Operadora Audaz S. A. P. I. de C. V.
Expediente 649/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 649/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Operadora Audaz S. A. P. I. de C. V.
- Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, Tijuana, Baja California.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
se R E S U E L V E: PRIMERO. Se declara procedente y fundado el incidente de acumulación instrumentado oficiosamente por este juzgado. SEGUNDO. Acumúlese el juicio de amparo 649/2023 en que se actúa, al ********************, ambos del índice de este juzgado federal, y glósense las actuaciones derivadas de los cuadernos auxiliares derivados de este expediente al último de los sumarios señalados.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que las partes de este juicio se encuentran debidamente notificadas del acuerdo de veintitrés de los cursantes, en el que se ordenó la tramitación del incidente de acumulación del juicio de amparo en que se actúa al diverso 260/2023, de la estadística de este órgano jurisdiccional; por tanto, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, a fin de que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el invocado numeral. Con lo anterior, se da vista a las partes para los efectos legales conducentes; así mismo, llévese copia certificada del presente acuerdo al expediente 260/2023, del índice de este juzgado.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que, en términos de lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye un hecho notorio para quien esto provee que en el juicios de amparo ********************, promovido por Kingu Mexicana. Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, de la estadística de este juzgado, reclamaron los siguientes actos: "V. ACTOS RECLAMADOS. Señalo como acto reclamado el siguiente: 1).- De las autoridades judiciales ordenadoras, reclamo: a).- Reclamo cualquier actividad procesal o judicial que hayan emitido o realizado en vía de ilegal emplazamiento, y que sea tendiente a llamar a juicio a mi representada a algún procedimiento judicial que se esté tramitando en alguno de los juzgados antes citados como autoridades responsables por su cargo, y que es llevado al parecer en contra de mi representada aquí señalada como quejosa, por considerar que cualquier emplazamiento realizado, es violatorio de las garantías de audiencia y debido proceso, conforme a se explica más adelante en este escrito de demanda por tratarse de que mi representada no ha sido llamada a dicho procedimiento judicial habiéndose cumplido todas y cada una de las formalidades inherentes al llamamiento procesal, pues nunca acudió instancia o autoridad judicial alguna a mi domicilio legal y social que es sito en calle Cerro de la Colorada 143 B del Fraccionamiento Lomas de Mazatlán de esta ciudad, que es el domicilio legal y social de mi representada, y haya entregado las copias del emplazamiento y demás documentos inherentes, ocasionando una serie de actos procesales posteriores, que están causando perjuicio absoluto, como queda indicado en el apartado de antecedentes de este escrito. b).- Cualquier actividad procesal o resolución judicial posterior al emplazamiento y que hayan emitido y sea tendiente a considerar que los. efectos judiciales de rebeldía de mi representada se hubieren dado hasta la fecha, debido a que como lo refiero en este escrito de demanda, hasta este momento no hemos sido debidamente emplazados o llamados a juicio, desconociendo entonces de aquel procedimiento judicial que se hubiere instaurado sin habernos emplazado cubriendo las formalidades inherentes a dicho asunto judicial. c).· Cualquier acto o resolución procesal que hayan realizado o desplegado hasta esta fecha y que sea tendiente a ordenar el aseguramiento, bloqueo, inamovilidad de la cuenta bancaria de mi representada con el número 0237585680201, de la institución bancaria Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple. d).- Cualquier acto o resolución procesal que se piense emitir o desplegar posteriormente a la promoción de este amparo, y que sea tendiente a ordenar el aseguramiento, bloqueo, inamovilidad de la o de las cuentas bancarias que tenga mi representada ante diversas instituciones bancarias y que se pretenda exigir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aquí citada como autoridad responsable ejecutora. 2.- DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, reclamo: a).- De la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, reclamo cualquier acto administrativo desplegado de su parte para proceder al aseguramiento, bloqueo, o inamovilidad de una cuenta bancaria a nombre de mi representada e identificada con el número de cuenta 0237585680201, de la institución bancaria Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple, que mi representada tiene aperturada y en manejo actual en la sucursal Rafael Bue lna 669, con domicilio en esta ciudad de Mazatlan, Sinaloa. b).