Orlando Esquivel Velázquez
Expediente 830/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 830/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Orlando Esquivel Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por la Jueza de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por medio del cual solicita que se le informe si se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos, a fin de estar en posibilidad de integrar debidamente la carpeta de ejecución de la que deriva el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En su atención, hágase de su conocimiento que mediante proveído de veintidós de abril se tuvo por cumplida la sentencia de mérito. Acuerdo que le fue notificado por oficio 8025/2021, que recibió el catorce de mayo del año en curso, como se advierte del acuse que obra en autos. Notifíquese: por oficio a la autoridad de mérito y por lista a las demás partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, siete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes no interpusieron recurso de inconformidad en contra del auto por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, dentro del término que para tal efecto establece el artículo 202 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME para todos los efectos legales a los que haya lugar. Aunado a lo anterior, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo que establece el artículo 196, párrafo cuarto, de la ley de la materia, en consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa, coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte,y en su oportunidad realícese el trámite para su depuración. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y dese de baja el asunto como totalmente concluido. Notifíquese; por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por la Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por medio del cual, solicita que se le informe si se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en autos, a fin de estar en posibilidad de integrar debidamente la carpeta de ejecución de la que deriva el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En su atención, hágase de su conocimiento que mediante proveído de veintidós de abril se tuvo por cumplida la ejecutoria de mérito. Acuerdo que le fue notificado por oficio 8025/2021, que recibió el catorce de mayo del año en curso, como se advierte de su acuse que obra en autos. Notifíquese; por oficio a la autoridad de mérito y por lista a las demás partes.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se aprecia que por oficio 2557, suscrito por la Juez de Ejecución de Sentencias de Tlalnepantla, Estado de México, informó sobre el cumplimiento al fallo protector de amparo. Mediante proveído de veintinueve de marzo del año en curso, se dio vista a las partes con el informe de cumplimiento, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniese, apercibidas que para el caso de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Determinación que se notificó legalmente el treinta de marzo siguiente. La parte quejosa, mediante escritos recibidos en la oficialía de partes de este juzgado federal el treinta de marzo y siete de abril, ambos del año en curso, hizo diversas manifestaciones en relación al cumplimiento realizado por la responsable; por tanto, ténganse por hechas sus manifestaciones, las cuales, en su caso, serán tomadas en consideración. Por tanto, este juzgador en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a analizar si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para tenerla por cumplida; atendiendo a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Por sentencia con engrose de veinticinco de enero del presente año, se concedió el amparo y protección constitucional para que la Jueza de Ejecución de Sentencias del Sistema Procesal Acusatorio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente el proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente de ejecución 520/2017; y b) Dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos apuntados, con plenitud de jurisdicción verifique la normatividad que resulte más benéfica, aplicable respecto la petición del quejoso, y se pronuncie sobre la procedencia o no del beneficio de sistema de localización y rastreo, en términos del artículo 83 bis del Código Penal para el Estado de México, en vigor en esa época." Mediante auto de ocho de marzo del año que transcurre, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, asimismo, se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por oficio 2557, presentado a través de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, la Jueza de Ejecución de Sentencias del Sistema Procesal Acusatorio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en