Oninza Maldonado Ramirez

Expediente 482/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
482/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Guerrero
  • Oninza Maldonado Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado electrónicamente por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copia con firmas electrónicas de la resolución pronunciada en el conflicto competencial laboral 23/2023; por tanto, agréguese a los autos el oficio y testimonio de referencia. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: ***** En mérito de lo anterior, hágase la anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, específicamente en el artículo 19, fracción I, inciso b), del capítulo sexto, relativo a los expedientes destruibles, se determina que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos seis meses, contados a partir de la emisión de este proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano Jurisdiccional y el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, residente Iguala de la Independencia, para conocer del juicio de amparo promovido por la parte quejosa, el cual quedó registrado como conflicto competencial ******************** de su índice, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio, recibido a través del correo institucional de este juzgado de Distrito, signados por la Encargada de la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero, mediante el cual remite la boleta de turno, con motivo de la incompetencia planteada, de la que se advierte que éste fue turnado al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, de lo que este Juzgado queda enterado para los efectos legales procedentes. En otro orden, intégrese a los autos el oficio remitido electrónicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, por medio del cual, hace del conocimiento que no acepta la competencia que le fue declinada por este órgano jurisdiccional en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, respecto del presente juicio de amparo 482/2023, promovido por Oninza Maldonado Ramírez, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Ahora bien, en atención a las razones expuestas por el juzgado oficiante, este órgano jurisdiccional insiste en que carece de competencia legal para seguir conociendo del juicio de amparo en que se actúa, en atención a las consideraciones siguientes: Esta juzgadora reitera que el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de amparo, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del numeral inserto, pueden advertirse tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. En el caso, el juzgado oficiante para determinar su competencia fue con base en el requerimiento que formuló la autoridad responsable en auto de dos de agosto de dos mil veintidós, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, quien tiene domicilio en esta ciudad, por tanto, sostiene que entonces el acto comenzó a ejecutarse en esta ciudad. De modo que si el domicilio de la autoridad ejecutora se encuentra en esta ciudad, quien es la que se encarga a hacer efectivo el cobro a favor del fisco de la multa impuesta a la aquí quejosa la competencia se surte a favor de este Juzgado Federal. Sin embargo, contrario a lo sustentado por el juzgado oficiante el acuerdo de dos de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 450/2011, en el que en efecto formula un requerimiento del cual aún no ha iniciado su ejecución y el domicilio es irrelevante para efectos de determinar la competencia de los Juzgados de Distrito. Lo anterior es así, en virtud que el hecho que la autoridad responsable ejecutora resida en el lugar en que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal no es una regla que prevea el artículo 37 de la citada Ley, más bien es una regla para fijar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por razón de territorio para conocer del juicio de amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Amparo, no así, para los Juzgados de Distrito (que conocen del amparo indirecto), por lo que en el caso particular se estima que debe ser el Juez Federal oficiante el competente para conocer la demanda, por las razones apuntadas. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 141/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal, Décima Época, bajo el registro: 2010273, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, visible en la página 1681, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA AGRARIA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO REQUIERA DE EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Del artículo 34 de la Ley de Amparo se advierte la existencia de 2 reglas para fijar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo directo: una general y otra especial. En efecto, en su párrafo segundo, establece que la competencia de dichos órganos jurisdiccionales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado (regla general), mientras que su párrafo último dispone que, en materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, el competente será el que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado (regla especial). Así, cuando la sentencia o resolución recurrida dictada por un tribunal agrario no requiera de ejecución material, como por ejemplo, cuando en tal decisión se desechó un recurso, no se actualiza el supuesto normativo previsto en el párrafo último del mencionado numeral 34, sino el del segundo, en razón de que sólo se trata de una resolución de segunda instancia que produce consecuencias y efectos meramente declarativos; por ende, la competencia para conocer del juicio de amparo directo contra esa decisión, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción en el domicilio de la autoridad responsable." Entonces, como ya se adelantó, la peticionaria del amparo en el escrito inicial de demanda, reclama la aplicación de una multa, misma que aún no ha comenzado a ejecutarse; por tanto, es evidente que dicha multa habrá de cobrarse en el lugar donde desempeñó el cargo de Síndica Procuradora Municipal, cuya elección fue por voto y uno de los requisitos a cumplir es el de la residencia del candidato. Por lo que sin duda es en esa localidad en donde en su momento, habrán de requerirle el pago del respectivo crédito fiscal, a través de cualquier autoridad administrativa que llegue a figurar como exactora encargada de su recaudación, lo cual fija la jurisdicción del juez de Distrito a quien corresponde conocer del juicio de amparo correspondiente. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo CXIX, Materia Administrativa, Común, página 3316, con registro digital 318136, del rubro y texto siguiente: "JURISDICCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO. Si la ejecución del acto reclamado consistente en la imposición de una multa y procedimientos ejecutivos en caso de incumplimiento, debe tener lugar en el domicilio de los quejosos, este fija la jurisdicción del Juez de Distrito a quien corresponde conocer del amparo relativo." Así como en lo conducente, la tesis XVI.1o.A.T.57 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 1192, con registro digital 163868, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO PARA CONOCER DE LA NEGATIVA DE CONDONACIÓN DE UNA MULTA FISCAL. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EL CONTRIBUYENTE. Si bien es cierto que la negativa de la autoridad de condonar una multa fiscal no requiere de ejecución material directa, pues ésta se despliega respecto del acto que, de origen, impuso el gravamen, también lo es que al implicar el rechazo de dar curso a una solicitud para que esa afectación preexistente (multa primigenia) se modifique, se traduce en un efecto positivo que condiciona esa ejecución y posibilita la actuación material del ente hacendario, porque de no enterarse la cantidad establecida, el procedimiento administrativo de ejecución continuará hasta lograr su recuperación. En esa virtud, es competente para conocer de dicha determinación administrativa el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en donde se hará efectiva la multa, con fundamento en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, aquel donde tiene su domicilio fiscal el contribuyente." De este modo, esta juzgadora Federal, sostiene que en el presente asunto, aplica la norma general de competencia señalada en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que el juez competente para conocer de la demanda, es el que tiene jurisdicción en el lugar en donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, como en el caso acontece. En ese contexto, si la determinación combatida indefectiblemente tendrá una ejecución material en el municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, es dable concluir que ello se debe contemplar para decidir quién será el Juez competente del presente asunto. Por lo anteriormente expresado, se considera que al tener el acto reclamado un efecto positivo porque se ejecutará en el municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, se insiste, se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, por lo que, esta Juzgadora es incompetente para conocer del presente juicio de amparo. En tal virtud, no obstante de que la quejosa promovió el amparo indirecto ante este Juzgado Federal y señalaron a autoridades con residencia en esta ciudad, sobre las que ejerce jurisdicción se estima que la competencia se surte a favor de los jueces de Distrito que ejercen jurisdicción sobre el lugar donde se materializará el acto reclamado. En consecuencia, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, insiste en declararse legalmente incompetente para resolver el presente juicio de amparo, y por tanto, en declinar la competencia al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia; en tal virtud, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, para que resuelva el conflicto competencial entre este Órgano de Control Constitucional y el citado Juzgado Federal, en acatamiento al criterio jurisprudencial sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, visible en la página 284, tomo VI, julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA RESOLVER UN CONFLICTO DE ESTA NATURALEZA, DEBE ATENDERSE A LAS DIPOSICIONES ESPECIALES Y NO A LA REGLA GENERAL. Resulta inaplicable el artículo 52, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, para determinar la competencia de los Tribunales Colegiados para conocer y resolver conflictos competenciales suscitados entre Jueces de Distrito de distintas jurisdicción, y que atento al principio de que la regla especial impera sobre la general, debe prevalecer lo ordenado por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su numeral 37, fracción VI." Similar criterio ha sostenido el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en la resolución pronunciada el nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial 11/2022, suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Acapulco, y este juzgado de distrito. Al igual que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, en la resolución pronunciada el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial 4/2023, suscitado también entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Acapulco, y este juzgado de distrito. Así como recientemente lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, de Juárez, Guerrero, en sesión virtual remota celebrada por medios electrónicos el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, al resolver el amparo en revisión administrativa ********************, de su índice. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dos de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el alegato número 345/2023, con la firma electrónica (FIREL) del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, y el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residentes en esta ciudad; atento a su contenido, resérvese a proveer, hasta en tanto se cuente con el resultado de la incompetencia planteada en auto de treinta y uno de mayo en el presente año, mismo que fue remitido a la Oficina de Correspondencia común de los Juzgado de Distrito en Turno, con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero. Notifíquese.

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