Onésimo Piña Otiz

Expediente 1216/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 83 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1216/2018
Año
2018
Actuaciones
83
Última actuación
16/07/2021

Partes del expediente

  • Onésimo Piña Otiz
  • Presidente Municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 83.

  1. Principal

    SE AUTORIZAN COPIAS CERTIFICADAS. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Onésimo Piña Ortiz, como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, expídansele las copias certificadas que solicita, previa razón de recibo que obre en autos. Asimismo, se hace la precisión al promovente que, en cuanto a que las copias que solicitó sean a color, no es posible atender dicha solicitud, en virtud de que el servicio de fotocopiado de este circuito judicial, únicamente cuenta con fotocopias en blanco y negro; en esa tesitura, este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para extender las copias en la forma que solicita. Además de que, de conformidad con el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue prorrogada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, existe imposibilidad material para autorizar que dichas fotocopias sean obtenidas en una negociación externa al servicio autorizado en este circuito. Ahora bien, para la entrega de las copias solicitadas debe considerarse que el promovente o sus autorizados deben acudir a las oficinas que ocupa este juzgado a fin de gestionar la reproducción de copias, realizar el pago correspondiente en el 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA centro de fotocopiado y firmar la comparecencia en la que se haga constar la entrega. Sin embargo, de conformidad con el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue prorrogada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, el ingreso de justiciables a las oficinas que ocupa este Juzgado Federal sólo podrá realizarse previa cita que se agende vía electrónica, y la permanencia solo podrá ser de media hora. Por tanto, corresponde al solicitante de copias solicitar la cita para el ingreso a estas oficinas, tomando en consideración que si dado el volumen de las fotocopias o las labores de este juzgado, imposibilitan que éstas puedan ser entregadas en la misma fecha que acuda, deberá agendar una nueva cita para culminar el trámite. GENERACIÓN DE CITAS. Ahora bien, a fin de que la citada parte pueda acudir a este juzgado federal por las copias solicitadas, de conformidad con los artículos 3 y 6, fracción II, del referido acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue prorrogada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, deberá programar la cita correspondiente a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, que puede consultarse en la página electrónica que se inserta a continuación: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/ home. De esa manera, dicha plataforma digital otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código Qr, el cual permitirá que el y, 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingresen al órgano jurisdiccional. MEDIDAS SANITARIAS QUE DEBEN OBSERVARSE AL COMPARECER AL ÓRGANO JURISDICCIONAL. En atención a lo dispuesto por el artículo 7 del acuerdo general citado en párrafos precedentes, las personas que acudan a las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y áreas destinadas para la espera y atención), evitar permanecer en zonas de tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Asimismo, deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional a fin de respetar las reglas de sana distancia. La diligencia de entrega se realizará bajo el más estricto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social necesarias, de manera que no se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de quien comparezca. Ahora bien, para la entrega de copias solicitadas debe considerarse que el promovente debe acudir a las oficinas que ocupa este juzgado, a fin de gestionar la reproducción de copias, realizar el pago correspondiente en el centro de fotocopiado y firmar la comparecencia en la que se haga constar la entrega. GENERACION DE CITA. Sin embargo, de conformidad con el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el ingreso de justiciables a las oficinas que ocupa este Juzgado Federal sólo podrá realizarse previa cita que se agende vía electrónica, y la permanencia solo podrá ser de media hora. 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA Por tanto, corresponde a la solicitante de copias solicitar la cita para el ingreso a estas oficinas, tomando en consideración que, si dado el volumen de las fotocopias o las labores de este juzgado, se imposibilita que éstas puedan ser entregadas en la misma fecha que acuda, deberá agendar una nueva cita para culminar el trámite, en el entendido que el servicio de fotocopiado actualmente se encuentra laborando a partir de las diez horas. Hágase del conocimiento de la promovente que deberá programar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el link:https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdicciona les/home..M-VII

