Operadora Wal Mart, S.R.L. de C.V.

Expediente 1012/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1012/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
14/12/2017

Partes del expediente

  • Operadora Wal Mart, S.R.L. de C.V.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el primero de diciembre de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE Y DE FACIL ACCESO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO O RESOLUCIÓN DE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el primero de diciembre de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible.

  3. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos para obrar como corresponda, el ocurso presentado por Isidro Valdez Márquez, en su carácter de representante legal de la parte quejosa Operadora Wal Mart, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por el que da cumplimiento a los requerimientos hechos por auto de veinticuatro de noviembre de esta anualidad; en consecuencia, el Juez acuerda: Téngase por cumplidos los citados requerimientos. Ahora bien, el artículo 113, de la Ley de Amparo dispone que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Atento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como actos reclamados la interlocutoria de seis de octubre de dos mil diecisiete, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, dentro del expediente laboral 669/IV/2015, que resolvió declarar infundado el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por Operadora Wal Mart, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su apoderado legal, Octavio Quintanar Sánchez, contra las diligencias de emplazamiento realizadas en dicho juicio, el dos y tres de septiembre de dos mil quince; así como el auto de cuatro de noviembre de dos mil quince, en que dio inicio la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del mencionado juicio laboral. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Con base en las porciones normativas trascritas, contenidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es posible colegir que, contrario a como se establecía en la Ley de Amparo abrogada, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten a la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo, y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, únicamente cuando los actos en el juicio sean de imposible reparación, entendido dicho concepto como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Establecido lo anterior, es pertinente señalar que tanto de los antecedentes del acto reclamado, como de los autos que integran el juicio de amparo 785/2017-II, del índice de este juzgado, promovido por María Soledad González Morúa, por su propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, que se toma en consideración por constituir un hecho notorio que motiva a esta autoridad federal a introducirlo como elemento de prueba en este juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes, pues siendo la improcedencia del juicio constitucional una cuestión de orden público, el juzgador puede tomar en cuenta, de oficio, los elementos probatorios a su alcance. Al respecto, es aplicable en lo conducente la jurisprudencia XXII. J/12, publicada en la página doscientos noventa y cinco, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que aplicada en lo conducente, dice: "HECHO NOTORIO, LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2 XXII.J/1265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO, sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento original que obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Se advierte que el uno de julio de dos mil quince, María Soledad González Morúa, presentó demanda laboral contra Operadora Wal Mart, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable; en el auto admisorio, fueron fijadas las nueve horas con treinta minutos del cuatro de noviembre de la citada anualidad, para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que se tuvo a la demandada, hoy quejosa, por contestando la demanda en sentido afirmativo, al no haber acudido a la misma (acto reclamado); fijándose hora y fecha para el verificativo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en dicho juicio. Posteriormente, el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, fecha fijada para la audiencia de ofrecimiento de pruebas, compareció ante la responsable la demandada Operadora Wal Mart, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su apoderado legal, licenciado Octavio Quintanar Sánchez, y promovió incidente de nulidad de notificaciones respecto del emplazamiento realizado a dicha demandada, hoy quejosa, mediante diligencias de dos y tres de septiembre de dos mil quince, al tenor del ocurso exhibido al efecto ante la citada responsable; dicho incidente fue admitido, corriéndose traslado a las partes con el mismo, fijándose hora y fecha para el verificativo de la audiencia incidental; la que se llevó a cabo el dos de mayo de dos mil dieciséis, a la que compareció la parte demandada, por conducto de su representante legal. Ante la omisión de la autoridad responsable, de emitir resolución respecto del citado incidente, María Soledad González Morúa, presentó demanda de amparo indirecto, doliéndose de dicha omisión; de dicha demanda conoció este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándola bajo el folio 785/2017-I, en que una vez tramitado, fue resuelto mediante sentencia de siete de noviembre de dos mil diecisiete, otorgándose el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, a efecto que la autoridad responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, sin mayores dilaciones, dictara la interlocutoria relativa al mencionado incidente de nulidad de notificaciones promovido dentro del expediente laboral 669/IV/2015 y se lo notificara de inmediato a actora natural. El seis de octubre de dos mil diecisiete, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, emitió resolución interlocutoria en el mencionado incidente de nulidad de notificaciones planteado por la hoy quejosa, Operadora Wal Mart, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su apoderado legal, licenciado Octavio Quintanar Sánchez, declarándolo improcedente. Acto reclamado. Pues bien, atendiendo al destacado acto que en esta instancia constitucional se reclama, se considera que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente, en razón de que conforme a la redacción de la fracción V del artículo 107, de la Ley de Amparo vigente, la determinación tomada en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de cuatro de noviembre de dos mil quince, en que tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que