Orlando Delgado Ventura

Expediente 207/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
207/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • Orlando Delgado Ventura
  • Agente del Ministerio Publico Adscrito Al Juzgado Octavo de Distrito del Noveno Circuito

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase recibido el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, al que anexa testimonio de la resolución dictada dentro del conflicto competencial 44/2023; acúsese el recibo de estilo correspondiente vía Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de control electrónico respectivo y estese a lo resuelto por el Tribunal Colegiado mediante la resolución de que se trata, en la que en sus puntos resolutivos dice: PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara legalmente competente a la Jueza Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para seguir conociendo del juicio de amparo 480/2023 de su índice, promovido por Orlando Delgado Ventura. TERCERO. Remítanse los autos a dicho órgano jurisdiccional; y, comuníquese para su conocimiento esta ejecutoria a la Juez Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles. Notifíquese; personalmente." Archivo y anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro control electrónico respectivo y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es destruible, por no encontrarse dentro de los criterios de valoración que pueda ser calificado de relevancia documental o conservable, ni obra en autos ninguna determinación de información reservada con motivo de alguna solicitud de acceso a la información calificada. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de seis meses que se establece en el primer párrafo del citado artículo 19 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción de los expedientes principal condigno. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Inscríbanse tales datos, así como la fecha de este acuerdo en la carátula del presente expediente, en observancia a lo dispuesto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Téngase recibido el oficio de cuenta remitido por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, por el cual informa a este Juzgado de Distrito que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, el cual se registró con el número de conflicto competencial ********************; en tal virtud, agréguese a los presentes autos para que obre como constancia. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, agréguese a los presentes autos para los efectos legales pertinentes, el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual reitera las consideraciones expuestas en el acuerdo de ocho de mayo pasado, por el cual se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo 480/2023-II de su índice, y en ese sentido, determinó remitir las actuaciones de ese sumario al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, a fin de que determine lo que en derecho corresponda sobre el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y dicho juzgado. Notifíquese.