  2. Principal

    CUMPLE REQUERIMIENTO. Agréguense a los autos los escritos de cuenta; en atención al contenido del primero de ellos, se tiene a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Hidalgo "1", a través de Subadministrador de dicha dependencia, dando cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, y al efecto informa que dio de baja la multa controlada con el número 3468-7, de trece de marzo de dos mil veinte, impuesta a Rafael Godínez Otamendi, en su carácter de Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, dentro de los autos del juicio en que se actúa. SOLICITA COPIAS. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase a costa del quejoso Onésimo Piña Ortiz, las copias certificadas que solicita, previa razón que por su recibo se asiente en autos. Ahora bien, para la entrega de las copias solicitadas debe considerarse que el promovente o sus autorizados deben acudir a las oficinas que ocupa este juzgado a fin de gestionar la reproducción de copias, realizar el pago correspondiente en el centro de fotocopiado y firmar la comparecencia en la que se haga constar la entrega. Sin embargo, de conformidad con el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue prorrogada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, el ingreso de justiciables a las oficinas que ocupa este juzgado federal sólo podrá realizarse previa cita que se agende vía electrónica, y la permanencia solo podrá ser de media hora. Por tanto, corresponde al solicitante de copias solicitar la cita para el ingreso a estas oficinas, tomando en consideración que si dado el volumen de las fotocopias o las labores de este juzgado, imposibilitan que éstas puedan ser entregadas en la misma fecha que acuda, deberá agendar una nueva cita para culminar el trámite. GENERACIÓN DE CITAS. Ahora bien, a fin de que la citada parte pueda acudir a este juzgado federal por las copias solicitadas, de conformidad con los artículos 3 y 6, fracción II, del referido acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue prorrogada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, deberá programar la cita correspondiente a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, que puede consultarse en la página electrónica que se inserta a continuación: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home. De esa manera, dicha plataforma digital otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código Qr, el cual permitirá que el y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingresen al órgano jurisdiccional. MEDIDAS SANITARIAS QUE DEBEN OBSERVARSE AL COMPARECER AL ÓRGANO JURISDICCIONAL. En atención a lo dispuesto por el artículo 7 del acuerdo general citado en párrafos precedentes, las personas que acudan a las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y áreas destinadas para la espera y atención), evitar permanecer en zonas de tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Asimismo, deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional a fin de respetar las reglas de sana distancia. La diligencia de entrega se realizará bajo el más estricto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social necesarias, de manera que no se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de quien comparezca....M-VII

