Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud Morelos

Expediente 1608/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1608/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud Morelos
  • Presidente de la Junta Especial número 1 de la local de Conciliación y Arbitraje de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de noviembre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinte de octubre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que no obra constancia de notificación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos (ISSSTE) adscrito de la sentencia dictada en el presente asunto; en consecuencia, con el fin de evitar dilaciones innecesarias, reexpídase el oficio 14604/2022 para notificar la sentencia dictada en autos al tercer interesado. Hecho lo anterior, vincule al expediente electrónico dichas actuaciones, ello de conformidad con establecido en el artículo 3° de la ley de amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial del Poder Judicial de la Federación, y el tres del mismo mes y año, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: ".resolución interlocutoria de fecha 03 de noviembre de 2021.". SEGUNDO. El siete de diciembre de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1608/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama la resolución interlocutoria de liquidación de laudo de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de los autos del expediente laboral 06/24/2016, índice de la señalada como responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; no obstante, al no advertirse alguna causa de improcedencia que analizar, se impone entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La impetrante de amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Del análisis de los artículos 73 a 79 de la Ley de Amparo, que rigen los requisitos de forma que deben contener las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, no se advierte disposición alguna que obligue a transcribir los conceptos de violación, por lo que en acatamiento al principio de congruencia únicamente se realizará una síntesis de los mismos. Asimismo, es conveniente advertir que en el caso no se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V, del artículo 79, de la Ley de Amparo, en la cual se prevé que en materia laboral se deberá suplir la deficiencia de la queja en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo, pues en la especie, se trata de la patronal dentro del juicio natural, motivo por el que en el presente asunto el concepto de violación se atenderá de acuerdo al principio de estricto derecho, consecuentemente, el motivo de inconformidad esgrimido por la parte solicitante de amparo se analizarán exclusivamente en los términos en que fueron expuestos por ésta. La quejosa refiere que el acto reclamado viola derechos humanos previstos en los numerales 14 y 16 Constitucionales, al no fundar y no motivar las cantidades, ya que no resultan claras ni precisas las diversas cantidades de las cuales realiza cuantificación y que sumadas por el concepto de pensiones vencidas dan como resultado la resolución reclamada. Fundamentación y motivación. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del precepto transcrito se desprende que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Así, la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar los preceptos legales que regulen el hecho, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 204, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página ciento sesenta y seis, que dice: "FUNDAMENTACLÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la constitución federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresaron precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tendido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Para mejor comprensión del asunto se citan algunos antecedentes del acto reclamado, mismos que se desprenden de las constancias que obran en autos y que son, en lo que importa, los siguientes: Mediante escrito de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, el actor promovió incidente de liquidación de laudo presentando planilla de liquidación, y ofreció pruebas documentales, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana. Por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, la responsable desahogó la audiencia incidental, donde tuvo al actor incidentista presente con su planilla de liquidación y al apoderado de la demandada por contestado el incidente planteado, y tuvo a las partes ofrecidas las pruebas documentales de cada quien. El tres de noviembre de dos mil veintiuno, la responsable resolvió incidente de liquidación de laudo. La anterior determinación constituye el acto reclamado en este juicio, misma que a continuación se transcribe en la parte relevante: "... TERCERO.