Oralia De la Luz Hernández

Expediente 627/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
627/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Oralia De la Luz Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el auto de cinco de julio de la presente anualidad, en el que se desechó de plano la demanda interpuesta por Oralia de la Luz Hernández, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), y penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse desechado de plano la demanda de amparo que le dio origen; asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, y pasados treinta días de este plazo, se deberá destruir con posterioridad al VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Uriel Curti Espinosa, secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido del licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, cinco de julio de dos mil veintidós. Vista la diligencia actuarial de cuenta, se advierte que la quejosa Oralia de la Luz Hernández ratifica como suyas las firmas que calzan el escrito inicial de la demanda de amparo y el relativo al desahogo de la prevención formulada en autos, que fueran registrados bajo los números de promoción 8386 y 8931; por consiguiente, se acuerda: Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Oralia de la Luz Hernández, mediante el cual en cumplimiento a la prevención ordenada por auto de catorce de junio de la presente anualidad, precisa que el acto que reclama por esta vía constitucional es: ". La omisión de cumplir el Laudo y el incidente de la planilla de liquidación por parte de la autoridad responsable H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz." Por lo tanto, téngase por cumplida la prevención de mérito, por lo que se procede a acordar lo siguiente: DESECHAMIENTO DE DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". (Lo subrayado es propio). El dispositivo transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). Ahora bien, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que se actualice alguna causal diversa a las previstas en el catálogo que de las mismas se listan en el referido precepto legal y que emane de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia ley de la materia. Tal disposición se relaciona con el diverso artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo antes referida, el cual dispone que se debe decretar el sobreseimiento del juicio de amparo cuando de las constancias de autos pareciere claramente probado que no existe el acto reclamado. Cabe reiterar que en el caso, la quejosa precisó en su escrito aclaratorio que el acto reclamado es: ". La omisión de cumplir el Laudo y el incidente de la planilla de liquidación por parte de la autoridad responsable H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz." En ese contexto, de la lectura integral de la demanda y atendiendo a la precisión que hizo la ocursante en el escrito aclaratorio, se aprecia que la omisión que Oralia de la Luz Hernández reclama a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, lo hace de manera genérica, es decir, únicamente alega que no se ha podido lograr la ejecución del laudo (que lleva implícito el cumplimiento a la resolución del incidente de la planilla de liquidación) emitido dentro de los autos del expediente laboral 671/2005-III, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a pesar de que ha solicitado oportunamente a la autoridad responsable que dicte las medidas tendentes a dicha ejecución; sin embargo, la quejosa no reclama en específico alguna actuación en particular, en relación a la omisión de la que se duele. En ese contexto, resulta de trascendencia tomar en consideración que el artículo 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, prevé la participación de las partes para la ejecución del laudo, que el laudo deberá cumplirse en un plazo de quince días contado a partir del día siguiente de que surta sus efectos su notificación y en caso de no ser así se dictará auto de requerimiento de pago y embargo, el cual se notificará a la parte condenada, para lo cual se aplicarán las disposiciones relativas al procedimiento de embargo, previstas en la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de ejecutar de manera completa esta resolución hasta lograr el pago íntegro de todas las prestaciones adeudadas. En esas condiciones, si en amparo indirecto se reclama genéricamente la omisión de la autoridad responsable de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, emitido en el juicio natural, como en el caso sucede, el juicio de amparo resulta improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera a la autoridad responsable. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2ª./J.15/2011 (10ª), determinó: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." (Lo subrayado es propio). Asimismo, por sus consideraciones es aplicable la jurisprudencia PC.I.L. J/10L sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y contenido: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo intentada por Oralia de la Luz Hernández. No es óbice a la anterior determinación el hecho de que la promovente haya señalado como autoridad responsable ejecutora al Juez Municipal de Coatzintla, Veracruz, toda vez que no se impugna por vicios propios su acto reclamado, sino que su ilegalidad la hace depender del acto de ordenamiento. Al efecto, por su contenido, tiene aplicación la jurisprudencia VI.2o.J/7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Notifíquese personalmente a la promovente.Así lo proveyó y firma el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido del licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, cinco de julio de dos mil veintidós. Vista la diligencia actuarial de cuenta, se advierte que la quejosa Oralia de la Luz Hernández ratifica como suyas las firmas que calzan el escrito inicial de la demanda de amparo y el relativo al desahogo de la prevención formulada en autos, que fueran registrados bajo los números de promoción 8386 y 8931; por consiguiente, se acuerda: Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Oralia de la Luz Hernández, mediante el cual en cumplimiento a la prevención ordenada por auto de catorce de junio de la presente anualidad, precisa