- De la institución bancaria denominada Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple, reclamo la materialización del acto de bloqueo aseguramiento, o inamovilidad efectuada a mi cuenta bancaria antes citada, por haberse realizado en clara contravención a las normas del procedimiento, como se verá más adelante en el contenido de este escrito de demanda de amparo. Mientras que en el presente sumario, la quejosa Operadora Audax, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, reclama lo siguiente: "V. ACTOS RECLAMADOS. Señalo como acto reclamado el siguiente: 1).- De las autoridades judiciales ordenadoras, reclamo: a).- Reclamo cualquier actividad procesal o judicial que hayan emitido o realizado en vía de ilegal emplazamiento, y que sea tendiente a llamar a juicio a mi representada a algún procedimiento judicial que se esté tramitando en alguno de los juzgados antes citados como autoridades responsables por su cargo, y que es llevado al parecer en contra de mi representada aquí señalada como quejosa, por considerar que cualquier emplazamiento realizado, es violatorio de las garantías de audiencia y debido proceso, conforme a se explica más adelante en este escrito de demanda por tratarse de que mi representada no ha sido llamada a dicho procedimiento judicial habiéndose cumplido todas y cada una de las formalidades inherentes al llamamiento procesal, pues nunca acudió instancia o autoridad judicial alguna a mi domicilio legal y social que es sito en calle Cerro de la Colorada 143 C del Fraccionamiento Lomas de Mazatlán de esta ciudad, que es el domicilio legal y social de mi representada, y haya entregado las copias del emplazamiento y demás documentos inherentes, ocasionando una serie de actos procesales posteriores, que están causando perjuicio absoluto, como queda indicado en el apartado de antecedentes de este escrito. b).- Cualquier actividad procesal o resolución judicial posterior al emplazamiento y que hayan emitido y sea tendiente a considerar que los. efectos judiciales de rebeldía de mi representada se hubieren dado hasta la fecha, debido a que como lo refiero en este escrito de demanda, hasta este momento no hemos sido debidamente emplazados o llamados a juicio, desconociendo entonces de aquel procedimiento judicial que se hubiere instaurado sin habernos emplazado cubriendo las formalidades inherentes a dicho asunto judicial. c).· Cualquier acto o resolución procesal que hayan realizado o desplegado hasta esta fecha y que sea tendiente a ordenar el aseguramiento, bloqueo, inamovilidad de la cuenta bancaria de mi representada con el número 0265477860201, de la institución bancaria Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple. d).- Cualquier acto o resolución procesal que se piense emitir o desplegar posteriormente a la promoción de este amparo, y que sea tendiente a ordenar el aseguramiento, bloqueo, inamovilidad de la o de las cuentas bancarias que tenga mi representada ante diversas instituciones bancarias y que se pretenda exigir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aquí citada como autoridad responsable ejecutora. 2.- DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, reclamo: a).- De la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, reclamo cualquier acto administrativa desplegado de su parte para proceder al aseguramiento, bloqueo, o inamovilidad de una cuenta bancaria a nombre de mi representada e identificada con el número de cuenta 0265477860201, de la institución bancaria Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple, que mi representada tiene aperturada y en manejo actual en la sucursal Rafael Buelna 669, con domicilio en esta ciudad de Mazatlan, Sinaloa. b).- De la institución bancaria denominada Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple, reclamo la materialización del acto de bloqueo aseguramiento, o inamovilidad efectuada a mi cuenta bancaria antes citada, por haberse realizado en clara contravención a las normas del procedimiento, como se verá más adelante en el contenido de este escrito de demanda de amparo. De igual manera, se aprecia que los actos reclamados por ambas sociedades mercantiles quejosas, derivan de lo actuado del juicio 933/2022 del índice del Juzgado Decimoprimero en Materia Civil especializado en Materia Mercantil del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, promovido por M&M Desarrolladores, sociedad anónima de capital variable, contra éstas. En ese sentido, resulta necesario señalar que la Ley de Amparo no contempla la figura jurídica de la acumulación, prevista en la abrogada ley de la materia, en su artículo 57, fracción II; sin embargo, la referida institución solamente tiene como finalidad la debida observancia del principio de economía procesal que rige en la materia, así como que los juicios conexos se fallen en una misma sentencia, para evitar que se dicten resoluciones contradictorias. No obstante ello, la figura de acumulación se encuentra prevista en los numerales 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°. En efecto, el artículo 2° de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo se substanciará de acuerdo con las formas y procedimientos que establece la propia ley; asimismo, que a falta de disposición expresa, se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriedad que en el caso resulta procedente, ya que se reúnen los requisitos necesarios para ello, esto es: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente; b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. Ahora bien, en el caso se actualizan las hipótesis mencionadas, ya que la Ley de Amparo en su artículo 2° establece expresamente que a falta de disposición expresa en la misma se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, y, como ya se indicó, la ley de la materia no contempla la institución de la acumulación; asimismo, la omisión legislativa de que se trata, hace necesaria la aplicación supletoria de la codificación adjetiva en mención en cuanto a la mencionada figura, y no hay disposición expresa que haga suponer que el legislador no quiso contemplarla en la Ley de Amparo vigente. Así, la aplicación supletoria del código aludido no se antepone a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el contrario, dicho trámite es congruente con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trata, en virtud de que esta última solamente tiene como finalidad la debida observancia del principio de economía procesal que rige en la materia y que los juicios conexos se fallen en una misma sentencia, para evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Sobre el tema es aplicable al caso concreto la jurisprudencia 34/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate." Precisado lo anterior, es oportuno mencionar que los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 66 y 67 de la Ley de Amparo, establecen que a petición de parte u oficiosamente puede tramitarse el incidente de acumulación. Por consiguiente, se ordena la tramitación incidental de la acumulación de los juicios de amparo 649/2023 al ********************, ambos del índice de este juzgado federal y dar vista a las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga sobre el particular, en el entendido de que transcurrido dicho plazo, se fijará la hora y fecha para la celebración de la audiencia en la que se recibirán y desahogaran pruebas, se oirán los alegatos de las partes y se dictará la resolución correspondiente. Surte puntual aplicación la jurisprudencia 24/2015, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Así también, SE SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO en el presente juicio de amparo, hasta en tanto se resuelva sobre la acumulación de que se trata, lo que se hace del conocimiento de las partes; asimismo, remítase copia certificada de este auto al diverso sumario ********************, para los efectos legales conducentes. En la inteligencia de que la tramitación del incidente del que se dio noticia no implica dejar sin efecto la audiencia constitucional, ni interrumpir los plazos para el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos procesales de las partes, pues de hacerlo, se desvirtuaría la naturaleza del juicio de amparo. Apoya lo antes expuesto por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 2ª./J. 145/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO MIENTRAS AQUÉLLA SE RESUELVE, NO IMPLICA DEJAR INSUBSISTENTE LA FECHA FIJADA ORIGINALMENTE PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN CADA JUICIO, NI TIENE POR EFECTO INTERRUMPIR O AMPLIAR LOS PLAZOS PROCESALES RESPECTIVOS. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, desde que se pide la acumulación y hasta que se resuelve, debe suspenderse el procedimiento en el expediente principal de los juicios que probablemente habrán de acumularse. Ahora bien, tal suspensión no implica dejar insubsistente la fecha fijada en el auto admisorio para la audiencia constitucional en cada juicio, ni tiene por efecto interrumpir los plazos para el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos procesales de las partes, porque en atención a la naturaleza y fines de la acumulación, la suspensión sólo busca evitar el dictado de la sentencia en la audiencia constitucional, a efecto de impedir que desaparezca la materia de la acumulación, al poder decretarse ésta sólo respecto de juicios en trámite; por tanto, dicha medida debe entenderse restringida a los actos procesales encaminados a impulsar la prosecución del amparo, vinculados con la litis constitucional y su debida integración, como son las pruebas, los alegatos y los informes, entre otros que tiendan a ese propósito. De lo contrario, si se dejara insubsistente la fecha mencionada, se desvirtuaría la naturaleza sumaria del juicio de garantías, pues al no poder saberse de antemano si la acumulación habrá de decretarse o no, pudiendo en este último caso reanudarse el procedimiento en cada juicio, incluso antes de la fecha originalmente programada para la audiencia constitucional, su subsistencia agilizará la continuación de los juicios y la celebración de la audiencia, sin necesidad de programarla nuevamente; en todo caso, de llegar el día fijado para tal evento sin haberse reanudado el procedimiento, aquélla habrá de diferirse y reservarse el señalamiento de diversa fecha hasta que se levante la suspensión. Además, dejar insubsistente la