Orlando Alberto Gil Salinas

Expediente 1431/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1431/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
07/12/2017

Partes del expediente

  • Orlando Alberto Gil Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veintidós de noviembre pasado, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la presente demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la presente demanda de amparo, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    MESA VI. Vista la demanda de amparo presentada por Orlando Alberto Gil Salinas, contra actos del Presidente del Consejo Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y otras autoridades, fórmese cuaderno de antecedentes y anótese el ingreso en el libro de gobierno con el número 1431/2017. Ahora, de la referida demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que deberá desecharse de plano la misma, por lo que se refiere al acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables. En efecto, el artículo 62, en relación con el numeral 113 ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se desprende que es obligación del Juez de Distrito, ante la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, se adentre a su estudio y desechar una demanda cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Precisado lo anterior, se estima conveniente imponerse del marco jurídico previsto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que son del texto siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." Ley de Amparo. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En ese tenor, la disposición imperativa de la fracción XXIII del artículo 61 transcrito, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no se encuentra en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I y 5°, fracción II, de la ley de la materia. En efecto, del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos o garantías individuales de los particulares, considerados como tales. En este punto cabe destacar que ni la disposición constitucional en estudio, como tampoco el citado artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, contienen una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que el poder constituyente y el legislador ordinario al establecer que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, únicamente mencionaron las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pero no especificó las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las disposiciones que de ella emanan, ha establecido diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, "autoridad responsable" para efectos del juicio de garantías, es la que ante la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, que afectan la esfera legal del particular, sin que se requiera acudir a los órganos judiciales ni se precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como se advierte de la jurisprudencia transcrita, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Con base en las precisiones anteriores es posible deducir que para definir el concepto de autoridad responsable, se debe analizar, primeramente, si el acto reclamado se realizó con fundamento en una ley de origen público, si la autoridad ejerce un poder jurídico que afecte por sí y ante sí, y de manera unilateral cree, modifique o extinga situaciones jurídicas concretas en perjuicio del quejoso y, consecuentemente, si su actuación se ubica dentro del plano de "supra a subordinación", con lo cual existiría autoridad responsable. En ese orden de ideas, resulta necesario establecer la naturaleza de las autoridades responsables, a saber: Presidente del Consejo Estatal, Presidente del Comité Directivo Estatal y Presidente del Comité de Ética Partidaria todos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional estos con sede en Mérida, Yucatán, las cuales al constituir un partido político que es un ente de interés público conforme al artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, despliegan acciones en ejercicio de sus facultades en relación con su organización, sus funciones y las prerrogativas relacionadas con su objeto vinculado a la materia electoral; sin embargo, sus actos no emanan de un plano de supra a subordinación frente a los particulares, ni crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; por lo que, sus acciones y omisiones no son actos de autoridad ni de particulares equiparables a estos, para efectos del juicio de amparo. Se abunda, conforme al artículo 41, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como finalidad promover la participación de los gobernados en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público con base en sus programas y principios, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sin embargo, se estima que en forma similar al Estado, los partidos políticos pueden actuar con un doble carácter: a) como entidad de interés público y b) como persona moral de derecho privado. Esto es, un partido político actuará como entidad de interés público cuando sus acciones deriven del ejercicio de las facultades que goza en relación a su organización, funciones y prerrogativas relacionadas con su objeto, por ejemplo, en cuanto a la participación de los gobernados en la vida democrática para hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público mediante el voto, entre otras facultades de esa índole. Además, un partido político actuará como persona moral de derecho privado cuando como particular contraiga derechos y obligaciones en el plano privado, como cualquier otro particular; por ejemplo, cuando celebra un contrato de compraventa o de arrendamiento con otro particular. Con lo anterior, se pone de manifiesto que un partido político puede desplegar actos no sólo desde su ámbito de entidad de interés público, sino también desde el plano del derecho privado. En el caso, el quejoso reclamó del Presidente del Consejo Estatal, Presidente del Comité de Ética Partidaria, ambos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Presidente del Comité Directivo Estatal, la falta de contestación a la solicitud presentada el siete de octubre de dos mil diecisiete por el impetrante. En consecuencia, se estima