  3. Principal

    ...PREVIO AVISO, DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE TERCERA INTERESADA, Y EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA: CUMPLIMIENTO. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término concedido al quejoso mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera con relación a los informes enviados por la autoridad responsable respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio, sin que vertiera alguna manifestación. En tal tenor, procede efectuar el análisis de las constancias que obran en el sumario para inferir si la sentencia se encuentra cumplida en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, el cual, en su párrafo segundo, establece: "Artículo 196. (.) Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. (.) De acuerdo con el precepto legal transcrito, una vez fenecido el plazo concedido, habiéndose desahogado o no la vista ordenada en autos, el juez de distrito deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y la resolución que se emita podrá ser en los sentidos siguientes: a) Que declare que la sentencia está cabalmente cumplida; b) Que declare que no está cumplida; c) Que al cumplimentarse se incurrió en exceso; d) Que al cumplimentarse se incurrió en defecto; o e) Que existe imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, el artículo 77 de la legislación en comento establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Además, es importante señalar que el procedimiento de ejecución de los fallos constitucionales es de interés público y que debe ser satisfecho de manera pronta y eficaz, por lo que procede realizar el análisis de las constancias que obran en autos en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. En principio, cabe precisar que el procedimiento de ejecución de sentencia se encuentra previsto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal y reglamentado en los diversos 192 a 198 de la Ley de Amparo. De las disposiciones invocadas se evidencia que la primera etapa de dicho procedimiento corresponde al órgano de control constitucional que conoció del juicio de amparo y comprende todas aquellas medidas tendentes a lograr la ejecución del fallo protector. Sin embargo, en caso de que la ejecutoria no haya quedado cumplida en el plazo fijado, el órgano de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico. No obstante, el juez de amparo debe seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria; por ello, previo a remitir el expediente original, formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias. Con lo anterior, se da inicio a la segunda etapa, que compete a los tribunales colegiados de circuito, los cuales notificarán a las partes la radicación de los autos, revisarán el trámite del a quo y dictarán la resolución que corresponda; si se reitera que hay incumplimiento, remitirán el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Finalmente, la tercera etapa compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual una vez recibidos los autos, dictará la resolución que corresponda, pudiéndose dar los siguientes supuestos: a) Cuando sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, devolverá los autos al órgano de amparo, a efecto de que desahogue el incidente a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 193 de la Ley de Amparo; b) Cuando estime que el retraso en el cumplimiento es justificado, dará un plazo razonable a la autoridad responsable para que cumpla, el que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad; o bien, c) Si considera que el incumplimiento es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo anterior sin que se hubiese cumplido, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante un juez federal por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Es necesario aclarar que las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hayan incumplido la ejecutoria. Además, se devolverán los autos a fin de que se reinicie el trámite de cumplimiento ante los nuevos titulares, sin perjuicio de la consignación que proceda contra los anteriores titulares que hayan sido considerados responsables del incumplimiento. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." En ese orden de ideas, para un correcto entendimiento del presente asunto, es dable precisar los siguientes antecedentes: El estado procesal del sumario revela que, una vez agotado el procedimiento, el veinticinco de junio de dos mil diecinueve se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Onésimo Piña Ortiz; misma que fue modificada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante resolución dictada en sesión de nueve de enero de dos mil veinte, para el efecto de que el Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al que quedara notificado del acuerdo de la recepción de los autos aludida con antelación (auto de veintisiete de enero de dos mil veinte): Restituyera al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, es decir, repusiera la posesión de la superficie de mil quinientos dieciséis punto setenta y dos metros cuadrados que forman parte del predio rústico denominado San Camilo, ubicado en carretera Pachuca - Tulancingo sin número, kilómetro 5.5, barrio El Portezuelo, municipio de Mineral de la Reforma, para quedar en la situación en que se encontraba hasta antes de la transgresión aludida, y en caso de existir imposibilidad material, iniciara y llamara al quejoso al procedimiento administrativo de indemnización, en términos de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública del Estado de Hidalgo, y con libertad de jurisdicción, llevara a cabo las gestiones necesarias con la finalidad de fijar, en su caso, el monto a indemnizar en lo que respecta a la fracción