fecha fijada para la audiencia de ley implicaría interrumpir o ampliar los plazos y liberar injustificadamente de sus cargas procesales a alguna de las partes con la consecuente afectación para las otras; de ahí que las partes deban cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos dentro de los plazos legalmente previstos para no incurrir en incumplimiento o, en su caso, evitar la preclusión del derecho procesal atinente, aun cuando el procedimiento se encuentre suspendido, pues esto sólo provocará que se reserve proveer sobre las promociones hasta su reanudación." Notifíquese; personalmente a los quejosos y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN EL QUE: Visto el estado de los autos, se advierte que, en términos de lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye un hecho notorio para quien esto provee que en el juicios de amparo ********************, promovido por Kingu Mexicana. Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, de la estadística de este juzgado, reclamaron los siguientes actos: "V. ACTOS RECLAMADOS. Señalo como acto reclamado el siguiente: 1).- De las autoridades judiciales ordenadoras, reclamo: a).- Reclamo cualquier actividad procesal o judicial que hayan emitido o realizado en vía de ilegal emplazamiento, y que sea tendiente a llamar a juicio a mi representada a algún procedimiento judicial que se esté tramitando en alguno de los juzgados antes citados como autoridades responsables por su cargo, y que es llevado al parecer en contra de mi representada aquí señalada como quejosa, por considerar que cualquier emplazamiento realizado, es violatorio de las garantías de audiencia y debido proceso, conforme a se explica más adelante en este escrito de demanda por tratarse de que mi representada no ha sido llamada a dicho procedimiento judicial habiéndose cumplido todas y cada una de las formalidades inherentes al llamamiento procesal, pues nunca acudió instancia o autoridad judicial alguna a mi domicilio legal y social que es sito en calle Cerro de la Colorada 143 B del Fraccionamiento Lomas de Mazatlán de esta ciudad, que es el domicilio legal y social de mi representada, y haya entregado las copias del emplazamiento y demás documentos inherentes, ocasionando una serie de actos procesales posteriores, que están causando perjuicio absoluto, como queda indicado en el apartado de antecedentes de este escrito. b).- Cualquier actividad procesal o resolución judicial posterior al emplazamiento y que hayan emitido y sea tendiente a considerar que los. efectos judiciales de rebeldía de mi representada se hubieren dado hasta la fecha, debido a que como lo refiero en este escrito de demanda, hasta este momento no hemos sido debidamente emplazados o llamados a juicio, desconociendo entonces de aquel procedimiento judicial que se hubiere instaurado sin habernos emplazado cubriendo las formalidades inherentes a dicho asunto judicial. c).· Cualquier acto o resolución procesal que hayan realizado o desplegado hasta esta fecha y que sea tendiente a ordenar el aseguramiento, bloqueo, inamovilidad de la cuenta bancaria de mi representada con el número 0237585680201, de la institución bancaria Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple. d).- Cualquier acto o resolución procesal que se piense emitir o desplegar posteriormente a la promoción de este amparo, y que sea tendiente a ordenar el aseguramiento, bloqueo, inamovilidad de la o de las cuentas bancarias que tenga mi representada ante diversas instituciones bancarias y que se pretenda exigir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aquí citada como autoridad responsable ejecutora. 2.- DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, reclamo: a).- De la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, reclamo cualquier acto administrativo desplegado de su parte para proceder al aseguramiento, bloqueo, o inamovilidad de una cuenta bancaria a nombre de mi representada e identificada con el número de cuenta 0237585680201, de la institución bancaria Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple, que mi representada tiene aperturada y en manejo actual en la sucursal Rafael Bue lna 669, con domicilio en esta ciudad de Mazatlan, Sinaloa. b).- De la institución bancaria denominada Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple, reclamo la materialización del acto de bloqueo aseguramiento, o inamovilidad efectuada a mi cuenta bancaria antes citada, por haberse realizado en clara contravención a las normas del procedimiento, como se verá más adelante en el contenido de este escrito de demanda de amparo. Mientras que en el presente sumario, la quejosa Operadora Audax, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, reclama lo siguiente: "V. ACTOS RECLAMADOS. Señalo como acto reclamado el siguiente: 1).- De las autoridades judiciales ordenadoras, reclamo: a).