Organización Escolar RB, Sociedad Civil
Expediente 391/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 391/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 25/09/2023
Partes del expediente
- Secretaria de Salud Federal
- Organización Escolar RB, Sociedad Civil
- Juan Francisco Gutierrez
- Mariana Alejandra Villa Rivas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el escrito de cuenta Juan Carlos Cuevas Suárez, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la moral quejosa, ... mediante el cual interpone recurso de reclamación contra el acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el presente juicio de amparo directo, al cual debe darse el trámite de turno correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, remítase el escrito de cuenta a la Oficina de correspondencia común de los tribunales colegiados en materia administrativa del segundo circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, para que dé el trámite de turno correspondiente y devuelva ese documento a este órgano colegiado; por lo que será en el cuaderno de reclamación que se forme donde se proveerá lo que en derecho corresponda respecto del citado recurso.
- Juicio de Amparo Directo
"A C U E R D A: 1. Visto el escrito electrónico de cuenta de la parte quejosa Organización Escolar RB, sociedad civil, por conducto de Juan Carlos Cuevas Suárez, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de siete de septiembre del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo directo (391/2022), transcribe lo que a su consideración contiene pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales respecto de la sentencia emitida en el referido asunto, en los términos siguientes: "Más aun, la autoridad fiscal pierde de vista que el Impuesto al Valor Agregado se corresponde con una contribución de naturaleza indirecta, que en razón de su traslado, debe ser cubierto por las personas receptoras de los servicios prestados, y que en todo caso, dicha contribución resulta acreditable, lo que al no suceder en la especie, hace evidente que el oficio impugnado carece de la debida fundamentación que valide la presunta obligación de mi mandante en el pago de esa contribución. . . Es evidente que en la prestación de servicios educativos o de enseñanza, los libros institucionales para los alumnos o la credencialización de los alumnos, que se cobran efectivamente junto con el concepto de colegiaturas per se, en conjunto forman parte, de la teleología de la norma especial dispuesta en la fracción IV del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al exentar del pago de esa contribución a los "servicios de enseñanza" lo que evidentemente, no pueden limitarse al acto en que un profesor dicta una clase a los alumnos, sino de todos los diversos elementos necesarios para ello, corno por ejemplo, que dichas clases se sigan con los libros institucionales respectivos, y por los alumnos debidamente identificados con su credencial escolar. Negar que esos conceptos forman parte de los servicios educativos a que se refiere la ley, implicaría una indebida limitación al Derecho a la Educación de los alumnos, pues el mismo se compone de obligaciones de diversa naturaleza a cargo de las instituciones públicas y privadas autorizadas para prestarlos. Sirve de apoyo la siguiente: Registro digital: 2009189 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a. CLXIX/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 429 Tipo: Aislada "DERECHO A LA EDUCACIÓN. SU EFECTIVIDAD ESTÁ GARANTIZADA POR DIVERSAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER POSITIVO Y NEGATIVO A CARGO DEL ESTADO Y DE LOS PARTICULARES. De los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 13, numeral 1, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 26, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y XII, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se advierte el establecimiento de diversas obligaciones, tanto positivas como negativas, a cargo del Estado y de los particulares, tendientes a respetar y garantizar el derecho humano a la educación en favor de todo ciudadano, como base de la sociedad a la que pertenece. Por tanto, la efectividad del derecho indicado puede lograrse mediante el cumplimiento de obligaciones de respeto, en las cuales se busca no obstaculizar o impedir el acceso al goce de los derechos; igualmente, a través de conductas positivas, como las relativas a llevar a cabo acciones para no permitir que terceros obstaculicen esos bienes referentes a la protección del derecho, o incluso acciones de garantía, que aseguran que el titular del derecho acceda al bien cuando no pueda hacerlo por sí mismo. Asimismo, pueden identificarse prohibiciones, como las relativas a no impedir el acceso a los servicios de educación, al igual que conductas positivas