Oracio Arzola Silva

Expediente 944/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
944/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
19/12/2016

Partes del expediente

  • Oracio Arzola Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinticuatro de noviembre al catorce de diciembre del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    (CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia engrosada el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis (fojas 38 a 48), por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "(...) Por lo antes expuesto, es incuestionable que se vulneró en perjuicio de la parte quejosa su derecho de audiencia, toda vez que previamente a la diligencia en la cual se le impuso como sanción una corrección disciplinaria no fue llamado a la misma, mediante citatorio, en la cual hubiere entre éste y la diligencia un plazo breve pero suficiente para que preparara su defensa, por lo que ante ese circunstancia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia solicitado. Deje insubsistente el correctivo disciplinario de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. En el entendido de que, para el caso de que el Consejo Técnico Disciplinario antes aludido, determine ejercer nuevamente sus facultades e inicie el procedimiento sancionador con motivo de los hechos atribuidos al interno aquí quejoso, deberá ajustarse a las formalidades legales; establecidas en el artículo 14 Constitucional, en relación con el precepto 39 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el Estado de Puebla, el cual establece que previo a la imposición de la corrección disciplinaria se deberá substanciar un procedimiento sumario en el que se respetarán las garantías del interno. Deberá notificar al interno, mediante citatorio que reúna los requisitos establecidos anteriormente, el inicio al procedimiento sumario administrativo. Igualmente, se le debe hacer saber: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse II. El día y hora en que debe comparecer III. El objeto de ésta IV. El procedimiento del que se deriva V. La firma de la autoridad que la ordena VI. Las infracciones que se le atribuyen VII. Quién lo ha denunciado VIII. Las posibles consecuencias de la sanción y IX. Que tiene derecho a ofrecer pruebas en la citada diligencia." (foja 47). Por auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 104 a 106). Mediante oficio telegráfico folio 387170 de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla informó: ".EN ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO HECHO A TRAVÉS DEL OFICIO TELEGRÁFICO NÚMERO OF. 21032 716 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2016, RECIBIDO EN ESTE CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EL DÍA VEINTICINCO DE OCTUBRE DE 2016, RESPECTO A HORACIO ARZOLA SILVA, INFORMO A USTED QUE EN ESTE CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, SE RECIBIERON LOS OFICIOS OF. IV A-5502-1 Y OF. IV-A-500-2 OFICIOS DE FECHA 08 OCHO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, Y LOS QUE FUERON RECIBIDOS EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016. ASÍ MISMO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE ESTA AUTORIDAD HA DEJADO INSUBSISTENTE EL CORRECTIVO DE FECHA DIECISÉIS DE MAYO DE 2016, Y SE DECLARÓ CUMPLIDA LA SANCIÓN QUE LE IMPUSO AL INTERNO EN CITA. LO QUE HAGO DE SU CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR." (fojas 113 y 114). Por su parte, el Consejo técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, también informó haber cumplido con los efectos de la ejecutoria amparadora en los mismos términos (fojas 115 a 117). Dichas constancias, por ser documentos públicos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo anterior, al dejar insubsistente el correctivo disciplinario que fue impuesto al quejoso a partir del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis contenido en el acta de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, y declarar cumplida la sanción que le impuso al interno aquí quejoso Oracio Arzola Silva, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO"

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 28 DE octubre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos los telegramas de las autoridades responsables Director del Centro de Reinserción Social del Distrito de Izúcar de Matamoros, Puebla y Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social del Distrito de Izúcar de Matamoros, Puebla, en atención a su contenido, téngaseles a las referidas autoridades manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido de los telegramas de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por las autoridades de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."Por otra parte, téngaseles acusando recibo de los oficios IV-A-502-1 y IV-A-500-2, a través de los cuales se ordenó notificarles la sentencia dictada en autos y el proveído de fecha ocho de septiembre pasado.Finalmente, ténganseles señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado para tal efecto..."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación que antecede; toda vez que en la especie, por sentencia engrosada el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ORACIO ARZOLA SILVA y como dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Director del Centro de Reinserción Social del Distrito de Izúcar de Matamoros Puebla y Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social del Distrito de Izúcar de Matamoros Puebla, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto las notificación del presente proveído, cumplan con la ejecutoria de amparo del presente juicio de derechos fundamentales, realizando lo siguiente: (.) "Deje insubsistente el correctivo disciplinario de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. En el entendido de que, para el caso de que el Consejo Técnico Disciplinario antes aludido, determine ejercer nuevamente sus facultades e inicie el procedimiento sancionador con motivo de los hechos atribuidos al interno aquí quejoso, deberá ajustarse a las formalidades legales; establecidas en el artículo 14 Constitucional, en relación con el precepto 39 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el Estado de Puebla, el cual establece que previo a la imposición de la corrección disciplinaria se deberá substanciar un procedimiento sumario en el que se respetarán las garantías del interno. Deberá notificar al interno, mediante citatorio que reúna los requisitos establecidos anteriormente, el inicio al procedimiento sumario administrativo. Igualmente, se le debe hacer saber: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse II. El día y hora en que debe comparecer III. El objeto de ésta IV. El procedimiento del que se deriva V. La firma de la autoridad que la ordena VI. Las infracciones que se le atribuyen VII. Quién lo ha denunciado VIII. Las posibles consecuencias de la sanción y IX. Que tiene derecho a ofrecer pruebas en la citada diligencia." (.) Así mismo, con fundamento en el artículo 192, tercer párrafo de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el Estado de Puebla, se requiere al superior jerárquico Poder Ejecutivo del Estado a través de la Dirección General dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ordene a las referidas autoridades Director del Centro de Reinserción Social del Distrito de Izúcar de Matamoros Puebla y Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social del Distrito de Izúcar de Matamoros Puebla, dar cumplimiento en sus términos al fallo protector de que se trata y remita a este Juzgado de Distrito las constancias necesarias a efecto de constatar que dio la señalada orden; precisando que deberá hacer uso de todos las medidas e incluso sanciones que tenga a su alcance conforme a las disposiciones aplicables, a efecto de que sus inferiores cumplan con la ejecutoria del presente juicio de amparo. Apercibiendo a las citadas autoridades (responsables y superior jerárquico), que de no cumplir dentro de los términos que se señalan, o bien informar el impedimento que tengan para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá a cada uno y por separado una multa equivalente a cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según el mismo decreto citado con antelación en este auto; que asciende a un monto de $7,304.00 M.N. (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente a $73.04 M.N. (SETENTA Y TRES PESOS CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisas al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerles la multa con la que se les apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurren en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo.

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