Orlando Cruz Saavedra y Otros.

Expediente 1437/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1437/2014
Año
2014
Actuaciones
16
Última actuación
15/10/2015

Partes del expediente

  • Orlando Cruz Saavedra y Otros.
  • Orlando Cruz Saavedra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    MESA III B Vista la certificación de cuenta, como de la misma se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes hubieren hecho valer recurso alguno en contra del auto de quince de septiembre de dos mil quince (fojas 186 a 189), que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.

  2. Principal

    MESA III B Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término concedido a la parte quejosa y tercera interesada en auto de doce de agosto del año en curso, respecto a la vista relativa al cumplimiento que la autoridad responsable dio a la sentencia que le concedió el amparo y protección a los quejosos Orlando Cruz Saavedra, Rosalba Sánchez López y Félix Cruz López; en consecuencia, se procede a analizar la determinación adoptada por las responsables respecto de dicho cumplimiento. Así, se destaca que el treinta de junio de dos mil quince, se emitió sentencia en la que se concedió a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 102 a 114), para el efecto de que el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca: a) Dejara insubsistente la orden de aprehensión librada el veinte de octubre de dos mil catorce, en la causa penal 117/2014, de su índice; hecho lo cual, b) Con libertad de jurisdicción, emitiera otra resolución, en la cual, de manera clara, y si así lo estimaba procedente, reiterara el estudio, tanto de los elementos del hecho considerado delito, como la probable responsabilidad que se imputa a la parte quejosa, pero: 1) Debería establecer cómo se integra cada uno de los elementos del delito de despojo agravado que se imputa a los activos, aquí quejosos. 2) Así como debería precisar el medio empleado para la comisión del ilícito en estudio. 3) Motivaría la participación de los aquí quejosos en la comisión del antisocial atribuido. 4) Asimismo, debería señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se le imputa. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Procurador General de Justicia del Estado; Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones; Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado, con sede en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Encargado del Grupo de Aprehensiones, por no reclamarse por vicios propios, sino como una consecuencia del acto de ordenamiento. Luego, por auto de veinticuatro de julio del año en curso (fojas 139 y 140), se requirió a las citadas autoridades responsables el cumplimiento del fallo protector. En acatamiento a ello, el Secretario de Acuerdos Encargado del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, por oficio 5597/2015 de diez de agosto del año en curso, remitió copia certificada de la resolución dictada el siete de agosto de dos mil quince, emitida en la causa penal 117/2014 de su índice (fojas 162 a 180), de la que se advierte dejó insubsistente únicamente por lo que hace a los quejosos Orlando Cruz Saavedra, Rosalba Sánchez López y Félix Cruz López, la diversa de veinte de octubre de dos mil catorce, y con libertad de jurisdicción dictó otra en la que libró orden de aprehensión en contra de Orlando Cruz Saavedra, Rosalba Sánchez López, Félix Cruz López, y otros, por el delito de despojo agravado, cometido en perjuicio patrimonial de Ana María Anderson Altamirano, precisando en acatamiento a la ejecutoria de amparo, de forma congruente la forma en la que se actualizaron los elementos del cuerpo del delito de despojo agravado, sin introducir manifestaciones que no tuvieran que ver con los hechos controvertidos, además, precisó el medio comisivo, como se aprecia a continuación: El juez del conocimiento, por lo que refiere al primero de los elementos del cuerpo del antijurídico en estudio, consistente en que alguien ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho legal que no le pertenezca, se acredita con diversas documentales que tienen mérito probatorio conforme a lo establecido por el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales en vigor, de manera que les fue concedido valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 355, en relación con la fracción II, del numeral 356 del ordenamiento legal invocado; así como con la diligencia de inspección ocular en el lugar de los hechos practicada el trece de junio de dos mil catorce, desahogada con intervención de perito en materia de agrimensura, planimetría, avalúo y fotografía, a la que con fundamento en el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, se le concedió valor probatorio indiciario, observando las