Oralia o Ma. Oralia López Chávez
Expediente 195/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 19 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 195/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Oralia o Ma. Oralia López Chávez
- Eliseo Ramírez Hinojosa
- María de Jesús Ramírez Hinojosa
- agente del Ministerio Público de la Federación adscrita
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Amparo en revisión
Visto el estado que guardan los presentes autos y que mediante ejecutoria de ocho de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el presente asunto, se modificó la sentencia recurrida, se sobreseyó en el juicio de amparo y se declaró sin materia el recurso de revisión adhesivo, y con el oficio 10573/2022, del índice de este Tribunal, se remitió al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, testimonio autorizado de la sentencia dictada en el presente expediente, así como los autos de origen, archívese el expediente como y ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN.
- Amparo en revisión
PRIMERO. En la materia de la revisión se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por xxx, por su propio derecho, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución; por los motivos planteados en el considerando séptimo de esta ejecutoria, en relación con lo expuesto en la resolución recurrida. TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesivo promovido por la autoridad recurrente por los motivos expuesto en el considerando octavo de esta resolución.
- Amparo en revisión
Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de la misma fecha, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "SÉPTIMO. Improcedencia del juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al procedimiento de verificación IZAI-VOT-065/2020. No serán motivo de estudio los agravios que se hicieron valer en contra de la negativa del amparo del acto reclamado al "IZAI", consistente en la falta de emplazamiento al procedimiento IZAI-VOT-065/2020; pues en el caso, se impone sobreseer en el juicio por falta de interés jurídico respecto de dicho acto, cuya causal debe estudiarse de manera preferente y en forma oficiosa, de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, que reza: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En efecto, el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley invocada, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De lo anterior se sigue, que el juicio de amparo de amparo es improcedente en contra de actos de autoridad que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, entendiéndose por esto, ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, que se ve afectado por la norma, acto u omisión reclamados en detrimento de los derechos humanos de que habla el artículo 1º de la Ley de Amparo. En el caso, los antecedentes puntualizados, evidencian que el procedimiento IZAI-VOT-065/2020, fue iniciado de oficio el cinco de febrero de dos mil veinte, con motivo del ejercicio de la facultades legales que tiene el "IZAI" para verificar el cumplimiento de las obligaciones de trasparencia del ejercicio correspondiente a dicho año, que debió observar el sujeto obligado Municipio de Genaro Codina Zacatecas, en términos de las disposiciones de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Que para ello, emitió dos requerimientos al ayuntamiento, los que dirigió y comunicó a su Presidenta Municipal y a su Unidad de Trasparencia, a fin de que se subsanaran las áreas de oportunidad detectadas, con el apercibimiento de que, en caso de no atenderse, se le aplicarían a dicho sujeto las medidas de apremio establecidas en el artículo 190 de la Ley invocada. Que fue hasta la resolución de ocho de diciembre de dos mil veinte, cuando el Pleno de Comisionados del "IZAI", al considerar no cumplidos esos requerimientos por parte del Ayuntamiento nombrado, procedió a determinar la aplicación de la multa en lo personal a la aquí quejosa -que también se impugna como acto reclamado-. De lo anterior se sigue, que la quejosa, en lo personal, carece de interés jurídico para reclamar la falta de emplazamiento a un procedimiento que de oficio inició el "IZAI", para verificar el cumplimiento de las obligaciones que el referido Ayuntamiento tiene como sujeto obligado en términos de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, pues los antecedentes precisados ponen de manifestó que ese procedimiento de verificación nunca se inició en contra de la quejosa en lo personal, sino respecto del sujeto obligado Ayuntamiento de Genaro Codina Zacatecas. Luego, el hecho de que el "IZAI" haya considerado dentro de dicho procedimiento, que el nombrado Ayuntamiento como sujeto obligado no cumplió con los requerimientos que le dirigió; y que por ende, se hizo acreedor a que se le aplicaran las medidas de apremio previstas en el artículo 190 de la Ley en cita, sobre la base de que la persona física, aquí quejosa, es quien debe responder en lo personal por la multa impuesta; no significa que el "IZAI" hubiese tenido la obligación de emplazar a ésta última al procedimiento de verificación oficioso referido, porque esa facultades se dirigieron únicamente contra del sujeto obligado Ayuntamiento de Genaro Codina Zacatecas. Por lo tanto, la quejosa, en lo personal, no tiene porqué ser emplazada a un procedimiento de verificación que no se dirigió en su contra. Lo anterior, no desconoce que de conformidad con el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las resoluciones emitidas por los organismos garantes son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados; sin embargo, esta impugnabilidad no aplica en tratándose de multas impuestas en materia de transparencia y acceso a la información, a sujetos que como personas particulares tienen la obligación de cubrirlas con sus propios recursos. Al respecto, se comparte en lo conducente, la jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto: "JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE IMPONE MULTA A UN SUJETO OBLIGADO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si las resoluciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, que imponen multas a los sujetos obligados por incumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal, son impugnables a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo estatal, o bien, mediante el juicio de amparo, llegando a soluciones contrarias. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, decide que es improcedente el juicio de nulidad, al ser la Comisión de Transparencia estatal un organismo constitucionalmente autónomo; además, porque de acuerdo con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, la única vía para combatir las resoluciones emitidas por los organismos garantes, es el juicio de amparo. Justificación: De conformidad con el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las resoluciones emitidas por los organismos garantes son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados; sin embargo, en tratándose de multas impuestas en materia de transparencia y acceso a la información, a sujetos obligados, que como persona particular tiene la obligación de cubrirla con sus propios recursos, no se actualiza la regla constitucional de inatacabilidad, la cual se creó con la intención de que los sujetos obligados no atacaran las resoluciones en las que se les impone una obligación en materia de transparencia, con el fin de no entorpecer ese derecho. Ahora bien, si las Comisiones Estatales de Transparencia y Acceso a la Información son organismos públicos autónomos, contra sus resoluciones es improcedente el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, puesto que en términos de los artículos 1o. y 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Nuevo León, éste es un órgano jurisdiccional con competencia para dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los particulares y el Estado, los Municipios, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal, de modo que quedan excluidos los organismos públicos autónomos como es la referida Comisión. Además, acorde a lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 183 y 184 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal, las resoluciones que emitan los organismos garantes, pueden ser impugnadas por los particulares mediante el juicio de amparo; regla que de igual forma, le resulta aplicable al sujeto obligado que acude a impugnar una multa que le es impuesta por incumplimiento a la Ley de Transparencia Local, al ser acorde al marco constitucional que rige actualmente en el sentido de que las resoluciones en esa materia, sólo pueden impugnarse a través del juicio de amparo." Por lo tanto, la quejosa carece de interés jurídico para reclamar la falta de emplazamiento al procedimiento de verificación aludido, máxime que no se puede desconocer que la multa aplicada, no tiene la naturaleza de sanción sino de una medida de apremio, porque así fue establecida desde el apercibimiento dado al Ayuntamiento nombrado en los requerimientos que se le hicieron. Resulta más que evidente que las autoridades -sujetos obligados-, no tienen legitimación para ser emplazadas en lo personal a dicho procedimiento desde su inicio bajo el argumento de que es posible que se les imponga una multa con cargo a su peculio, pues ello implicaría de obligar al "IZAI" a anticipar -especulando- no sólo que el ente obligado va incumplir con subsanar las observaciones, sino a prejuzgar -cuando aún no existe un dato objetivo de incumplimiento- qué persona física es la que debe pagar la multa ante ese incumplimiento. Resulta ilustrativa, por identidad de razón jurídica, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, siguiente: "MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 148, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. NO ENTRAÑA UNA MANIFESTACIÓN DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. La multa prevista en el artículo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León contra los sujetos obligados, por no rendir su contestación en el procedimiento de inconformidad dentro del término que el propio ordenamiento indica, no corresponde al ámbito del derecho administrativo sancionador, debido a que, en ese caso, no se trata de una manifestación de la potestad punitiva del Estado, esto es, que tenga un fin represivo o retributivo para la realización de una conducta que se considere administrativamente ilícita. Más bien, su naturaleza jurídica se inscribe en la potestad de autotutela ejecutiva de la administración, identificada con su facultad legal de defender intereses públicos concretos, en la especie, hacer efectivo el derecho de acceso a la información, pues media una advertencia previo a la sanción, desde el momento en que ésta se establece legalmente y le precede un apercibimiento directo y personal; de ahí que se trate de un medio de presión y no de una sanción, que tiene una finalidad coercitiva, similar a la de las medidas de apremio, y está sujeta a los requisitos de la debida fundamentación y motivación, previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así, porque dicha multa coercitiva no castiga un incumplimiento, sino que la administración la anuncia previamente al particular, ofreciéndole la posibilidad de evitarla, al cumplir con la prevención ejecutando la obligación. Esa opción no existe en el caso de la sanción, porque cuando ésta se impone ya se produjo la infracción y el particular no puede evitarla o eliminarla." Finalmente, no se