- DETERMINACIÓN DEL SALARIO. En atención a los argumentos esgrimidos por las partes, así como a las constancias que obran en autos, se fija el salario para liquidar las prestaciones de la siguiente manera. .Al no haber controversia respecto del salario mensual reconocido por ambas partes que asciende a la cantidad de $13,925.00 (trece mil novecientos veinticinco pesos 00/100 m.n.), a razón del 50% como se determinó en el laudo de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. A partir de ese salario se aplican entonces los incrementos porcentuales señalados en la tabla de incrementos porcentuales y salariales, de 2016 a la fecha, emitidas por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, de conformidad con la siguiente tabla:. Año Incremento Al 50% del salario mensual 2016 4.2% $7,254.92 2017 3.9% $7,537.84 01 al 31-DIC-2017 3.9% $7,831.84 2018 3.9% $7,831.84 2019 5.00% $8,223.48 CUARTO.- LIQUIDACION DEL CRÉDITO LABORAL. Una vez establecido el salario con el que han de cubrirse las pensiones vencidas, a continuación se establece el siguiente monto que deberá cubrir la condenada en el término de 72 horas contadas a partir de que surta sus efectos la notificación respectiva, suma que se establece salvo error u omisión de carácter aritmético de la siguiente manera. 01 al 31 DE JULIO 2015 $6,962.50 01 al 30 DE AGOSTO 2015 $6,962.50 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 $6,962.50 01 AL 31 DE OCTUBRE 2015 $6,962.50 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 $6,962.50 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 $6,962.50 AGUINALDO $3,481.25 TOTAL $45,256.25 01 AL 31 DE ENERO 2016 $7,254.92 01 AL 29 DE FEBRERO 2016 $7,254.92 01 AL 31 DE MARZO 2016 $7,254.92 01 AL 30 DE ABRIL 2016 $7,254.92 01 AL 31 DE MAYO 2016 $7,254.92 01 AL 30 DE JUNIO 2016 $7,254.92 01 AL 31 DE JULIO 2016 $7,254.92 01 AL 30 DE AGOSTO 2016 $7,254.92 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 $7,254.92 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016 $7,254.92 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 $7,254.92 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 $7,254.92 AGUINALDO $3,627.46 TOTAL $90,686.50 01 al 31 DE ENERO 2017 $7,537.92 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 $7,537.92 01 AL 31 DE MARZO 2017 $7,537.92 01 AL 30 DE ABRIL 2017 $7,537.92 01 AL 31 DE MAYO 2017 $7,537.92 01 AL 30 DE JUNIO 2017 $7,537.92 01 AL 31 DE JULIO 2017 $7,537.92 01 AL 30 DE AGOSTO 2017 $7,537.92 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 $7,537.92 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 $7,537.92 01 AL 30 NOVIEMBRE 2017 $7,537.92 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 $7,831.89 AGUINALDO $3,915.94 TOTAL $94,664.95 01 al 31 DE ENERO 2018 $7,831.89 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 $7,831.89 01 AL 31 DE MARZO 2018 $7,831.89 01 AL 30 DE ABRIL 2018 $7,831.89 01 AL 31 DE MAYO 2018 $7,831.89 01 AL 30 DE JUNIO 2018 $7,831.89 01 AL 31 DE JULIO 2018 $7,831.89 01 AL 30 DE AGOSTO 2018 $7,831.89 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 $7,831.89 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018 $7,831.89 01 AL 30 NOVIEMBRE 2018 $7,831.89 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 $7,831.89 AGUINALDO $3,915.94 TOTAL $97,898.62 01 al 31 DE ENERO 2019 $8,223.48 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 $8,223.48 01 AL 31 DE MARZO 2019 $8,223.48 01 AL 30 DE ABRIL 2019 $8,223.48 01 AL 31 DE MAYO 2019 $8,223.48 01 AL 30 DE JUNIO 2019 $8,223.48 01 AL 31 DE JULIO 2019 $8,223.48 01 AL 30 DE AGOSTO 2019 $8,223.48 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 $8,223.48 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 $8,223.48 01 AL 30 NOVIEMBRE 2019 $8,223.48 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 $8,223.48 AGUINALDO $4,111.74 TOTAL $102,793.50 TOTAL DE PENSIONES VENCIDAS $431,299.82 PENSIONES VENCIDAS $431,299.82 VACACIONES 6.2 DIAS $2,877.79 PRIMA VACACIONAL $719.44 AGUINALDO (7.5 DIAS) $3,481.20 GRAN TOTAL $438,378.25 Ahora bien, atendiendo al concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, demandada en el juicio de origen, en el sentido de la falta de precisión en cuanto a las cantidades o cifras desglosadas en la resolución reclamada de tres de noviembre de dos mil veintiuno, resulta infundado, en virtud de las siguientes razones. La parte demandada aquí quejosa ofreció como pruebas, las consistentes entre otras a la página electrónica respecto de los salarios mínimos generales y profesionales por áreas geográficas, así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. Por su parte la parte actora aquí tercero interesada ofreció como pruebas en el incidente de liquidación de donde emanan los actos reclamados, la documental consistente en la tabla de incrementos porcentuales y salariales del año dos mil dieciséis al dos mil diecinueve, emitidas por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues así lo manifestó en el momento del ofrecimiento de dicha probanza, la presuncional en su doble aspecto legal y humana. De lo anterior se desprende que ambas partes en el incidente de donde emanan los actos reclamados ofertaron la misma información respecto de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, es por