- Reclamo cualquier actividad procesal o judicial que hayan emitido o realizado en vía de ilegal emplazamiento, y que sea tendiente a llamar a juicio a mi representada a algún procedimiento judicial que se esté tramitando en alguno de los juzgados antes citados como autoridades responsables por su cargo, y que es llevado al parecer en contra de mi representada aquí señalada como quejosa, por considerar que cualquier emplazamiento realizado, es violatorio de las garantías de audiencia y debido proceso, conforme a se explica más adelante en este escrito de demanda por tratarse de que mi representada no ha sido llamada a dicho procedimiento judicial habiéndose cumplido todas y cada una de las formalidades inherentes al llamamiento procesal, pues nunca acudió instancia o autoridad judicial alguna a mi domicilio legal y social que es sito en calle Cerro de la Colorada 143 C del Fraccionamiento Lomas de Mazatlán de esta ciudad, que es el domicilio legal y social de mi representada, y haya entregado las copias del emplazamiento y demás documentos inherentes, ocasionando una serie de actos procesales posteriores, que están causando perjuicio absoluto, como queda indicado en el apartado de antecedentes de este escrito. b).- Cualquier actividad procesal o resolución judicial posterior al emplazamiento y que hayan emitido y sea tendiente a considerar que los. efectos judiciales de rebeldía de mi representada se hubieren dado hasta la fecha, debido a que como lo refiero en este escrito de demanda, hasta este momento no hemos sido debidamente emplazados o llamados a juicio, desconociendo entonces de aquel procedimiento judicial que se hubiere instaurado sin habernos emplazado cubriendo las formalidades inherentes a dicho asunto judicial. c).· Cualquier acto o resolución procesal que hayan realizado o desplegado hasta esta fecha y que sea tendiente a ordenar el aseguramiento, bloqueo, inamovilidad de la cuenta bancaria de mi representada con el número 0265477860201, de la institución bancaria Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple. d).- Cualquier acto o resolución procesal que se piense emitir o desplegar posteriormente a la promoción de este amparo, y que sea tendiente a ordenar el aseguramiento, bloqueo, inamovilidad de la o de las cuentas bancarias que tenga mi representada ante diversas instituciones bancarias y que se pretenda exigir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aquí citada como autoridad responsable ejecutora. 2.- DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, reclamo: a).- De la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, reclamo cualquier acto administrativa desplegado de su parte para proceder al aseguramiento, bloqueo, o inamovilidad de una cuenta bancaria a nombre de mi representada e identificada con el número de cuenta 0265477860201, de la institución bancaria Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple, que mi representada tiene aperturada y en manejo actual en la sucursal Rafael Buelna 669, con domicilio en esta ciudad de Mazatlan, Sinaloa. b).- De la institución bancaria denominada Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple, reclamo la materialización del acto de bloqueo aseguramiento, o inamovilidad efectuada a mi cuenta bancaria antes citada, por haberse realizado en clara contravención a las normas del procedimiento, como se verá más adelante en el contenido de este escrito de demanda de amparo. De igual manera, se aprecia que los actos reclamados por ambas sociedades mercantiles quejosas, derivan de lo actuado del juicio 933/2022 del índice del Juzgado Decimoprimero en Materia Civil especializado en Materia Mercantil del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, promovido por M&M Desarrolladores, sociedad anónima de capital variable, contra éstas. En ese sentido, resulta necesario señalar que la Ley de Amparo no contempla la figura jurídica de la acumulación, prevista en la abrogada ley de la materia, en su artículo 57, fracción II; sin embargo, la referida institución solamente tiene como finalidad la debida observancia del principio de economía procesal que rige en la materia, así como que los juicios conexos se fallen en una misma sentencia, para evitar que se dicten resoluciones contradictorias. No obstante ello, la figura de acumulación se encuentra prevista en los numerales 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°. En efecto, el artículo 2° de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo se substanciará de acuerdo con las formas y procedimientos que establece la propia ley; asimismo, que a falta de disposición expresa, se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriedad que en el caso resulta procedente, ya que se reúnen los requisitos necesarios para ello, esto es: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente; b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. Ahora bien, en el caso se actualizan las hipótesis mencionadas, ya que la Ley de Amparo en su artículo 2° establece expresamente que a falta de disposición expresa en la misma se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, y, como ya se indicó, la ley de la materia no contempla la institución de la acumulación; asimismo, la omisión legislativa de que se trata, hace necesaria la aplicación supletoria de la codificación adjetiva en mención en cuanto a la mencionada figura, y