Onésimo Siméon Bautista Pérez

Expediente 660/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
660/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
22/01/2021

Partes del expediente

  • Onésimo Siméon Bautista Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se concedió a la parte quejosa la medida cautelar solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) (incidentes de suspensión donde se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas), por lo tanto: a) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). b) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar, el acuerdo de archivo y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se autoriza a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, firmar los oficios que se generen con motivo del presente proveído. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, tomando en consideración que la parte quejosa anexó diversas documentales a su demanda de amparo; por tanto, requiérasele para que en el plazo de noventa días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en días hábiles ante este Tribunal en el horario de doce treinta a dieciséis horas, a recoger dichas documentales, apercibida que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Debiendo informar con antelación la fecha que para tal efecto programe. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 660/2020; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. ONÉSIMO SIMEÓN BAUTISTA PÉREZ, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al encargado y/o responsable de la Subdelegación de Prestaciones, así como del encargado del departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistente en la aplicación retroactiva de la Unidad de Medida y Actualización para determinar el monto de su cuota diaria pensionaria, actualización y demás prestaciones inherentes al pago de su pensión, como aguinaldo, correspondientes a los años 2016, 2017, 2018, 2019; el pago de montos a su pensión en cantidades inferiores a las que legalmente le corresponden, que estima violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, este juzgado admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. El encargado de la Subdelegación de Prestaciones, y el jefe del departamento de pensiones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa ofreciera prueba en contrario. Ello es así, pues el quejoso no aportó medio de convicción alguno por el cual demostrara que a partir del años dos mil dieciséis, su pensión sea calculada y pagada con base en la Unidad de Medida y Actualización; por lo que la negativa expuesta por las responsables debe regir en sus términos. No pasa inadvertido que al escrito de demanda de amparo se hayan anexado copia certificada de las siguientes documentales: Oficio de concesión de pensión. Hoja única de servicios. Comprobantes de pago correspondientes a los meses de diciembre de dos mil dieciséis; enero, febrero, noviembre y diciembre de dos mil diecisiete; enero, febrero, noviembre y diciembre de dos mil dieciocho; enero, febrero, septiembre y octubre de dos mil diecinueve; así como de enero y febrero de dos mil veinte. En efecto, pues tales documentales son insuficientes para desvirtuar la negativa de las responsables, ya que de las mismas únicamente se demuestra que ONÉSIMO SIMEÓN BAUTISTA PÉREZ, goza de una pensión por jubilación por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la que le es pagada año con año, sin que de las mismas se advierta la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización para calcular su pensión, tal como lo refiere en su demanda de amparo. Además, debe destacarse que no existe disposición que establezca que la autoridad responsable debe llevar a cabo la actualización de las pensiones jubilatorias con base en la unidad de medida y actualización (UMA), ya que la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, expedida mediante Decreto publicado el treinta de diciembre de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en su artículo 2, fracción III, señala que ésta se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes, sin que vincule a las autoridades facultadas para el otorgamiento de pensiones para aplicar dicha medida. Por consiguiente, si la unidad de medida y actualización no es adecuada para determinar el monto de las pensiones, que por su naturaleza están destinadas a satisfacer necesidades en el orden material, social, cultural; entonces es jurídicamente imposible deducir que por la sola entrada en vigor de esa unidad de medida -como lo señala el quejoso-, las autoridades responsables hayan efectuado su aplicación en su pensión. De ahí que era necesario que el solicitante del amparo acreditara que el pago de su pensión se ha efectuado por medio de la Unidad de Medida y Actualización, para desvirtuar la negativa de las responsables. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 748, Tomo XC, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMDO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado." Sin que obste a lo anterior, que del contenido de su demanda haya efectuado una comparación entre los incrementos al salario mínimo fijados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con los realizados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del cual a su decir, no se le han aplicado de forma correcta. En efecto, pues de existir la diferencia que alude el quejoso, ello no demuestra que el pago de su pensión sea con base en la Unidad de Medida y Actualización, pues se reitera, para acreditar ello, debió ofrecer medios de convicción que así lo demostraran, por lo que, en su caso, dicha diferencia porcentual deberá reclamarla en la instancia correspondiente, no siendo la presente. Consecuentemente, y ante la inexistencia del acto reclamado, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 660/2020, promovido por ONÉSIMO SIMEÓN BAUTISTA PÉREZ. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguense a sus autos los oficios de cuenta suscritos por las autoridades responsables Encargado de la Subdelegación de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la Ciudad de Oaxaca, mediante los cuales rinden informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.

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