ello que no existió controversia en relación a ese tópico. La consideración que se efectúa, tiene su motivación en el hecho de que en las pruebas ofrecidas en el incidente de liquidación por la parte quejosa demandada en el juicio de origen y la actora aquí tercero interesado, se pretendía acreditar los incrementos al salario durante el periodo materia del incidente de liquidación, de las cuales como ya se dijo no hubo controversia y sin embargo la autoridad señalada como responsable argumentó y tomó en consideración las pruebas que ambas partes en la incidencia hicieron valer, para determinar derivado de las operaciones aritméticas que se realizaron, cuantificaciones de las diversas cifras y cantidades que se fueron desglosando y desarrollando respecto los conceptos relativos a las pensiones vencidas, dando como resultado en la incidencia reclamada una condena total de $438,378.25 (....)." Sin que fuera obstáculo a lo anterior, la circunstancia relativa al desechamiento de la prueba confesional ofrecida por la demandada hoy quejosa, al no considerarse idónea para resolver la incidencia, lo que se considera fue correcto toda vez que al momento de su ofrecimiento no se argumentó el objeto y finalidad de dicha probanza y lo que se pretendía acreditar con la misma, de ahí lo infundado de su concepto de violación, además de la falta de idoneidad que precisó la autoridad señalada como responsable. Aunado a lo anterior, la responsable expuso de manera fundada y motivada del porque decide determinar la cantidad resultante, aun cuando las planillas de liquidación de las partes, no fueron coincidentes, salvo en la fijación del salario mensual, que fue reconocido por ambas partes como se advierte de autos del incidente de liquidación reclamado; asimismo, precisó de qué manera, de las pruebas documentales valoradas demostró los incrementos salariales, pues de las tablas presentadas en la resolución deriva el parámetro del cual parte. Ahora, en relación al concepto de violación respecto la circunstancia que refiere la demandada incidentista de la no inclusión del pago de vacaciones y la prima vacacional, esto es, en el sentido de que las vacaciones y prima vacacional no se deben considerar por todos los casos en que se cuantifique la pensión, sino únicamente por la parte proporcional al último año laborado, al respecto dicho concepto resulta inoperante, en razón de que la cantidad fijada por los mencionados tópicos, fueron puntualizados desde la resolución de laudo del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, aunado a que las cantidades por los multicitados temas son los mismos que señaló el demandado hoy quejoso y que incluso fue mayor a lo solicitado por el trabajador aquí tercero interesado. Atento a lo anterior el laudo que constituye la base para resolver sobre la cantidad liquida a pagar, toda vez que la autoridad señalada como responsable se encuentra obligada a fundar y motivar sus determinaciones en relación a la incidencia reclamada, justificando de esa manera del porqué del resultado de las cantidades que describe en las tablas de cifras, cuál es su origen y el fundamento y motivo respecto de las planillas que le fueron expuestas, si las considera o desestima en su caso y en qué basó la determinación de los incrementos salariales; de ahí que como ya se estableció no se configura la violación al derecho de debida fundamentación y motivación que rige para toda resolución de autoridad jurisdiccional, así como el numeral 841 de la Ley Federal del Trabajo, conforme a los cuales el juzgador se encuentra obligado a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para el dictado de su resolución, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, Registro digital 176546, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Por otro lado, en relación al diverso concepto de violación respecto de la incongruencia e incompetencia que señala la parte quejosa respecto de los aumentos e incrementos porcentuales respecto del rubro de pensión y que es la materia de la incidencia, es inoperante dicho concepto, en virtud de que la condena a la patronal del 50% del último salario percibido por la actora incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, es derivado que desde la resolución de laudo emitido el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en donde se estableció que respecto del reclamo de las pensiones vencidas, se consideró que si el Congreso del Estado de Morelos impuso a la patronal la obligación de cubrir a la actora en el natural su pensión, es inoperante que por esta vía pretenda que se declare que la decisión es ilegal, aunado a lo anterior, de manera correcta la autoridad señalada como responsable fundó y motivó la incidencia reclamada con base en el decreto pensionario, en particular en su disposición número 3 del decreto 447. Respecto de la resolución de laudo citado en el párrafo que antecede y el cual se tuvo a la vista al momento de resolver, es invocado dado que es un hecho notorio la existencia en el expediente electrónico del amparo directo 