cumplimiento a la sentencia de amparo, remitió copia certificada de la resolución dictada en la misma data (veintiséis de marzo del año en curso), de la que se advierte que dejó insubsistente el proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte, pronunciado en el expediente de ejecución 520/2017, y siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, tuvo por recibido el escrito del quejoso, por el que solicitó el beneficio de libertad condicionada al sistema de localización y rastreo. Asimismo, realizó el estudio de la ley más favorable conforme a los intereses del quejoso, declarando que la ley vigente al momento del delito (Código Penal del Estado de México) es la más benéfica, porque carece de restricción para acceder a la libertad condicionada al sistema de localización y rastreo, además de prever el otorgamiento del beneficio dos años antes de que la persona ejecute la pena de prisión. De igual modo, determinó que con independencia de que el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, estableciera en la ejecutoria dictada con respecto al recurso de apelación, que el sentenciado tenía expedito su derecho para que de ser el caso accediera al beneficio de la libertad condicionada al sistema de localización y rastreo, esto no lo eximía de cumplir y acreditar ante la autoridad responsable los requisitos necesarios para el otorgamiento de dicho beneficio preliberacional, como es cumplir con lo estipulado en el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé que el sistema penitenciario se basa en el respeto de los derechos humanos, trabajo, capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, siendo estos, los medios previstos para la reinserción a la sociedad, lo que además se encuentra relacionado a lo dispuesto por el artículo 3, fracción XX, 11 fracciones II, III y VII, 25 fracciones I y IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como el 69 fracción II 83 Bis del Código Penal en vigor para el Estado de México. Por ello, valoró las pruebas aportadas por el quejoso en su escrito de petición y los requisitos previstos en los dispositivos legales antes descritos, llegando a determinar que no se satisfacen todas las condiciones y requisitos para el beneficio preliberacional de libertad condicionada bajo el sistema de localización y rastreo, al no acreditarse la participación en el plan de actividades, se carece de los elementos para el seguimiento y rastreo, tampoco se puede determinar que el domicilio de reinserción y de trabajo cumpla con los lineamientos de ley, tal y como se advierte del siguiente cuadro: NO. REQUISITOS SENTIDO 1 Medios de Reinserción: Observe buena conducta. Participe regularmente en un trabajo, la capacitación para el mismo, en actividades educativas, deporte y de salud que se organicen en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social, como medio de reinserción a la sociedad. Carece de constancias que acrediten que la persona cumple con las reglas de la institución. No se cumple. 2 Que el sentenciado sea delincuente primario, además que no se encuentre sujeto a ningún proceso pendiente por causa distinta, ni tener sentencia ejecutoriada que cumplir, del fuero común o federal, sea cual fuere el delito. No cumple el requisito, sin embargo, el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado, determinó modificar la sentencia impugnada, dejando expedito el derecho para solicitar el beneficio preliberacional en estudio, por lo tanto, se genera una presunción de que no cuenta con otra sentencia de condena. 3 Cuando se trate de robo con violencia, el monto de lo robado debe ser hasta noventa veces el salario mínimo general vigente y no se hayan causado lesiones de las comprendidas en la fracción III del artículo 237 o del 238 del Código Penal. Requisito satisfecho. 4 La pena privativa de libertad sea de tres años hasta quince años. Requisito satisfecho. 5 Se solicite dentro de los dos años de tener derecho a la libertad condicional. Requisito satisfecho. 6 Que pague la reparación del daño y multa impuesta. Requisito satisfecho. 7 Que el Patronato de Ayuda para la Prevención y Readaptación Social o alguna persona con reconocida solvencia moral y de arraigo, se obligue a supervisar y cuidar que el liberado cumpla con sus obligaciones contraídas al momento de su liberación, la cual deberá residir en la misma localidad a la que integrará el beneficiado. No cumple con el requisito. 8 Que compruebe contar con el exterior con un ofrecimiento de trabajo, un oficio, arte o profesión que le permita tener ingresos o exhiba las constancias que acrediten que continúa estudiando. Las pruebas presentadas por el quejoso no son suficientes para generar certeza de la existencia del trabajo, toda vez que no existe otro medio de prueba que permita corroborar la existencia de la fuente laboral. 