formalidades de los artículos 370, 371 y 372 del citado ordenamiento; también obran las testimoniales de identidad y posesión, que tienen mérito probatorio conforme a lo establecido por el artículo 354 y les concede valor probatorio indiciario, al reunir los requisitos que exige la fracción IV, del artículo 355, en relación con los numerales 413, 414, 415, 416 y 417, todos del Código en cita; además del dictamen pericial de agrimensura, avalúo de inmueble y planimetría, experticial que tiene mérito probatorio indiciario con fundamento en el artículo 354 y con las exigencias contempladas por los diversos 396, 399, 403 y 404, todos del Código en comento. Medios de prueba que para el juzgador de origen resultaron ser suficientes para acreditar en primer término la existencia en el mundo fáctico de un inmueble ubicado en el paraje la Peona, en el Municipio de San Francisco Lachigoló, en la jurisdicción del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, también se tuvo por acreditado el derecho real definitivo de propiedad y posesión sobre el inmueble objeto del despojo por parte del sujeto pasivo, lo anterior atendiendo a que la propiedad y posesión material de un bien inmueble es constante en el tiempo, en la que quien la aduce se comporta ante las demás personas como el dominador de la cosa, a través de actos de poder sobre ella; es por ello que de los anteriores medios probatorios es posible establecer que con fecha veinte de enero de mil novecientos noventa y nueve y veintinueve de noviembre de dos mil cinco, el sujeto pasivo adquirió la propiedad del inmueble objeto del despojo. Asimismo, mencionó que obra en el proceso la denuncia de Ana María Anderson Altamirano mediante escrito de doce de diciembre de dos mil catorce, presentado ante la autoridad ministerial, misma que con fundamento en el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales en vigor, le fue concedido valor probatorio indiciario, al ser recepcionada de acuerdo a las formalidades establecidas por los artículos 2, 8, 9 y 10 del mismo Código, medio de convicción que al tratarse de un testimonio, reúne los requisitos que exige la fracción VI, del artículo 355, en relación con los numerales 413, 414, 415, 416 y 417 del ordenamiento invocado, denuncia que guarda armonía con las declaraciones de Gustavo Galván Romaní e Hilario Peralta Maldonado, mismas que tienen valor probatorio indiciario. De ahí que el juzgador advirtió congruencia en cuanto al inmueble objeto del despojo que alude la denunciante y el diverso en el cual la representación social realizó la diligencia de inspección ministerial y de la declaración de los testigos de identidad y posesión, y de los cuales se concluye que los activos del delito ejercieron actos de dominio en el inmueble ubicado en el paraje "La Peona o la Piona" en San Francisco Lachigoló, Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, pues demolieron la casa habitación de material tradicional con techo de concreto y teja, que constaba de dos recámaras pequeñas, baño, cocineta y corredor, en un área aproximada de diez por diez metros lineales, que la pasivo poseía. El segundo elemento, consistente en que la ocupación sea desplegada de propia autoridad y furtivamente, se actualiza ya que los activos del delito no estaban amparados por la orden de la autoridad jurisdiccional competente para su ocupación y menos de la propietaria del predio e inmueble, la cual además se efectuó de manera furtiva, pues aprovechándose que la pasivo no se encontraba en el inmueble de su propiedad se introdujeron al inmueble ocupándolo, pues un grupo de personas entre ellas hombres y mujeres (activos del delito) con una maquinaria rasaron el terreno de la pasivo y demolieron o desaparecieron una construcción a base de material tradicional que estaba ubicada al lado poniente de un pozo, la cual constaba de dos recámaras pequeñas, baño, cocineta y corredor, en un área aproximada de diez por diez metros lineales, y en la cual ejercieron actos de dominio, tan es así que no permitieron el reingreso de la pasivo al inmueble antes mencionado. Lo anterior se tuvo por acreditado con la declaración de la denunciante y de los atestes de cargo Hilario Peralta Maldonado y Gustavo Guillermo Galván Romaní. El tercer elemento, relativo a que dicha ocupación se haga con el ánimo de usurpar un derecho ajeno, es decir, de perturbar la posesión de dicho inmueble o de un derecho legal, se acredita con la declaración de la denunciante y de los atestes de cargo Hilario Peralta Maldonado y Gustavo Guillermo Galván Romaní; con la diligencia de inspección ocular realizada al lugar de los hechos, así como con el dictamen en agrimensura, avalúo, planimetría y fotografía, así como la confesión calificada divisible de una de los activos Rosalba Sánchez López, los