Onofre Acosta Huerta

Expediente 6/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
6/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
10/09/2019

Partes del expediente

  • Onofre Acosta Huerta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintidós de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo IV-6/2019, promovido por Onofre Acosta Huerta, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. Archivo del expediente. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Devolución de garantía y documentos. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía o documentos, toda vez que no se aperturó el incidente de suspensión, ni se exhibieron los segundos. Devolución de tomos. Toda vez que del sumario se aprecia que la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, allegó al juicio las constancias de donde emana el acto reclamado, con el cual se formaron dos tomos de pruebas -en los cuales se incluye un disco compacto y un disco DVD; consecuentemente, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrán como recibidos a su entera satisfacción. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Digitalización. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Razón actuarial. Vista la razón del actuario judicial adscrito, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio 15244, dirigido a la Magistrada de la Octava Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, debido a que dicha autoridad se encuentra gozando del primer período vacacional correspondiente al año en curso; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, para el efecto de que una vez que la citada autoridad reinicie sus labores, se constituya en sus oficinas y entregue el referido comunicado. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de nueve de julio de dos mil diecinueve, para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por lo que se procede a determinar de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 56 a 64), se dictó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Onofre Acosta Huerta. Por auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve (fojas 74 y 75), se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia remitió el oficio 670 y la resolución de ocho de julio de dos mil diecinueve (fojas 83 y 92 a 102). Bajo ese contexto, por auto de nueve de julio de dos mil diecinueve (foja 103), se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daba la autoridad responsable, sin que hubieran hecho pronunciamiento alguno. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida bajo los términos siguientes: La sentencia emitida en el presente asunto otorgó el amparo, para el efecto de que la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia dejara sin efectos la ejecutoria de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal I-101/2018, en la que confirmó el veredicto de primer grado pronunciado por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales región Morelia, en el cuaderno de ejecución CE-236/2017, en el que negó el beneficio de libertad anticipada, previsto en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su lugar, dictara otra, en la que debía analizar y valorar el material probatorio ofrecido a favor del quejoso, con base en las razones expuestas en la sentencia, valorara integralmente la constancia consistente en el reporte de actividades laborales del quejoso, y resolviera con base en ello (foja 64). Al respecto, la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia realizó lo siguiente: El veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la resolución de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal I-101/2018 (foja 83). El ocho de julio de dos mil diecinueve, dictó otra resolución en la cual precisó que : Específicamente en cuanto al requerimiento legal establecido en la fracción III del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución, relativo a que el sentenciado hubiera tenido buena conducta durante su internamiento, la juez resolutora determinó que nada se ofertó para acreditar ese requisito, sin embargo, que contrario a la resolución impugnada y tal como lo destacó la defensa, la buena conducta del sentenciado durante su reclusión en régimen cerrado, previa a la concesión del beneficio de la preliberación, se consideraba acreditada, puesto que, en términos del artículo 157, fracción II, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales de Estado se Michoacán, era un requisito indispensable para su concesión. Que la buena conducta del sentenciado no sólo se evidenciaba con lo indicado por una sola área, sino que de los acuerdos probatorios a los que arribaron las partes se destacaba: En trabajo social, se estimó como una persona funcional y que había logrado un proceso de reinserción, por lo que se le consideró favorable para un cambio de beneficio. En el área educativa, al haber participado en volibol, obras de teatro, talleres de desarrollo humano y fabricación de composta, mostró buena conducta. En relación al plan de actividades a que refiere el artículo 141, fracción IV, de la Ley Nacional de la Materia, señaló que el sentenciado inició su proceso de reinserción en el año dos mil siete, cuando no existía el concepto de plan de actividades, por lo que las actividades realizadas por el quejoso para de reinserción no fueron diseñadas bajo ese concepto -plan de actividades-, esto es, no podía exigírsele que en tales actividades estuvieran determinadas las preferencias, capacidades del