581/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito, con sede en Cuernavaca, Morelos, lo anterior con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la Jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada por Contradicción de Tesis 423/2016, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el ocho de junio de dos mil dieciocho, Décima Época, del rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Finamente, resultan inatendibles los argumentos vertidos en los conceptos de violación respecto de la falta de claridad y precisión en las cantidades que resultaron de las cuantificaciones materia de la incidencia, toda vez que la parte quejosa no se inconformó de las operaciones aritméticas realizadas, es decir, no fueron motivo de algún concepto de violación. En suma, si los conceptos de violación formulados por la parte quejosa no atacan los fundamentos de la resolución impugnada, este órgano judicial no está en condiciones de estudiar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, puesto que de hacerlo, equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, al no encajar en los casos que autoriza la fracción II del artículo 107 de la Constitución General de la República, ni en ninguno de los previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, de ahí que como ya se dijo, tales fundamentos deban subsistir y seguir rigiendo la sentencia reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número V. 2º. J/1, publicada en la página 70, del Tomo I, Abril de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Son aquellos en que no se atacan jurídicamente los razonamientos que la responsable esgrimió para fundar la resolución reclamada, por lo que el tribunal de amparo no está en aptitud de estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resolución, pues de hacerlo, supliría la deficiencia de la queja, cuando no está autorizada tal suplencia por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis 2ª. CC/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 739, del Tomo XVII, enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO INCURRE EN INCONGRUENCIA SI CON MOTIVO DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, NIEGA EL AMPARO. El hecho de que el Juez de Distrito haya estimado que parte de los conceptos de violación son inoperantes y, por ende, haya negado el amparo solicitado y no considerado la improcedencia del juicio, no transgrede el principio de congruencia que las sentencias de amparo deben revestir. Esto es así, porque la improcedencia del juicio alude a obstáculos o causas que impiden el estudio de los conceptos de violación y que, en consecuencia, no permiten que el juzgador se pronuncie sobre la inconstitucionalidad planteada, lo que conduce al sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 73 y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, mientras que la inoperancia de los conceptos de violación proviene de la ineptitud de los argumentos para conducir a la concesión del amparo, esto es, que aun cuando resultaran fundados, ello no daría lugar a conceder el amparo, por lo que, ante la inutilidad de su análisis, la consecuencia es la negativa del amparo y no la improcedencia del juicio, ya que no existe obstáculo alguno para su estudio". Consecuentemente, si no se demostró al través de los conceptos de violación la ilegalidad del acto reclamado, lo que procede es negar la quejosa Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en lo establecido por los artículos 73, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, contra el acto que reclamó de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistente en la interlocutoria de liquidación del tres de noviembre de dos mil veintiuno, en autos del expediente número 06/24/16-1 de su estadística. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy diez de junio de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, residente en esta ciudad; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se imponga de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la Ley de la Materia, se tiene por señalado el domicilio que indica, para el efecto de remitir los oficios que deriven del presente asunto. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecidas a favor de la autoridad de mérito las pruebas documentales que anexa, mismas que se desahogaran por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que remite la autoridad responsable, se ordena formar un anexo por separado, lo anterior para su mejor manejo y conservación. Asimismo, infórmese a las partes que dichas constancias no formarán parte del expediente electrónico, por lo que podrán ser consultadas en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional. Lo anterior no causa perjuicio a las partes, ya que, además de que esas documentales están disponibles para su consulta, serán analizadas y valoradas al estudiar la constitucionalidad del acto reclamado al momento que se emita la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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