Onesimo Medina Castañeda

Expediente 592/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
592/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
18/05/2017

Partes del expediente

  • Onesimo Medina Castañeda

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado auto... Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA ONÉSIMO MEDINA CASTAÑEDA, MARÍA DE LA LUZ MEDINA ARÉVALO Y ORALIA MEDINA ARÉVALO, LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: Vista la cuenta que antecede se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese expediente y regístrese bajo el progresivo 592/2017. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a proveer sobre la procedencia de la demanda de amparo, es necesario realizar la precisión de los actos que reclama la parte quejosa, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; en ese orden de ideas, en atención al análisis integral del escrito de demanda y anexos, se tienen como actos reclamados: 1. Todo lo actuado en el procedimiento de ejecución de sentencia derivado del juicio especial civil ****/2012, del índice del Juzgado Octavo Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, incluyendo el acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete en que se cita a las partes para la celebración de la audiencia de remate; y 2. Su ejecución. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por ***, en contra de los actos que reclamaron del titular del Juzgado Octavo Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato. De lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se obtiene que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. En el caso, a fin de sustentar la determinación que nos ocupa, conviene hacer una breve reseña de los antecedentes que conforman los actos reclamados, acorde con lo que se advierte del escrito de demanda y del diverso ocurso aclaratorio y sus anexos: I. *****, por conducto de sus representantes legales, demandó a los quejosos *********, en la vía especial hipotecaria civil, el pago de diversas prestaciones. II. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Octavo Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, quien la admitió a trámite y ordenó su registro bajo el consecutivo ***/2012. III. Agotada la secuela procesal, se dictó sentencia en dicho sumario el cinco de febrero de dos mil trece, condenándose a la parte ahora quejosa al pago de las prestaciones reclamadas. IV. En etapa de ejecución de sentencia, la parte actora promovió incidente de liquidación de sentencia, a fin de determinar el monto a pagar por parte de los demandados por concepto de intereses ordinarios y moratorios; incidencia que se resolvió mediante interlocutoria de veintiocho de septiembre de dos mil quince; y V. Finalmente, mediante auto de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, el juez civil señalado como responsable, a solicitud de la parte actora, convocó a las partes a la celebración de la audiencia de remate en primera almoneda del inmueble ubicado en ejido ***, en Irapuato, Guanajuato, que mide y linda *****. Hasta aquí la narración de antecedentes. En esta tesitura, los actos reclamados constituyen todo lo actuado en el procedimiento de ejecución de sentencia derivado del juicio especial civil ****/2012, del índice del Juzgado Octavo Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, incluyendo el acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete en que se cita a las partes para la celebración de la audiencia de remate; y su ejecución. Actos que no son la última resolución dentro del procedimiento de remate, de ahí que la demanda de amparo deba desecharse, pues se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, de la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto del último de los arábigos en cita, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, se advierte que, tratándose de actos derivados de un procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Este requisito persigue, evitar abusos del juicio de amparo, cuando se pretende ejecutar un fallo definitivo que constituye cosa juzgada y cuya materialización es de orden público. En el caso, los actos reclamados constituyen todo lo actuado en el procedimiento de ejecución de sentencia derivado del juicio especial civil ***/2012, del índice del Juzgado Octavo Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, incluyendo el acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete en que se cita a las partes para la celebración de la audiencia de remate; y su ejecución. En consecuencia, resulta evidente que no se satisfacen los requisitos necesarios para hacer procedente la impugnación de actos en materia de ejecución de sentencia, específicamente en la etapa de remate, pues ni siquiera se ha llevado a cabo el remate del inmueble materia del juicio; por ende, no existe aún determinación alguna que ordene entregar la escritura de adjudicación o la posesión de los bienes rematados. Así, los actos que reclama la parte quejosa no cumplen con las exigencias necesarias para ser considerados como la resolución definitiva dictada en el procedimiento de remate del inmueble afecto al contradictorio de origen; por ende, no se trata de actos susceptibles de impugnarse en la vía de amparo indirecto. Asumir una postura contraria, equivaldría a abrir la posibilidad de que contra todas las demás decisiones o acuerdos intermedios que se dictasen en el procedimiento de remate, procediera también el juicio de amparo indirecto, lo que evidentemente conllevaría el retraso injustificado del trámite que ha de culminar con aquel, sin soslayar que, en todo caso, las violaciones procesales que durante su tramitación pudieran cometerse, son susceptibles de atacarse cuando se controvierta la resolución definitiva, claro está, una vez agotado el principio de definitividad... Bajo esa condición, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, acorde con lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo...

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