El doce de febrero de dos mil veintiuno, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, confirmó la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veinte; y el veinticinco de febrero de este año, se acordó en este juzgado la recepción de los autos del juicio de amparo. b) El tres de marzo de dos mil veintiuno la autoridad responsable, emitió la nueva determinación dentro de la carpeta de investigación , para cumplir con la ejecutoria de amparo. c) El diez de marzo de dos mil veintiuno se recibió en este juzgado las constancias relativas a la notificación de la determinación de tres de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro de la carpeta de investigación . d) En esta data (veintidós de marzo de dos mil veintiuno) se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; de forma personal a la agente del ministerio público adscrita a esta juzgado, a la parte quejosa (vía electrónica); por oficio (enviado por correo electrónico) a las autoridades responsables; cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 673/2020 Puebla, Puebla, once de marzo de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita adscrita a la Fiscalía General del Estado, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de cinco de marzo del año en curso, remite las constancias de notificación practicadas por correo electrónico a la parte quejosa, del acuerdo de tres de marzo del año en curso, de donde se advierte las direcciones de correo electrónico, la fecha en que fueron enviados, así como el acuse de recibido por parte del quejoso y de su autorizado. Entonces, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa, con el oficio y anexo de cuenta, así como con las constancias acordadas el cinco de los corrientes. Lo anterior, para que en el plazo de tres días siguientes contados a partir de la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Se le apercibe que de omitir realizar manifestación alguna sobre el particular, esta juzgadora resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en el expediente, para lo cual se les deberá correr traslado con copia certificada de las constancias relativas al cumplimiento remitidas por la autoridad responsable. Notifíquese; a la parte quejosa (vía electrónica), y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 673/2020. Puebla, Puebla, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. SE RECIBE TESTIMONIO Se agrega al expediente el oficio de cuenta, remitido por la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el original del juicio de amparo 673/2020 y un cuaderno auxiliar, así como el testimonio de la ejecutoria pronunciada en los autos del amparo en revisión 153/2020 de su índice, en donde resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se DESECHA por IMPROCEDENTE el recurso de revisión interpuesto por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General del Estado de Puebla (MARCO ANTONIO SÁNCHEZ CID). SEGUNDO. En la materia de la revisión interpuesta por la parte quejosa, se confirma la sentencia sujeta a revisión. TERCERO. Para los efectos precisados en la sentencia sujeta a revisión, la Justicia de la Unión Ampara y Protege a *, respecto del acto atribuido a la autoridad referida en el resolutivo primero de esta ejecutoria." En consecuencia, se ordena agregar a los autos el expedientillo de antecedentes que se formó con motivo del recurso de revisión, solo las constancias originales, para los efectos legales procedentes. Así mismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Por último, como lo solicita la superioridad, acúsese el recibo correspondiente; oficio que deberá remitirse vía interconexión. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. Con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, remita las constancias con las cuales acredite haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Para lo cual, deberá ajustarse a todos y cada uno de los lineamientos señalados en la sentencia amparadora, ... dentro del plazo de tres días posteriores a la notificación de haber causado ejecutoria la presente sentencia deberá efectuar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la determinación de diecinueve de agosto de dos mil veinte emitida en la carpeta de investigación , por el cual acordó como no procedentes las solicitudes realizadas por Orlando Flores Rodríguez en su escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil veinte y ratificado el veintinueve de julio siguiente; y 2. Tomando en consideración los lineamientos precisados en la presente resolución, con plenitud de decisión dicte uno nuevo, en el que subsane los vicios formales destacados; esto es, emita una nueva determinación conforme a derecho corresponda de manera fundada y motivada. Cabe precisar que la determinación adoptada de ninguna manera vincula a la autoridad a resolver en determinado sentido las peticiones del promovente del amparo, sino únicamente a purgar los vicios formales de que adolece el acto reclamado. (.)" Se apercibe a la autoridad responsable que de omitir cumplir con lo anterior, dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Así mismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de ser omisa al presente requerimiento, con fundamento en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, serán remitidos los autos originales de este expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo, el cual podrá culminar -una vez turnados los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación- con la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Luego, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que de actuar de manera dolosa en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurriría en responsabilidad penal, como lo disponen los artículos 267, fracciones I y II, y 269 de la Ley de Amparo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Atento a lo anterior, se ordena devolver el cuaderno auxiliar relativo a la copia cotejada de la carpeta de investigación allegada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Marco Antonio Sánchez Cid). Sin necesidad de solicitar el acuse de recibo de las copias que se devuelven, dado que solo se trata de copias obtenidas de sus originales. Notifíquese y cúmplase.

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