Orlando Andrés López Dzib
Expediente 1689/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1689/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Orlando Andrés López Dzib
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Mérida, Yucatán, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibidos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, estos autos que devuelve y remite testimonio de la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por ese Tribunal en la inconformidad 14/2019, relativo al recurso interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, dictado en este expediente, por medio del cual se tuvo por cumplida la ejecutoria pronunciada en este juicio, testimonio del que aparece que la citada Superioridad, por los motivos que expuso, declaró infundado el aludido recurso de inconformidad. Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, glósense a estos autos las constancias originales que obren en el expedientillo de antecedentes formado con motivo del aludido recurso de inconformidad y deséchense las copias certificadas que lo originaron para evitar la voluminosidad del presente expediente. Notifíquese.
- Incidental
Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos incidentales el informe previo rendido por el Juez Segundo de Oralidad Familiar, Turno Matutino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia incidental relativa. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el oficio DMY/1898/2019, de la Titular de la Delegación Regional Yucatán del Instituto Federal de Defensoría Pública, residente en esta ciudad, recibido vía correo electrónico, con el que en relación al requerimiento que se le hizo mediante auto admisorio de tres de diciembre del año en curso, designa al asesor jurídico adscrito a dicha Delegación ********************, para que funja como representante especial de los menores de identidad reservada ********************, y ********************. Al efecto, con apoyo en el artículo 8° de la Ley de Amparo, se tiene por hecha tal designación en el presente juicio de amparo. Por otra parte, intégrese en autos el escrito signado por el citado asesor jurídico federal, mediante el cual manifiesta que rinde protesta del cargo para el cual fue propuesto; y en atención a su contenido, se acuerda: Prevéngasele para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, comparezca ante este Juzgado en horas hábiles, con su respectiva identificación, a efecto de que ratifique el escrito de cuenta y ante la presencia judicial rinda la protesta de ley, como se advierte del oficio de la Titular de la Delegación Regional Yucatán del Instituto Federal de Defensoría Pública, que hoy se agrega en autos, le fue indicado; asimismo, en el acto se le proporcionará la copia del escrito de demanda y anexos adjuntos que solicita. Por ilustrativa la tesis del rubro y texto siguiente: "REPRESENTANTE ESPECIAL DE UN MENOR. CUANDO PROCEDA SU DESIGNACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DEBE GARANTIZAR SU INTERVENCIÓN ACTIVA EN EL PROCESO, DE LO CONTRARIO, SE DEJARÍA A AQUÉL EN ESTADO DE INDEFENSIÓN, LO QUE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE ORIGINA SU REPOSICIÓN. De los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, deriva el derecho de los menores a participar en procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica, atento a dos elementos, que: 1) los niños sean escuchados; y, 2) sus opiniones sean tomadas en cuenta, en función de su edad y madurez. De ese modo, la naturaleza jurídica de este derecho se traduce en brindar a los menores una protección adicional que permita que su actuación, dentro de procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar sus intereses, no implique desventajas inherentes a su condición especial. Así, para garantizar el derecho fundamental de los menores a ser escuchados y tomados en consideración en el juicio de amparo, en los casos en que proceda la designación del representante especial conforme al artículo 8o. de la Ley de Amparo, el Juez debe procurar la asistencia del representante especial para protestar el cargo conferido, con el objeto de tener certidumbre del pleno conocimiento del cargo que se le confirió; asimismo, para garantizar su intervención activa en el proceso debe proveer la entrega de las constancias necesarias como la copia de la demanda de amparo y sus anexos, del auto en que ésta se admitió y del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, todo ello con la anticipación de ocho días previos a la celebración de la audiencia constitucional; en caso contrario, se dejaría en estado de indefensión al menor, lo que constituye una violación a las reglas del procedimiento del juicio de amparo indirecto que origina su reposición, con base en el artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia." (Época: Décima Época, Registro: 2018203, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: (I Región) 4o.7 K (10a.) y página: 2480). Téngase como su domicilio el señalado en el escrito de cuenta y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y********************, toda vez que se encuentran debidamente inscritos el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala para tal efecto en su escrito de cuenta. Del mismo modo, como solicita el referido Asesor, toda vez que proporciona los "nombres de usuario" registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo y en el numeral 145 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se otorga autorización al nombrado representante especial y a las personas que menciona, en los términos que precisa. En consecuencia, proceda el Secretario a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, haciéndolo personalmente al representante especial y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Primeramente, toda