que a dichos Comités y Consejo se les reclamaron actos en su calidad de entidad de interés público, por lo que no son actos de autoridad ni de particulares equiparables a autoridad, para efectos del juicio de amparo. En efecto, no son actos desplegados por una autoridad, porque un partido político no es una autoridad, sino un ente de interés público cuyas acciones las despliega desde un ámbito sui generis vinculado a la materia electoral, y desde éste no se ubica en un plano de supra a subordinación frente al quejoso, ni crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, dado que desde ese ámbito, como ente político sus fines son proselitistas. Tampoco son actos emanados de un particular equiparables a los de una autoridad, porque aun cuando es posible que un partido político actúe como persona moral de derecho privado, en el caso la omisión que se le reclama no reúne las características de actos de autoridad, pues no existe una posición de supra a subordinación frente al impetrante, ni crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En resumen, tales actos no provienen de una autoridad ni son actos emanados de un particular que se puedan equiparar a los de una autoridad, en términos del artículo 5, fracciones II, de la Ley de Amparo, puesto que se insiste, derivan de una entidad de interés público, esto es, de una figura sui generis, cuyas acciones u omisiones están vinculadas a la materia electoral, reguladas por disposiciones constitucionales y legales especiales. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XXVII.3o.77 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Página: 1763, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, con el rubro y texto siguientes: "PARTIDOS POLÍTICOS. LAS ACCIONES U OMISIONES QUE DESPLIEGAN COMO ENTES DE INTERÉS PÚBLICO, NO SON RECLAMABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. En el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, el legislador identificó a los sujetos cuyos actos son impugnables en el juicio constitucional: la autoridad responsable y los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad. De modo que, será autoridad aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; mientras que para determinar la procedencia del amparo contra actos de particulares se atenderá a que éstos sean equivalentes a los de autoridad en aquellas características. Ahora bien, un partido político es un ente de interés público conforme al artículo 41, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, desde ese ámbito, despliega acciones u omisiones en ejercicio de sus facultades en relación con su organización, sus funciones y las prerrogativas relacionadas con su objeto vinculado a la materia electoral, reguladas por disposiciones constitucionales y legales especiales; por ende, cuando se le reclaman acciones u omisiones desplegadas desde aquel ámbito sui géneris, sus actos no emanan de un plano de supra a subordinación frente a los particulares, ni crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; de ahí que no puedan impugnarse en el juicio de amparo". Así como la diversa tesis aislada XX.21 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la Página: 473, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES. PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, NO LO SON EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL NI LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS. Tomando en consideración que el Partido Revolucionario Institucional, no es más que una organización política, que tiene como finalidades conquistar, conservar o participar en el ejercicio del poder a través de los procesos electorales a fin de hacer valer el programa político, económico y social que comparten sus miembros; y que la Universidad Autónoma de Chiapas, se define como una institución pública descentralizada del Gobierno Estatal, encargada de crear, fomentar y proyectar la educación superior en el estado; de la propia naturaleza de las funciones de estas instituciones, se advierte que no tienen fuerza pública, y por tanto, no pueden ser consideradas como autoridades para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 11, de la Ley de Amparo". Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia. Háganse las anotaciones de estilo en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, una vez que quede firme el presente proveído, archívese como asunto totalmente concluido. Téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su inicial de demanda; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Winston Javier Tamayo Escalante y a Hilda Guadalupe Escobedo Moreno, con las limitaciones que establece el citado numeral, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito habilita días y horas inhábiles necesarios a efecto de practicar las notificaciones personales que se deriven de la tramitación del presente asunto. Finalmente, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

  3. Principal

    IV. Agréguese a estos autos el telegrama suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México; sin que haya lugar a dictar disposición alguna al respecto, dado que mediante acuerdo de siete de noviembre del año en curso, se tuvo por rendido el telegrama de cuenta, donde informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, el cual obra agregado en autos. Por otra parte, glósese a estos autos el escrito de Leslie Isabel Sánchez Paz, en su carácter de apoderada de Afore XXI Banorte Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual ha diversas manifestaciones, y toda vez que dicha autoridad mediante escrito de treinta y uno de octubre del año en curso, solicitó se le remitiera copia de la ejecutoriada pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, a fin de poder dar cumplimiento a la sentencia declarada ejecutoriada en el presente juicio de amparo; en tal virtud, infórmesele mediante atento oficio que al efecto se le gire a dicha autoridad, que mediante oficio 32480/2017, de fecha siete de noviembre del año en curso, se le remitió copia de la ejecutoria de mérito, a efecto de que este en aptitud de dar cumplimiento en el presente juicio de amparo.

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