relacionadas con la prestación de servicios educativos de manera gratuita, dentro de lo cual se incluye la construcción de centros educativos, de instalaciones sanitarias, la participación de docentes calificados y el pago de salarios competitivos, entre otras. Además, si bien es cierto que los ordenamientos disponen una puesta en práctica gradual del derecho y reconocen las restricciones debidas a las limitaciones de los recursos, también lo es que se imponen obligaciones con efecto inmediato, como lo es la no discriminación, la relativa a mantener un sistema transparente y eficaz para comprobar si la educación se orienta o no realmente a los objetivos educativos, así como la de establecer normas mínimas que deben cumplir todas las instituciones de enseñanza privada, entre otras. Ante las anteriores consideraciones, la sala responsable pretende en el Considerando Séptimo de la sentencia reclamada, resolver los argumentos expuestos, lo que contraviene las disposiciones alegadas, lo que se comprueba con las siguientes manifestaciones: . . Por lo tanto, la cuestión efectivamente planteada, corresponde a dilucidar, corno se manifestó en las vías anteriores, si los conceptos cobrados, asociados y necesarios al servicio de enseñanza, se encuentran también exentos de causar el Impuesto al Valor Agregado. Al efecto, a partir de la foja 137 de la sentencia reclamada, responsable desestima los argumentos de mi representada, pretendiendo justificar que esos otros conceptos asociados, administrativos y necesarios para la prestación de servicios de enseñanza, no se encuentran incluidos en la exención prevista en el artículo 15, fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo que implica además un reconocimiento por la responsable de ser justamente la materia de impugnación. . . Sin embargo, el análisis hecho por la responsable a la luz de los ordenamientos que cita, en realidad lo que refiere en que, los "conceptos obligatorios" a que alude, son justamente, los únicos exigibles, de forma obligatoria, por los cuales las personas autorizadas para prestar el servicio educativo, pueden negar la prestación del servicio, más no que sean, los únicos servicios relacionados y reconocidos como parte de ese tipo de servicios. De las propias transcripciones de los ordenamientos que hace la responsable en su sentencia, contrario a lo que pretende, se reconoce la existencia de una diversidad de actos o actividades que se vinculan al servicio educativo como son cobros por exámenes extraordinarios, cursos de regularización, credenciales, duplicados de certificados, constancias, actividades extracurriculares, uso de bibliotecas, laboratorios y otros materiales, por ejemplo, los cuales, si bien no son generales y obligatorios, se admiten como parte de las actividades asociadas a la prestación de servicios educativos por parte de particulares. Ahora bien, la ratio legis de la exención del Impuesto al Valor Agregado en los conceptos asociados que se pretenden gravar, es coadyuvar a satisfacer la necesidad social educacional, en acatamiento a la obligación estatal de promocionar y fomentar la educación de los gobernados en los distintos niveles de escolarización. Lo anterior, justifica el trato diferenciado que prevé el citado artículo 1, en las fracción IV, tanto en relación con la actividad generadora del tributo, como respecto de los sujetos involucrados en la misma, y que atiende al hecho de que la educación es un derecho social, en tanto que es obligación del Estado impulsar dicho servicio público de manera que alcance a todos los individuos. Esto es, no se puede constreñir, desde el punto de vista tributario, solo algunos conceptos (colegiaturas, inscripción y derechos de incorporación, como exentos del tributo, sino que es necesario, en atención al objeto de la exención y de los sujetos involucrados, incluir otras actividades, claramente vinculadas, como parte del servicio educativo exento. Lo contrario significaría, que la emisión de una credencial de alumno, la aplicación de un examen extraordinario, la impartición de un curso de regularización, el uso de una biblioteca o proporcionar libros institucionales, o incluso, la protección mediante un seguro escolar ( que cabe señalar que la Secretaría de Educación Pública obliga a las prestadoras de servicios educativos a tener contratado un seguro contra accidentes), fueran actividades a las que tuviera que trasladarse una contribución adicional a su costo, registrando, desglosando y cobrando por separado el Impuesto al Valor Agregado, lo que recaería como un gravamen adicional en los receptores del servicios, lo cual los alejaría claramente de beneficiarse de una educación completa y de calidad, en perjuicio del derecho socialmente reconocido que constituye la educación de los alumnos. Es aplicable por analogía, el siguiente