Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco

Expediente 247/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
247/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco
  • Receptoría de Rentas del Centro adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    mesa 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diez de junio de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por el ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, por conducto de Silvia González Landero, en su carácter de Directora de Substanciación y Asuntos Jurídicos; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    mesa 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 4. En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con treinta y cinco minutos del diez de junio de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 247/2021-4, promovido por Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco a través de su representante legal Silvia González Landero. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa, consistente en copia simple de lo siguiente: Mandamiento de ejecución, designación del ejecutor e instrucción al mismo, del Receptor de Rentas del Municipio de Centro, Tabasco de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, junto con sus respectivas constancias de notificación. [Fojas 9 a 14] Oficio TCYA/MA/073/2020 de Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco de diecisiete de enero de dos mil veinte. [Foja 16] Oficio HCE/OSFE/FS/DSAJ/572/2020 dirigido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de veintiocho de enero de dos mil veinte. [Foja 25] Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana. Por otro lado, la autoridad responsable Receptoría de Rentas del Municipio de Centro, Tabasco, al rendir su informe justificado acompañó las siguientes copias certificadas: Oficio TCYA/MA/074/2020 del Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco de diecisiete de enero de dos mil veinte. [Fojas 40 y 41] Proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 80/2015 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. [Fojas 42 y 43] Auto de diecisiete de enero de dos mil veinte, dictado en el expediente laboral 80/2015 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. [Fojas 44 y 46] Memorándum DTR/0053/2020 de veintidós de enero de dos mil veinte, expedido por el Receptor de Rentas del Municipio de Centro, Tabasco. [Foja 47] Mandamiento de ejecución, designación del ejecutor e instrucción al mismo, emitido por Receptor de Rentas del Municipio de Centro, Tabasco de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, junto con sus respectivas constancias de notificación. [Fojas 48 y 53] Por su parte, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, acompaño a su informe con justificación las constancias en copia certificada: Proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 80/2015 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. [Fojas 62 y 63] Oficio TCYA/MA/1138/2019 del Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. [Fojas 65] Auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 80/2015 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. [Fojas 66 y 67] Oficio TCYA/MA/1188/2019 del Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. [Fojas 68] Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 247/2021-4, promovido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco a través de su representante legal Silvia González Landero contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el doce de marzo de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco a través de su representante legal Silvia González Landero solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 "(.) La omisión de notificar el Acuerdo de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual la autoridad responsable ordena aplicar la ilegal e indebidamente fundada y motivada multa equivalente a 7 días de salario mínimo general vigente en el Estado de Tabasco (.)" 2 "El Mandamiento de Ejecución, Designación del Ejecutor e Instrucción al mismo, de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiunos, en el cual la Receptoría de Rentas de Centro adscrita a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, notifica a esta autoridad en fecha cuatro de marzo del presente año, la ejecución de la multa impuesta por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco (.)" (sic) 3 "Acuerdo de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en el cual el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el cual no fue notificado a esta autoridad." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 2 Receptoría de Rentas de Centro, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco. SEGUNDO. PREVENCIÓN Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 247/2021-4; tras su análisis, se requirió a la promovente a efecto de que acreditase su personalidad y exhibiese las copias necesarias para correr traslado a las partes. Tras cumplir con lo anterior, mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el asunto; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve dictado en el juicio laboral 80/2015 del índice del Tribunal responsable, así como la omisión de notificárselo a la autoridad quejosa. El proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve emitido en el sumario 80/2015, por medio del cual se instruye aplicar multa a la autoridad quejosa, así como la omisión de su notificación. La ejecución de la citada medida de apremio, a través del Mandamiento de Ejecución, Designación del Ejecutor e Instrucción al mismo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado consistente en la omisión de notificar el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve distado dentro del juicio laboral 80/2015 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, lo cual se corrobora a través de las constancias remitidas por dicha responsable, al rendir su informe justificado, mediante las cuales se advierte la notificación del citado proveído por medio del oficio TCYA/MA/1188/2019 [Foja 68], recibido conforme al sello de recepción de la autoridad quejosa el seis de diciembre de dos mil diecinueve, el cuales se reproducen a