Orlando Edén Balli Banda

Expediente 661/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
661/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/07/2022

Partes del expediente

  • Orlando Edén Balli Banda

Actuaciones

  1. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós, donde se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Rogelio Hidalgo Alvarado, defensor particular de Orlando Edén Balli Banda; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, cuatro de julio de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Rogelio Hidalgo Alvarado, quien se ostenta como defensor particular de Orlando Edén Balli Banda, a través del cual comparece ante este órgano jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y autoridad que ahí menciona; en consecuencia, regístrese la demanda bajo el número 661/2022-IX. Por otro lado, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, numeral que es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte la obligación del Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Para ello, debe analizarse si, en el caso, se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis 2ª. LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Tomo XVI - Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a las siguientes: 1. Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas. 2. Vicefiscal de Litigación, Control de Procesos y Constitucionalidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Ambos con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 3. Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Investigación Número 3, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. 4. Juez de Control de la Tercera Región del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. Ambos con residencia en esta localidad. Asimismo, señaló como actos reclamados los que a continuación se transcriben: "A) Del Fiscal y Vicefiscal identificado en el inciso "A" y "B" del punto inmediato anterior se reclama la imposición (sic) de la sanción de 90 años de pena privativa de libertad dentro de la autorización de celebración de Procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada del proceso de la causa penal al rubro indicada que se sigue contra mi defenso. B) Del Agente del Ministerio Público identificado en el apartado "C" del punto inmediato anterior se reclama la ejecución del procedimiento abreviado en los términos autorizados que se manifestaron en el inciso "A" inmediato anterior. C) Del Juez de Control identificado en el punto "D" se reclama la consecución de la audiencia intermedia en caso de no llegar las partes a un acuerdo en la celebración del procedimiento abreviado, como lo ordenó el mismo en la audienica de fecha 23 de junio de 2022." Analizada que es en su integridad la demanda de amparo, sus antecedentes y anexos a la misma se advierte que el promovente Rogelio Hidalgo Alvarado, quien se ostenta como defensor particular de Orlando Edén Balli Banda, reclama del agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Investigación Número 3, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, la propuesta de noventa años de pena privativa de libertad, contenida en el oficio número FGJ/VLCPyC/1162/2022, de fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, que le fue autorizada por sus superiores para dar por terminada de forma anticipada la carpeta procesal número 120/2020, que se sigue a su defendido por el delito de violación agravada, a través del procedimiento abreviado. De igual manera, reclama del Fiscal y Vicefiscal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, ambos con residencia en Ciudad Victoria, el oficio FGJ/VLCPyC/887/2022, de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós, que contiene la autorización de proponer imponer noventa años de prisión para concluir de forma anticipada la carpeta procesal número 120/2020, que se sigue a Orlando Edén Balli Banda, por el delito de violación agravada. Y, del Juez de Control de la Tercera Región del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, de esta ciudad, la determinación pronunciada en la audiencia de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en la carpeta procesal 120/2020, mediante el cual se indicó a las partes que en caso de no llegar a un acuerdo en la celebración del procedimiento abreviado, se continuaría con la audiencia intermedia que se programó para las doce horas del cinco de julio de este año. Precisado lo anterior, en el caso, respecto de las autoridades responsables agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Investigación Número 3, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y del Fiscal General y Vicefiscal adscritos a dicha institución, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, interpretado en contrario sentido, de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Del primero de los numerales citados se desprende que la improcedencia del juicio de amparo puede resultar de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo. Por su parte, en el segundo de los arábigos, se determina que autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Entonces, cuando se señala como responsable a una autoridad cuyos actos u omisiones atribuidos carecen de esa unilateralidad y obligatoriedad, ni son capaces de trascender en la esfera jurídica del gobernado, no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Como se precisó anteriormente, el promovente reclama al agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Investigación Número 3, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, la