criterio jurisprudencial: Registro digital: 173015 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil, Administrativa Tesis: I.3o.C.595 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Marzo de 2007, página 1688 Tipo: Aislada "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SE ENCUENTRAN EXENTOS DE SU PAGO LOS INTERESES GENERADOS POR OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO REALIZADAS CON LOS PARTICULARES BENEFICIADOS POR EL CRÉDITO, DERIVADAS DE UN FIDEICOMISO PÚBLICO CON PROPÓSITOS EDUCATIVOS. No toda relación jurídica tributaria genera un crédito fiscal a cargo del sujeto pasivo y exigible por la autoridad exactora, pues el propio legislador, ya en la ley del tributo o en otras disposiciones, puede crear mecanismos de excepción a dicha obligación tributaria. Uno de esos mecanismos es la exención de un gravamen, que es aquella figura jurídica tributaria por virtud de la cual, conservándose los elementos de la relación jurídica tributaria (sujetos, objeto, cuota, tasa o tarifa) se eliminan de la regla general de causación, ciertos hechos o sujetos imponibles, por razones de equidad, conveniencia o política económica. Esta figura de excepción se constituye como una situación de privilegio que debe estar expresamente señalada por la ley, ya que su existencia no se deduce; su interpretación es estricta, es decir, exactamente en los términos en que se encuentra redactada; su aplicación es siempre a futuro, es temporal y subsiste hasta en tanto no se modifique o derogue la disposición que la contiene. Ahora bien, conforme a la fracción IV del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no se pagará el impuesto por la prestación de los servicios de enseñanza que preste la Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios y sus organismos descentralizados, y los establecimientos de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos de la Ley General de Educación, así como los servicios educativos de nivel preescolar. Además, tampoco se causará el tributo por la prestación de servicios de los que deriven intereses originados en el financiamiento relacionado con actos o actividades que también son motivo de exención, encontrándose entre ellas precisamente las educativas antes indicadas, esto conforme la fracción X del citado ordenamiento. La ratio legis de esa exención es coadyuvar a satisfacer la necesidad social educacional, en acatamiento a la obligación estatal de promocionar y fomentar la educación de los gobernados en los distintos niveles de escolarización. Lo anterior, justifica el trato diferenciado que prevé el citado artículo 15, en las fracciones IV y X, inciso a), tanto en relación con la actividad generadora del tributo, como respecto de los sujetos involucrados en la misma, y que atiende al hecho de que la educación es un derecho social, en tanto que es obligación del Estado impulsar dicho servicio público de manera que alcance a todos los individuos. Al respecto, entre las diversas formas de fomento educativo, se encuentra el otorgamiento, por parte del Estado, de créditos destinados a la educación de los gobernados, lo que realiza la Federación, entre otros mecanismos, por medio del fideicomiso público. De esa manera, si el propósito del fideicomiso es el fomento educativo a través del otorgamiento de créditos para la realización de estudios que formarán y ayudarán a superarse a especialistas en diversas ramas del saber humano, así como su naturaleza de fideicomiso público integrante de la administración pública federal, evidencia que los intereses generados por las operaciones de financiamiento que celebra con los particulares beneficiados por el crédito, en tanto se relacionan con las actividades educativas no gravadas del Estado mexicano, se encuentran exentas del pago del impuesto al valor agregado, en términos de las fracciones IV y X, inciso a), de la ley especial fiscal reguladora de ese tributo." En las anteriores circunstancias, incluso del análisis del contenido completo del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es posible advertir que, en su teleología final, el ordenamiento prevé un sistema de exención de la contribución, tanto por las actividades enunciadas concretamente, así como por actividades asociadas a las mismas (el ejemplo es la fracción X referida en la tesis antes transcrita), a efecto de constituir un aparato de protección, que impida la aplicación efectiva del aparato de exención establecido, afectando con el gravamen a actividades que se encuentran exentas como es el caso de la enajenación de libros (artículo 9 de la Ley del IVA). Por lo tanto, la interpretación válida del artículo 15, fracción IV de la Ley del IVA, conforme a nuestra Constitución Federal, debe considerar que esos otros actos, distintos incluso a la colegiaturas, inscripción e incorporación para