Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Morelos

Expediente 1238/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1238/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
23/10/2018

Partes del expediente

  • Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo que antecede, glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión, para que obre como corresponda; asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que esencialmente se negó el amparo solicitado; que en su momento sólo quedará para su conservación la demanda y la sentencia y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Por otro lado, como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su depuración. Por último, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Juicio de Amparo: 1238/2018 Quejoso: Servicios de Salud de Morelos Juez: Benito Eliseo García Zamudio Secretario: José Alberto Tapia Tapia S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 1238/2018; y R E S U L T A N D O 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito Estado de Morelos, el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, a través de su apoderada legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: "III.- Se señala como Autoridades Responsables a: 1. H. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, quien cuenta con domicilio en Av. Morelos número 700 Esquina Arista, Colonia Centro de Cuernavaca, Morelos. 2. H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos con domicilio en Calle Francisco Leyva número 5, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. IV.- Acto Reclamado: Afecta la esfera jurídica de mi representada el acuerdo de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho emitido por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos en el expediente laboral número 06/13/2018-I, el cual fue promovido por el C. DAVID SALINAS GILES en contra de SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS, donde la autoridad responsable declinó su competencia para conocer del juicio en comento, así como el acuerdo de fecha once de junio de dos mil dieciocho, dictados por el H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos en el expediente laboral número 01/450/18 mesa 7-TECA, donde dicta el auto de admisión respectivamente y con ello acepta de manera tácita la competencia para conocer del juicio natural, mismos acuerdos que constituyen el Acto Reclamado que violan las garantías otorgadas para su protección del hoy quejoso." Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión y trámite del juicio. Por auto de ocho de agosto de dos mil dieciocho, previo desahogo de la prevención decretada, este juzgado admitió la demanda de amparo pidió a las autoridades responsables sus informes justificados, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y fijó día y hora para la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia laboral llevado a cabo por una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado. II. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa los actos reclamados en este juicio consistente en: El acuerdo de incompetencia dictado por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en autos del juicio laboral 06/13/18-I, promovido por David Salinas Giles en contra del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos. El auto de once de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el expediente 01/450/18; proveído por el que aceptó la competencia planteada por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y admitió a trámite el juicio laboral promovido por David Salinas Giles en contra del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos. III. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron en su informe justificado (fojas 44 y 73) y remitieron las constancias para acreditarlo, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aseveraciones y pruebas documentales suficientes para acreditar su existencia. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. El juicio de amparo se promovió oportunamente, ello en razón que el organismo quejoso fue notificado de los actos reclamados el once de julio de dos mil dieciocho y surtió efectos ese mismo instante, de conformidad con el artículo 747 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de Servicio Civil de Estado de Morelos. En tales condiciones, dado que de autos se desprende que la demanda fue presentada el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en Cuernavaca, Morelos, ésta fue promovida oportunamente. V. Causales de improcedencia del juicio de amparo. El estudio de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que deben de ser analizadas previo al fondo del asunto. En el caso, respecto del acto reclamado a la junta local, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, referente a la declinación de competencia de la autoridad responsable. Lo anterior, pues si bien la última fracción citada establece que el amparo indirecto procede contra el acto de la autoridad en el que declina competencia, ello no significa que por ese solo hecho proceda aquél, pues eso se encuentra condicionado a que se colmen los principios relativos a la existencia de una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y de definitividad, lo cual sucede cuando el órgano a favor del que se declinó competencia la acepta, porque es en este momento y no antes, cuando se puede lesionar algún derecho jurídicamente reconocido y aquella ha quedado firme. Así, la decisión de una autoridad de declararse incompetente, no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, sino que únicamente lo es, la que dicta la autoridad a favor de quien se declinó la competencia. En ese sentido se pronunció el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Por lo antepuesto, es que contra el auto a través del cual la junta local declinó competencia para conocer de la demanda laboral interpuesta por la quejosa, es improcedente el juicio amparo indirecto, pues, como antes se analizó, dicho acto no le causa una afectación real y directa a su esfera jurídica. En consecuencia, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer por dicha autoridad en el presente juicio. Por otra parte, la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través de su presidente y secretaria general, al rendir su informe justificado hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, aduce que la resolución combatida se encuentra dictada conforme a derecho y emitida por autoridad competente; sin embargo, ello implica una cuestión relacionada con el fondo del asunto. En efecto, los argumentos en que la responsable apoya su solicitud de sobreseimiento por actualización de una causal de improcedencia, se relacionan con el fondo del asunto, porque para determinar si está justificada o no la determinación reclamada, implica abordar el estudio de fondo del asunto. Lo anterior denota que ese argumento no demuestra una causal de improcedencia de obvia y objetiva constatación sino que la hace depender de una cuestión que deberá analizarse a la luz de los conceptos de violación que haya planteado el quejoso. Consecuentemente, se desestima la solicitud de sobreseimiento que planteó la autoridad responsable, toda vez que se sustenta en un argumento que involucra el estudio del fondo del asunto. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 135/2001 del Tribunal Pleno, de registro 187973, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Ahora, dado que las partes en esta instancia constitucional no hacen valer ninguna causal de improcedencia, ni este juzgador advierte la existencia de alguna otra, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a estudiar el fondo del asunto. VI. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son infundados, por lo que debe negarse la protección constitucional solicitada. Para empezar, es pertinente precisar que mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, ante la oficialía de partes común de las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el tercero interesado David Salinas Giles, a través de su apoderado legal, demandó al organismo quejoso Servicios de Salud de Morelos, el pago de diversas prestaciones en razón de la relación laboral que sostuvieron (fojas 49 a 53). Al día siguiente, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, recibió el escrito de demanda y, en virtud de la naturaleza jurídica del ente demandado, declinó competencia para conocer del asunto a favor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por lo que le remitió los autos para que éste resolviera lo conducente (fojas 58 a 61). Finalmente, el once de junio de este año, dicho Tribunal admitió a trámite el juicio laboral promovido por David Salinas Giles en contra del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos (fojas 64 y 65). Aceptación de competencia que, aquí en el amparo, el quejoso aduce que le causa agravio, pues, a su consideración, la autoridad competente para conocer de su demanda laboral lo es la citada junta local no el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Es así, sostiene en esencia, dado que el demandado es un organismo descentralizado que cuenta con actividad, objeto, patrimonio y personalidad jurídica propio, por lo tanto que es falso que el organismo público descentralizado Servicios de Salud de Morelos, sea un ente dependiente de un poder estatal o bien municipal. Asimismo refiere, que por la naturaleza de dicho organismo, éste no podría regirse mediante el apartado "B" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mucho menos por las leyes del trabajo de la legislatura estatal, más bien por ser un organismo público descentralizado, éste debe regirse en términos del apartado "A" de la Constitución Federal y por lo tanto el Tribunal Estatal se encuentra impedido para conocer de los juicios laborales suscitados entre Servicios de Salud de Morelos y sus trabajadores, por lo tanto no debió admitir la competencia declinada por la Junta Local responsable. Planteamientos que, como se adelantó, son infundados, pues contrario a lo manifestado por el amparista, la autoridad competente para conocer de su demanda laboral, si lo es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Se explica. La fracción VI del artículo 116 Constitucional establece textualmente lo siguiente: Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizaran conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: (...) VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; y (.) Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116 constitucional, fracción VI, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que determinó que las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores se rigieran por las leyes que expidieran las legislaturas locales, así, el "Estado" en este contexto incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Criterio, que se encuentra contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), con registro 2012980, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1006, Libro 36, Tomo II, Noviembre de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUELLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 180/2012 (10A.) (*)]. La voluntad del constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la constitución federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los estados y municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los "estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las legislaturas locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial." Marco normativo y jurisprudencial del que se advierte la facultad constitucional de las entidades federativas para regular las relaciones laborales entre los organismos descentralizados locales y sus trabajadores, en relación con los apartados A o B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, de manera mixta. Y, precisamente, Servicios de Salud de Morelos, aquí quejoso, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos, que tiene como objeto prestar servicios de salud a la población en general, así como instrumentar programas asistenciales, entre otros, pues así se establece en el artículo 3 del Estatuto Orgánico del Organismo Público Descentralizado Denominado Servicios de Salud de Morelos. Ahora bien, el legislador local creó la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que rige las relaciones laborales entre los poderes del Estado y los Municipios con sus trabajadores, tal como se advierte del artículo 8 de dicha legislación. En este orden de ideas, los artículos 1, 2 y 114 de la citada Ley del Servicio Civil, disponen lo siguiente: "Artículo 1. La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio." "Artículo 2. El trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta un servicio subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las anteriores instituciones." "Artículo 114. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores; para conocer de los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; para conocer de los conflictos que surjan entre los diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado o de los Municipios." Lo anterior evidencia que, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que regula las relaciones del Estado con sus trabajadores, admite como trabajador al servicio del Estado, a toda persona que preste un servicio subordinado a los Poderes del Estado, a un Municipio, o a una Entidad Paraestatal o Paramunicipal; asimismo, dicho ordenamiento fija competencia al Tribunal de Arbitraje del Estado, para el conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten entre tales entes y sus trabajadores. Así pues, se desprende que el legislador secundario, en uso de las atribuciones otorgadas conforme al artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sujetó las relaciones de las entidades paraestatales, entre ellas los organismos descentralizados y sus trabajadores a lo previsto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En consecuencia, de la interpretación sistemática del ordenamiento legal del Estado se advierte que es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, quien debe conocer de los juicios laborales promovidos en contra del organismo descentralizado Servicios de Salud de Morelos. Por otra parte, señala el quejoso que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje contraviene sus propias resoluciones, ya que ha determinado en diversos asuntos laborales carecer de competencia para conocer de los juicios promovidos en contra de organismos descentralizados. Lo anterior, de igual manera deviene infundado, ya que el criterio emitido por las autoridades, no implica que tengan que mantenerlo siempre, pues las mismas tienen que atender a las particularidades de cada asunto, así como a nuevas interpretaciones de las normas. Acorde con lo expuesto, lo que procede en el caso es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por Servicios de Salud de Morelos, contra el acto que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Así, con fundamento, además, en los artículos 73 al 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo de conformidad con lo determinado en el considerando penúltimo de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, por las razones señaladas en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese personalmente y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante José Alberto Tapia Tapia, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en que las labores de este juzgado permitieron concluir su engrose. Doy Fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el INFORME JUSTIFICADO que rinde la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad; con el contenido del informe de cuenta y anexo que acompaña, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Por otro lado, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como Delegados a las personas que designa y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, siempre y cuando corresponda a su residencia oficial. Ahora, a efecto de que las partes se impongan de su contenido, con fundamento en el artículo 117, segundo y cuarto párrafo de la Ley de Amparo, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA LAS DIEZ HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el INFORME JUSTIFICADO que rinde el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad; con el contenido del informe de cuenta y anexo que acompaña, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como Delegados a las personas que designa y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones, siempre y cuando corresponda a su residencia oficial. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que refiere; sin perjuicio de su relación al resolver en definitiva el juicio en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.

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