propuesta de noventa años de pena privativa de libertad, contenida en el oficio número FGJ/VLCPyC/1162/2022, de fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, que le fue autorizada por sus superiores para dar por terminada de forma anticipada la carpeta procesal número 120/2020, que se sigue a su defendido por el delito de violación agravada, a través del procedimiento abreviado. Sin embargo, el agente del Ministerio Público señalado como responsable es parte dentro del procedimiento penal de donde emana el acto reclamado, por lo cual no reviste el carácter de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 82/2019, señaló que cuando se reclama a la agente del Ministerio Público la negativa de reducir la pena mínima para el delito de que se trate, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, como forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en términos de los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales; el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente porque no se trata de un genuino acto de autoridad. Lo anterior, porque en el artículo 105, fracción V, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo. Dicho numeral es del tenor literal siguiente: "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: (...) V. El Ministerio Público; ." De manera que la autoridad precisada por el quejoso en su demanda de amparo no revista el carácter de responsable para los efectos del presente juicio de amparo, pues el acto que refiere consistente en la propuesta de noventa años de pena privativa de libertad, contenida en el oficio número FGJ/VLCPyC/1162/2022, de fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, que le fue autorizada por sus superiores para dar por terminada de forma anticipada la carpeta procesal número 120/2020, que se sigue a su defendido por el delito de violación agravada, a través del procedimiento abreviado, atribuido al Agente del Ministerio Público, es en su calidad de parte dentro del proceso penal acusatorio y oral. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 34/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 236, Décima Época, que en su rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO. Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado contendientes, arribaron a criterios distintos en relación a si la demanda de amparo en la que se reclama la negativa del Ministerio Público de reducir la pena mínima prevista para el delito de que se trata, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, debe desecharse de plano por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que los juzgadores federales deben declarar la improcedencia del juicio y desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Ministerio Público que niega reducir la pena mínima para el delito de que se trate, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, como forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en términos de los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: De conformidad con las reglas contenidas en la Ley de Amparo, los órganos de control constitucional se encuentran obligados a examinar integral y exhaustivamente la demanda de amparo y, entre otras alternativas, si fuese el caso de la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Con base en ello, tratándose del acto reclamado mencionado, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5o., fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de la materia, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo." Bajo ese contexto, la causa de improcedencia a que se ha hecho mención, también se actualiza respecto al Fiscal General y Vicefiscal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en contra del oficio FGJ/VLCPyC/887/2022, de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós, que contiene la autorización de proponer imponer noventa años de prisión para concluir de forma anticipada la carpeta procesal número 120/2020, que se sigue a Orlando Edén Balli Banda, por el delito de violación agravada, pues la Fiscalía General, es representada en los procedimientos, a través de los agentes del Ministerio Público que sean designados para tal efecto, por lo que al ser una misma unidad jurídica, lo que aquí se les reclama fue realizado en su calidad de parte en dicho sumario, de ahí que sus actuaciones, para efectos del juicio de amparo indirecto, no son consideradas como genuinos actos de autoridad. En cuanto al diverso acto reclamado atribuido al Juez de Control de la Tercera Región del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, de esta ciudad, que se hace consistir en la determinación pronunciada en la audiencia de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en la carpeta procesal 120/2020, mediante el cual se indicó a las partes que en caso de no llegar a un acuerdo en la celebración del procedimiento abreviado, se continuaría con la audiencia intermedia que se programó para las doce horas del cinco de julio de este año, se actualiza de modo notorio, manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el numeral 5º, fracción I, de ese mismo ordenamiento, visto a contrario sensu. En efecto, los artículos 61, fracción XII y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo en vigor, en lo que interesa disponen: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". ".Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". De una interpretación armónica y sistemática de los preceptos transcritos, se arriba a la conclusión, que el juicio de amparo indirecto ante juez de Distrito, es procedente contra actos de autoridad judicial en materia penal, siempre y cuando produzcan una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, ya sea la víctima, el ofendido o el imputado. En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa antes mencionado, no le afecta en su esfera jurídica; pues si bien, en audiencia celebrada el veintitrés de junio de dos mil veintidós, exhortó a las partes que en caso de no llegar a un acuerdo en la celebración del procedimiento abreviado, se continuaría con la audiencia intermedia que se programó para las doce horas del cinco de julio de este año, lo cierto es, que tal acto de autoridad no generan un perjuicio en la esfera jurídica de la agraviado, pues, para que se lleve a cabo el procedimiento abreviado, se requiere que tanto la víctima u ofendido, así como el imputado, no presenten oposición a dicho procedimiento, incluso, se necesita que el propio imputado, entre otras cosas, renuncie al juicio oral a que tiene derecho y consienta expresamente la aplicación de dicho procedimiento, debiéndose cumplir con todos y cada uno de los requisitos que para tal efecto estable el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precepto que en lo conducente dispone: "Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez. Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos: I. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño; II. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada, y III. Que el imputado: a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; b) Expresamente renuncie al juicio oral; c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado; d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación." Luego, el exhorto que formuló a las partes el juez de origen para que convinieran en el procedimiento abreviado, no afecta a la parte quejosa en su esfera jurídica, ya que de no aceptar dicho procedimiento se llevará a cabo el juicio oral establecido en la ley; tan es así, que la autoridad responsable estableció la audiencia para el cinco de julio de dos mil veintidós, ya sea, para celebrar el procedimiento abreviado o bien la continuación de la audiencia intermedia, según lo señaló expresamente el promovente en su demanda de amparo. Ilustra a lo antes expuesto, la tesis I.10o.P.32 P (10a.), sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, abril de 2019, Tomo III, página 2096, registro digital 2019669, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. EL IMPUTADO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO INDIRECTO LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE DECIDE SI PROCEDE EFECTUAR LA SOLICITUD DE SU APERTURA. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, el proceso constitucional autónomo sólo puede promoverse por la parte a la que le afecte el acto, omisión o ley que se reclama, ya que su objeto es reparar las violaciones que determinado acto de autoridad genera sobre los derechos del quejoso, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos vulnerados. En ese tenor, atento a que de los artículos 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal, y 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deriva que la facultad para solicitar la apertura del procedimiento especial abreviado es exclusiva del Ministerio Público y no tutela derecho alguno a favor de los imputados que pueda ser restituido mediante el juicio de amparo, es evidente que estos últimos no cumplen con el presupuesto procesal de estudio preferente para acceder al proceso constitucional autónomo, relativo al interés jurídico y, por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 5o., fracción I, ambos de la ley de la materia." Consecuentemente, al actualizarse la causales manifiestas e indudables de improcedencia a que se refieren las fracciones XII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracciones I y II, de la citada legislación, a contrario sensu, procede el desechamiento de plano de la demanda de amparo promovida por Rogelio Hidalgo Alvarado, quien se ostenta como defensor particular de Orlando Edén Balli Banda. Téngase a la parte agraviada señalando como domicilio autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Edgar Córdoba González y Juan José Antonio Espino de la Cruz, quienes se encuentran registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, toda vez que Jhosseline Vázquez Rodríguez, no se encuentra registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente se le faculta para los efectos precisados en la parte final del citado precepto legal; de igual manera, por lo que hace a Baltazar Cisneros Guatemala, se le faculta en los mismo términos por así solicitarlo. ACCESO AL EXPEDIENTE Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Respecto a la solicitud de la parte agraviada de que se le permita acceso al expediente electrónico con clave de usuario "ecordobagzz" y "roghdal", asociados a los correos electrónicos que refiere, registrados ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le autoriza para los efectos precisados únicamente por lo que hace a este asunto; igualmente, para que se le realicen vía electrónica las notificaciones que ameriten el carácter de personal, con sustento en el numeral 26, facción IV, de la legislación que rige este juicio. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Rogelio Hidalgo Alvarado, quien se ostenta como defensor particular de Orlando Edén Balli Banda. Notifíquese personalmente.

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