desconoce que la multa impuesta a la quejosa, tiene su origen en la responsabilidad que hasta la resolución de ocho de diciembre de dos mil veinte, el "IZAI" le determinó en lo personal derivada de sus funciones como Presidenta Municipal; es decir, no por alguna obligación que en materia de la Ley invocada le concerniese en lo particular; pero esto, por lo expuesto, no implica que tenga interés jurídico para ser emplazada al procedimiento de investigación que de oficio se enderezó en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de Genaro Codina, Zacatecas. Tema distinto es, examinar si fue legal la notificación que a la quejosa se le hizo, de la resolución de ocho de diciembre de dos mil veinte, que es la que le incorporó hasta ese momento al procedimiento, al afectarle un derecho propio (no del nombrado Ayuntamiento por actos de su presidencia), y si fue correcto lo que en esta se estableció, en el sentido de que se actualizaron las condiciones para sostener que en su calidad de Presidenta Municipal -no en lo personal- estuvo en condiciones unívocas de haberse hecho sabedora de los requerimientos ordenados por el "IZAI" al citado Ayuntamiento, y que por esa investidura debe responder de la multa que le fue aplicada con cargo a su peculio personal por así disponerlo el artículo 190,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. A mayor abundamiento, si el mencionado procedimiento de verificación de cumplimiento de obligaciones se estableció para el sujeto obligado ayuntamiento de Genaro Codina como persona moral, la quejosa como presidenta no tendría legitimación para reclamar a nombre del ayuntamiento la falta de emplazamiento, porque esa legitimación de inicio la tiene el síndico municipal, de conformidad en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado, y no consta en autos que se actualicen los casos de excepción del artículo 83 de la misma Ley. Cabe señalar, que en casos análogos, la jurisprudencia del alto Tribunal, ha definido que las personas físicas que encarnan a las autoridades del Estado, cuando son afectadas en lo personal dentro de un procedimiento por el incumplimiento de obligaciones que se les imponen como autoridad, su derecho de audiencia se tutela con el derecho que se les debe dar en lo personal para impugnar la medida de apremio o sanción aplicada al margen del conocimiento que como autoridades tienen. Ejemplo de lo anterior, es lo considerado en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, de rubro: "MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO DE AUDIENCIA PREVIA.", en la que se dijo: "No obstante la declaratoria de constitucionalidad del artículo 260, fracción IV, impugnado, esta Segunda Sala considera indispensable realizar una interpretación sistemática de la Ley de Amparo para establecer la forma en que los Tribunales Colegiados de Circuito deben imponer la multa contenida en el mencionado artículo. En este sentido, al recibirse en el Tribunal Colegiado correspondiente la demanda de amparo junto con el informe justificado y los demás elementos establecidos en la ley, al momento de dictar el acuerdo de admisión el presidente del Tribunal Colegiado cuenta con elementos suficientes para valorar si la remisión realizada por la autoridad responsable transgrede el artículo 178 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, si es el caso de aplicar la sanción contemplada en el artículo 260, fracción IV, de la propia ley. Tal proceder permite que, mediante el recurso de reclamación, la autoridad responsable esté en posibilidad de presentar argumentos encaminados a desvirtuar las razones en las que se sustentó la imposición de la multa, pues cabe recordar que en el caso la sanción que se combate es una afectación personal sufrida por el titular del órgano responsable, el cual tiene derecho a un recurso para combatir los actos que le afectan, en términos de lo establecido en el artículo 17 constitucional. Así, aun y cuando en el informe justificado la autoridad responsable exponga las razones que a su juicio justifican el incumplimiento de lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Amparo y el presidente del órgano colegiado considere que se debe imponer la multa dispuesta en el artículo 260, fracción IV, de esa ley, la autoridad responsable tendrá oportunidad de desvirtuar los razonamientos que sustentan la sanción decretada mediante el recurso de reclamación." Y en el caso, la tutela de que se habla, la otorgó el legislador a las personas afectadas en su patrimonio a consecuencia de su desempeño como funcionarios públicos en materia de la trasparencia y acceso a la información pública, al otorgarles el derecho expreso a impugnar esas multas mediante el juicio de nulidad -sin perjuicio del juicio de derechos-, como lo establece el artículo 200 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se dé cuenta al pleno. Notifíquese
- Amparo en revisión
Visto el estado que guardan los autos del presente asunto, hágase saber a las partes que este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, a partir del uno de mayo del presente año, estará integrado para resolver el presente asunto, por los magistrados Eduardo Antonio Loredo Moreleón (presidente), Pedro Guillermo Siller González Pico y Gustavo Alcaraz Núñez.
Quedan 15 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito · 5,526 expedientes
- Onésimo Feregrino Feregrino630/2017
- Onésimo Zúñiga Fernández706/2022
- Oracio Saldaña Pérez952/2018
- Oralia Chávez Parga y Otros.438/2016
- Oralia García García1171/2017
- Oralia Medina Flores786/2017
- Orlando Martínez Hernández666/2017
- Orlando Villa Esquivel520/2021
- Orlando Villa Esquivel368/2022
- Orlando Villa Esquivel853/2016
- Osbaldo Rivera Godoy90/2015
- Osbelia Villavicencio Ruiz199/2018