Orlando Buenaventura Garcia
Expediente 1592/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1592/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/10/2022
Partes del expediente
- Orlando Buenaventura Garcia
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de octubre de dos mil veintidós. Informe justificado Intégrese el oficio signado por la Jueza Quinto Familiar de Toluca, Estado de México, a través del cual, rinde su informe justificado; asimismo, comunica la imposibilidad de remitir el expediente 1027/2021 de su índice, toda vez que el mismo fue enviado al Juzgado Décimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México, para su acumulación al juicio 751/2017 de su índice. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. REQUERIMIENTO. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Juzgado Décimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días, a partir de su legal notificación, remita copia certificada legible y completa de la totalidad de las constancias relativas al expediente 751/2017 de su índice y su acumulado 1027/2021. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 17/97, visible en la página 108, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Se apercibe a la autoridad que de no cumplir con el anterior requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización a valor diario, de conformidad con los artículos 237 y 259, de la Ley de Amparo. **
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