sentenciado, número de actividades, horas que constituirían un plan satisfactorio, ya que, en su caso, bastaba con acreditar que el sentenciado participó voluntariamente en los rubros destacados constitucionalmente para propiciar su reinserción, tales como, el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud y el deporte. Asimismo, que de los acuerdos probatorios a los que arribaron las partes, se logró establecer que el sentenciado cumplía con esos parámetros, ya que: Desde el doce de diciembre de dos mil trece hasta la fecha, se encontraba gozando del beneficio de preliberación, bajo la modalidad de salida semanal con reclusión de sábados y domingos. Lo que implica que, previo a la concesión de ese beneficio, durante el tiempo que estuvo detenido, el sentenciado cumplió con las actividades que la autoridad penitenciaria le ofrecía en el Centro de Reinserción Social en el que se encontraba detenido. Durante el tiempo que ha gozado del beneficio de preliberación ha participado en las actividades que le brindan en el Centro de Reinserción (sábados y domingos), área social, educativa y médica. En el área de trabajo el sentenciado se encuentra laborando de lunes a viernes en una carnicería. Por lo que los datos objetivos destacados e incorporados al cuaderno de ejecución sobre la actividad laboral del sentenciado, fueron suficientes para acreditar que el aquí quejoso durante su internamiento se sumó a actividades laborales, así como que durante su preliberación ha trabajado en una carnicería. Determinó que se cumplían con las exigencias del numeral 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para la procedencia del sustitutivo penal de libertad anticipada y decretó extinta la sanción privativa de libertad de quince años de prisión, respecto al toca penal I-951/2016 de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la causa 140/2005 y su acumulado 134/2005 del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, así como la absoluta libertad del sentenciado (fojas 98 a 101). Bajo ese contexto, se advierte que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa el derecho fundamental violado, en razón de que dejó sin efectos la ejecutoria de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal I-101/2018, en su lugar, dictó otra, en la que analizó y valoró el material probatorio ofrecido a favor del quejoso, valoró integralmente la constancia consistente en el reporte de actividades laborales del quejoso, y resolvió con base en ello. Del examen de las documentales indicadas, mismas que gozan de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que la responsable Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, cumplió con el fallo protector, pues acató los efectos precisados en la ejecutoria de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Esto es así, porque la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, pues dejó sin efectos la ejecutoria de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal I-101/2018, en su lugar, dictó otra, en la que analizó y valoró el material probatorio ofrecido a favor del quejoso, valoró integralmente la constancia consistente en el reporte de actividades laborales del quejoso, y resolvió con base en ello; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo, por lo cual, se reitera, no existe un cumplimiento defectuoso; tampoco existe exceso en las obligaciones impuestas a la responsable, ya que ésta se constriñó a realizar lo ordenado en el fallo protector. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA TERCERA INTERESADA: MÓNICA IRAIS MADRIGAL, ASESORA JURÍDICA DE LAS VÍCTIMAS JOSÉ RODRIGO REYES MORALES Y MARÍA EUGENIA APARICIO NICOLÁS. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de nueve de julio de dos mil diecinueve, para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por lo que se procede a determinar de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 56 a 64), se dictó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Onofre Acosta Huerta. Por auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve (fojas 74 y 75), se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia remitió el oficio 670 y la resolución de ocho de julio de dos mil diecinueve (fojas 83 y 92 a 102). Bajo ese contexto, por auto de nueve de julio de dos mil diecinueve (foja 103), se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daba la autoridad responsable, sin que hubieran hecho pronunciamiento alguno. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida bajo los términos siguientes: La sentencia emitida en el presente asunto otorgó el amparo, para el efecto de que la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia dejara sin efectos la ejecutoria de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal I-101/2018, en la que confirmó el veredicto de primer grado pronunciado por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales región Morelia, en el cuaderno de ejecución CE-236/2017, en el que negó el beneficio de libertad anticipada, previsto en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su lugar, dictara otra, en la que debía analizar y valorar el material probatorio ofrecido a favor del quejoso, con base en las razones expuestas en la sentencia, valorara integralmente la constancia consistente en el reporte de actividades laborales del quejoso, y resolviera con base en ello (foja 64). Al respecto, la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia realizó lo siguiente: El veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la