Operadora Hangar Inn, S.A.P.I.
Expediente 2190/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2190/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/11/2023
Partes del expediente
- Operadora Hangar Inn, S.A.P.I.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se ordenó notificar de manera personal a la perito oficial en materia de topografía e identificación de inmuebles, --- mismo que fue notificado el catorce de noviembre último, por lo que se encuentra transcurriendo el término otorgado en el aludido proveído, a fin de que emita su opinión técnica respecto de la prueba pericial admitida en el sumario, o en su defecto, informe la imposibilidad que tenga para hacerlo. En razón de lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, y se señalan para su verificativo las DIEZ HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a través del cual, acusa recibo de la constancia de notificación remitida por este órgano federal en proveído de seis de noviembre pasado, e informa que admitió a trámite el recurso de queja 405/2023 de su índice.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en sesión de fecha nueve de noviembre de dos mil veintitrés, dentro del recurso de queja 331/2023, relativo al juicio de amparo 498/2023, promovido por Kueski, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, contra actos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y otras autoridades, de la que se observa que en su punto resolutivo señala: "ÚNICO. Se desecha por improcedente el recurso de queja.". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, acúsese el recibo correspondiente, glósese el cuaderno de antecedentes respectivo al presente juicio de amparo, hágase saber la circunstancia anterior a las partes. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por proveído de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, se suspendió el procedimiento de este juicio constitucional, con motivo del recurso de queja interpuesto por el Coordinador de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos, en suplencia por ausencia de la Subprocuradora Fiscal Federal de Amparos, quien actúa en representación del Presidente de la República, contra del proveído de trece de julio de la presente anualidad, toda vez que lo que decidiera la Superioridad podía influir en la sentencia que llegare a dictarse en este asunto. Bajo ese contexto, y toda vez que el recurso de queja ya fue resuelto, como quedó evidenciado en párrafos precedentes, este órgano jurisdiccional procede a levantar la suspensión de este procedimiento decretada el veinticinco de julio del año en curso. En consecuencia, se ordena continuar la secuela procesal. Ahora, mediante acuerdo de veintiséis de julio del año actual, se tuvo por recibido el oficio signado electrónicamente por el Coordinador de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos, en suplencia por ausencia de la Subprocuradora Fiscal Federal de Amparos, quien actúa en representación del Presidente de la República, mediante el cual solicita que al momento de celebrarse la audiencia constitucional, se tome en consideración el dictamen pericial que fue rendido por el perito que designó, sin necesidad de que el mismo sea ratificado; ocurso que se reservó proveer hasta en tanto se levantara la suspensión de este procedimiento constitucional, decretada en proveído de veinticinco de julio de la presente anualidad. De igual forma, el uno de agosto posterior, se tuvo por recibido el escrito signado por Rosa Angélica Ramírez Jáuregui, perito oficial designado en el presente asunto; así como la comparecencia de la citada perito, por medio del primero, emite su opinión técnica respecto de la prueba pericial en materia contable y, a través del segundo, ante esta autoridad jurisdiccional ratifica la firma y el contenido del mismo; lo que se ordenó reservar una vez que se levantara la suspensión decretada en este procedimiento. Del mismo modo, el nueve de agosto ulterior, se recibió el escrito de Rosa Angélica Ramírez Jáuregui perito oficial en el presente asunto, mediante el cual solicitó el pago de los honorarios por la elaboración del dictamen pericial en materia de contabilidad, el cual se reservó en los términos últimamente señalados. Bajo ese orden de ideas, este juzgado de control constitucional provee: En relación a la petición del Coordinador de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos, en representación del Presidente de la República; dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, por las siguientes razones. En principio, en auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se requirió a la perito de la autoridad responsable, para que en el término de diez días compareciera ante esta autoridad judicial a ratificar su dictamen; bajo apercibimiento que de no cumplir, la prueba pericial se integraría con los dictámenes que obren en autos y estén ratificados. Término que a la fecha ha transcurrido en exceso, sin que dicha experta hay comparecido a ratificar su dictamen pericial, no obstante no obstante de estar notificada conducto de la autoridad responsable, respecto del aludido acuerdo, tal y como se advierte del acuse de recibo del oficio 33314/2023, que fue entregado a su destinatario el cuatro de julio posterior. Bajo ese orden de ideas, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, por lo que la prueba pericial en materia contable se integrará únicamente con los dictámenes que obren en autos y estén ratificados. De ahí, al momento de celebrarse la audiencia constitucional, no pueda tomarse en cuenta el dictamen pericial rendido por la perito designada por la autoridad responsable, por no estar ratificado. Sin que se soslaye la manifestación en el sentido de que al momento de celebrarse la audiencia constitucional, sea considerado no obstante de no estar ratificado. Lo anterior, no es posible ya que a mayor abundamiento de las razones dadas con antelación, para que el dictamen tenga valor indubitable, requiere que esté ratificado por quien lo elaboró. Es decir, la ratificación de los dictámenes periciales, la hace digna de crédito de prueba y, consecuentemente, susceptible de ser analizada y valorada. Por lo que, para que un dictamen pericial produzca efectos legales debe cumplir con los requisitos que la ley de imponga, como lo es la ratificación ante el juzgado de su opinión, para así estar en posibilidad de estimarlo al momento de