que el acto que reclama por esta vía constitucional es: ". La omisión de cumplir el Laudo y el incidente de la planilla de liquidación por parte de la autoridad responsable H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz." Por lo tanto, téngase por cumplida la prevención de mérito, por lo que se procede a acordar lo siguiente: DESECHAMIENTO DE DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". (Lo subrayado es propio). El dispositivo transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). Ahora bien, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que se actualice alguna causal diversa a las previstas en el catálogo que de las mismas se listan en el referido precepto legal y que emane de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia ley de la materia. Tal disposición se relaciona con el diverso artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo antes referida, el cual dispone que se debe decretar el sobreseimiento del juicio de amparo cuando de las constancias de autos pareciere claramente probado que no existe el acto reclamado. Cabe reiterar que en el caso, la quejosa precisó en su escrito aclaratorio que el acto reclamado es: ". La omisión de cumplir el Laudo y el incidente de la planilla de liquidación por parte de la autoridad responsable H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz." En ese contexto, de la lectura integral de la demanda y atendiendo a la precisión que hizo la ocursante en el escrito aclaratorio, se aprecia que la omisión que Oralia de la Luz Hernández reclama a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, lo hace de manera genérica, es decir, únicamente alega que no se ha podido lograr la ejecución del laudo (que lleva implícito el cumplimiento a la resolución del incidente de la planilla de liquidación) emitido dentro de los autos del expediente laboral 671/2005-III, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a pesar de que ha solicitado oportunamente a la autoridad responsable que dicte las medidas tendentes a dicha ejecución; sin embargo, la quejosa no reclama en específico alguna actuación en particular, en relación a la omisión de la que se duele. En ese contexto, resulta de trascendencia tomar en consideración que el artículo 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, prevé la participación de las partes para la ejecución del laudo, que el laudo deberá cumplirse en un plazo de quince días contado a partir del día siguiente de que surta sus efectos su notificación y en caso de no ser así se dictará auto de requerimiento de pago y embargo, el cual se notificará a la parte condenada, para lo cual se aplicarán las disposiciones relativas al procedimiento de embargo, previstas en la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de ejecutar de manera completa esta resolución hasta lograr el pago íntegro de todas las prestaciones adeudadas. En esas condiciones, si en amparo indirecto se reclama genéricamente la omisión de la autoridad responsable de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, emitido en el juicio natural, como en el caso sucede, el juicio de amparo resulta improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera a la autoridad responsable. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2ª./J.15/2011 (10ª), determinó: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." (Lo subrayado es propio). Asimismo, por sus consideraciones es aplicable la jurisprudencia PC.I.L. J/10L sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y contenido: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo intentada por Oralia de la Luz Hernández. No es óbice a la anterior determinación el hecho de que la promovente haya señalado como autoridad responsable ejecutora al Juez Municipal de Coatzintla, Veracruz, toda vez que no se impugna por vicios propios su acto reclamado, sino que su ilegalidad la hace depender del acto de ordenamiento. Al efecto, por su contenido, tiene aplicación la jurisprudencia VI.2o.J/7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Notifíquese personalmente a la promovente.Así lo proveyó y firma el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido del licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    EN XALAPA, VERACRUZ A CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, LICENCIADO LUIS ALBERTO CAMACHO MONDRAGÓN, HACE CONSTAR QUE COMPARECE ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL LA QUEJOSA ORALIA DE LA LUZ HERNÁNDEZ, A EFECTO DE RATIFICAR LA DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA EN OFICIALÍA DE PARTES DE ESTE JUZGADO EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS Y EL ESCRITO ACLARATORIO RECIBIDO EN OFICIALÍA DE PARTES DE ESTE JUZGADO EL VEINTITRÉS DE JUNIO DEL MISMO AÑO, QUIEN SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR LZHROR81120530M900, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CUYA FOTOGRAFÍA QUE APARECE AL MARGEN COINCIDE CON LOS RASGOS FISONÓMICOS DE LA COMPARECIENTE DE REFERENCIA, Y UNA VEZ QUE LE SON PUESTOS A LA VISTA TALES ESCRITOS, SE LE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS DELITOS EN QUE INCURREN QUIENES DECLARAN CON FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE AMPARO; MANIFESTANDO QUE EN ESTE ACTO RATIFICA ÍNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DE LOS REFERIDOS OCURSOS, ASÍ COMO LAS FIRMAS QUE LOS CALZAN, POR SER LAS MISMAS QUE UTILIZA TANTO EN SUS ACTOS PÚBLICOS COMO PRIVADOS, Y SOLICITA SE ACUERDE DE CONFORMIDAD, CON LO ANTERIOR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE DILIGENCIA FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. DESE CUENTA AL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO, A FIN DE QUE PROVEA LO CONDUCENTE. DOY FE. ********************************************************************************************************************************************LIC. LUIS ALBERTO CAMACHO MONDRAGÓN********************SECRETARIO************************************************************************************************************************************************************************************ORALIA DE LA LUZ HERNÁNDEZ********************QUEJOSA

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