Oralia Olascoaga Solís
Expediente 1561/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1561/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 17/01/2018
Partes del expediente
- Oralia Olascoaga Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
III.-Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Oralia Olascoaga Solís, mediante el cual solicita se le expida copias certificadas por duplicado de todo lo actuado en el presente juicio de amparo y designa autorizados. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a la promovente a su costa las copias certificadas que peticiona, y por autorizadas a las personas señaladas para recogerlas, asimismo déjese en autos constancia de su recibo.
- Principal
III.- Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el quejoso y tercero interesado, no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de ocho de febrero de dos mil diecisiete (fojas 426 a la 429), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas y visto el estado procesal que guarda el sumario en que se actúa, del que se desprende que éste se encuentra debidamente integrado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: -. En términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. - Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como la determinación relativa al otorgamiento de la suspensión de plano. - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa. En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación del presente proveído debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que la parte quejosa y tercera interesada hagan valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveídos de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis (fojas 294), se tuvo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones al quejoso, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
III.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido a la quejosa y la tercero interesado para que realizaran las manifestaciones que a su derecho convinieran respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Atento a lo anterior, y toda vez que la parte quejosa y la tercero interesado no realizaron manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete (fojas 385), y con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se procede a valorar si el fallo protector se encuentra cumplido. Para determinar si en el caso las autoridades responsables dieron o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: Oralia Olascoaga Solís, mediante escrito presentado el seis de septiembre (fojas 2 a 17), solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades responsables que a continuación se precisan: "AUTORIDADES RESPONSABLES EN SU CALIDAD DE ORDENADORA: 1.- C.C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SEGUNDA SALA COLEGIADA PENAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.) 2.- C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO (.) AUTORIDADES EJECUTORAS: 1.- C. DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIO Y READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO" (.) ACTO RECLAMADO De las autoridades Ordenadoras C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, reclamo el infundado, inmotivado y anticonstitucional AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO de fecha ocho de mayo del año dos mil dieciséis, dictado en mi contra por mi probable intervención en el hecho delictuoso tipificado como SECUESTRO EXPRESS (hipótesis de privar de la libertad para ejecutar el delito de extorsión), con modificativas (se realice en un camino público, quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas y se realice con violencia), en agravio de femenino de identidad reservada de iniciales M.V.F.V., ilícito previsto y sancionado por los artículos 9° fracción I, inciso d), 10 fracción I, inciso a), b) y c) todos de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6°, 7°, 8°, fracciones I y IV, 9 y 11 fracción I, inciso d) del Código Penal vigente en el Estado de México y que diera origen al Toca de apelación 253/2016, en donde los integrantes de la Segunda Sala Colegiada Penal por mayoría de votos modificaron el Auto de Vinculación en lo que concierne a que el ilícito que nos ocupa no se llevó a cabo en camino público, quedando intocada la restante parte conclusiva, del AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO." 2. Mediante sentencia firmada el veintisiete de diciembre del dos mil dieciséis (fojas 312 a 344), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Oralia Olascoaga Solís, en contra la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (.)" 3. La concesión del amparo fue para el efecto de que el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, realizará lo siguiente (fojas 343 y 344): a) Dejara insubsistente la determinación de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, materia de reclamo. b) Emitiera una nueva, donde atendiera los lineamientos de la sentencia, es decir, considerará que no existieron datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para tener por establecida la comisión del hecho delictuoso de secuestro exprés (en la hipótesis de privar de la libertad a una persona para ejecutar el delito de extorsión), con modificativas (quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas y se realice con violencia), en agravio de una persona del sexo femenino de identidad resguardada de iniciales M.V.F.V.; atribuido a la quejosa. La concesión se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y al Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", Estado de México. 4. En ese tenor, mediante auto de trece de enero de dos mil dieciséis (fojas 342 a 344), la sentencia dictada en el presente expediente causó ejecutoria; se requirió a las responsables para que dieran cumplimiento, al fallo protector, dentro de tres días establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo. 5. La Magistrada Presidenta del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante oficio 321/2017, remitió copia de la resolución de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, donde dejó sin efectos la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal 253/2016, aquí reclamada (fojas 366 vuelta) y en su lugar revocó el auto de vinculación a proceso emitido en contra de Oralia Olascoaga Solís. Por su parte, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y al Estado de México, por diverso oficio 534 (foja 383), comunico haber revocado la medida cautelar personal de prisión preventiva oficiosa decretada en contra de la impetrante de amparo y el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", mediante oficio fechado el veinte de enero de dos mil diecisiete, presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veinticuatro de enero de la presente anualidad (foja 408), comunicó que externo de dicho centro a la quejosa Oralia Olascoaga Solís. Finalmente, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por las responsables al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la quejosa Oralia Olascoaga Solís, en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento a las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación del presente proveído debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que la parte quejosa y tercera interesada hagan valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveídos de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis (fojas 294), se tuvo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones al quejoso, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
III.-s los oficios de cuenta mediante los cuales el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México y el Director del Centro Preventivo Readaptación Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, informan dar cumplimiento al fallo protector; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2°, agréguense para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Con los referidos comunicados, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dése vista a la parte quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Tribunal de Amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación del presente proveído debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que la parte quejosa y tercera interesada hagan valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveídos de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis (fojas 294), se tuvo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones al quejoso, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar.
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