9 Que cuente con apoyo familiar o de la sociedad civil que garantice su vinculación a las condiciones que le fueron fijadas para el otorgamiento del beneficio. Acredita contar con apoyo familiar. 10 Que se cuente con los elementos técnicos necesarios para el funcionamiento del sistema de posicionamiento global en el domicilio laboral y de reinserción. Aunque las pruebas fueron obtenidas e incorporadas legalmente al procedimiento, al ser presentadas por el quejoso, no acredita la existencia de telefonía celular, como tampoco existe el informe del titular de la Unidad de Monitoreo, en el que expresamente indique que cuenta con señal GPS (del sistema de la unidad de Monitoreo), en el domicilio de reinserción y en el que va a ejecutar la actividad laboral del sentenciado, tampoco existe certeza de que la persona cuenta con teléfono celular, por ende, imposible determinar que existe cobertura de telefonía celular en el perímetro. 11 Que se comprometa a no abandonar el perímetro permitido por el juez y a no comunicarse con la víctima u ofendido, familiares ni testigos que depusieron en su contra; sin autorización judicial. Requisito satisfecho. 12 Que cuente con domicilio laboral y de reinserción social, a juicio del juez de ejecución. Las pruebas presentadas por el quejoso no son las idóneas para establecer si el domicilio del trabajo y en su caso el laboral cumplen con los lineamientos del beneficio, puesto que la prueba pertinente lo es el trabajo de campo efectuado por la trabajadora social (a través del estudio de trabajo social), en el que se haya corroborado la existencia de los domicilios y que se encuentren dentro de la entidad; así como carece del informe del titular de la unidad de Monitoreo, en el que verifique la existencia de cobertura en domicilios propuestos para residir, como en donde pretende ejecutar la actividad lícita el quejoso. De ahí que, la autoridad responsable resolvió, en lo que a este juzgado interesa, lo siguiente: "(.) SEGUNDO. En cumplimiento con el fallo protector dictado en el juicio de amparo 830/2020, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez: UNO. Se deja insubsistente el acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente de ejecución 520/2017. DOS. Se dicta otro acuerdo siguiendo los lineamientos del fallo protector. TERCERO. Se determina que la ley más favorable, conforme a los intereses de ORLANDO ESQUIVEL VELÁZQUEZ, es el Código Penal del Estado de México. CUARTO. NO SE SATISFACEN TODAS LAS CONDICIONES Y REQUISITOS para el beneficio preliberacional de Libertad condicionada bajo el sistema de localización y rastreo (al no acreditarse la participación en el plan de actividades, acreditarse la existencia de la actividad laboral, se carece de los elementos para el seguimiento y rastreo, tampoco se puede determinar que el domicilio de reinserción y de trabajo cumpla con los lineamientos de ley), por lo tanto, es UNA VEZ QUE SATISFAGA LAS CONDICIONES, REQUISITOS Y PRESUPUESTOS PREVISTOS EN LA NORMA, PODRÁ SOLICITAR EL BENEFICIO EN ESTUDIO. QUINTO. En consecuencia, ORLANDO ESQUIVEL VELÁZQUEZ, deberá continuar ejecutando la pena de prisión que le fue impuesta en la causa de juicio 550/2017 (administrativa 699/17), por el Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, al declararlo penalmente responsable del delito de ROBO CON MODIFICATIVA (AGRAVANTE DE PERPETRARSE EN MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y EN SU EJECUCIÓN SE UTILIZÓ LA VIOLENCIA), en agravio de FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ. SEXTO. El señor ORLANDO ESQUIVEL VELÁZQUEZ, tiene expedito su derecho para que de considerarlo pertinente, nuevamente plantee su solicitud de beneficio preliberacional, por su propio derecho o por conducto de su defensor, presentándola por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, conforme a los lineamientos señalados en el cuerpo de la presente determinación. SÉPTIMO. Se hace saber a las partes que cuentan con el plazo de tres días para interponer el recurso de apelación, conforme el artículo 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en contra de la presente resolución. (.)" Por tanto, si el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente de ejecución 520/2017; y dictara otro en el que, siguiendo los lineamientos apuntados, con plenitud de jurisdicción verificara la normatividad que resultara más benéfica, aplicable respecto la petición del quejoso, y se pronunciara sobre la procedencia o no del beneficio de sistema de localización y rastreo, en términos del artículo 83 bis del Código Penal para el Estado de México, en vigor en esa época; lo cual en el caso aconteció; entonces, el núcleo esencial de la obligación contenida en la ejecutoria de amparo se respetó; en consecuencia, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en la misma. Finalmente, no pasan inadvertidas las manifestaciones vertidas por el quejoso mediante escritos registrados con los folios 3172 y 3389, recibidos en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el treinta de marzo y el siete de abril, ambos del año en curso, respectivamente, en los cuales, el quejoso indicó que el artículo 83 bis, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, dispone lo siguiente: "Artículo 83 bis.