resolución de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal I-101/2018 (foja 83). El ocho de julio de dos mil diecinueve, dictó otra resolución en la cual precisó que : Específicamente en cuanto al requerimiento legal establecido en la fracción III del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución, relativo a que el sentenciado hubiera tenido buena conducta durante su internamiento, la juez resolutora determinó que nada se ofertó para acreditar ese requisito, sin embargo, que contrario a la resolución impugnada y tal como lo destacó la defensa, la buena conducta del sentenciado durante su reclusión en régimen cerrado, previa a la concesión del beneficio de la preliberación, se consideraba acreditada, puesto que, en términos del artículo 157, fracción II, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales de Estado se Michoacán, era un requisito indispensable para su concesión. Que la buena conducta del sentenciado no sólo se evidenciaba con lo indicado por una sola área, sino que de los acuerdos probatorios a los que arribaron las partes se destacaba: En trabajo social, se estimó como una persona funcional y que había logrado un proceso de reinserción, por lo que se le consideró favorable para un cambio de beneficio. En el área educativa, al haber participado en volibol, obras de teatro, talleres de desarrollo humano y fabricación de composta, mostró buena conducta. En relación al plan de actividades a que refiere el artículo 141, fracción IV, de la Ley Nacional de la Materia, señaló que el sentenciado inició su proceso de reinserción en el año dos mil siete, cuando no existía el concepto de plan de actividades, por lo que las actividades realizadas por el quejoso para de reinserción no fueron diseñadas bajo ese concepto -plan de actividades-, esto es, no podía exigírsele que en tales actividades estuvieran determinadas las preferencias, capacidades del sentenciado, número de actividades, horas que constituirían un plan satisfactorio, ya que, en su caso, bastaba con acreditar que el sentenciado participó voluntariamente en los rubros destacados constitucionalmente para propiciar su reinserción, tales como, el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud y el deporte. Asimismo, que de los acuerdos probatorios a los que arribaron las partes, se logró establecer que el sentenciado cumplía con esos parámetros, ya que: Desde el doce de diciembre de dos mil trece hasta la fecha, se encontraba gozando del beneficio de preliberación, bajo la modalidad de salida semanal con reclusión de sábados y domingos. Lo que implica que, previo a la concesión de ese beneficio, durante el tiempo que estuvo detenido, el sentenciado cumplió con las actividades que la autoridad penitenciaria le ofrecía en el Centro de Reinserción Social en el que se encontraba detenido. Durante el tiempo que ha gozado del beneficio de preliberación ha participado en las actividades que le brindan en el Centro de Reinserción (sábados y domingos), área social, educativa y médica. En el área de trabajo el sentenciado se encuentra laborando de lunes a viernes en una carnicería. Por lo que los datos objetivos destacados e incorporados al cuaderno de ejecución sobre la actividad laboral del sentenciado, fueron suficientes para acreditar que el aquí quejoso durante su internamiento se sumó a actividades laborales, así como que durante su preliberación ha trabajado en una carnicería. Determinó que se cumplían con las exigencias del numeral 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para la procedencia del sustitutivo penal de libertad anticipada y decretó extinta la sanción privativa de libertad de quince años de prisión, respecto al toca penal I-951/2016 de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la causa 140/2005 y su acumulado 134/2005 del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, así como la absoluta libertad del sentenciado (fojas 98 a 101). Bajo ese contexto, se advierte que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa el derecho fundamental violado, en razón de que dejó sin efectos la ejecutoria de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal I-101/2018, en su lugar, dictó otra, en la que analizó y valoró el material probatorio ofrecido a favor del quejoso, valoró integralmente la constancia consistente en el reporte de actividades laborales del quejoso, y resolvió con base en ello. Del examen de las documentales indicadas, mismas que gozan de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que la responsable Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, cumplió con el fallo protector, pues acató los efectos precisados en la ejecutoria de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Esto es así, porque la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, pues dejó sin efectos la ejecutoria de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal I-101/2018, en su lugar, dictó otra, en la que analizó y valoró el material probatorio ofrecido a favor del quejoso, valoró integralmente la constancia consistente en el reporte de actividades laborales del quejoso, y resolvió con base en ello; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo, por lo cual, se reitera, no existe un cumplimiento defectuoso; tampoco existe exceso en las obligaciones impuestas a la responsable, ya que ésta se constriñó a realizar lo ordenado en el fallo protector. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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