  4. Principal

    Téngase recibido el oficio de cuenta remitido por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad de mismo nombre, al que anexa los autos originales del juicio de amparo ********************, incidente de suspensión correspondiente y un sobre cerrado que contiene un disco compacto relacionado con el citado sumario, promovido por ********************, en virtud de la competencia legal planteada por dicho órgano jurisdiccional. Registro. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número ********************-II-F. No se acepta competencia declinada. La autoridad oficiante declina competencia a favor de este juzgado, pues esencialmente adujo que de la audiencia en la que se libró la orden de aprehensión reclamada se desprende que: a) la causa penal correspondió del conocimiento originalmente al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Sala Sede Ciudad Valles, San Luis Potosí, Cuarta Región Judicial; b) el juez ordenó la ejecución de la orden reclamada en Ciudad Valles, San Luis Potosí; y, c) las autoridades señaladas como responsables con residencia en esta ciudad capital, negaron los actos que se les reclaman. En tal virtud, aseveró que si los actos reclamados tienen ejecución en Ciudad Valles, San Luis Potosí; entonces, con apoyo en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio de amparo de que se trata se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en turno. Pues bien, de manera respetuosa se precisa que, por los motivos que enseguida se exponen, no se comparten las anotadas consideraciones de la autoridad declinante. Como cuestión previa, es conveniente tomar en cuenta, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los artículos transcritos, se advierte que se establecen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos, cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2. Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en el ámbito de competencia de uno o de varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una sede; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez en cuyo distrito se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces federales con competencia en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de uno de ellos o haya comenzado a ejecutarse en uno de y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia y a la jurisprudencia de los tribunales de la Unión; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que, si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En este sentido, razonar sobre si un acto de autoridad requiere de ejecución material o no, depende de las consecuencias jurídicas que éste produzca; esto es, si es generador de un cambio en el estado de las cosas o en la situación jurídica o de hecho del particular; o, si por el contrario, no genera mutación en el ámbito fáctico o jurídico del gobernado. Así, en el caso se reclamó la emisión de una orden de aprehensión, detención, comparecencia, presentación o cualquier otra que restrinja o limite la libertad personal del quejoso y la ejecución de la misma. Para ello, en el ocurso inicial de demanda, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa manifestó, en lo que interesa, lo siguiente: ".VI.- ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: EL DÍA DE AYER 9 DE ABRIL DE 2023 SE PRESENTARON APROXIMADAMENTE LAS 15:15 HORAS EN EL DOMICILIO DEL SUSCRITO UBICADO EN CALLES DE LAS ******************** S/N DE LA FRACCIÓN EL ********************CP ******************** DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, DOS PERSONAS QUIENES SE IDENTIFICARON COMO ELEMENTOS DE LA POLICÍA DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN PREGUNTANDO POR EL SUSCRITO, PERO TODA VEZ QUE NO ME ENCONTRABA EN EL DOMICILIO, LE DIJERON A LA PERSONA QUE LOS ATENDIÓ QUE QUERÍAN PLATICAR CONMIGO SOBRE UNOS HECHOS Y LLEVARME AL MINISTERIO PÚBLICO A DECLARAR, A LAS BUENAS O A LAS MALAS, QUE TENÍAN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN PARA ESO, POR TAL MOTIVO VENGO A SOLICITAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN, YA QUE LOS ACTOS REALIZADOS Y LOS QUE SE PRETENDEN REALIZAR CON ACTOS DE MOLESTIA QUE AFECTA AL DE LA VOZ." Como bien lo sostuvo la jueza declinante, de las constancias que integran los autos del juicio de amparo promovido por ********************, se advierte que el juez de control responsable residente en Ciudad Valles, San Luis Potosí, reconoció la certeza del acto que se le atribuye, y manifestó que en audiencia de siete de abril de dos mil veintiuno, dentro del expedientillo ********************, se libró orden de aprehensión contra el citado agraviado, por el delito de homicidio calificado; en tanto que el encargado de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Métodos de Investigación, y el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral en funciones de Juez de Control del Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede San Luis Potosí, ambas con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, negaron los actos combatidos. Pues bien, de lo reseñado anteriormente se concluye que, adversamente a lo estimado por la jueza federal declinante, por el momento, no existe certeza de que la orden de aprehensión reclamada únicamente tendrá ejecución en Ciudad Valles, San Luis Potosí, no así en la ciudad de San Luis Potosí en la que el peticionario del amparo expresó, bajo protesta de decir verdad, tener su domicilio -calle de las ******************** s/n de la ********************, municipio de San Luis Potosí-, y en el que, incluso, según sus manifestaciones se presentaron personas a querer ejecutar el mandamiento aprehensorio. En efecto, al encontrarse en trámite el juicio de amparo promovido por ******************** aun es factible que éste ofrezca pruebas para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables con residencia en la ciudad de San Luis Potosí; por ende, hasta una vez que se desahogue totalmente la audiencia constitucional es que se tendrá certeza sobre la existencia o inexistencia de los actos atribuidos a todas las autoridades responsables y, por ende, respecto del lugar en el que tendrá ejecución la orden de aprehensión reclamada. Máxime que tratándose de una orden de aprehensión que evidentemente requiere ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de dicho acto es aquél que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde se pueda localizar a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio -que en el caso de estudio se ubica en la ciudad de San Luis Potosí-; por ende, antes de celebrada la audiencia, la parte quejosa se encuentra en aptitud de desvirtuar la negativa que de los actos realicen las autoridades ejecutoras o ampliar su demanda por diversas ejecutoras. De ahí que, se insiste, en la especie, por el momento no existe plena certeza de que la orden de aprehensión únicamente tendrá ejecución en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Incluso, la jurisprudencia citada en el auto por el que se declinó competencia, se relaciona con un precedente en el que ya se había celebrado la audiencia constitucional y, por ende, ya se podía determinar la existencia o inexistencia de actos reclamados. En esos términos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales, 37 y 48, de la Ley de Amparo, este juzgado federal no acepta la competencia planteada; en consecuencia, en obvio de mayores trámites, devuélvase este asunto, a la Jueza Octavo Distrito en Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con auto inserto de la presente determinación; solicitándose el acuse de recibo de estilo, y con la atenta súplica de informar a la suscrita, la determinación que recaiga al presente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el expediente en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Se precisa forma de integración del expediente físico y electrónico. Se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico- se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese.

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