resolver. Así, la finalidad de la formalidad -ratificación- es dotar de certeza y seguridad a las actuaciones judiciales, a través del valor indubitable que pueda adquirir, por lo que es necesario que la perito que emite el dictamen de cuenta, lo confirme de manera personal y expresamente ante esta autoridad jurisdiccional federal. De tal forma que el dictamen pericial al no estar ratificado por quien lo emitió, en el caso, la perito designada por la autoridad responsable, existe imposibilidad jurídica para que sea considerado al momento de resolverse el presente asunto. En otro orden de ideas, respecto del escrito signado por Rosa Angélica Ramírez Jáuregui, perito oficial designada en el presente asunto; así como la comparecencia de la citada perito, por medio del primero, emite su opinión técnica respecto de la prueba pericial en materia contable y, a través del segundo, ratifica la firma y el contenido del mismo; téngase a la citada experta por emitido y ratificado su dictamen pericial. Por otra parte, en relación al diverso escrito de la perito oficial de mérito, mediante el cual solicita el pago de sus honorarios por la elaboración del dictamen pericial en materia de contabilidad; en atención al mismo, y como ha quedado evidenciado, Rosa Angélica Ramírez Jáuregui, perito oficial, presentó su dictamen pericial en materia contable, ofertada por la parte quejosa; de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de la Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, relativo al procedimiento de designación de peritos con cargo al presupuesto del Consejo, se aprueba el pago de honorarios correspondiente, toda vez que el mencionado perito, emitió, y ratificó su dictamen pericial; y, exhibió el comprobante fiscal digital y la documentación comprobatoria de gastos. En razón de lo anterior y atendiendo los lineamientos señalados en el artículo 17 del citado Acuerdo General, gírese atento oficio a la Administración Regional en Zapopan, Jalisco, al que se anexen los documentos en los que consta que el perito realizó los servicios encomendados, así como copia del comprobante fiscal a efecto de que, si los comprobantes exhibidos por el perito reúnen los requisitos fiscales requeridos, emita el certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente y el perito pueda recibir su pago. En tópico diverso, se señalan para el verificativo de la audiencia constitucional las ONCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Finalmente, debido a que la promoción que se acuerda fue recibida de manera física y la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, sólo se integrará al expediente físico la promoción, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO.
- Principal
Visto el escrito signado por la quejosa ***s, mediante el cual, interpone recurso de revisión y expresa agravios en contra de la sentencia dictada por este juzgado el treinta de octubre del año en curso; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 88, 89, 90 de la Ley de Amparo y 38 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la citada sentencia. Consecuentemente, distribúyanse entre las partes, con excepción de la recurrente, el escrito de agravios que se provee, para que se impongan de su contenido; y, una vez que obre la totalidad de las constancias de notificación del presente proveído, dentro del término de tres días legalmente computados, remítase el juicio de amparo número 148/2023-IV así como el original del escrito de cuenta y una copia de éste al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer; quedando en la Secretaria de este Juzgado, la copia correspondiente a la parte tercero interesada; lo anterior porque, no se considera necesario realizar la notificación personal del presente proveído a dicha parte, atento a que, por un lado, en la Ley de Amparo, no existe disposición expresa al respecto; y por otro, dicha parte es conocedora del presente juicio de amparo, de modo que la notificación por lista le surte efectos en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Amparo, aunado a que constituyen cargas procesales de las partes en el presente juicio de amparo, estar al pendiente de lo resuelto en ellos, sin que lo anterior se considere coarte el derecho de tal parte de adherirse a la revisión interpuesta; porque el plazo de cinco días que tiene para ello, cuentan a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la admisión del recurso, lo cual ocurre ante el Tribunal Colegiado de Circuito a quien corresponda resolver tal medio de impugnación. Cobra aplicación al respecto, por las razones que la informan Tesis: 1ª./J.38/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 137, con registro número 186140, Materia(s): Común, del Tomo XVI, Agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVISIÓN ADHESIVA. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO DEL RECURSO DE REVISIÓN. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en el artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 24 y 34 del propio ordenamiento, se advierte que el plazo de cinco días para que la parte que obtuvo sentencia favorable se adhiera al recurso de revisión, debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación que se hizo del auto admisorio de dicho recurso. Lo anterior es así porque, por su naturaleza, una notificación sólo puede afectar al notificado cuando surte sus efectos y no antes, de manera que el plazo relativo al medio de defensa de la adhesión al recurso de revisión necesariamente tendrá que correr hasta que la notificación haya surtido sus efectos, aun cuando no se diga expresamente en el artículo en el que concretamente se prevea el plazo específico, porque al respecto opera la regla general establecida en el artículo 24, fracción I, de la ley en mención, en el sentido de que el cómputo de los plazos en el juicio de amparo comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento. En este tenor, debe destacarse que el conflicto de redacción que existe entre el artículo 24, fracción I, por un lado, y el artículo 83, fracción V, por otro, de la citada Ley de Amparo, en el aspecto a que se hace referencia, debe resolverse mediante la interpretación de ambos numerales, de manera que se coordinen y mantengan su vigencia y aplicación al caso concreto, a fin de que el orden jurídico sea coherente en sus diversas disposiciones."
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