Onofre Mar Gallargo

Expediente 1149/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1149/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2019

Partes del expediente

  • Onofre Mar Gallargo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos y la certificación Secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta de octubre del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo indirecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que tal acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda que se desechó la cual dio origen al presente asunto; además a consideración de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN III, 27 FRACCIÓN I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN PROVEÍDO DE CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA, SÍNTESIS DEL AUTO DE CINCO DE NOVIEMBRE Y TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE: CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a estos autos la razón de cuenta, en la que el actuario judicial de la adscripción asentó que no le fue posible notificar el auto de treinta de octubre del año en curso, al quejoso Onofre Mar Gallargo; en virtud de que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo resulta impreciso por el motivo que en dicha razón se contiene. En mérito de lo anterior, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado acuerdo de treinta del pasado mes de octubre, y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena practicar a la parte quejosa la indicada notificación, así como las diversas que se originen en este asunto, incluyendo las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto proporcione un diverso domicilio para oír y recibir notificaciones. CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS, TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Onofre Mar Gallargo, contra actos del Juez de Control de Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial en Ozuluama, Veracruz y otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1149/2019-V-B. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto, impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Al respecto, el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Con fundamento en lo dispuesto por los artículos invocados, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término que se establece en el artículo 17 de la Ley de Amparo. El término de quince días para promover la demanda de amparo, se computará de acuerdo a tres supuestos distintos: 1) A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, 3) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. El quejoso reclama por esta vía constitucional la orden de detención, aprehensión, reaprehensión así como su ejecución, de la cual bajo protesta de decir verdad señaló en su ocurso de cuenta tuvo conocimiento desde el diecisiete de julio del presente año, fecha en la cual manifiesta que aproximadamente a las nueve horas, unos vecinos de su domicilio, le informaron que tres personas de sexo masculino, se encontraban dentro de una camioneta Pick up, color blanca, preguntaron por él, diciendo que eran Agentes de la Policía Ministerial y que lo iban a detener por una orden de aprehensión y detención. Por tanto, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo se debió presentar dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. En este orden de ideas, es evidente que la demanda de amparo promovida por Onofre Mar Gallargo, resulta extemporánea, acorde con lo previsto en el artículo 17 de la Ley de la Amparo, ya que el acto reclamado se pretendió ejecutar el diecisiete de julio del presente año, tal como lo señaló bajo protesta de decir verdad en los antecedentes del acto reclamado, aseveración a la que se le debe otorgar credibilidad plena como confesión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ****** Esto es así, porque resulta lógico que la confesión expresa de la fecha en que tuvo conocimiento el inconforme del acto reclamado, se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo dispone el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio". Tales circunstancias se colman, dado que de la demanda de amparo no se desprende que Onofre Mar Gallargo, sea menor de edad o incapaz, pues al promover por propio derecho el amparo y protección de la justicia federal, se trata de una persona mayor de edad, en el pleno goce de sus derechos, y quien tuvo conocimiento de los actos reclamados el diecisiete de julio del presente año, por lo que se trata de un hecho propio concerniente al presente asunto y, por ende, entraña certeza de la fecha en que se ostentó sabedor, con las consecuencias jurídicas que produce, tal como lo determina el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." ***** Por ende, el término para la promoción de la demanda de amparo en contra del acto reclamado, debe computarse a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo conocimiento de la orden de captura, así como su ejecución; es decir, a partir del diecisiete de julio del año que transcurre, tal como lo provee el numeral 18 de la Ley de Amparo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Por tanto, es evidente que al haberse presentado el escrito de demanda el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, según se desprende del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico y Ciudad Madero, éste resulta extemporáneo, por lo que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que obliga a desechar de plano la demanda de amparo. Es trascendente hacer la indicación que al haber tenido conocimiento del acto reclamado el diecisiete de julio del año en curso, el término para promover la demanda de amparo se rige conforme a lo dispuesto en la Ley de Amparo, cuyos preceptos legales aplicables se transcribieron en párrafos precedentes; de manera tal que el término de quince días para promover el juicio de amparo transcurrió del dieciocho de julio al siete de agosto del presente año, sin tomar en cuenta los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de julio, así como los días tres y cuatro de agosto del año que transcurre, por haber sido inhábiles de conformidad con el dispositivo 19 de la Ley de Amparo, por lo que al haberse presentado la petición de amparo hasta el veintiocho del mes y año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico y Ciudad Madero, según se desprende del sello de recibido estampado en la parte superior de la demanda, es innegable que ésta se presentó fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que la parte quejosa estaba obligada a promover tal demanda dentro del término de quince días, que en el caso se cuentan a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de la orden reclamada, más aún si dicha orden no encuadra en ninguna de las excepciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, porque no versa sobre la privación de la libertad del peticionario de amparo fuera de procedimiento. ***** Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el dictado del acto reclamado pudiera traer aparejada la privación de la libertad del quejoso, no menos cierto es que dicho acto, tal como se advierte de la demanda, deriva de un procedimiento penal, pues se atribuye a un Juez de Control de Procedimiento Penal Oral y diversos Fiscales del Sistema Penal Acusatorio; ante ello es inconcuso que al ser actos dictados dentro de un proceso penal le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. **** Además que el acto reclamado no está en alguna de las excepciones previstas en el propio numeral 17 de la Ley de Amparo, pues, no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. ****** Por tanto, es incuestionable que la presentación de la demanda se realizó de manera extemporánea y, por ende, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que obliga a DESECHAR por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica, con el apercibimiento de que de resultar impreciso, incorrecto, se encuentre cerrado, deshabitado o quien esté en ese lugar manifieste que no conoce al quejoso o a sus autorizados, las notificaciones subsecuentes, incluso aquéllas que conforme a la ley deban hacerse en forma personal, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, para lo cual se faculta desde ahora a los actuarios de la adscripción. Asimismo, se tiene como autorizados de la parte quejosa, en los términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Hugo Alberto Barrios Gallegos, Juan José Hernández Rubio y Vicente Valle Miranda, con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y en términos de la parte final del último párrafo del precepto legal antes citado, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Luis Antonio Barrios Gallegos, por no contar con cédula profesional registrada en dicho sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se autorizan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. ****** DIGITALIZACIÓN Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

  3. Principal

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