Orinzon Luis Portillo Álvarez

Expediente 149/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
149/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/03/2023

Partes del expediente

  • Orinzon Luis Portillo Álvarez
  • Juez Mixto del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo. Magdaleno López Daniel

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Juez Mixto del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo; por el cual remite el despacho 36/2023 (70/2023-6) debidamente diligenciado, en virtud de haber notificado al quejoso ***, el proveído de uno de febrero del presente año, en el cual se desechó la demanda de amparo en que se actúa. Háganse las anotaciones correspondientes, dese de baja en el libro respectivo. Causa estado desechamiento. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de uno de febrero de dos mil veintitrés, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Orizon Luis Portillo Álvarez, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, ********************, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del cual se advierte que en auto de tres de febrero del año en curso, se ordenó notificar por lista el desechamiento del escrito de demanda interpuesto por ********************. Se gira despacho. ********************tento a lo anterior para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de ********************mparo, envíese atento despacho Juez Mixto del Distrito Judicial de ********************pan, ********************; para que en auxilio de las labores de este Juzgado ordene a quien corresponda, a efecto de que proceda a notificar, a ********************, en el domicilio ubicado en: ********************venida ********************, número ********************, interior ********************, colonia Salvador ********************llende, ********************, ********************, Municipio de ********************, ********************. ******************** quien deberá corriéndole traslado con copia del auto de desechamiento de uno de febrero del presente año; requiriéndole además para que en el término de tres días contado a partir de su legal notificación, señale domicilio en esta ciudad capital para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo así, las ulteriores se le harán por lista que se fije en los estrados de este Tribunal Federal, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, inciso c) del artículo 27 de la Ley de ********************mparo. Hecho que sea lo anterior, el juez requerido deberá remitir las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento a lo antes solicitado y devuelva el despacho que al efecto se le envía, haciendo de su conocimiento que queda facultado para que en caso de ser necesario habilite días y horas para la realización de la diligencia encomendada.

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a uno de febrero de dos mil veintitrés Visto el escrito de demanda firmado por Orinzon Luis Portillo Álvarez, por el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Mixto del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese con el número 149/2023-6, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Dicho precepto autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia" ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o. J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." En el caso, el promovente Orinzon Luis Portillo Álvarez, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y el acto siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. Juez Mixto del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo. 2. Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia Distrito Judicial de Apan, Hidalgo. ACTOS RECLAMADOS. "(.) Las sentencia interlocutoria de fecha 17 diecisiete de enero de 2023 de dos mil veintitrés, emitida por el juez mixto de apan, hidalgo y que me es notificada en fecha 19 diecinueve de enero 2023 de dos mil veintitrés por conducto del actuario adscrito a dicho juzgado, en las listas que son publicadas en la página oficial del poder judicial del estado de hidalgo(.)" En la especie, este órgano de control constitucional considera que respecto del acto que la parte quejosa considera le causa agravio, la acción de amparo intentada, resulta notoriamente improcedente, toda vez que no tiene sobre el aquí quejoso una ejecución que sea de imposible reparación para los efectos del amparo indirecto, lo cual será examinado atento a lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo vigente, última parte, que impone que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En efecto, en el caso se estima se actualiza la causa de improcedencia de la demanda de derechos, contenida en el artículo 61 fricación XXIII de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (...)". En efecto, se llega a la conclusión anterior, atendiendo al contenido de los numerales 107 fracción III inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,107 fracción V, 170 fracción I y 172 fracciones III y VII, estos dos últimos de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado. (.) Al respecto, es importante destacar que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Atento a lo antes expuesto, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, los actos de imposible reparación, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación anterior, se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo anterior, es claro que la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", dejó de tener vigencia, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, por identidad de razón, la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En el particular, como ya se precisó, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución diecisiete de enero de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Mixto de Apan, Hidalgo, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación en contra del desahogo de la audiencia confesional en la que se declaró por confeso al actor Edmundo Mejía Canales. Sin embargo, tal actuar sólo puede tener efectos intraprocesales, por lo que no puede considerarse como irreparable para que con ello resulte procedente la vía biinstancial, o la acción constitucional que como medio de defensa hace valer la impetrante de amparo, tal y como lo exige el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia. Luego, dicha resolución no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, dado que al haberse declarado improcedente el recurso de revocación en contra de la declaración de confeso del entonces actor Edmundo Mejia Canales de todas y cada una de las posiciones que fueron formuladas por su contraria, no conlleva necesariamente que la resolución que resuelva en definitiva el controvertido natural debe ser contraria a sus intereses, por lo que la violación procesal apuntada, puede ser reparada si la parte quejosa, obtiene sentencia favorable en el natural. En tal virtud, se insiste, que la resolución reclamada dictada en esos términos constituye una violación procesal, en su caso, reclamable en amparo directo, si es que se dicta sentencia adversa al aquí impetrante, pues es innegable en este supuesto, tal violación de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. Por ende, será hasta que se dicte la resolución correspondiente dentro del juicio natural cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas de la parte quejosa y, en su caso, si la pretendida violación procesal trascendió al resultado del fallo, pudiendo combatirla a través del amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de rubro siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Así como la jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada con el número 232 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 157, que dice: A efecto de robustecer lo anterior, cabe señalar que como lo ha venido sosteniendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, sólo debe presentarse cuando éstos afectan de modo directo e inmediato a la persona, cosas o derechos sustantivos del agraviado, es decir, aquellos actos de naturaleza procesal que puedan generar una ejecución de imposible reparación y, que desde luego ameriten su impugnación mediante la acción constitucional del amparo indirecto, sin estar obligados a reclamar dichos actos como una violación procesal, hasta que se reclame la sentencia definitiva en amparo directo. En estas circunstancias, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Orinzon Luis Portillo Álvarez, contra un acto que reclama del Juez Mixto del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, y otra autoridad. Máxime, que la causa de improcedencia advertida no es susceptible de superarse con el material probatorio que se llegue a aportar al juicio, dado que su demostración se acredita con el propio acto reclamado y con las manifestaciones vertidas por la quejosa en su escrito de demanda, lo anterior con el objeto de que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su escrito de cuenta y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados **; toda vez que se tiene registrada su cédula profesional en el Módulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal. CONSULTA ELECTRÓNICA En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 18 y 66 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del Juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al quejoso la consulta del expediente electrónico del juicio en que se actúa. En atención a lo anterior, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta al usuario "licmauricio", en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, para dicho efecto. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante la licenciada Rocío Bonilla Pérez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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