Oralia Elisa Echeverría Herrera

Expediente 416/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
416/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
22/05/2017

Partes del expediente

  • Oralia Elisa Echeverría Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en esta ciudad, a través del cual se acusa recibo del comunicado por el que se remitió el juicio de amparo 416/2017, e informa que se avoca al conocimiento del presente asunto con motivo de la incompetencia planteada. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, al tratarse de un cuaderno de antecedentes y no existir documentos originales, de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del acuerdo en cita, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

  2. Principal

    Ciudad de México, a quince de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda promovida por Oralia Elisa Echeverría Herrera, contra acto(s) de la "Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México", y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 416/2017. Ahora, resulta necesario analizar el aspecto relacionado con la competencia de este juzgado para conocer del asunto planteado, en virtud de que dicha cuestión es de orden público y estudio preferente. Así, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional estima que no le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo, en virtud que el acto reclamado consiste en la diligencia de lanzamiento de diecinueve de abril de este año, emitida por la referida autoridad en el expediente 329/2000, cuyo conocimiento corresponde a un juez de Distrito en Materia de Trabajo en esta ciudad, por las siguientes consideraciones. El artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece lo siguiente: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Luego, el diverso 55 del ordenamiento legal en cita, dispone: "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Bajo esas condiciones, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio que tratándose de conflictos competenciales por razón de la materia, es decir aquellos que se susciten entre distintos órganos jurisdiccionales en virtud de su especialización, para su resolución debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados. Lo anterior, debe establecerse a partir de la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de los actos reclamados, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Sirve de apoyo, la tesis emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1773, tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO". En ese tenor, se advierte que el acto reclamado no deriva de procedimiento penal alguno, que justifique que el conocimiento corresponda a este juzgado, pues se impugna una determinación emitida en un expediente en materia de trabajo, que si bien, de acuerdo al planteamiento de la promovente, tuvo o tiene como consecuencia la violación del acuerdo de aseguramiento que refiere, es claro que se controvierte aquélla resolución y no esta última, de ahí que este órgano de control constitucional esté imposibilitado para dar el trámite que se requiere. Así, al no poder considerar que dicho acto sea de naturaleza penal, es que no se actualiza alguna de las hipótesis contenidas en el dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en tanto que dicho acto es formal y materialmente laboral, en razón de la autoridad a la que se atribuye y a la naturaleza del mismo, por lo que es incuestionable que la competencia para resolver el presente juicio de amparo corresponde a un juez de Distrito en Materia de Trabajo en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES". En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítanse el expediente original y las copias de la demanda exhibidas a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en esta ciudad, para que a su vez se envíen al órgano jurisdiccional que corresponda, al que se solicita el acuse de recibo y la comunicación de la resolución que pronuncie al respecto. Notifíquese el presente proveído y las subsecuentes determinaciones a la parte quejosa, mediante lista de acuerdos que se publica en este juzgado, al haberla señalado para tal efecto; asimismo, ténganse por autorizadas a las personas mencionadas en los términos indicados. Respecto de la petición en el sentido que se autorice la imposición de autos a través de medios electrónicos, dígase a la inconforme que en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dispuso: "no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos", de lo que se advierte que el uso de los citados aparatos, se permitirá exclusivamente para imponerse de acuerdos dictados en el expediente, y no de notificaciones, informes de ley, resoluciones o cualquier otro tipo de constancia que se encuentre integrada en autos; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Por tal motivo, como lo solicita, se autoriza hacer uso de los medios referidos única y exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en este controvertido. En el entendido que los servidores públicos adscritos al área de actuaría, deberán vigilar el estricto cumplimiento a lo acordado en el párrafo que antecede.

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