continuación: En ese orden de ideas, quedó a cargo de la autoridad quejosa aportar los medios de convicción tendentes a demostrar la certeza de la omisión que reclama, sin que en el caso que nos ocupa hubiese aportado prueba alguna que desvirtuara tal condición; no obstante que, mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se le dio la vista correspondiente. En sustento a lo anterior se invoca la jurisprudencia 553 sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice compilación 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, página 368, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, ante la inexistencia de la omisión reclamada se decreta el sobreseimiento en el presente asunto, de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al Tribunal responsable, dado que del análisis de las constancias relativas al juicio laboral 80/2015 de su registro, no se advierte notificación practicada a la autoridad responsable relativa al acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, del sumario de referencia, asimismo se advierte la emisión del acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve [Foja 66 a 68] por medio del cual se impone multa reclamada. Idéntica calificativa de certeza merece el acto reclamado a la Receptoría de Rentas del Municipio de Centro, Tabasco, quien al rendir su informe con justificación manifestó que es cierto el acto que por esta vía constitucional se le reclama. [Fojas 37 a 39] Afirmación que guarda sustento con la copia certificada de las diversas constancias que adjuntaron las responsables relativas al expediente laboral 80/2015; así como del memorándum DTR/0053/2020 y el mandamiento de ejecución, designación del ejecutor e instrucción del mismo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Documentales a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su arábigo 2. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Apéndice 2000, materia común, Quinta Época, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. QUINTO. IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese contexto, este juzgador advierte que en la especie se verifica causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el arábigo 7o, ambos de la Ley de Amparo, esto en atención a que el acto materia de la controversia no afecta los derechos patrimoniales de la moral oficial quejosa que representan los impetrantes. Los dispositivos citados advierten: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 7°. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. (.)" Así, la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de materia, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que establece la improcedencia deriva de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que el numeral donde se soporta la improcedencia no establece una causal concreta, sino que en forma genérica opera cuando resulte concatenada con la aplicación de algún otro precepto de la ley de la materia, de la jurisprudencia o de la propia constitución general de la república. Por su lado, el artículo 7o establece, cómo excepción a la regla anterior, que los entes gubernamentales de los tres niveles de gobierno están en posibilidad de instar el juicio de amparo a través de sus servidores públicos o representantes; siempre y cuando la norma, el acto u omisión de la que se duelen trastoque su esfera patrimonial y se encuentre en un plano de igualdad frente a los particulares. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 374/2016 sostuvo que en efecto, el juicio de amparo tiene como finalidad la proteger a los gobernados contra los actos u omisiones de la autoridad que violenten sus derechos fundamentales; ello con el afán deontológico de asegurar que las actuaciones u omisiones de los entes públicos no menoscaben la posibilidad de las personas de desenvolver su personalidad en consecución con sus fines vitales, pues resulta inconcuso que los derechos reconocidos por el parámetro de regularidad constitucional estarían destinados a su fatal frustración, sin que, concomitantemente al reconocimiento jurídico de las potestades naturales de los individuos, se instituyese un medio constitucional para lograr el respeto y cumplimiento de las normas en que tal consagración opere. De ahí que, la excepción contenida en el numeral 7o de la ley de amparo no resulta de interpretación amplia, sino estricta, toda vez que establece el único fundamento para que las entes oficiales puedan promover la instancia constitucional, por lo que de no actualizarse sus hipótesis tales entes públicos carecerán de legitimación para incoar el medio de control constitucional. En ese sentido, únicamente se encontraran legitimadas para acudir a la instancia constitucional, las autoridades que se vean afectadas por un acto de autoridad que trastoque su esfera patrimonial, siempre y cuando se encuentren un una relación de paridad frente a otro gobernado. La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción deriva del ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares; en el segundo, obra en las mismas condiciones que éstos, es decir, actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera en que lo hacen los individuos. Es precisamente esta equiparación lo que motivó al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que quien promueve el amparo es el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco a través de su representante legal Silvia González Landero; por lo cual esta claro que la demanda de amparo es promovida por una persona moral oficial. No obstante, la multa reclamada debe entenderse impuesta a las personas físicas que detentan dichos cargos, es decir, a los titulares del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno que representa. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 65/2015 consideró que si un Tribunal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa. Tan es así, dijo, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable -ahora unidades de medida y actualización-, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. Además, refirió que si bien esos razonamientos se dieron en el ámbito federal al tratarse de actuaciones realizadas en el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debía considerarse que las actuaciones derivadas de la administración pública local que analizó (Estado de México, Guanajuato y Nuevo León) estaban en una situación equivalente y, por lo mismo, la persona física o titular de una unidad administrativa -dirección, dependencia u organismo descentralizado- que actuando como autoridad fue multada por la Sala del otrora Tribunal Contencioso Administrativo respectiva, ante la contumacia al cumplimiento de una sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo, está legitimada para promover el juicio respectivo. Para una mayor ilustración, se reproduce la jurisprudencia en mención: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Si un Tribunal Contencioso Administrativo estatal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa; tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. En consecuencia, como la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra." Dicho criterio, se reiteró cuando resolvió al resolver la contradicción de tesis 330/2014 que originó la jurisprudencia 142/2017, en la que consideró que la multa impuesta a la autoridad responsable, con motivo del juicio de amparo, no repercute en el patrimonio de la dependencia en la que presta su servicio, sino que es una sanción para la persona física derivada de sus conductas u omisiones, por lo que es ésta quien debe cubrirla con sus propios recursos. Asimismo, señaló que, si bien se reconoce que la multa se paga a título personal, lo cierto es que ésta fue impuesta con motivo de un procedimiento en el cual el servidor público multado actuó como autoridad responsable, por lo que el hecho de que pueda acudir a impugnarla por medio de sus representantes o delegados, no implica que la persona moral oficial tenga legitimación como parte en el medio de impugnación, así como tampoco libera al servidor público de cubrir la mencionada multa, si éste resulta infundado. De igual forma, debe tomarse en cuenta lo sostenido por la misma Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando resolvió la contradicción de tesis 114/2014 que originó la tesis 103/2014, en la que determinó que la multa constituye una sanción impuesta a las personas físicas que ocupan el cargo de titulares de la autoridad responsable que corresponda, en razón de haber desobedecido los mandatos de un juzgador. Asimismo, el Alto Tribunal consideró que, ciertamente, las multas impuestas por desacato a una sentencia se imponen a las personas físicas, en su actuar como servidores públicos del órgano de gobierno que tiene el carácter de parte en el juicio de amparo, como autoridad responsable, y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno. En ese orden de ideas, expuso que, si las multas correspondientes se impusieron a las personas físicas que desempeñaban los cargos respectivos, es claro que éstas son las que deben cubrir el monto de aquéllas de su propio peculio y no con el presupuesto que tenga asignado la dependencia de gobierno de que se trate. Consideró que, sostener lo contrario, implicaría despojar de toda efectividad a las multas, pues éstas jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, en consecuencia, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. En razón de lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que la multa impuesta por el incumplimiento de una ejecutoria de amparo es una sanción a la persona física que, en su actuar como servidor público, incurre en el desacato al fallo constitucional y no a la autoridad responsable; por tanto, el agravio derivado de la resolución que determina su aplicación no repercute en la persona moral oficial, ni en alguno de sus órganos, por lo que no afecta su esfera jurídica ni incide en su patrimonio público. A fin de dar más claridad a lo expuesto, se reproduce la señalada jurisprudencia 103/2014, que a letra dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia de amparo indirecto que no admitan recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes. Por su parte, los artículos 192, 193 y 258 de la propia ley prevén que los juzgadores federales deberán imponer multa al titular de la autoridad responsable que incumpla una ejecutoria de amparo. Ahora, la multa en cuestión constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate. Así, las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el citado recurso de queja, contra la resolución emitida en un juicio de amparo indirecto que impone multa a un servidor público por no cumplir una ejecutoria de amparo, toda vez que dicha resolución no afecta sus derechos patrimoniales, pues la multa debe cubrirla la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de servidor público y, por tanto, sólo éste es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir tal decisión." En esa tesitura, el juicio que promueven el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco resulta del todo improcedente, dado que las consecuencias de los actos reclamados -imposición de multa, así como su ejecución- no afectan intereses patrimoniales de esa dependencia administrativa, ya que la imposición únicamente afecta a la persona física que detenta ese cargo. En relación con lo hasta aquí expuesto, resulta ilustrativa y por tanto, resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 45/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado". En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 7o ambos de la Ley de Amparo; respecto de la persona moral quejosa, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal invocado. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco en contra del actos y autoridades precisados en el resultando primero y por las razones apuntadas en los considerandos tercero y quinto. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente laboral 80/2015 de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de veintiséis de marzo del presente año, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa, en su libelo de amparo, consistente en el informe justificado que rindiera la autoridad responsable y, en virtud de lo acordado previamente, dicha probanza se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese

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