de terreno afectada con motivo de la pavimentación aludida. De igual manera, en el aludido auto de veintisiete de enero de dos mil veinte, se requirió al superior jerárquico de la responsable (Presidente Municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo), a efecto de que le ordenara a ésta que diera cabal cumplimiento a la ejecutoria en sus términos. Ante las gestiones de la autoridad responsable respecto del aludido cumplimiento, por auto de trece de marzo de dos mil veinte, este juzgado federal determinó no obraba en el sumario constancia alguna de la que se desprendiera que el Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, hubiera restituido al quejoso el derecho de posesión afectado; es decir, no acreditó haber hecho la entrega material de la franja de superficie invadida con motivo de la construcción de la vialidad que pretendía, así como tampoco se tuvo certeza de que la responsable hubiera iniciado el procedimiento administrativo de indemnización, en términos de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública del Estado de Hidalgo; resultando insuficiente que haya ordenado el cese de la obra, así como el retiro del equipo de construcción y maquinaria. Por ello, en dicho proveído se concluyó que ni la autoridad responsable ni el superior jerárquico acataron los lineamientos de la ejecutoria emitida en el presente asunto, así como tampoco exhibieron ante este juzgado federal constancia alguna que acreditara el cumplimiento al fallo protector o que se encontraba en vías de cumplimiento, ni tampoco justificaron la causa del retraso. Así, se dio trámite al incidente de inejecución, remitiendo los autos del presente asunto a la superioridad. Sin embargo, se continuó con las diligencias tendentes a lograr el cumplimiento ordenado por este juzgado federal; por lo que, mediante autos de veintitrés y veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en el juicio en que se actúa; para lo cual, remitió copias certificadas de las actas circunstanciadas de hechos levantadas los días once, doce, trece, diecisiete y diecinueve de noviembre de dos mil veinte, así como los anexos que las acompañaron, respecto de la entrega material de la franja de terreno invadida respecto del predio rústico denominado San Camilo, ubicado en carretera Pachuca - Tulancingo sin número, kilómetro 5.5, barrio El Portezuelo, municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo. De dichas constancias, a las que se le reconoce eficacia demostrativa plena, atento a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la autoridad responsable acudió al predio objeto de la litis constitucional en compañía del quejoso Onésimo Piña Ortiz, así como testigos de asistencia, y en cumplimiento a lo ordenado en el fallo protector, con apoyo de personal adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, retiró el concreto de la obra de pavimentación que invadía el predio rústico propiedad del impetrante. Además, se efectuaron levantamientos topográficos por parte de profesionistas que presentaron, tanto la autoridad responsable como el propio quejoso; y este último, en la última de las diligencias aludidas en los párrafos precedentes (diecinueve de noviembre de dos mil veinte), manifestó su conformidad con la restitución material de la posesión de la franja de terreno invadida del predio rústico denominado San Camilo, ubicado en carretera Pachuca - Tulancingo sin número, kilómetro 5.5, barrio El Portezuelo, municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo. Así, para culminar con la última de las diligencias, se efectuó una excavación exactamente en el límite del lindero oriente para delimitar el terreno, de acuerdo con los peritajes, impresiones fotográficas y planos que la responsable acompañó a las documentales recibidas por este juzgado federal. Finalmente, en auto emitido el catorce de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibida la resolución pronunciada el seis de noviembre del mismo año, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, en la que revocó la resolución de trece de marzo de dos mil veinte, emitida en el presente asunto, y ordenó la reposición del procedimiento para efectos de continuar con las diligencias tendentes a lograr el cumplimiento a la ejecutoria; reposición que incluyó la insubsistencia de la multa impuesta en dicho proveído al Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, misma que ascendió a la cantidad $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100). No obstante, esta juzgadora determinó la no continuación de las diligencias tendentes a la observancia del cumplimiento indicado por la superioridad, por lo narrado en los párrafos que anteceden. Con todo lo narrado con antelación, se estima que la autoridad responsable colmó los extremos de la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio, motivo por el cual se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, y se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa para que interponga los recursos que considere procedentes contra esta determinación. ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es depurable, al tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Mismo destino le será dado al duplicado del incidente de suspensión, al ubicarse en el supuesto contemplado en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del referido acuerdo. Por otra parte, se hace constar que el cuaderno original del incidente de suspensión relativo es susceptible de depuración, al haberse concedido la medida cautelar solicitada. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Bertha Patricia Orozco Hernández, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante Jaime Sebastián Ríos Tavera, secretario que da fe..M-VII