no hay disposición expresa que haga suponer que el legislador no quiso contemplarla en la Ley de Amparo vigente. Así, la aplicación supletoria del código aludido no se antepone a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el contrario, dicho trámite es congruente con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trata, en virtud de que esta última solamente tiene como finalidad la debida observancia del principio de economía procesal que rige en la materia y que los juicios conexos se fallen en una misma sentencia, para evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Sobre el tema es aplicable al caso concreto la jurisprudencia 34/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate." Precisado lo anterior, es oportuno mencionar que los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 66 y 67 de la Ley de Amparo, establecen que a petición de parte u oficiosamente puede tramitarse el incidente de acumulación. Por consiguiente, se ordena la tramitación incidental de la acumulación de los juicios de amparo 649/2023 al ********************, ambos del índice de este juzgado federal y dar vista a las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga sobre el particular, en el entendido de que transcurrido dicho plazo, se fijará la hora y fecha para la celebración de la audiencia en la que se recibirán y desahogaran pruebas, se oirán los alegatos de las partes y se dictará la resolución correspondiente. Surte puntual aplicación la jurisprudencia 24/2015, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Así también, SE SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO en el presente juicio de amparo, hasta en tanto se resuelva sobre la acumulación de que se trata, lo que se hace del conocimiento de las partes; asimismo, remítase copia certificada de este auto al diverso sumario ********************, para los efectos legales conducentes. En la inteligencia de que la tramitación del incidente del que se dio noticia no implica dejar sin efecto la audiencia constitucional, ni interrumpir los plazos para el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos procesales de las partes, pues de hacerlo, se desvirtuaría la naturaleza del juicio de amparo. Apoya lo antes expuesto por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 2ª./J. 145/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO MIENTRAS AQUÉLLA SE RESUELVE, NO IMPLICA DEJAR INSUBSISTENTE LA FECHA FIJADA ORIGINALMENTE PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN CADA JUICIO, NI TIENE POR EFECTO INTERRUMPIR O AMPLIAR LOS PLAZOS PROCESALES RESPECTIVOS. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, desde que se pide la acumulación y hasta que se resuelve, debe suspenderse el procedimiento en el expediente principal de los juicios que probablemente habrán de acumularse. Ahora bien, tal suspensión no implica dejar insubsistente la fecha fijada en el auto admisorio para la audiencia constitucional en cada juicio, ni tiene por efecto interrumpir los plazos para el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos procesales de las partes, porque en atención a la naturaleza y fines de la acumulación, la suspensión sólo busca evitar el dictado de la sentencia en la audiencia constitucional, a efecto de impedir que desaparezca la materia de la acumulación, al poder decretarse ésta sólo respecto de juicios en trámite; por tanto, dicha medida debe entenderse restringida a los actos procesales encaminados a impulsar la prosecución del amparo, vinculados con la litis constitucional y su debida integración, como son las pruebas, los alegatos y los informes, entre otros que tiendan a ese propósito. De lo contrario, si se dejara insubsistente la fecha mencionada, se desvirtuaría la naturaleza sumaria del juicio de garantías, pues al no poder saberse de antemano si la acumulación habrá de decretarse o no, pudiendo en este último caso reanudarse el procedimiento en cada juicio, incluso antes de la fecha originalmente programada para la audiencia constitucional, su subsistencia agilizará la continuación de los juicios y la celebración de la audiencia, sin necesidad de programarla nuevamente; en todo caso, de llegar el día fijado para tal evento sin haberse reanudado el procedimiento, aquélla habrá de diferirse y reservarse el señalamiento de diversa fecha hasta que se levante la suspensión. Además, dejar insubsistente la fecha fijada para la audiencia de ley implicaría interrumpir o ampliar los plazos y liberar injustificadamente de sus cargas procesales a alguna de las partes con la consecuente afectación para las otras; de ahí que las partes deban cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos dentro de los plazos legalmente previstos para no incurrir en incumplimiento o, en su caso, evitar la preclusión del derecho procesal atinente, aun cuando el procedimiento se encuentre suspendido, pues esto sólo provocará que se reserve proveer sobre las promociones hasta su reanudación." Notifíquese; personalmente a los quejosos y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.
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