Onésimo Ramírez Sánchez
Expediente 1399/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1399/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Onésimo Ramírez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el computo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, dicho proveído no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Título Segundo, el Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Sexto, artículo 20, fracción II, del Acuerdo en mención. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número SDR/DJ/1141/2023, que remite el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el doce de mayo del año en curso, entregó al quejoso Onésimo Ramírez Sánchez, la calificación registral negativa recaída en el trámite relativo a la clave de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) SEDATU04-020, transmisión de derechos por sucesión; inscripción con número de solicitud 16220000603, perteneciente al núcleo agrario de El Platanal, Municipio de Jacona, Michoacán, para lo cual adjunta copia certificadas de la notificación realizada al peticionario de garantías el doce de los actuales; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable la documental que acompaña, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, en atención a las constancias que la responsable adjunta su informe se pone de manifiesto que se actualiza la causal de sobreseimiento en el juicio de amparo, prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) "IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". Dicha porción normativa dispone que ante la inexistencia del acto reclamado, emerge el sobreseimiento del juicio de amparo. En ese sentido, la parte quejosa reclama en el presente asunto, entre otras cuestiones, la omisión de dar respuesta a la solicitud 16220000603 de nombre "transmisión de derechos por sucesión, inscripción"; sin embargo, en las constancias que se reciben se aprecia que el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el seis de julio de dos mil veintidós, dio contestación al quejoso Onésimo Ramírez Sánchez, en que se calificó negativamente el registro del trámite relativo a la clave de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) SEDATU04-020, transmisión de derechos por sucesión, inscripción, con número de solicitud 16220000603, perteneciente al núcleo agrario de El Platanal, Municipio de Jacona, Michoacán, de ahí que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (quince de diciembre de dos mil veintidós), la omisión reclamada no existía; por tanto, se tiene como inexistente la omisión reclamada a la citada autoridad responsable. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior conduce a sustentar que, en efecto, a la fecha de presentación de este juicio de amparo no existía la indicada omisión atribuida a la responsable, pues el juicio de amparo únicamente procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que se estima procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XX.54 K, del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 50, Tomo I, Segunda Parte-I, Enero-Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. PARA PODER SER MOTIVO DE ANALISIS DEBEN RELACIONARSE CON LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. Tomando en consideración que los actos reclamados deben examinarse en razón a la época en que se promueve la demanda de amparo, por tanto, si se promueve una demanda de garantías contra actos que en la fecha de la presentación de la demanda no existían, es evidente que el juicio constitucional debe sobreseerse con fundamento en la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo, sin que sea dable analizar actos ocurridos con posterioridad, en atención a que ello equivaldría a estudiar actos distintos a los que fueron reclamados al ejercer la acción constitucional". Así como la tesis IV.3o.72 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de identificación 213793, Tomo XIII, Enero de 1994, página 254, que se lee: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". Por lo que ve a los diversos actos reclamados consistentes en la falta de notificación de la calificación registral referida en párrafos precedentes, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" Lo anterior es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es así, en razón a que en los presentes autos, el quejoso Onésimo Ramírez Sánchez, promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Delegación Michoacán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, contra las siguientes omisiones: "...1.- LA OMISION DE DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD 16220000603 DE NOMBRE ´TRANSMISION DE DERECHOS POR SUCESION, INSCRIPCION´, LA OMISION DE HABILITARME UNA CITA PARA COMPARECER A LAS OFICINAS DE LA RESPOSNABLE PARA RECIBIR RESPUESTA DEL MISMO TRAMITE Y LA FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS EFICACES PARA LA ATENCION DEL SUSCRITO DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES...". Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda y medios de convicción que obran en el presente asunto se colige que la solicitud 16220000603 de nombre "Transmisión de Derechos por Sucesión, Inscripción", a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se había llevado a cabo la notificación de la contestación realizada el seis de julio de dos mil veintidós; sin embargo, en las constancias que se reciben en esta actuación, se aprecia que el doce de los actuales se entregó al quejoso Onésimo Ramírez Sánchez la calificación registral negativa recaída en el trámite relativo a la transmisión de derechos por sucesión, inscripción; documental que merece pleno valor probatorio, en los términos referido previamente. Por lo cual, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que se actualiza la invocada causa de improcedencia. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las condiciones apuntadas, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento juicio fuera de audiencia constitucional, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia. Apoya la determinación adoptada la tesis XIII.1o.P.T.4 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, registro digital 2020347, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las nueve horas con treinta minutos del treinta de mayo de dos mil veintitrés. En la inteligencia de que el aludido oficio vía correo electrónico ha sido previamente certificado por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245 del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en auto de veintiséis de abril del año en curso, se tuvo al Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con residencia en esta ciudad, informando que señaló las doce horas del doce de mayo del año en curso, a efecto de que el quejoso comparezca ante dicha responsable a recibir respuesta del trámite motivo de este amparo. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, se difiere y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número SDR/DJ/1061/2023, signado por el Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto, informa que señaló las doce horas del doce de mayo del año en curso, a efecto de que el quejoso comparezca ante dicha responsable a recibir respuesta del trámite motivo de este amparo; lo anterior, hágase del conocimiento del peticionario de garantías, para los efectos legales conducentes. En la inteligencia de que el aludido oficio vía correo electrónico ha sido previamente certificado por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245 del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese personalmente al quejoso.
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