se tuvo a la demandada, hoy quejosa, por contestando la demanda en sentido afirmativo, al no haber acudido a la misma; y, la interlocutoria de seis de octubre de dos mil diecisiete, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones hecho valer por la hoy parte quejosa, contra las diligencias de emplazamiento que le fueron efectuadas en el juicio de origen, no constituyen actos en el juicio que tengan sobre la esfera jurídica de la referida persona moral una ejecución de imposible reparación, que afecte materialmente sus derechos sustantivos, en los términos concebidos por el legislador ordinario, pues solo constituyen violaciones procesales que no afectan algún derecho fundamental tutelado a su favor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país. En efecto, conforme a la anterior Ley de Amparo y de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 4/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO."; se estableció que el juicio de control constitucional en que se combatan violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo cuando se reclama la sentencia definitiva; empero, de modo excepcional se podrían combatir dichas violaciones, cuando se afecta a las partes en grado predominante o superior. En relación con el indicado concepto, ".en grado predominante o superior.", se sostuvo que debía determinarse de forma objetiva, por lo que se tomó en cuenta la institución procesal que estuviera involucrada, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; directrices que, se concluyó, confluyeron en las cuestiones inherentes a la personalidad, pues aun cuando constituían una cuestión formal que no se tradujera en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, sí estaba relacionada con un presupuesto procesal, sin el cual no queda debidamente integrada la litis, aunado a que la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Por los motivos apuntados es que se consideró que tales resoluciones constituyen una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto, en tanto que causan a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, conforme lo disponía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, remediable mediante el juicio de amparo indirecto, exceptuando la diversa hipótesis en que el acto reclamado constituya declaración de la responsable, relativa a que quien comparece por una de las partes demandadas, aquí parte quejosa, carece de personalidad, pues entonces, se trataría de una resolución que pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo. Ahora, conforme a la redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente (a diferencia de la fracción IV del numeral 114 de la Ley de Amparo abrogada), el legislador ordinario dio contenido a aquél concepto denominado "imposible reparación", pues al afecto determinó que por ello debe entenderse como los actos ".que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, bajo la directriz establecida por el legislador ordinario al darle contenido a ese concepto, se considera que conforme a la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), en relación con el artículo 107, fracción III, de la Constitución Federal, los actos aquí reclamados no pueden ser considerados como de aquéllos que afecten derechos sustantivos, en tanto que la vulneración de derechos que se hubiera cometido al tenerse a la demandada, hoy quejosa, por contestada la demanda en sentido afirmativo, al no haber acudido a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de cuatro de noviembre de dos mil quince, así como la interlocutoria de seis de octubre de dos mil diecisiete, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones hecho valer por la hoy parte quejosa, contra las diligencias de emplazamiento que le fueron efectuadas en el juicio de origen, constituyen actos procesales subsanables si la promovente del amparo obtiene resolución favorable en el citado procedimiento de origen, pues así desaparecerían las consecuencias originadas por cualquier violación procesal que se hubiera cometido en la determinación que hoy reclama. Sin que sea obstáculo para concluir lo anterior que el debido proceso pueda considerarse como un derecho sustantivo, pues bajo esta línea de argumentación, se podría llegar a considerar que cualquier violación procesal afectaría ese derecho y, por ende, sería procedente el juicio de amparo contra cualquier acto intraprocesal que afecte el curso normal del procedimiento, independientemente de la magnitud de la violación procesal de que se trate, incluso procedería contra el desechamiento de todos los elementos de convicción ofertados por las partes, dado que ello incide de una u otra forma en su curso normal; extremos que se consideran jurídicamente improcedentes, al tenor del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor que se analiza, que postula que el juicio de control constitucional sólo procede contra actos que afecten derechos sustantivos, dentro de los cuales no puede considerarse la determinación reclamada, en tanto que sus efectos y consecuencias pueden desaparecer con motivo del dictado de un fallo favorable. En relación con el tema de que se trata; atendiendo a la Ley de Amparo abrogada, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 4/2001 de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", sin embargo, el propio Máximo Tribunal del País en diversa jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), declaró inaplicable aquél criterio, por considerar medularmente que dada la connotación que el legislador aportó a la nueva Ley de Amparo respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece; concluyendo que, por tanto, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente el Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que ahora resulta incompatible con el nuevo texto legal, pues como se ha expuesto, dicho criterio se ocupó de darle contenido y alcance al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, la cual no especificaba lo que habría de entenderse por acto de imposible reparación, mientras que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, vigente a partir del tres del propio mes y año, da contenido a dicho concepto en su artículo 107, fracción V; hipótesis que no se actualiza en la resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto; y por ende, la demanda de garantías que se aquí se plantea deviene improcedente. La citada Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), corresponde a la Décima Época, Materia Común; se publicó el viernes seis de junio de dos mil catorce; y su contenido literal es el siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Resulta aplicable además, el criterio sustentado por el Pleno del Décimo Octavo Circuito, en la jurisprudencia PC.XVIII. J/9 K (10a.), publicada en la página mil doscientos setenta y dos, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo II, materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2009833, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE DESESTIMA O DECLARA INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 55/2003). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014, con rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", analizó como tema esencial la interpretación y alcances del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y estableció que a partir de la Ley de la Materia vigente desde el tres de abril de dos mil trece, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al disponer que por éstos se entienden los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la ley respecto del significado jurídico de "imposible reparación", desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en un grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo iniciados con posterioridad al tres de abril de dos mil trece, debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Ahora, las cuestiones de competencia, se producen de manera negativa o positiva, esto es, cuando la resolución que se pronuncia para decidirla, conduce a que el órgano jurisdiccional que conoce de un conflicto, siga conociendo del mismo, por haberse desestimado la excepción respectiva (negativa), o bien, que la resolución que dirime la cuestión competencial, declare fundada la excepción relativa, caso en el que el órgano jurisdiccional debe dejar de ejercer jurisdicción sobre el asunto (positiva). Tal diferencia fue advertida por el legislador de manera intencional en la norma, porque únicamente previó como hipótesis para que proceda el juicio de amparo indirecto, el caso en que la cuestión de competencia se refleja en su aspecto positivo, es decir, cuando se declara fundada la excepción de incompetencia, y por ello, se suspende la jurisdicción del órgano que conoce del asunto, ello al establecer el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aspecto que no debe ampliarse a una hipótesis distinta y contraria, pues ello trastocaría el sistema defensivo diseñado por el legislador, respecto del tema de las competencias. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que desecha o desestima la excepción de incompetencia, porque no se trata de un acto en juicio de imposible reparación, ya que no afecta derechos sustantivos y porque es un aspecto distinto y contrario al previsto en la citada fracción VIII del numeral 107 de la ley reglamentaria de la materia. En tales circunstancias, resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 55/2003, ya que se estableció al amparo de una legislación que dejaba abierta la posibilidad de interpretación de lo que debía considerarse como actos en el juicio de imposible reparación, lo que no acontece en la Ley de Amparo vigente." Ahora bien, por lo que respecta al diverso acto reclamado que la parte quejosa hace consistir en las diligencias de emplazamiento (citatorio y cédula), de dos y tres de septiembre de dos mil quince, practicadas por el Actuario adscrito a la Junta responsable a la mencionada promovente Operadora Wal Mart, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, este juzgado advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, por lo que también procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. Dichos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los antecedentes del acto reclamado narrado con antelación, se advierte que uno de los actos reclamados por la parte quejosa, es la interlocutoria de seis de octubre de dos mil diecisiete, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, dentro del expediente laboral 669/IV/2015, que resolvió declarar infundado el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por Operadora Wal Mart, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su apoderado legal, Octavio Quintanar Sánchez, contra las diligencias de emplazamiento realizadas en dicho juicio, el dos y tres de septiembre de dos mil quince. Ahora bien, la parte quejosa también reclama de manera unilateral, las citadas diligencias de emplazamiento, de las cuales, como puede concluirse de la narrativa de los antecedentes del acto reclamado, tuvo conocimiento a partir del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, en que contra las mismas, hizo valer el incidente de nulidad de notificaciones, resuelto mediante interlocutoria de seis de octubre de dos mil diecisiete. De lo anterior, se advierte que la quejosa ya tenía conocimiento de la existencia del acto reclamado, desde antes de presentar su demanda de amparo de cuenta, por lo menos, desde el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, en que promovió incidente de nulidad de actuaciones contra las diligencias de emplazamiento que ahora señala como acto reclamado; lo que implica también, que conoció dicho acto desde antes de la presentación de la demanda que originó este juicio de amparo (veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete). Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 6/98, publicada en la página noventa y cinco, del tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196930, del tenor: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." Así las cosas, considerando que desde el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, se ostentó conocedora del acto reclamado, a la fecha en que se recibió en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas su demanda de amparo -veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete- ya había transcurrido el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; es decir, dicho término transcurrió del dieciocho de febrero al nueve de marzo de dos mil dieciséis, sin contar los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de febrero, cinco seis de marzo de la citada anualidad, por ser inhábiles. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, por lo que, se considera que la parte quejosa consintió el acto que ahora combate, actualizándose en el caso, la causal de improcedencia en análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del tomo XIII, enero de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis visible en la página doscientos treinta y cinco, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Bajo las anteriores consideraciones, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de garantías por concurrir actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia destacadas en el presente proveído.

