Oralia Muñoz Ceballos
Expediente 28/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 28/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Oralia Muñoz Ceballos
Actuaciones
- Principal
...se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que la promovente lo haya hecho valer...dicho proveído CAUSÓ ESTADO... archívese este expediente como concluido...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE PROMOVENTE, EL AUTO QUE DICE: *** promueve demanda de amparo contra actos de la Junta Especia Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y regístrese el juicio de amparo con el número 28/2018 que le corresponde. DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, de la lectura íntegra del escrito de demanda se considera respetuosamente que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5° y 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de dicha ley. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos dispone que las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, por lo que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en dicha Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo establece que son partes en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley mencionada y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, conforme al artículo 6 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que ello es lo que provoca la procedencia de la acción constitucional. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Época: Octava Época Registro: 211702 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: Página: 704 PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama. De acuerdo con el criterio jurisprudencial invocado, la quejosa corresponde demostrar la procedencia de la acción constitucional y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto, no basta la existencia del acto para concluir que necesariamente el mismo perjudica a la promovente del juicio de amparo, sino que se requiere justificar el perjuicio que sufre con motivo del acto reclamado. HECHOS En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de radicación de ***, dictado dentro de los autos del expediente laboral *** del índice de la Junta Especia Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante el cual la junta responsable se declaró incompetente para conocer de la demanda promovida por la parte quejosa en contra del ***. CONCLUSIÓN Se concluye respetuosamente que el acto reclamado no le causa perjuicio alguno a la promovente, ya que dicha afectación se patentizará una vez que el órgano a favor del cual la autoridad responsable declinó la competencia, la acepte, ya que es hasta ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la promovente, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2009721 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/2015 (10a.) Página: 5 AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, 5 y 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, debido a que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y se autoriza únicamente para oír y recibir toda clase de notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas restantes debido a que no cuentan con cédulas profesionales registradas en ese sistema. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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