  4. Principal

    ...PREVIO AVISO, DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA, Y EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA: CUMPLIMIENTO. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término concedido al quejoso mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera con relación a los informes enviados por la autoridad responsable respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio, sin que vertiera alguna manifestación. En tal tenor, procede efectuar el análisis de las constancias que obran en el sumario para inferir si la sentencia se encuentra cumplida en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, el cual, en su párrafo segundo, establece: "Artículo 196. (.) Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. (.) De acuerdo con el precepto legal transcrito, una vez fenecido el plazo concedido, habiéndose desahogado o no la vista ordenada en autos, el juez de distrito deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y la resolución que se emita podrá ser en los sentidos siguientes: a) Que declare que la sentencia está cabalmente cumplida; b) Que declare que no está cumplida; c) Que al cumplimentarse se incurrió en exceso; d) Que al cumplimentarse se incurrió en defecto; o e) Que existe imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, el artículo 77 de la legislación en comento establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Además, es importante señalar que el procedimiento de ejecución de los fallos constitucionales es de interés público y que debe ser satisfecho de manera pronta y eficaz, por lo que procede realizar el análisis de las constancias que obran en autos en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. En principio, cabe precisar que el procedimiento de ejecución de sentencia se encuentra previsto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal y reglamentado en los diversos 192 a 198 de la Ley de Amparo. De las disposiciones invocadas se evidencia que la primera etapa de dicho procedimiento corresponde al órgano de control constitucional que conoció del juicio de amparo y comprende todas aquellas medidas tendentes a lograr la ejecución del fallo protector. Sin embargo, en caso de que la ejecutoria no haya quedado cumplida en el plazo fijado, el órgano de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico. No obstante, el juez de amparo debe seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria; por ello, previo a remitir el expediente original, formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias. Con lo anterior, se da inicio a la segunda etapa, que compete a los tribunales colegiados de circuito, los cuales notificarán a las partes la radicación de los autos, revisarán el trámite del a quo y dictarán la resolución que corresponda; si se reitera que hay incumplimiento, remitirán el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Finalmente, la tercera etapa compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual una vez recibidos los autos, dictará la resolución que corresponda, pudiéndose dar los siguientes supuestos: a) Cuando sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, devolverá los autos al órgano de amparo, a efecto de que desahogue el incidente a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 193 de la Ley de Amparo; b) Cuando estime que el retraso en el cumplimiento es justificado, dará un plazo razonable a la autoridad responsable para que cumpla, el que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad; o bien, c) Si considera que el incumplimiento es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo anterior sin que se hubiese cumplido, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante un juez federal por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Es necesario aclarar que las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hayan incumplido la ejecutoria. Además, se devolverán los autos a fin de que se reinicie el trámite de cumplimiento ante los nuevos titulares, sin perjuicio de la consignación que proceda contra los anteriores titulares que hayan sido considerados responsables del incumplimiento. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." En ese orden de ideas, para un correcto entendimiento del presente asunto, es dable precisar los siguientes antecedentes: El estado procesal del sumario revela que, una vez agotado el procedimiento, el veinticinco de junio de dos mil diecinueve se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Onésimo Piña Ortiz; misma que fue modificada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante resolución dictada en sesión de nueve de enero de dos mil veinte, para el efecto de que el Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al que quedara notificado del acuerdo de la recepción de los autos aludida con antelación (auto de veintisiete de enero de dos mil veinte): Restituyera al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, es decir, repusiera la posesión de la superficie de mil quinientos dieciséis punto setenta y dos metros cuadrados que forman parte del predio rústico denominado San Camilo, ubicado en carretera Pachuca - Tulancingo sin número, kilómetro 5.5, barrio El Portezuelo, municipio de Mineral de la Reforma, para quedar en la situación en que se encontraba hasta antes de la transgresión aludida, y en caso de existir imposibilidad material, iniciara y llamara al quejoso al procedimiento administrativo de indemnización, en términos de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública del Estado de Hidalgo, y con libertad de jurisdicción, llevara a cabo las gestiones necesarias con la finalidad de fijar, en su caso, el monto a indemnizar en lo que respecta a la fracción de terreno afectada con motivo