Oralia Olascoaga Solis
Expediente 117/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 117/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/03/2016
Partes del expediente
- Procurador General de Justicia del Estado de México
- Oralia Olascoaga Solis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido el auto por el que se sobreseyó en el presente asunto fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento el diverso 81, fracción I, inciso d), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo, QUEDA FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción I, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad 1 de la Fiscalía Especializada de Secuestro del Valle de Toluca, mediante el cual en cumplimiento al auto de ocho de febrero del año en curso, remite diversas constancias como complemento a su informe justificado; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2o de la Ley de Amparo, únicamente agréguese para que obre como corresponda en virtud de que presente asunto por auto de once de febrero pasado se sobreseyó fuera de audiencia por consecuencia del cambio de situación jurídica.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a través del cual remite un legajo de copias certificadas de la carpeta administrativa 106/2016, en cumplimiento al requerimiento de dos de febrero del año en curso; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y se deja sin efectos el apercibimiento de mérito. Ahora, del estudio de autos se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" [El énfasis es propio]. De la cita que antecede se aprecia que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, destacando que cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en dicho precepto, entendiendo que esta última parte está dirigida a las etapas procedimentales que integran el juicio penal oral, tan es así que el propio precepto señala que la autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; es decir, que ello únicamente impera cuando el cambio de situación jurídica pretende hacerse depender de las determinaciones emitidas en diversas etapas del procedimiento oral, no así cuando se trate de una sustitución procesal, derivada de la resolución de un medio de impugnación instado por la defensa del propio quejoso, como en el particular acontece. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio se advierte que Agustín y Benito, de apellidos Olascoaga Solís, en nombre de la quejosa Oralia Olascoaga Solís, acudieron a este juicio de garantías, el dos de febrero del año en curso, señalando como acto reclamado la privación ilegal de la libertad, así como la incomunicación en la que se encontraba, lo cual se le reclamó al Procurador General de Justicia del Estado de México y otras autoridades. En ese sentido, al recabarse los informe relativos a la suspensión de plano decretada en autos, las responsables informaron que el presente asunto tiene relación con la carpeta de investigación 645600480011016 y que el uno de febrero de dos mil dieciséis, dentro del término constitucional de cuarenta y ocho horas, la referida quejosa fue puesta a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; asimismo, que un vez que se llevó a cabo la audiencia de control de detención, el dos de febrero de la anualidad cursante, se decretó la legal detención, se formuló imputación y se decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Por tal motivo, al solicitarse las constancias que hora se reciben, se advierte que el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, el dos de febrero de dos mil dieciséis, en audiencia de control de detención, decretó la detención judicial de la imputada, señalando el seis de febrero para resolver su situación jurídica, lo que aconteció el siete siguiente, dictándole a la quejosa Oralia Olascoaga Solís, entre otros, auto de vinculación a proceso por su probable intervención en el evento delictuoso de secuestro exprés en la hipótesis de privar de la libertad a la víctima para ejecutar el delito de extorsión, con modificativa (agravado por haberse efectuado en camino público, interviniendo en el evento un grupo de dos o más personas, empleando en su comisión la violencia), en agravio de una persona de identidad reservada, en términos de las artículos 1, párrafo primero, 2, párrafo primero, nueve fracción I, inciso D), 10, fracción I, incisos A), B) y C) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. En las relatadas circunstancias, tomando en cuenta que la quejosa fue asegurada en el supuesto de flagrancia y puesta a disposición ante el Agente del ministerio Público adscrito a la Unidad 1 de la Fiscalía Especializada de Secuestro del Valle de Toluca, (momento procesal en el que solicitó el amparo de la justicia federal por considerar que se encontraba privada ilegalmente de su libertad), se le decretó la retención física y material, pues es uno de los motivos por el que se puede restringir la libertad personal al gobernado, teniendo características peculiares, y que al conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad personal se les denomina situación jurídica, de tal manera que cuando dicha situación cambia por la existencia de una resolución posterior que la sustituye, se modifican los efectos de la situación anterior, pues la nueva excluye los efectos de la primera. Luego, en el caso concreto al decretar el juez de control la detención judicial de la aquí quejosa en audiencia de control de detención de dos de febrero del año en curso, por los acontecimientos relatados, existe un cambio de situación jurídica, porque dicha detención dejó insubsistentes los efectos de la primera, por lo que resulta imposible el examen de la misma por esa circunstancia. Bajo esa tesitura, se estima que en el caso particular, existe un impedimento para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, pues encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, el sobreseimiento es decretado sin que se lleve a cabo la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio, ya que sólo trastocaría el principio de celeridad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al caso la Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. (S. J. F. y su Gaceta, 9ª Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386). Y por analogía la diversa Jurisprudencia número 1a./J. 17/2008 , emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, que dice: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto.. (S. J. F. y su Gaceta, 9ª Época, tomo XXVII, junio de 2008, página 270). En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, prevista para realizarse a las once horas con diez minutos del veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector emitido en el sumario en que se actúa y remite las constancias que acreditan tales circunstancias; por tanto, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada, intégrense a los autos y téngase por hecho del conocimiento lo informado por la oficiante, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, al advertirse que el objetivo primordial de las ejecutorias de amparo, es que sean cumplimentadas sin demora, pues la restitución de la parte quejosa en el goce de la garantía violada es una cuestión de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; se requiere a la oficiante, para que una vez que cuente con las constancias de notificación a las que se hace alusión la sentencia de amparo emitida en el sumario en que se actúa, EN EL PERÍODO MÁS PRÓXIMO (el cual no debe exceder de tres días) las allegue a este juzgado federal, con fundamento en el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Se apercibe a la oficiante que de no hacerlo en el tiempo concedido, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, en caso de su inobservancia, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso; aunado a lo anterior, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o bien al Tribunal Colegiado correspondiente, según sea el caso, para continuar con el trámite de inejecución. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la Ley de Amparo. REITÉRESE A LA RESPONSABLE, QUE NO OBSTANTE LA FALTA DE REQUERIMIENTO POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, ÉSTA SE ENCUENTRA CONSTREÑIDA A INFORMAR DE INMEDIATO, LA TOTALIDAD DE LAS ACTUACIONES Y DILIGENCIAS QUE LLEVE A CABO EN EL EXPEDIENTE LABORAL 1024/2015, RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL SUMARIO EN QUE SE ACTÚA.
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