cuales previamente fueron valorados en la resolución que se estudia. Elementos anteriores con los que el juez de origen llegó al conocimiento de que los actos realizados por los activos, tuvieron el ánimo de usurpar un derecho ajeno y perturbar la posesión del inmueble en estudio, pues se advierte que los activos del delito amparados por la simple manifestación de ser integrantes del comisariado de bienes comunales ocuparon diversos terrenos o lotes de San Francisco Lachigoló, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, entre ellos el de la pasivo Ana María Anderson Altamirano, destituyéndola de los derechos reales que venía ejerciendo en los predios de su propiedad. Al igual el juez de origen tuvo por acreditado que los indiciados Orlando Cruz Saavedra, Rosalba Sánchez López y Félix Cruz López y otros, han ejercido la posesión material del bien inmueble objeto del despojo, y han impedido que la denunciante ingrese al multicitado predio, aun cuando saben y entienden que les es ajeno, ya que ocuparon dicho inmueble de manera furtiva. Por último, por lo que hace a la agravante, el juez natural precisó que quedó demostrado que en el momento de los hechos, intervinieron más de cinco sujetos, circunstancia que agrava la conducta en términos del artículo 386 del Código Penal Vigente en el Estado. Ahora en cuanto a la probable responsabilidad de los ahora quejosos Orlando Cruz Saavedra, Rosalba Sánchez López, Félix Cruz López y otros, el juez de la cusa estimó que su participación fue en la calidad de coautores materiales del delito que se les reprocha, puesto que existe por parte de los indiciados una aportación al hecho delictivo, necesaria, adecuada y esencial a éste, de este modo, en la especie se determina que hubo un reparto de actividades ya que los activos el día trece de octubre de dos mil trece, siendo aproximadamente las trece horas, primeramente amedrentaron a la pasivo para que les entregara las escrituras de los predios que tenían en posesión y de los cuales los activos tenían en posesión y posteriormente el día veintinueve de octubre de dos mil trece no les permitieron el ingreso a dicho inmueble pues nuevamente los amedrentaron a base de insultos, y armados con palos, machetes y armas de fuego. Ahora bien, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y la resolución con la que se da cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad judicial responsable dejó insubsistente la resolución de veinte de octubre de dos mil catorce emitió una diversa en su lugar el siete de agosto de dos mil quince con libertad de jurisdicción, en la que precisó de manera completa y congruente los elementos del cuerpo del delito de despojo agravado así como la probable responsabilidad de los ahora quejosos, además, al estudiar la probable responsabilidad del antisocial en comento, precisó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como la forma de participación de los activos en los hechos objeto de estudio; asimismo, se aprecia que por proveídos de veintinueve, treinta y treinta y uno de julio, así como cinco de agosto de dos mil quince, se tuvo a las autoridades ejecutoras dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el ámbito de su competencia; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Incidental

    MESA III B Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino de este incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria dictada en este incidente se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  4. Principal

    MESA III B Toda vez que el oficio 5597/2015 signado por el Secretario de Acuerdos Encargado del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, fue recibido vía fax, con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y jurisprudencia 27/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO", se ordena certificar el oficio de cuenta, haciendo constar la hora y fecha en que fue recibido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las constancia aludidas en el párrafo anterior, así como con los oficios 2749, PGJE/D.A./4271/2015, AEI/1679/2015 y con el telegrama signados el primero por el Encargado del Departamento Jurídico Administrativo por orden del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones; el segundo por el Director de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el tercero por el Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones, todos con residente en esta ciudad, y el telegrama por el Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Encargado de la Comandancia de Tlacolula, Oaxaca (fojas 143, 147, 151 y 153), dese vista a la parte quejosa y a la tercera interesada, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. Notifíquese personalmente.

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