los estudios, pero que se encuentran clara y estrechamente vinculadas al servicio educativo, deben incluirse en la protección tributaria, a efecto de no generar una distorsión del sistema tributario que afecte no solo a los contribuyentes directos, sino a los beneficiarios finales cuyos derechos fundamentales se deben proteger, a saber en el caso que nos ocupa, los alumnos que reciben educación en los establecimientos autorizados por el Estado. En las anteriores circunstancias, es claro que la sala responsable viola en perjuicio de la quejosa sus derechos fundamentales, pues incorpora a su sentencia, una interpretación estricta y restrictiva del artículo 15, fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que no es conforme a lo que prevén los numerales 1, 3 y 31 fracción IV de la Constitución Federal, razón por la que es procedente otorgar el amparo demandado". 2. Con la anterior transcripción no se da cumplimiento al requerimiento ordenado en auto de siete de septiembre del año en curso, puesto que, si bien sostiene que se omitió el estudio del concepto de violación transcrito desde el punto de vista constitucional, lo cierto es que, también el requerimiento se formuló para que se transcribieran los conceptos que contengan un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo análisis se hubiere omitido en la sentencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Amparo, lo que no queda satisfecho con la transcripción contenida en el escrito de cuenta, amén de que no se transcriben los conceptos de violación omitidos en los términos indicados; en consecuencia, SE TIENE POR NO PRESENTADO el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa Organización Escolar RB, sociedad civil, contra la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo directo. Notifíquese en la lista de acuerdos publicados electrónicamente; debiéndose transcribir, íntegramente, el presente proveído para la parte quejosa, en atención al auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Cúmplase.
- Juicio de Amparo Directo
"Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de septiembre de dos mil veintitrés. Con base en la cuenta que antecede, así como en lo que enseguida se funda y motiva, la magistrada presidentaA C U E R D A: 1. Visto el escrito signado por Juan Carlos Cuevas Suárez, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la moral quejosa, Organización Escolar RB, sociedad civil (personalidad que se le reconoce en términos de la certificación de cuenta), con el que interpone recurso de revisión contra la ejecutoria de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el presente amparo directo (391/2022), por el pleno de este tribunal colegiado. 2. Sin embargo, no se advierte que haya realizado la transcripción textual de la parte de la sentencia que contenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la parte del concepto de violación respectivo (que contenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución) cuyo análisis estima se hubiese omitido en la sentencia. No se soslaya que, si bien realiza una transcripción en su escrito de expresión de agravios, ésta no contiene lo precisado en el párrafo que antecede. 3. En consecuencia, con fundamento en el artículo 88, segundo, tercero y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a la parte quejosa, ahora recurrente, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, efectúe la transcripción a que se hace referencia en el punto dos de esta determinación, con el apercibimiento de que en caso de no cumplir con lo anterior, SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTO el recurso de que se trata. 4. Por consiguiente, esta presidencia se reserva a proveer lo que en derecho corresponda respecto al medio de impugnación señalado, hasta en tanto dé cumplimiento al requerimiento aludido en líneas precedentes. Notifíquese en las listas de acuerdos publicados electrónicamente, debiéndose transcribir, íntegramente, el presente proveído para la moral quejosa, en atención al auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Cúmplase".
- Queja
1. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no existe diligencia pendiente por practicar; en consecuencia, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico. 2. Atendiendo a la información contenida en el expediente judicial en que se actúa y con la finalidad de establecer el plazo de resguardo, así como el criterio para su destino final, el presente expediente se clasifica como un asunto DESTRUIBLE, en tres años, a partir de esta fecha; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, fracción III y 20, fracción IV, del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
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- Validación de identidad
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