de la pavimentación aludida. De igual manera, en el aludido auto de veintisiete de enero de dos mil veinte, se requirió al superior jerárquico de la responsable (Presidente Municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo), a efecto de que le ordenara a ésta que diera cabal cumplimiento a la ejecutoria en sus términos. Ante las gestiones de la autoridad responsable respecto del aludido cumplimiento, por auto de trece de marzo de dos mil veinte, este juzgado federal determinó no obraba en el sumario constancia alguna de la que se desprendiera que el Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, hubiera restituido al quejoso el derecho de posesión afectado; es decir, no acreditó haber hecho la entrega material de la franja de superficie invadida con motivo de la construcción de la vialidad que pretendía, así como tampoco se tuvo certeza de que la responsable hubiera iniciado el procedimiento administrativo de indemnización, en términos de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública del Estado de Hidalgo; resultando insuficiente que haya ordenado el cese de la obra, así como el retiro del equipo de construcción y maquinaria. Por ello, en dicho proveído se concluyó que ni la autoridad responsable ni el superior jerárquico acataron los lineamientos de la ejecutoria emitida en el presente asunto, así como tampoco exhibieron ante este juzgado federal constancia alguna que acreditara el cumplimiento al fallo protector o que se encontraba en vías de cumplimiento, ni tampoco justificaron la causa del retraso. Así, se dio trámite al incidente de inejecución, remitiendo los autos del presente asunto a la superioridad. Sin embargo, se continuó con las diligencias tendentes a lograr el cumplimiento ordenado por este juzgado federal; por lo que, mediante autos de veintitrés y veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en el juicio en que se actúa; para lo cual, remitió copias certificadas de las actas circunstanciadas de hechos levantadas los días once, doce, trece, diecisiete y diecinueve de noviembre de dos mil veinte, así como los anexos que las acompañaron, respecto de la entrega material de la franja de terreno invadida respecto del predio rústico denominado San Camilo, ubicado en carretera Pachuca - Tulancingo sin número, kilómetro 5.5, barrio El Portezuelo, municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo. De dichas constancias, a las que se le reconoce eficacia demostrativa plena, atento a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la autoridad responsable acudió al predio objeto de la litis constitucional en compañía del quejoso Onésimo Piña Ortiz, así como testigos de asistencia, y en cumplimiento a lo ordenado en el fallo protector, con apoyo de personal adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, retiró el concreto de la obra de pavimentación que invadía el predio rústico propiedad del impetrante. Además, se efectuaron levantamientos topográficos por parte de profesionistas que presentaron, tanto la autoridad responsable como el propio quejoso; y este último, en la última de las diligencias aludidas en los párrafos precedentes (diecinueve de noviembre de dos mil veinte), manifestó su conformidad con la restitución material de la posesión de la franja de terreno invadida del predio rústico denominado San Camilo, ubicado en carretera Pachuca - Tulancingo sin número, kilómetro 5.5, barrio El Portezuelo, municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo. Así, para culminar con la última de las diligencias, se efectuó una excavación exactamente en el límite del lindero oriente para delimitar el terreno, de acuerdo con los peritajes, impresiones fotográficas y planos que la responsable acompañó a las documentales recibidas por este juzgado federal. Finalmente, en auto emitido el catorce de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibida la resolución pronunciada el seis de noviembre del mismo año, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, en la que revocó la resolución de trece de marzo de dos mil veinte, emitida en el presente asunto, y ordenó la reposición del procedimiento para efectos de continuar con las diligencias tendentes a lograr el cumplimiento a la ejecutoria; reposición que incluyó la insubsistencia de la multa impuesta en dicho proveído al Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, misma que ascendió a la cantidad $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100). No obstante, esta juzgadora determinó la no continuación de las diligencias tendentes a la observancia del cumplimiento indicado por la superioridad, por lo narrado en los párrafos que anteceden. Con todo lo narrado con antelación, se estima que la autoridad responsable colmó los extremos de la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio, motivo por el cual se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, y se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa para que interponga los recursos que considere procedentes contra esta determinación. ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es depurable, al tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Mismo destino le será dado al duplicado del incidente de suspensión, al ubicarse en el supuesto contemplado en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del referido acuerdo. Por otra parte, se hace constar que el cuaderno original del incidente de suspensión relativo es susceptible de depuración, al haberse concedido la medida cautelar solicitada. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Bertha Patricia Orozco Hernández, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante Jaime Sebastián Ríos Tavera, secretario que da fe..M-VII

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