- El beneficio de la libertad condicionada al sistema de localización y rastreo podrá ser otorgado, siempre y cuando se cubran los siguientes requisitos: I. Que sea delincuente primario; II. Tratándose del delito de robo con violencia solo cuando el monto de lo robado sea de hasta noventa veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente y no se hayan causado lesiones de las comprendidas en la fracción III del artículo 237 o del 238, de este Código; III. Que la pena privativa de libertad sea desde tres años hasta quince años; IV. Que sea solicitado dentro de los dos años antes de tener derecho a la libertad condicional; V. Que pague la reparación del daño y la multa impuesta; VI. Que el Patronato de Ayuda para la Prevención y Readaptación Social o alguna persona con reconocida solvencia moral y arraigo, se obligue a supervisar y cuidar que el beneficiado cumpla con las condiciones impuestas al momento de su liberación, la cual deberá residir en la misma localidad a la que se integrará el beneficiado; VII. Que compruebe contar en el exterior con un ofrecimiento de trabajo, un oficio, arte o profesión que le permita tener ingresos, o exhiba las constancias que acrediten que continuará estudiando; VIII. Que cuente con apoyo familiar o de la sociedad civil que garantice su vinculación a las condiciones que le fueron fijadas para el otorgamiento del beneficio; IX. Que no se encuentre sujeto a ningún proceso pendiente por causa distinta ni tener sentencia ejecutoriada que cumplir en reclusión del fuero común o federal, sea cual fuere el delito; X. Que se cuente con los elementos técnicos necesarios para el funcionamiento del sistema de posicionamiento global en el domicilio laboral y de reinserción; XI. Que se comprometa a no abandonar el perímetro permitido por el juez y a no comunicarse con la víctima u ofendido, familiares ni testigos que depusieron en su contra, sin autorización judicial; XII. Que cuente con domicilio laboral y de reinserción, que garantice la finalidad de la reinserción social, a juicio del Juez de Ejecución. A quien se le revoque este beneficio, no volverá a gozar del mismo por cualquier delito. El beneficio de libertad condicionada al sistema de localización y rastreo es un medio de ejecutar la sanción penal hasta en tanto se alcance la prelibertad, o libertad condicional. Tratándose delitos cometidos con violencia de género no se aplicará este beneficio." En razón de lo anterior, indicó que la autoridad responsable exige mayores requisitos que los previstos por el artículo antes transcrito, el cual, contiene los lineamientos para acceder al beneficio de la libertad condicionada al sistema de localización y rastreo. En ese sentido, estima que la resolución de la autoridad responsable resulta excesiva, toda vez que el artículo 83 bis, no requiere que acredite el plan de actividades, ni la existencia de la actividad laboral, como lo establece el Juez de Ejecución responsable. Los argumentos de inconformidad planteados por el quejoso en dichos escritos, resultan infundados, pues como ya se refirió, la autoridad responsable ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Se dice lo anterior, porque la concesión del amparo fue para el efecto de que la Juez de Ejecución responsable con libertad de jurisdicción se pronunciara en relación a la Ley más favorable aplicable a la petición del quejoso, y de ahí resolviera sobre el beneficio solicitado. Ahora bien, si la Ley no contempla los requisitos que el Juez de Ejecución responsable señaló que no cubría el quejoso, para obtener ese beneficio preliberacional, es una cuestión de fondo, que no es materia de la ejecutoria de amparo, ya que se le dio libertad de jurisdicción para resolver la procedencia del beneficio solicitado. Por ello, se estima que contrario a lo argumentado por el impetrante, la responsable ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al haber acatado la ejecutoria de amparo en sus términos. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese; mediante lista al quejoso, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable.
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