vez que en el presente asunto están involucrados dos menores de edad, y que los niños, niñas y adolescentes son personas diferentes a un adulto, en relación a su desarrollo cognitivo, emocional y moral, resulta indispensable brindarles una atención especializada, en virtud de que darles el mismo trato que a los mayores de dieciocho años, supone colocarlos en una situación desigual en el pleno ejercicio de sus derechos. Por lo que, a fin de resguardar las identidades de los menores de edad, el suscrito juzgador determina como medida para proteger la intimidad de los mismos que, en lo subsecuente, se suprima de este juicio sus nombres, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para identificarlos; de ahí que únicamente se procederá a identificarlos por sus iniciales N.Y.L.R. y R.E.L.R. Lo anterior, de conformidad con el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, y con fundamento en los artículos 1°, primeros tres párrafos, y 4, parágrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos del Capítulo III "Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores", puntos 6 y 7, del Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Orlando Andrés López Dzib, por su propio y personal derecho y en representación de los menores de edad de identidad reservada N.Y.L.R. y R.E.L.R., quien se ostenta su representante legal, personalidad que se le reconoce, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, en términos de las actas de nacimiento originales de dichos menores que acompañó a su escrito de demanda; en contra del acto que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno matutino, con sede en esta ciudad, que hace consistir esencialmente en: El acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve en el que se negó la admisión del Incidente de Modificación de Régimen de Convivencia en autos del toca 23/2013 de su índice. Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1689/2019-VII-A, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de referencia como en derecho procede. Con copia autorizada del presente proveído y copia simple de la demanda de amparo, fórmese por duplicado el incidente de suspensión que se solicita. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con cuarenta minutos del ocho de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. De igual manera, tal y como lo establece el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercera interesada a Rita Minerva Rodríguez Gómez; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la citada Ley de la materia, por conducto de uno de los actuarios judiciales de este tribunal, notifíquesele en el domicilio señalado para tal efecto, entregándole copia simple del escrito de demanda y del presente acuerdo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio, si así le conviniere. Dese la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia de la demanda. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Por otra parte, toda vez que de conformidad con la legislación civil, los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre los menores de edad son sus representantes legítimos, sin embargo, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que entre Orlando Andrés López Dzib y Rita Minerva Rodríguez Gómez, progenitores de los menores de edad aquí quejosos, existe un conflicto de intereses entre sí. En consecuencia, a efecto de que los derechos del menor se encuentren legalmente representados, con apoyo en el artículo 8° de la Ley de Amparo, gírese atento oficio a la Titular de la Delegación Regional del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la citada ley, de conformidad con el artículo 2º de la misma, para que en el término de tres días hábiles siguientes a la notificación que se le haga de este proveído, proponga a un asesor jurídico federal a su digno cargo, que pueda fungir como representante especial en este juicio de los menores de edad de identidad reservada N.Y.L.R. y R.E.L.R., a efecto de que se les designe, haciéndole saber su nombramiento y de esa forma intervenga en el presente juicio de amparo; debiendo adjuntarle copia del escrito de demanda. Asimismo, dígase a la citada Titular, que podrá dar cumplimiento a lo solicitado mediante oficio que al efecto remita, o bien, a través del correo institucional de este Juzgado Federal, esto es: 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx. Lo antes determinado es acorde a lo señalado en el protocolo de actuaciones para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en marzo de dos mil doce, que establece las principales características de la infancia y sus implicaciones en un proceso jurídico, que precisa que, el interés superior del niño, niña o adolescente es uno de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño. De hecho, ha sido interpretado como el principio "rector-guía" de dicha Convención, lo que significa que con base en él deben entenderse el resto de los derechos reconocidos en aquélla. De esta forma, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, en todas las medidas concernientes a los niños, niñas y adolescentes que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberán considerar primordialmente atender el interés superior de los menores de edad (Artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño). Lo anterior, buscando en todo momento que el niño, niña o adolescente comprenda los acontecimientos que se desarrollen antes, durante y al término de un procedimiento administrativo o judicial, sin ser afectados en su integridad y derechos. Ello, aunado a que de acuerdo con los órganos de las Naciones Unidas este principio incluye, por una parte, el derecho a la protección, lo que supone que todo niño, niña o adolescente sea protegido contra toda