  4. Principal

    Vista; la demanda de amparo presentada por ********************, ********************, por conducto de su apoderado jurídico, ********************, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas y otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, el Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1012/2017-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, en virtud que de la lectura íntegra de la demanda de mérito se advierte que la misma presenta irregularidades, pues la parte quejosa señala como actos reclamados: - La interlocutoria de seis de octubre de dos mil diecisiete, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, dentro del expediente laboral ********************, que resolvió declarar infundado el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por ********************, ********************, por conducto de su apoderado legal, ********************, contra las diligencias de emplazamiento realizadas en dicho juicio, el dos y tres de septiembre de dos mil quince. - Las diligencias de emplazamiento (citatorio y cédula), de dos y tres de septiembre de dos mil quince, practicadas por el Actuario adscrito a la Junta responsable a la mencionada promovente ********************, ********************. - El auto de cuatro de noviembre de dos mil quince, en que dio inicio la audiencia de Conciliación, demanda y excepciones, dentro del mencionado juicio laboral. Y, "todas las actuaciones y consecuencias legales subsecuentes, así como todo el procedimiento y que se deriven de dichos mandamientos, contenidos en el juicio laboral"; empero, es omiso en precisar qué actuaciones y "consecuencias legales subsecuentes" señala como actos reclamados. Asimismo, señala como autoridades responsables, entre otras, a LOS ACTUARIOS adscritos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, sin realizar precisión de a cuántos y cuáles Actuarios señala como responsables. Por tanto, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en relación a su demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el artículo 108, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: a) Señale con precisión el acto reclamado; esto es, manifieste qué actuaciones y "consecuencias legales subsecuentes" señala como actos reclamados; y, b) Precise a cuántos y cuáles Actuarios señala como autoridades responsables. Lo anterior es así, considerando que los referidos preceptos legales, obligan a la promovente del amparo a señalar el acto que reclama y las autoridades responsables, de manera clara y precisa y no en los términos imprecisos en que lo hace. Se apercibe a la promovente que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido, en el término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, conforme lo dispone el numeral 114 de la Ley de Amparo. Ténganse por autorizados únicamente para imponerse de autos y oír notificaciones, más no para promover, en términos de la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que se indican en el proemio de esta demanda, esto es, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************; toda vez que no se proporcionaron los datos del documento que los faculta a ejercer la profesión de licenciados en Derecho o de Abogados, tal como exige el mencionado precepto legal, considerando además, que en el caso, se trata de un asunto en que la parte promovente es la patronal en el juicio laboral de origen; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle ******************** número ********************, Colonia ******************** en Zacatecas, Zacatecas.

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