Onofre Avendaño Castillo

Expediente 472/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
472/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2018

Partes del expediente

  • Onofre Avendaño Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el catorce de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  2. Principal

    AVISO. Chetumal, Quintana Roo, catorce de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo presentada por **** contra actos que atribuye a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad; se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 472/2018-III. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El numeral en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Establecidas las premisas anteriores, se tiene que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: ***** De la anterior transcripción, así como de un análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado por la peticionaria de amparo consiste en: El acuerdo de veinte de marzo del año en curso, en el que se ordenó el requerimiento de pago y embargo. Cabe destacar que dicho proveído fue dictado en la etapa de ejecución del laudo, en el juicio laboral **** del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo. En ese tenor, en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispositivo que establece: ***** En el supuesto legal transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad del juicio de amparo, el cual implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Así, el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, se traduce en la obligación impuesta a los gobernados de agotar, previo a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera nulificar el acto que estima afecta su esfera jurídica. Dicho principio previsto en la Ley de Amparo, deriva del máximo ordenamiento federal, en su artículo 107, fracción III, inciso b), que prevé la procedencia del amparo contra actos dentro o fuera de juicio que sean de imposible reparación, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Ahora, en el presente asunto, la quejosa reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, el acuerdo de veinte de marzo del año en curso, dictado en el juicio laboral **** del índice de la autoridad responsable, en el que, en ejecución del laudo, ordenó se realizara la diligencia de requerimiento de pago y en caso de negativa el embargo de bienes. Respecto de tal acto procede el recurso de revisión previsto en los artículos 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma de treinta de noviembre de dos mil doce, aplicable al sumario de origen, que establecen: **** Los numerales citados prevén el recurso de revisión, el cual procede contra actos de los presidentes de las juntas, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, cuyo conocimiento corresponde al presidente cuando se reclamen actos de los actuarios o funcionarios habilitados y de la junta cuando sean del presidente. Su trámite inicia con la presentación por escrito del medio de impugnación en comento dentro del plazo de tres días siguientes a que se tenga conocimiento del acto recurrido, una vez admitido, se dará vista a las otras partes por tres días, se señalará fecha y hora para la celebración de una audiencia incidental de pruebas y alegatos dentro de diez días y enseguida se dictará la resolución correspondiente. Así las cosas, el acuerdo reclamado constituye un acto en ejecución de laudo dictado por el Presidente de la Junta responsable, de ahí que contra dicha determinación procede el recurso de revisión cuya resolución sería competencia de la Junta en pleno. Por añadidura, se precisa que de conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a", "b" y "c", de la ley en la materia, el principio de definitividad únicamente sufre excepción en los casos siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Excepciones que no encuadran en el presente asunto, debido a que, en primer término, este asunto es de naturaleza laboral y no se trata de ninguno de los actos a que se refieren los citados incisos a) y b); y en segundo término, como se advierte de la demanda de amparo, la aquí quejosa es parte demandada en la controversia de origen, lo cual excluye la hipótesis a que se contrae el inciso c). De ahí que si la quejosa es parte demandada en el sumario natural, se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de defensa consistente en el recurso de revisión, contra el auto de veinte de marzo de dos mil dieciocho, previamente a acudir al juicio de amparo para cumplir con el principio de definitividad y no lo hizo; máxime que de las constancias anexas a la demanda se advierta que quien emitió el acuerdo aquí reclamado fue la Encargada del Despacho de la Presidencia de la Junta responsable, por lo que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sin que se desatienda que el proveído reclamado se dictó en ejecución del laudo dictado en el juicio ****, sin ser la última resolución en la etapa respectiva, por lo que pudiera configurarse la diversa causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, todas de la Ley de Amparo. Empero, al haberse demostrado que el juicio es improcedente, resulta innecesario el estudio de diversas causales de improcedencia, toda vez que en nada cambiaría el sentido de lo aquí resuelto. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, respecto al acto que en este amparo se reclama, con apoyo en el numeral 62 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Cabe señalar que en el proemio del escrito de demanda presentado por la quejosa, textualmente señala "(.) en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo (.)"; de lo anterior, se desprende que la promovente otorgo las facultades previstas en el numeral 27 de la Ley de Amparo abrogada, sin embargo, la ley vigente regula estas amplias facultades en el artículo 12 de la ley de la materia, por tanto, de conformidad con el numeral 76 de la Ley de Amparo, se suple el error en la cita del precepto y se procede a acordar lo conducente en relación a la petición solicitada. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, en virtud de contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.

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