forma de sufrimiento, injusticia o descuido, incluidos el abuso físico, psicológico, mental y emocional; y por otra, la posibilidad de desarrollarse en forma armoniosa, es decir, que tenga derecho a crecer en un ambiente grato y con un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada II.3o.P.5 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que se localiza en la página 2450, del Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materias Constitucional y Común, con número de registro 2007385, bajo el rubro siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y CONFLICTO DE INTERESES. PRINCIPIO-NORMA QUE DEBE OBSERVARSE AL DESIGNAR AL REPRESENTANTE DE MENORES QUE PARTICIPAN DENTRO DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE PUEDA AFECTAR SU ESFERA JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el "interés superior del niño" implica que su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos deben considerarse como criterios rectores para la elaboración y aplicación de normas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Luego, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, se logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de los elementos necesarios para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que es fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia, evitando un conflicto de intereses. Circunstancia que ocurre cuando, por ejemplo, uno de los progenitores de un menor que es parte en un procedimiento penal denuncia el hecho que lo origina, mientras que el otro, solicita la representación del infante siendo este último, familiar del inculpado, evidenciándose que quien pretende ostentar la representación del menor, reviste un doble carácter -progenitor del representado y familiar del acusado-, suponiendo un actuar tendencioso. Así, cuando un menor sea parte dentro de un juicio, es necesario que sea debidamente representado; en ese sentido, de acuerdo con la legislación civil, los progenitores, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre los menores de edad son sus legítimos representantes; empero, si la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, se evidencia un conflicto de intereses, entendido como aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él y la integridad de sus acciones, tiendan a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual puede ser económico o personal; es decir, cuando en vez de cumplir con lo debido, guíen sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. Por lo que, el principio de "interés superior del niño", concatenado con el "conflicto de intereses", al tener reconocimiento internacional universal, adquiere la condición de principio-norma a nivel del ordenamiento jurídico interno del país; considerado eje rector en materia de niños y adolescentes ostentando la categoría de un principio general de derecho, lo que le otorga una importancia legal y fáctica, justificando su aplicabilidad y validez en la resolución de controversias. Por tanto, uno de los lineamientos que debe observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica, atento a la protección de su interés superior, es designar a una persona que los represente, siempre que ello no genere un conflicto de intereses, con la finalidad de garantizar una representación imparcial, dirigida absolutamente a la defensa eficaz de los derechos del menor en la litis planteada." Así como la tesis aislada III.1o.P.50 P del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que se localiza en la página 1324, del Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, con número de registro 186220, bajo el rubro siguiente: "MENORES. REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UNO CUANDO SUS PADRES O LEGÍTIMOS REPRESENTANTES TENGAN INTERESES OPUESTOS A LOS SUYOS. Aunque de acuerdo con la legislación civil los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre los menores de edad son sus representantes legítimos, si en el juicio de amparo promovido por un menor o en favor de él, la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, es evidente que tal representante se encuentra impedido para ejercer esa representación en el juicio, como ocurre en el caso en el que los padres del menor (representantes en el juicio de garantías), tienen el carácter de inculpados en la averiguación previa de la que deriva el acto reclamado por un delito cometido en agravio del propio menor representado, y pretenden obtener la protección constitucional para que se deje insubsistente dicho acto y recuperar así la custodia del menor; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe nombrar al menor un representante especial, a fin de que sea éste el que intervenga en el juicio y lo represente debidamente, pues ante la posibilidad de la existencia de un conflicto de intereses entre el menor y quien ejerce sobre él la patria potestad, se hace necesario garantizar que contará con una representación imparcial, dirigida de manera absoluta a la defensa eficaz de sus derechos en el juicio de garantías." Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida como pruebas de la parte quejosa, las documentales que acompañó a su escrito de demanda, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por lo que hace al disco digital versátil (DVD) remitido, déjese al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen. Téngase como domicilio y autorizados de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, los que señala para tal fin en su demanda de amparo, en los términos que indica. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. Sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la tercera interesada y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y regístrese.
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